La Eurocámara valida la nueva ley contra la trata, que criminaliza la explotación de la gestación subrogada

Una mujer luce un cartel en el que se puede leer "Se alquila. Emma" (en alusión a los "vientres de alquiler" o gestación subrogada) durante una concentración en Toledo por el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. EFE/Ángeles Visdómine/Archivo

El Parlamento Europeo dio este martes luz verde a añadir el matrimonio forzado, las adopciones ilegales y la explotación en la gestación subrogada como nuevos delitos en la ya existente directiva europea contra la trata de seres humanos, que también prevé nuevas medidas para apoyar a las víctimas de estos delitos.

En el último pleno de la legislatura, los eurodiputados validaron el acuerdo ya negociado a principios de este año, que prevé que los Estados miembros actualicen sus ordenamientos jurídicos para armonizar definiciones y castigar este tipo de delitos con un máximo de al menos cinco años de cárcel o al menos diez en el caso de que concurran agravantes.

El acuerdo salió adelante con 563 votos a favor, siete en contra y 17 abstenciones.

El pacto, que actualiza la directiva europea de 2011 sobre prevención y lucha contra la trata de seres humanos, también incluye la penalización como delito de la utilización consciente de servicios proporcionados por las víctimas, que contarán con más apoyo y asistencia.

El objetivo es reducir la demanda de estos servicios que lleva a la explotación de las víctimas, que también deberían beneficiarse de una mejor coordinación entre las autoridades que gestionan las solicitudes de asilo y las que luchan contra la trata de personas para que, cuando sea el caso, se respete su derecho al asilo.

«Un paso adelante» para miles de víctimas

La eurodiputada de Unidas Podemos María Eugenia Rodríguez Palop, que ha representado al Parlamento Europeo en las negociaciones con los Estados miembros, aseguró este martes que la UE da hoy «un paso adelante» por las «miles de personas sometidas a un permanente círculo de violencia, deshumanizadas y cosificadas, convertidas en una mercancía segura y perdurable».

«Que tomen nota los prostíbulos en los que no se cumpla con la legalidad. Buena parte de ellos son agujeros negros en los que no se distinguen unos servicios sexuales de otros, ni quién los presta, ni en qué condiciones», advirtió la eurodiputada.

«Cuando hablamos de trata, la mayoría de la gente suele pensar en víctimas de explotación sexual, pero esta directiva persigue también la explotación laboral que se practica a veces en los mismísimos salones de las casas o en los negocios propios. Internas secuestradas, temporeras esclavizadas y personas migrantes de cuya vulnerabilidad se extrae un provecho económico», añadió Rodríguez Palop.

Además, en el ámbito judicial, los fiscales podrán optar por no imputar a víctimas que han sido coaccionadas para la comisión de ciertos delitos y se asegurará que puedan recibir apoyo aunque no cooperen en investigaciones judiciales; en paralelo, los jueces podrán considerar la diseminación de contenido sexual privado sin consentimiento como un agravante en estos casos.

Según datos de la Comisión Europea, la explotación sexual y laboral son los principales fines de la trata de seres humanos. Sin embargo, la mendicidad o la extracción de órganos (ya mencionadas explícitamente en la directiva de 2011) y el matrimonio forzado y la adopción ilegal (que entran con esta revisión de la directiva) representaban el 11 % de todas las víctimas en la UE en 2020.

Por :  Laura Zornoza 

Fuente: EUROEFE EURACTIV

Editado por Miriam Burgués

Encuentro entre actores que operan contra la trata de personas en Colombia, Venezuela y España #12DeDiciembre

La trata como problema global. Alianzas estratégicas para combatirla

La trata de seres humanos con fines de explotación sexual es un crimen de alcance internacional multifacético que está impactado por cuestiones relacionadas con la desigualdad entre mujeres y hombres, la migración, los derechos humanos y la criminalidad.

El fenómeno de la trata de personas, incluye la explotación la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos” y no diferencia por Estados, condición social o raza o sexo.

En el caso especifico de la trata con fines de explotación sexual, el 95% de las víctimas detectadas son mujeres y niñas. 

Si se analizan los datos de trata desde una perspectiva de infancia, un tercio de las víctimas de trata detectadas son niñas, niños y adolescentes.

El 76,67% de las victimas de trata identificadas por la Unidad Móvil de APRAMP son de América Latina siendo Colombia y Venezuela las nacionalidades de procedencia de la mayoría.

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Gestación subrogada, un engaño sistémico con fines de trata

El pasado 2 de octubre de este año 2023, conocimos que la Comisión Mixta sobre Derechos de la Mujer y Libertades Civiles (LIBE y FEMM) del Parlamento Europeo había decidido modificar la vigente Directiva 2011 sobre prevención y lucha contra la trata de seres humanos y protección de sus víctimas. Por primera vez, parecía que la gestación subrogada se situaría al mismo nivel que otros delitos como la esclavitud, el matrimonio forzado, la adopción ilegal o la explotación infantil, lo que marcaría el rumbo para la prohibición de la gestación subrogada en toda la Unión Europea. Las relatoras encargadas de esta Directiva son María Eugenia Rodríguez Palop (Podemos) y Malin Björk (Izquierda Sueca), ambas integrantes del Grupo The Left en el Parlamento Europeo.

Con esta nueva Directiva, una vez aprobada, se pretende que los Estados miembros de la Unión Europea se concentren en la protección y los derechos de las víctimas de trata y se adopten las medidas legislativas necesarias, ya previstas en la Directiva anterior, de 2011, para garantizar que sean punibles la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios, con el fin de obtener el consentimiento de una persona con fines de explotación. Es decir, las conductas, los medios y los fines que encontramos en la definición de trata de personas tal como viene recogida en el conocido como Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. También se establece que el consentimiento de una víctima de trata será irrelevante cuando se haya utilizado cualquiera de los medios descritos más arriba.

Dentro de las conductas perseguibles en este nuevo texto en preparación, se busca criminalizar a proxenetas que explotan a mujeres y menores en la industria del sexo, así como a los consumidores. Se incluye además la explotación de niñas y niños en instituciones residenciales y la gestación subrogada, pero sólo la gestación subrogada con fines de explotación reproductiva, que es, desde mi punto de vista, tan absurdo como decir que se perseguirá la tortura con fines de daño físico o el asesinato con fines de muerte, porque la gestación subrogada, o cualquiera que sea el eufemismo con el que se la nombre, lleva intrínseca en su naturaleza la explotación reproductiva de las mujeres.

Ambas relatoras afirmaron en un comunicado de prensa oficial del Parlamento Europeo que el texto propuesto no busca prohibir la gestación subrogada en general; que dicho texto sólo aborda la gestación subrogada en el contexto de la trata cuando se lleva a cabo con fines de explotación reproductiva, y que si una mujer es reclutada bajo amenaza para convertirse en madre subrogada con fines de explotación reproductiva, será considerada víctima de trata y los traficantes procesados. Es preciso traer a colación aquí lo que María Eugenia Rodríguez Palop afirmó en su día: “la gestación subrogada no dota de agencia a las mujeres, las invisibiliza y las explota, especialmente si están en situación de mayor vulnerabilidad”. Parece ser que ahora hay un tipo de gestación subrogada perseguible, la que explota a las mujeres, y un tipo de gestación subrogada que no explota a las mujeres y que no debe ser perseguible, pero no sabemos cuál es.

Las relatoras sostienen que sólo la gestación subrogada realizada mediante el uso de la fuerza, la amenaza o la coerción entraría en el ámbito de aplicación de la directiva, lo cual resulta un tanto incomprensible, porque además de la fuerza, la amenaza o la coerción, la Directiva 2011 del Parlamento y del Consejo Europeos relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas recoge la definición de trata del Protocolo de las Naciones Unidas de 2000 que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (conocida como Protocolo de Palermo) y el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos. Esta Directiva de 2011 prevé otros medios de captación con fines de explotación que son pasados por alto por las relatoras en la nueva Directiva, como el engaño, el fraude, el abuso de poder, la situación de vulnerabilidad o los pagos y beneficios obtenidos.

Si hablamos de coacción y coerción, qué mayor coacción que la necesidad cuando las madres “gestantes” se encuentran en su mayoría, si no todas, en una situación de pobreza y de vulnerabilidad económica muchas veces extrema. Y qué mayor coacción que la emocional, en el caso de las que se sienten impelidas por el entorno social y familiar a regalar hijos por altruismo a otras personas que no pueden tenerlos, llegando a sacrificar su integridad física y psíquica y hasta su vida. A esto hay que añadir que muchas de ellas son trasladadas de un país a otro para dar a luz o de un Estado a otro dentro del propio país, para eludir restricciones legales del propio país o para abaratar el proceso a los clientes que, por ejemplo, cierran un contrato en Ucrania, donde sólo se permite a parejas heterosexuales, y son trasladadas a dar a luz a la República Checa para parejas homosexuales o personas solas, o a Bruselas, en el mismo corazón de la Unión Europea, para evitar desplazamientos incómodos a los “comitentes”. El abuso de poder y el desequilibrio de la balanza entre comitentes y madres gestantes es público y notorio, y hasta ahora no se ha conocido ningún caso en que una mujer adinerada decida tener un hijo o una hija para darla desinteresadamente a otras personas de menor fortuna.

Esta posición de las relatoras Maria Eugenia Rodríguez Palop y Malin Bjorn no aporta ningún avance en la protección de las mujeres que son víctimas cotidianas de la gestación subrogada. Es más, al poner sólo el acento en la captación mediante la fuerza, la amenaza o la coerción obviando otros medios en la captación con fines de trata, se apunta más bien a un retroceso. No se necesita encañonar a las mujeres con un arma o trasladarlas contra su voluntad en el maletero de un coche, pero se enfrentan a la guerra, la pobreza, la misoginia, los estereotipos de género, la presión social o familiar, el desempleo, las deudas y un conjunto de vulnerabilidades que condicionan sus decisiones.

La captación con engaño

La captación con engaño está suficientemente documentada en la trata con fines de explotación sexual y todas las mujeres captadas con fines de gestación subrogada, absolutamente todas, son captadas con engaño y, por lo tanto, víctimas de trata. Es más, María Eugenia Rodríguez Palop es eurodiputada por Podemos y ya en 2018, en el documento Posición política de Podemos sobre la explotación reproductiva de las mujeres se afirmaba que “se ha comprobado la comisión de delitos contra los derechos humanos y la vinculación de la gestación por sustitución con la trata de seres humanos”.

La gestación subrogada es trata de personas en la medida en que todas las mujeres captadas acceden a ser madres “subrogadas” mediante el siguiente engaño:Que no son madres de las criaturas que traen al mundo por encargo y contrato.

Que esas criaturas que traen al mundo no son hijas ni hijos suyos.

La captación mediante engaño de mujeres con fines de explotación reproductiva es una constante en la mal llamada gestación subrogada o cualquier eufemismo que se utilice para nombrar esta práctica. Asegurar con total desfachatez que las madres gestantes no son madres de la criatura es un engaño sistémico de la gestación subrogada, máxime cuando todas, absolutamente todas, sea cual sea la legislación o el modelo, tienen que renunciar a la filiación materna y a ser titular de derechos y obligaciones, como el reconocimiento de la patria potestad y el reconocimiento de medidas maternofiliales, como el permiso o la prestación por maternidad a las madres trabajadoras.

¿Por qué estarían entonces obligadas a renunciar a la filiación si, como se afirma, no son madres de las criaturas? En todos los países del mundo, la maternidad viene determinada por el parto -también en los países donde la gestación subrogada es legal- y por eso, precisamente por eso, porque son madres, las gestantes tienen que renunciar formal y expresamente a la filiación y transferir el bebé junto con los derechos y deberes inherentes a la maternidad a quienes lo han encargado por contrato.

Son madres, pero se las engaña y se las convence a ellas y se intenta convencer y engañar a todo el mundo de que no lo son porque no aportan su carga genética, motivo por el cual tienen que transferir el bebé a los comitentes junto con la renuncia a la filiación.

Este engaño es sistémico, es intrínseco a la propia práctica de la gestación subrogada: se repite por activa y por pasiva que la madre -nunca denominada madre, sino gestante o surrogate o portadora gestacional o tercera persona que aporta el útero- no es la madre del bebé que trae al mundo y que ese bebé no es hijo suyo, es de otra u otras personas que lo desean mucho y pagan por él. Es un engaño que difunden clínicas, agencias, clientes, medios de comunicación y hasta las leyes y regulaciones de esta práctica allí donde es legal. Un engaño que también asumen las mujeres reclutadas como gestantes, porque lo primero que tiene que hacer una mujer con necesidades económicas más o menos acuciantes, más o menos declaradas, o llevaba por un falso concepto del altruismo -estereotipo sexista donde los haya- es perder la conciencia de ser madre, porque muy pocas mujeres venderían o regalarían a sus hijos, pero si se ven impelidas por la necesidad o convencidas de que están haciendo un don, un gesto de amor por unos conocidos o desconocidos a los que ayudan a ser felices, ellas mismas asumen que no son madres por no tener vínculo genético con el bebé. Por una célula de los más de 15000 millones de células que tendrá ese bebé al nacer después de nueve meses de gestación, un proceso que involucra enteramente el cuerpo y la psique de la embarazada.

Desde que la fecundación in vitro con gametos propios o ajenos y la transferencia embrionaria se revelaron como eficaces a finales de los años setenta y se generalizaron como técnicas de reproducción asistida, han servido para dos cuestiones contrapuestas:

Por un lado, para reafirmar la asociación de la gestación y el parto con la maternidad. Para decirles a unas mujeres que son madres de las criaturas que traen al mundo aunque no lleven su carga genética, puesto que la maternidad viene determinada por el parto, lo que es indiscutible en cualquier país del mundo. Esto es lo que las clínicas de reproducción transmiten a las pacientes con problemas de fertilidad que acuden por su propio pie buscando tratamiento.

Por otro lado, para disociar la gestación y el parto de la maternidad, diciéndoles a otras mujeres, a las madres subrogadas, que no son madres de las criaturas que traen al mundo porque no llevan su carga genética y que deben renunciar a la filiación y a la criatura y traspasarlas a esas terceras personas que la encargaron y pagan por ella. A esas terceras personas sí se las considera padres y madres aunque su única aportación sea un frasquito con esperma, unos óvulos propios o comprados, firmar un contrato y poner dinero sobre la mesa.

A la industria de la gestación subrogada que se enriquece con la trata de mujeres captadas con engaño y la venta legalizada de sus hijas e hijos recién nacidos le interesa muchísimo hacer creer que la criatura que trae al mundo una mujer no es su hijo o su hija, sino hija o hijo de esas personas que pagan por el bebé, que incluso son considerados padres y madres “de intención” desde que se firma el contrato, desde antes incluso de realizar la transferencia embrionaria y desde antes de nacer el bebé. Si no fuera por ese engaño, no habría industria. Si no fuera por ese engaño, no habría gestación subrogada. Este es precisamente el nudo gordiano de la gestación subrogada, que sólo se puede resolver de manera tajante considerando el engaño como un medio de captación de mujeres con fines de trata, algo que han pasado por alto, no sé si deliberadamente o no, las dos relatoras de la nueva Directiva.

Se ha perdido una oportunidad de oro para demostrar que el engaño en la captación de mujeres es una constante intrínseca a la gestación subrogada y que esta práctica reúne todos los elementos para ser considerada trata de mujeres con fines de explotación reproductiva. Pero las relatoras Maria Eugenia Rodríguez Palop y Malin Bjork lo pasaron por alto, no tuvieron la valentía de señalarlo, no tuvieron la valentía de no obviar ese engaño sistémico que constituye uno de los medios de captación descritos en la trata de personas, y el texto de la nueva Directiva incluye como delito la gestación subrogada con fines de explotación reproductiva; no lisa y llanamente la gestación subrogada, sino aquélla con fines de explotación reproductiva, como si hubiera una gestación subrogada cuyos fines fueran otros..

Tendrán que explicar al mundo cuál es.

Por Berta O. García

Fuente: Tribuna Feminista

Trata para explotación sexual de mujeres, un delito que se expande en Perú

Las trabajadoras sexuales peruanas vienen denunciando la presencia de mafias que buscan controlarlas y explotar su trabajo. Son amenazadas, perseguidas y asesinadas. En la marcha del día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del 2022 realizada en Lima, se hicieron presentes con carteles para llamar la atención de la sociedad. Foto: Mariela Jara / IPS

“No hay límites para el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual en el Perú”, asegura Vanessa Soto, antropóloga en el no gubernamental Promsex que trabaja en la prevención de este grave delito que vulnera los derechos humanos en este país sudamericano.

“Hay puntos más claves que otros en el país, pero esta problemática se extiende donde hay mayor vulnerabilidad”, dijo a IPS durante una videoentrevista desde su oficina en la ciudad de Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, departamento amazónico del sur peruano, uno de los lugares con mayor recepción de víctimas de trata.

Soto es la responsable de su institución en Madre de Dios, territorio que representa 15 % de la Amazonia peruana, posee una rica biodiversidad y tiene una población estimada en 185 000 habitantes. Si bien es bajo el índice de pobreza económica, cuatro de cada 10 niños de entre seis y 35 meses padecen anemia, según datos oficiales.

En ese departamento se ubica Inambari, un municipio donde se encuentra La Pampa, un enclave de la minería del oro de unos 20 kilómetros de extensión con la mayor actividad ilegal de extracción del metal. Surgió en la década de los 90 al introducirse máquinas que permitieron intensificar las labores artesanales de los mineros asentados en la zona.

Eso generó el desplazamiento de población de departamentos andinos hacia la zona en busca de empleo, así como de inversores que actuaban al margen de la ley como reseña un estudio de Promsex.

En ese contexto creció la trata de personas y específicamente la que tienen fines de explotación sexual, de las que son casi totalmente víctimas las mujeres, un delito del que La Pampa es una muestra porque reúne las diferentes condiciones que lo sostienen y que se replican en otras localidades de características parecidas.

Este es un delito reconocido en el Código Penal de este país con 33 millones de habitantes y con una legislación alineada con los estándares internacionales de derechos humanos, pero que aun así no ha logrado su erradicación.

Soto mencionó tres factores que sostienen la trata: las economías ilegales, la ausencia del Estado y la corrupción. “Por ejemplo la minería ilegal existe junto con negocios como bares y venta de cerveza, que son los principales lugares donde se desarrolla la explotación sexual que trae consigo la trata de personas”, precisó.

Detalló que la ruta de las víctimas hacia Madre de Dios marcan departamentos del sur sobre todo de los pueblos más pobres de Cusco, Puno y Arequipa. Pero también otros del oriente y norte del Perú como San Martín, Loreto, Amazonas y Piura.

Escena de un taller sobre prevención de la trata de personas, promovido por la no gubernamental Promsex en Santa Rosa, una población cercana al enclave minero aurífero La Pampa, en el departamento de Madre de Dios, en el sur amazónico del Perú, donde se dan situaciones de trata de mujeres con fines de explotación sexual. Foto: Vanessa Soto / Promsex

Para erradicar la minería ilegal y otros delitos asociados en La Pampa, los gobiernos han realizado diferentes acciones. La última, en febrero del 2019, fue la llamada operación Mercurio, que implicó un gran despliegue militar y policial y culminó cuando se inició la pandemia al año siguiente.

“Mientras están no se nota la trata, pero sigue siendo un problema. Nadie sale tan bien de los tentáculos de la corrupción, no basta con enviar policías”, reflexionó la antropóloga.

La propia Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030 que orienta la acción del Estado ante este problema, reconoce que la confluencia de factores como la pobreza, la desigualdad, la informalidad laboral, economías ilegales y el aumento de la migración propician las condiciones para la persistencia de la trata en el Perú.

Además, el documento señala a la explotación sexual como la principal finalidad de este delito en el país por encima otras como la explotación laboral o mendicidad.

La complejidad de la trata con fines de explotación sexual

La estadística oficial sobre la situación de la trata ha tenido baches en los años de la pandemia.

El informe mundial de 2022 sobre trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), recopila información oficial de 141 países e incluye la situación de Perú.

Revela que las principales formas de explotación son la sexual y la laboral y coloca a las zonas de actividad minera ilegal como las de mayor riesgo para las víctimas.

Citando cifras del Ministerio Público (fiscalía), entidad encargada de perseguir el delito, indica que se atendieron 3525 víctimas registradas entre 2021 y parte del 2022, de las cuales 57 % eran peruanas y el resto extranjeras, la mayor parte de Venezuela, Ecuador y Colombia, en ese orden.

Las víctimas registradas de trata con fines de explotación sexual durante los últimos seis años se elevarían a 4992, si a ese dato de Onudd se suman las 1467 víctimas registradas en los años 2017, 2018, 2019 y hasta octubre del 2020, que fueron consignadas en un informe de la Política Nacional sobre la trata.

Sin embargo esas cifras son solo la punta de un iceberg, dado que la mayoría de casos no se denuncian.

Soto manifestó que la evidencia muestra que la trata con fines de explotación sexual está en expansión, aun cuando los registros del 2020 y 2021 no muestren incrementos respecto a los años anteriores, por las limitaciones para las denuncias e intervenciones durante la pandemia de covid-19.

Las principales formas de captación son las ofertas falsas de trabajo. Son mujeres jóvenes que proceden de lugares peruanos y extranjeros con niveles de pobreza, incluyendo a madres, y reúnen las condiciones de vulnerabilidad para ser captadas.

Agregó que la pandemia incrementó el uso de redes sociales para el contacto e identificación de víctimas, lo que alerta sobre la adaptación y crecimiento de la trata. “Estamos esperando que se actualicen las cifras del 2022 y ver cómo está mutando este problema”, dijo.

Sobre el accionar de los tratantes relató que tras captarlas buscan ganarse la confianza de las víctimas, para lo cual las colocan en actividades como meseras o camarera, cajeras, acompañantes de clientes, hasta que las convencen u obligan a la prostitución.

Las formas de retención vienen con la demora del pago. “Como ya existe esa relación de confianza, la víctima esperará su pago mientras acepta recibir algunos adelantos. También les retienen su documento de identidad, pero seguirá esperando porque él o la tratante se han hecho sus amigos y llegan a naturalizar la violencia que viven”, explicó.

Del perfil de las víctimas remarcó que no responde a un estereotipo. “Típicamente tenemos la imagen de que son chicas que están encerradas, hay una idea que nos hemos hecho y no calza necesariamente con eso”, comentó.

Esta situación hace especialmente complejo el abordaje del problema de la trata pero desafía a comprenderlo en todas sus aristas para mejorar las respuestas desde el Estado.

Conocer a una joven venezolana y no volverla a ver

Haydeé Flores pertenece a la RedTraSex Perú, organización que desde el 2013 trabaja por los derechos de las trabajadoras sexuales, y lleva dos décadas como promotora de salud comunitaria.

“Soy formadora de pares en la prevención del VIH, mapeamos las calles y coordino los días para hacer la prueba gratuita y derivar a las chicas a la dirección regional de salud del Callao”, indicó a IPS desde esa localidad.

Se trata de la provincia constitucional del Callao donde se ubica el principal puerto del Perú, colindante con Lima, la capital, y cuando dice “chicas” se refiere a las jóvenes que están ejerciendo el trabajo sexual en diferentes calles.

Por su labor ha observado una creciente presencia de mujeres de Venezuela, desde donde se produjo una inmigración masiva desde 2013, muchas de las cuales se encuentran en riesgo y temor por la presencia de tratantes, en un contexto de alta vulnerabilidad para las trabajadoras sexuales.

“Nos están matando, las mafias toman las calles para extorsionar y cobrar cupos y la policía no hace nada. Hay delincuentes que están tomando las zonas de trabajo sexual buscando a venezolanas prófugas de sus redes de explotación. Exigen entre 200 y 300 soles diarios (52 y 80 dólares) a cada una y si no pagan, las matan como escarmiento para las demás”, denunció.

Flores recuerda especialmente el caso de una joven de 19 años con un hijo pequeño que vino de Venezuela con un compatriota que la enamoró y que después de un tiempo la obligó a dar servicios sexuales.

“Ella no tenía dónde ir, él tenía todos sus documentos. No contento con eso trajo a un hijo mayor y la obligaba a mantenerlos a ambos. Cuando se quejaba la golpeaba y eso veía su niño”, dijo con tristeza.

Decidió apoyarla, aun sabiendo que podría ponerse en peligro, y le dio su teléfono personal y la dirección de su casa para protegerla y luego trasladarla a un hogar de acogida. “Al otro día nada, no vino, no me llamó, no la volví a ver… Ha pasado año y medio y siempre la recuerdo, muy triste su historia y así hay muchas por acá”, lamentó.

Fuente: IPS

Trata de personas: no seamos cómplices. Este 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, suena una alerta para reafirmar la lucha contra este flagelo

Ilustración: Fidel Sclavo

Quince veces por día. Es el promedio de violaciones que sufre una niña o un niño sometido a trata para explotación sexual (incluyendo a bebés). “Ante las atrocidades, tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo”, afirmaba Eliézer Wiesel, sobreviviente de los campos de concentración nazis. La trata es esclavitud, una de las atrocidades más grandes que sigue existiendo en nuestra sociedad, en todos los países, muy cerca de todos nosotros.

La pandemia acentuó la vulnerabilidad de millones de personas y aumentó el flujo de migrantes en Latinoamérica hacia EEUU, una puerta abierta para los tratantes, que operan mediante engaños, amparados en la corrupción y los intereses empresariales, gubernamentales y comerciales. La trata comercia personas; capta, quebranta y explota a hombres, mujeres, bebés, niñas, niños, adolescentes, discapacitados, LGTB, migrantes, indocumentados, estudiantes universitarios y secundarios, mamás solteras.

Esta esclavitud actual tiene muchas modalidades: explotación sexual, laboral, sicariato obligado, turismo sexual, mendicidad forzada, matrimonios forzados, producción de bebés para venta, mulas de droga, extracción de órganos, niños soldado, producción de pornografía infantil… Sí, muchas de estas formas se dan en Argentina, en todas las provincias.

Si bien la trata es un fenómeno subrepresentado estadísticamente (por las dificultades que suponen la investigación y la denuncia), existen cifras brindadas por organismos oficiales de investigación, organismos religiosos, periodismo especializado, ONGs, la OIM, la OIT, UNDOC y más.

Así, sabemos que hay unos 45 millones de personas esclavas hoy en el mundo (las cifras difieren según las fuentes); que reporta ganancias por más de 150 mil millones de dólares anuales en el mundo (igualando casi al narcotráfico); la captación de víctimas a través de redes sociales explotó en pandemia: en Perú, esta vía aparece en el 80% de los casos investigados; en Argentina, creció el grooming (por donde también se captan víctimas de trata) un 80%; en México, un 117%. Uno de cada 3 esclavos son niños y adolescentes (más de 10 millones en el mundo), y en Latinoamérica, casi 9 de cada 10 de esos menores son niñas destinadas a trata sexual, muchas vendidas por su propia familia.

Los migrantes son población en alto riesgo. En Argentina, los someten en talleres textiles clandestinos, venta callejera, prostitución forzada, explotación en campos o en supermercados. En México, durante la pandemia, aumentó 8 veces el número de niños migrantes viajando solos a través del país rumbo a EEUU: mercancía a mano de tratantes y traficantes.

Ciertamente, nuestro país hace esfuerzos importantes en investigación judicial, persecución del delito, leyes de atención y reparación integral de las víctimas. Pero también, hay lugares donde el Estado opera como proxeneta al habilitar zonas rojas, permitiendo la explotación de mujeres a cielo abierto.

En el caso actual de Mar del Plata y su zona roja por decreto, trabajaron en este tema, llamativamente, las áreas de Desarrollo Social y de Seguridad. Queda claro que no atendieron a que el 74% de las víctimas de trata rescatadas en el país y en Latam fueron sacadas de lugares donde se ejercía la prostitución. Ni desarrollo ni seguridad.

Este 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, reafirmamos la lucha contra la trata. Un día que hace referencia a la sanción de la primera ley contra la trata que existió en el mundo: la Ley Palacios de 1913, en Argentina. Más de un siglo después, la esclavitud sigue.

Hay mucho por hacer. Hay mucho dolor. Hay mucha impunidad.

El compromiso llama a todos. Denunciemos situaciones sospechosas al número antitrata 145. Exijamos la existencia real de refugios para víctimas de trata, la aplicación efectiva de leyes de reparación, la implementación de protocolos de protección de niños en empresas turísticas, la derogación de ordenanzas que habiliten la prostitución. Impulsemos acciones de prevención.

Rescatemos la conciencia personal ante todo esto. No podemos ser cómplices. Optar por la ignorancia y el silencio es complicidad.

Verónica Toller es Directora del Observatorio de la Vulnerabilidad, de la Universidad Austral - Periodista especializada en trata de personas.

Verónica Toller

Clarín.com

La respuesta violenta frente a la fuerza de las voces de las sobrevivientes

Los días 6, 7 y 8 de julio, se llevó a cabo en México, el VII Congreso Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas, organizado por el Observatorio Latinoamericano, del que la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, es integrante desde su fundación, del Comité Latinoamericano, en calidad de red regional.

El Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas (observaLAtrata), una instancia que articula a actores de la academia y organizaciones no gubernamentales con trabajo directo en estos dos temas. El objetivo del ObservaLAtrata es la producción colectiva de conocimientos, el diálogo de saberes, la formación e incidencia social y política en torno a los fenómenos de la trata y el tráfico en América Latina y el Caribe. Su creación se dio en 2010 y actualmente está conformado por 15 capítulos nacionales: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Haití, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Paraguay y México. Un total de 25 universidades, 76 organizaciones de sociedad civil, 6 redes nacionales, 4 redes regionales (CATWLAC, ECPAT, PIDHDD y OUTRAV) y una red Iberoamericana (SIPS) y su trabajo está guiado por los enfoques de derechos humanos, género, generacional, movilidad humana, interculturalidad y acceso a la justicia[†]. Se suma a esta red un acuerdo de cooperación con el CIPDH – UNESCO.

La Cámara de Diputados sólo apoyó prestando las instalaciones y no estuvo involucrada para nada en la organización del Congreso, sólo en cuestiones de las instalaciones. Fue la Universidad Autónoma de Tlaxcala, integrante del Capítulo México del ObservaLAtrata, la que en esta ocasión fue la sede del Congreso, como ha sucedido en los anteriores 5 Congresos, en que las Universidades de Latinoamérica han sido las sedes.

El tema del VII Congreso fue: Capitalismo y patriarcado. Acciones institucionales y comunitarias para la erradicación: Reflexiones en la era del COVID-19.

Entre las propuestas del VII Congreso, se propuso:

Poner el énfasis en explorar y reconocer otras finalidades de la trata de personas como la explotación laboral de niñas y mujeres en el servicio del hogar, como continuar indagando sobre otras posibles formas de explotación de los cuerpos de mujeres pobres y en situación de vulnerabilidad como el alquiler de sus vientres para reproducción humana y las nuevas formas de explotación sexual en plataformas digitales.

Destacar la responsabilidad del sector privado (mercado) que promueve valores e imaginarios que instrumentalizan el cuerpo de las mujeres como objeto de consumo.

Destacar las diferentes formas de trata de personas y violencias que afectan a las personas en situación de movilidad humana.

Señalar las elevadas tasas de impunidad que existen en referencia estos delitos en todos los países Latinoamericanos y del Caribe. Impunidad que obstaculiza la garantía reparación integral y de no repetición.

Fue en esta ocasión que la conferencia magistral inaugural estuvo a cargo de la Dra. Rosa Cobo Bedía, autora de dos libros muy importantes que han alimentado el abolicionismo moderno, el primero titulado La Prostitución en el Corazón del Capitalismo y el segundo titulado La Pornografía: El Placer del Poder. Y su conferencia magistral fue excepcional y mencionó en ella, entre muchas otras cosas muy importantes, la importancia de las voces de las sobrevivientes y cómo dentro de estos negocios ilícitos está implicado el patriarcado más rancio.

También tuvimos otra Conferencia Magistral a cargo de Sonia Sánchez, sobreviviente de la trata y la explotación de la prostitución con una voz contundente y clara contra el supuesto “trabajo sexual”. Ella nos habló sobre las zonas de tolerancia y las llamó “campos de concentración a cielo abierto” y puso mucho énfasis en el prostituyente/torturador, pero además se enfrascó en la defensa de que la prostitución no es trabajo, como que tampoco el chupar penes era un trabajo digno. Sonia terminó su conferencia magistral exigiendo a los gobiernos latinoamericanos y caribeños a que doten de salud, vivienda, educación y trabajo a todas las mujeres en situación de vulnerabilidad y construyan opciones de salida digna para las mujeres prostituidas.

La CATWLAC presentó cuatro mesas de discusión:

La primera que se tituló: ¿Por qué el feminismo es Abolicionistas? Con el objetivo de mostrar por qué se dice que el Feminismo es Abolicionista, en la que participó Taina Bien Aimé, Directora Ejecutiva de la Coalición contra la Trata de Mujeres Internacional, la Dra. Antonia Chávez, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Mtra. Grethel Baeza, Asesora Legislativa, la Dra. Aimée Vega Montiel del Laboratorio Feminista de los Derechos Digitales y que fue moderada por la Mtra. Ixchel Yglesias, de la BUAP.

La segunda se tituló: Los Vientres de Alquiler es Tráfico de Órganos, que tuvo por propósito que la comunidad latinoamericana reflexionara sobre los daos de los vientres de alquiler y las redes implicadas en este negocio multimillonario, que incluye también el tráfico de bebés que se compran y venden por contrato. En esta mesa participaron: Berta García de la Coalición Internacional contra la Maternidad por Sustitución, la Mtra. Keith López Nares, de la Colectiva Asteria y la Dra. Nuria González, Presidenta de la Escola. Esta Mesa fue moderada por la Lic. Beatriz Cosío.

La tercera se tituló: Las Sobrevivientes Toman la Palabra, cuyo propósito fue que se escucharan las propias voces de las sobrevivientes latinoamericanas y su argumentación por la que ahora son abolicionistas. En esta mesa participaron, Sonia Sánchez, de la Argentina, Susan Andrea Avella Rico, de Colombia y Verónica Muñoz de México. Todos sus argumentos contra la prostitución fueron de lo más contundentes y todas llamaron a sancionar al putero/prostituyente/torturador, porque aseveraron que sin ellos no hay prostitución y sin prostitución no hay trata, que es el mecanismo para surtir el mercado de cuerpos de las mujeres. También compartieron sus propuestas para construir opciones de salida digna.

Y, finalmente, la Cuarta y última mesa, que llevó por título: Los Obstáculos para el Acceso a la Justicia para las Víctimas de Trata y de Explotación Sexual. En esta mesa participaron la Maestra Natalia Rojas, de la Plataforma Abolicionista de Jalisco, quien hizo especial énfasis en los grandes índices de impunidad, la Lic. Alejandra Méndez, directora del Centro de Derechos Humanos, Fray Julián Garcés, que su representante habló también de la impunidad y de la negligencia del Ministerio Público de Tlaxcala y finalmente la que suscribe, que hablé sobre que el derecho es patriarcal, que falta compromiso y eficiencia de los órganos de administración y procuración de justicia en todos los delitos contra las mujeres. Aclaré que el abolicionismo no quiere perseguir a las mujeres, sino a los que las tratan y las explotan y las usan, que cuando planteamos las opciones de salida digna, es para las que las quieran, que nunca hemos planteado sacarlas de la prostitución en contra de su voluntad.

La suma de todo, la contundencia de la Dra. Rosa Cobo Bedía, a pesar de los ataques del patriarcado misógino, pero sobre todo, escuchar las voces de las sobrevivientes tan contundentes, ocasionó una reacción violenta de distintos actores, incluso con fuero, como el Diputade María Clemente, que abusaron de su poder, de Brigada Callejera, un organización que tiene muchos años haciendo negocio con la prostitución en La Merced, al grado que por defender su negocio, querían golpearnos a Sonia y a mí y durante la clausura llegaron como 60 y nos amenazaron. Cuando no hay argumentos, sólo les queda la violencia.

Me parece que si escuchamos a las sobrevivientes las cosas deben cambiar. Yo les agradezco profundamente su valor, su valentía, su contundencia, sobre todo a Sonia que aguanto conmigo la presión. Yo comparto con ellas la utopía de luchar hasta que todas las mujeres y las niñas sean libres. #PorlaAboliciónSiempre.

Por Teresa C. Ulloa Ziáurriz 

Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, A.C. (CATWLAC por sus siglas en inglés).

Fuente: Tribuna Feministade julio de 2022

[†] Para mayor información sobre el ObservaLatrata, ver: www.presidencia-observalatrata.com

Los vientres de alquiler y la «necesidad» de reglamentar actividades ilícitas en México

Hace unos meses en el Senado de la República, la Senadora Sánchez Cordero y la Presidenta de la Comisión de Salud, Margarita Valdez, organizaron un foro que se tituló “Hacia la Reglamentación de la Maternidad Subrogada”, con sólo dos ponentes abolicionistas, Ana Elena Contreras y Julia Aparisi.

Y aunque la Senadora Margarita Valdez, dice y repite que “no hay nada planchado”, pero desde el título nos dejan ver sus intenciones.

En el Senado hay presentadas dos iniciativas para reglamentar los vientres de alquiler, una de la Senadora Sánchez Cordero y el 4 de abril se presentó otra de la Senadora Sylvana Beltrones. Yo estoy segura de que en ambos casos las Senadoras tienen una agenda oculta.

En un país con los niveles tremendos de violencia contra las mujeres y la niñez, con los niveles tan altos de impunidad y con muchas regiones del país controlados por la delincuencia organizada, a quién se le puede ocurrir que reglamentando se va a acabar con el mercado negro en este negocio ilícito y en otras actividades muy lucrativas como la explotación de mujeres y niñas en la prostitución.

Siguen insistiendo en una interpretación muy particular del Artículo 4º. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

ARTICULO 4 – El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Y aquí qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación o cualquier entendido o entendida en la interpretación de las leyes me diga, por favor, aquí dónde dice que para fundar una familia se tiene el derecho de tener hijos, o que me diga que las parejas de gays puede contratar úteros de mujeres para que gesten a sus hijos. Aquí lo que dice es que la ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Y dice que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. No dice que toda persona tiene por cualquier medio el derecho a tener hijos…

Y no por qué neguemos que las personas de la diversidad sexual tienen derechos, pero las mujeres y la niñez también tienen derechos. Y que no me digan que los deseos son derechos. Por que no, eso no es cierto, es producto de un delirio acientífico y de ciertos fetiches, algunos muy desviados.

Qué porque estoy esencializando la maternidad, pues yo les digo que todas las personas que están promoviendo la reglamentación la están mercantilizando. Que aquí en México donde la imagen de la madre está tan idealizada, y que igualmente se usa para homenajearla o para insultar, tenemos la certeza que esta propuesta de reglamentar los vientres de alquiler, una propuesta profundamente patriarcal, machista y neoliberal si la bajan a discusión de toda la población, no pasaría.

Y yo la verdad no entiendo si las o los legisladores son representantes populares, con el respaldo de quién se les ha ocurrido reglamentar este cúmulo de actividades ilícitas. Más aún, justo esta legislatura cuando ya contamos con paridad en todos los puestos, incluyendo aquellos a los que se accede por votación, como los de las y los legisladores federales y locales, justo ahora, dos Senadoras de la República están intentando legalizar la explotación reproductiva de las mujeres. Que nos expliquen las legisladoras dónde están las multitudes de mujeres que están exigiendo que se reglamenten y legalicen los vientres de alquiler, aunque le pongan nombres eufemísticos como maternidad subrogada, úteros sustitutos o maternidad sustituta, aunque usen los argumentos como que son actividades altruistas, porque las mujeres buenas quieren ayudar a quienes no pueden concebir y gestar, o que esta actividad va a resolverles la salud y la vida, para quienes tienen mayor necesidad.

Puras mentiras, ninguno de estos peregrinos argumentos son verdad. Son mentiras del tamaño del patriarcado violento que nos envuelve en México, del valor a la dignidad de las mujeres.

En días pasados en que discutía un caso con una fiscal me alegó que no le habían quitado el útero a la víctima, y claro que no le quitaron el útero, pero usaron, alquilaron, comerciaron y ganaron mucho dinero con la función de gestar de ella.

Ojalá que no tengamos que esperar a que lleguen los trasplantes de úteros a México, que ya no tardan, para que se incluyan en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a las Víctimas, para que las autoridades mexicanas machistas y patriarcales entiendan que deben perseguir estos delitos, incluso, el tráfico de bebés.

Fue por todo lo anterior que mañana, 16 de agosto, organizamos con el apoyo del Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República un Foro “Gestación Subrogada – Vientres de Alquiler: Las Otras Voces”. Un foro que fue concebido como la respuesta al Foro que intentaba reglamentar la Gestación Subrogada, sobre todo para que en el Senado se oyeran las otras voces, especialmente las voces abolicionistas.

En este Foro contaremos con la Conferencia Magistral a cargo de la Dra. Alicia Miyares, de manera virtual. Y está organizado con dos paneles, el Primero se titula La realidad y evolución de los vientres de alquiler, en el que van a participar especialistas como Berta O García, Nuria González, las dos de manera virtual, y la Maestra Eleane Proo, Yan María Yaólotl, la Mtra. Carolina Pacheco Luna, en donde se abordarán: los perfiles de las mujeres que son reclutadas para esta práctica; el avance de la industria de la explotación reproductiva de las mujeres en México y el Mundo; las lesbianas y los vientres de alquiler; el papel de los medios de comunicación en la promoción de la explotación reproductiva; los derechos humanos de las mujeres violados por esta práctica.

El Panel 2 se titula La Violencia contra las Mujeres y los Vientres de Alquiler, en donde contaremos como ponentes a: la Dra. Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, la Dra. María Sierra Pacheco, el Mtro. Juan Martín Pérez García, la Dra. Eugenia Flores y una servidora, en donde se abordarán: desde el derecho civil y el derecho a la filiación; desde el derecho penal; los derechos violados a las niñas y niños; violencia obstétrica y el desapego fracasado; práctica o técnica, leyes violadas por esta práctica y la falsa interpretación del art. 4º. Constitucional.

Y finalmente, la Diputada Federal Beatriz Rojas hará entrega de la iniciativa que presentó en la Cámara de Diputadas y Diputados Federal para incluir los vientres de alquiler y la donación comercial de óvulos en el tráfico de órganos de la Ley General contra los Delitos en Materia de Trata de Personas y en la Ley General de Salud.

Este foro se organizó con la esperanza de que se escuche a las otras voces, porque exigimos Paridad que sirva, de las mujeres para el bien de las mujeres y no para que se nos trate como incubadoras.

Teresa C. Ulloa Ziáurriz

Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, A.C. (CATWLAC por sus siglas en inglés).

Fuente: Tribuna Feminista

Aumenta 39.7% la trata de mujeres en México

Datos del Secretariado Ejecutivo indican que pasaron de 360 en 2018, a 503 en 2021; ONG dicen que incidencia es mayor, pero no se denuncia por temor al crimen organizado

abril 16, 2022 

En los últimos cuatro años, los casos de mujeres víctimas de trata de personas se incrementaron 39.7%, al pasar de 360 en 2018, a 503 en 2021, de acuerdo con información sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Sin embargo, ONG aseguran que la cifra del organismo sólo representa 20% de los casos reales.

“Los datos que nos deja ver el secretariado son, si acaso, 20% de los casos que se están registrando en el país. Esto es, el delito de trata de personas tiene una cifra negra por arriba de 80%”, dice Teresa Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Alicia Mesa Bribiesca, directora Ejecutiva del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, detalla que por cada caso que se registra de víctimas de trata existen 99 que no se reportan.

“Está invisibilizado. México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en cuanto al número de víctimas. Lo anteceden Tailandia y Camboya”, añade.

Dice que desde hace 10 años los cárteles de las drogas participan en ese ilícito, además de grupos japoneses, rusos y estadounidenses, por lo que solamente una de cada 100 mujeres es la que se atreve a denunciar.

“En este delito ya está metido el crimen organizado. Además, la Yakuza, los rusos, los norteamericanos que tienen redes internacionales de tráfico y de trata de personas. Por eso pocas mujeres se atreven a denunciar, porque son gente mucho muy violenta, agresiva, que cuenta con una mayor impunidad”.

Precisa que entre las ciudades de destino de muchas mujeres víctimas de trata para explotación sexual se encuentran Tijuana, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Veracruz, e incluso Nueva York.

Las entidades donde los victimarios enganchan a mujeres, cuyas edades van desde 12 a 35 años, son Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero, San Luis Potosí y Chiapas.

El reporte del SESNSP detalla que ese ilícito, cuya impunidad se ubica por encima de 98%, ha ido en aumento año con año: en 2018 se contabilizaron 360 casos; en 2019, 402; 2020, 455; en 2021 sumaron 503, y en enero y febrero pasados, la cifra llegó a 93.

De acuerdo con el documento, en los primeros dos meses de 2022 el mayor número de casos de ese ilícito se registró en el Estado de México, con 43; Ciudad de México, 13; Baja California y Chihuahua, con cuatro cada uno, y en Oaxaca, tres.

Según el Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2021. Procuración e impartición de justicia, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en las 34 fiscalías y otras figuras especializadas para los delitos en materia de trata de personas, se contaba con 729 servidoras y servidores públicos (495 y mujeres y 234 hombres).

Destaca que en 17 de esas fiscalías señalaron que no cuentan con un presupuesto asignado para combatir ese delito.

La crisis económica, las pocas denuncias y la falta de difusión para prevenir ese ilícito son para algunos organismos civiles los principales factores que han incidido en el aumento del delito.

“La mayoría de los casos de mujeres víctimas de trata de personas tiene que ver con la necesidad económica, con un medio de sobrevivencia, con la vulnerabilidad en la que están las mujeres, a las que es muy fácil engancharlas”, señala Ulloa.

Comenta que a casi cuatro años de haber arrancado el actual gobierno, no se ha realizado un plan nacional para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas.

Fuente: Mural de Género

Women’s Link logra una histórica victoria para la protección de víctimas de trata en Colombia

La Corte Constitucional de Colombia ordenará la mejora del sistema de protección de víctimas de trata gracias al trabajo realizado por la abogada senior en Women’s Link, Ana Margarita González, en el caso de Yolanda

En 2019, Yolanda fue engañada en Venezuela por una vecina que le prometió trabajo como vendedora de café en Colombia. Tras llegar al país, descubrió que iba a ser explotada sexualmente por una red de trata, tanto ella como sus hijas de 6 y 7 años. Yolanda huyó y solicitó ayuda a las autoridades colombianas, pero estas fallaron y no la identificaron como víctima de trata.

Como consecuencia, Yolanda se quedó sin acceso a la protección y asistencia a la que tenía derecho, amenazada por la red de trata, sin vivienda, ni acceso a servicios de salud ni empleo. Su situación era de total vulnerabilidad con unos medios mínimos de subsistencia gracias a la ayuda de distintas organizaciones que trabajan en alianza con Women’s Link.

Gracias a esta alianza, Women’s Link ha podido analizar el caso de Yolanda que vieron “una oportunidad de usar nuestra experiencia legal para que Yolanda accediera a sus derechos y, además, para lograr un cambio más amplio, que ayudara a más mujeres en situaciones similares”, relata la abogada senior en Women’s Link, Ana Margarita González.

Además, la entidad llevaba varios años estudiando los obstáculos que presentan las víctimas de trata para acceder a sus derechos, no solo en Colombia, sino también en otros países y regiones donde “los fallos en la identificación oficial de las víctimas de trata son un problema extendido”, añade González, y se convierten en una barrera insuperable para el acceso a los sistemas de protección.

Por esta razón, Women’s Link solicitó una revisión del caso de Yolanda ante la Corte Constitucional de Colombia resaltando la importancia de que las autoridades encargadas tuvieran un protocolo de identificación de víctimas. También, de que se asistiera y protegiera a las víctimas de trata desde el primer momento sin necesidad de una investigación penal contra la red ni una denuncia por parte de la víctima.

Por otro lado, “nuestro equipo de comunicación trabajó para visibilizar el caso de Yolanda y contextualizarlo correctamente en el marco de la emergencia humanitaria en Venezuela”, narra la abogada senior. Esto se debe a que muchas mujeres y niñas venezolanas están expuestas a las redes de trata en toda la región.

Este mes de octubre ha salido a la luz la decisión de la Corte que no solo amparaba los derechos de Yolanda y su familia, sino que aprobaba la creación de medidas estructurales que permitieran una mejora en el sistema de protección de las víctimas de trata a nivel nacional.

No obstante, la labor de Women’s Link no termina aquí ya que, en alianza con otras organizaciones e instituciones, debe velar por el cumplimiento de estas medidas. También, conseguir que esta decisión judicial se convierta en “una hoja de ruta para mejorar otros sistemas de protección para víctimas de trata en la región”, declara Ana Margarita González.

Fuente: Amecopress

Aumenta uso de las redes sociales para reclutar a mujeres y niñas con fines de explotación sexual en la pandemia

 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW) afirmó este miércoles que las mujeres y las niñas siguen contándose entre las principales víctimas de trata en el mundo y destacó el creciente uso de las redes sociales para reclutarlas en el contexto de la pandemia de COVID-19.

Las y los expertos de ese grupo indicaron que las leyes y políticas nacionales e internacionales contra el tráfico de personas resultan insuficientes para detener ese delito, particularmente cuando se extiende de los medios convencionales al espacio virtual.

Explicaron que los traficantes se valen de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería para acceder a sus posibles víctimas y reclutarlas para luego explotarlas sexualmente en el caso de las mujeres y las niñas.

El comité consideró “alarmante” el papel que los medios digitales en esos reclutamientos durante los periodos de confinamiento debidos a la pandemia, cuando los traficantes no han podido llegar hasta sus posibles presas con sus métodos tradicionales, que implican un contacto más directo y personal.

“La pandemia ha revelado la urgencia de analizar el uso de la tecnología digital en la trata y de cómo aprovechar esa tecnología para combatir el delito”, dijo Dalia Leinarte, integrante del comité y encargada de redactar las recomendaciones generales para hacer frente al fenómeno.

Controles mitigantes del riesgo

Las expertas dirigieron a las compañías de redes sociales y mensajería un llamado a implementar controles para mitigar el riesgo de exposición de las mujeres y las niñas a la trata y la explotación sexual. También les pidieron que usen sus datos para identificar a los traficantes y a los individuos ligados a la demanda de mujeres y niñas. Combatir la trata implica desalentar la demanda, señalaron.

A los gobiernos, por otro lado, los conminaron a abordar las causas que empujan a las mujeres y las niñas a caer en situaciones de alta vulnerabilidad.

En este sentido, consideraron que los Estados deben movilizar recursos públicos y fortalecer los servicios en las áreas que apoyan el alcance de la igualdad de género, la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas y el respaldo del desarrollo sostenible para reducir los factores de riesgo que propician la trata.

Discriminación asociada al género

El Comité aseveró que entre los problemas fundamentales se cuentan la discriminación con base en el género, lo que incluye injusticias socioeconómicas en los países de origen de las mujeres y las niñas; las políticas migratorias y los sistemas de asilo con sesgos de género en los países extranjeros; y los conflictos y emergencias humanitarias.

Dalia Leinarte sostuvo que “la trata es un crimen de género muy vinculado a la explotación sexual” y subrayó que los Estados deben crear las condiciones propicias para asegurar que las mujeres y las niñas “sean libres del peligro de la trata”.

Los expertos instaron a elaborar políticas públicas que otorguen autonomía y acceso equitativo de las mujeres y las niñas a la educación y el empleo.

“Garantizar la participación completa, efectiva y sustantiva en todos los niveles de la toma de decisiones que busquen prevenir o combatir la trata de las mujeres y las niñas, en especial de las víctimas, de las comunidades afectadas por ese delito y de las personas en riesgo de sufrir ese lastre”, es una de las recomendaciones del Comité, que también solicita esa participación en el diseño de respuestas al delito con base en el género y derechos humanos.

Erradicación de los valores patriarcales

Otra recomendación es la erradicación de las normas y valores patriarcales formalizados en las leyes que facilitan el tráfico de niños y los matrimonios forzados de menores de edad. “Se deben adoptar medidas para evitar que las familias acepten los matrimonios indefinidos o temporales de sus hijas a cambio de dinero”, apuntaron, recordando que el llamado “déficit de mujeres” debido a las políticas de planificación familiar de algunos países ha exacerbado esa situación.

Asimismo, pugnaron por políticas migratorias seguras, que respondan y protejan a las mujeres y niñas migrantes. Y en el caso de los desplazamientos internos de población por conflictos o emergencias, abogaron por sistemas de protección y asistencia amplia a esos sectores.

En este sentido, resaltaron la necesidad de establecer un sistema para reportar presuntos casos de tráfico de personas observados en las inspecciones laborales sin que esto afecte a las víctimas por su condición migratoria, además de llamar a que se les permita el acceso a todos los servicios públicos sin temor a ser denunciadas por su estatus migratorio.

De acuerdo con el Comité, el combate de la trata de mujeres y niñas en el marco migratorio global requiere de un mayor compromiso y medidas de protección derivadas de las leyes internacionales humanitarias, de refugiados, penales y laborales.

Fuente: SemMéxico/ Noticias ONU.

Se presentó Dueños de personas, personas con dueño, una investigación sobre la trata con fines de explotación sexual y laboral en Uruguay

Marcha contra la trata de personas, en la plaza Independencia (archivo, junio de 2020).

Foto: Ernesto Ryan

El estudio concluye, entre otras cosas, que es un fenómeno “instalado” en el país y poco reconocido como “problema público”

Después de dos años de trabajo de campo, escucha activa, sistematización de información y análisis, la asociación civil El Paso presentó la investigación Dueños de personas, personas con dueño, que indaga en las formas en que se produce y reproduce la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral en Uruguay. La publicación se enmarca en el proyecto “Uruguay mira la trata”, que desde 2017 busca promover la implementación de políticas públicas sobre esta problemática en el país, con el financiamiento de la Unión Europea.

La investigación estuvo liderada por El Paso, pero es fruto de un trabajo colectivo en el que también participaron la agencia Voz y Vos; la Red de Paysandú de Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes; el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de la República (Udelar); y la Organización Internacional para las Migraciones. Desde el principio, la intención fue que el tema fuera abordado de manera integral: como un problema social –más allá de su dimensión delictiva– y desde una perspectiva de género y derechos humanos.

El resultado quedó plasmado en cerca de 300 páginas en las que aparecen los relatos de más de 100 personas consultadas en 12 departamentos del país, entre operadores sociales, educativos, judiciales, de la seguridad, de la sociedad civil y gubernamentales. Se hicieron además dos entrevistas en profundidad y un grupo de discusión con trabajadoras sexuales, según explicó la socióloga Natalia Guidobono, coordinadora de la investigación, durante la presentación del informe.

Las voces de las víctimas de trata, en tanto, fueron recogidas a través de la información disponible sobre las mujeres que han sido asistidas en el Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata con Fines de Explotación Sexual, cogestionado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en convenio con El Paso. Esta metodología fue elegida para evitar la “revictimización” de las mujeres, aseguró Guidobono. “Este trabajo, que fue súper minucioso, nos permitió no tener que ir a consultarlas. Su palabra estaba a través de los registros, que a veces eran relatos, dibujos, registros de entrevistas que tenían los equipos técnicos, además de una gran base de datos que fuimos ajustando y actualizando”, contó la coordinadora. Toda esa información permitió explicitar cuáles son las características de las personas que son víctimas de trata en Uruguay.

El estudio también analiza tres sentencias que fueron tipificadas como trata de personas, que son anteriores a la de la Ley 19.643, de prevención y combate a la trata, promulgada en julio de 2018. “Este análisis propinó mucha información sobre cómo resuelve los casos la Justicia, pero también nos acercó mucho a cómo operan los explotadores y cómo funcionan las redes”, comentó Guidobono. “Ustedes dirán que es poco tres; es lo que hay”, agregó la socióloga, y resaltó que existen otras sentencias de este estilo, pero no están tipificadas como trata en su carátula.

Por último, la investigación incluye como otra novedad un análisis específico sobre la cobertura de la trata de personas en la prensa uruguaya. Para eso, se analizaron notas y reportajes realizados entre abril y noviembre de 2018. Esta tarea estuvo a cargo de la agencia de comunicación Voz y Vos, que se especializa en derechos humanos e infancias.

“Comprender cómo se construyen discursiva y narrativamente las problemáticas sociales, en este caso la trata, es parte de la comprensión de la problemática”, por lo que puede ayudar a “transformar la realidad”, explicó Paula Baleato, directora de Voz y Vos, durante la presentación. La socióloga y maestranda en Comunicación dijo que el análisis de la representación mediática mostró coberturas “muy episódicas, poco contextualizadas y basadas en un enfoque individual y no social de los asuntos”, lo cual “deja a la sociedad con menos posibilidades de una comprensión más integral del problema”.

Sin embargo, aseguró que otros hallazgos son más “alentadores”. En ese sentido, dijo que el tema se empezó a cubrir más y que hubo una mejora en la calidad de la cobertura. Acerca de esto último, celebró que cada vez tengan más espacio en los medios las “voces calificadas”, que a su entender en general provienen de las organizaciones de la sociedad civil.

Principales resultados

Una de las conclusiones más importantes de la investigación es que la trata de personas es un “problema instalado en Uruguay”, con evidencia desde la época colonial. De acuerdo con el estudio, existen rutas identificadas de trata sexual que operan en el país de forma continua desde hace más de 30 años. Sin embargo, “el reconocimiento de la trata de personas como problema público es débil aún”.

La trata interna –que se da cuando todas las etapas del proceso se desarrollan dentro del país– y la trata laboral son las formas más invisibilizadas, aseguró Andrea Tuana, trabajadora social, magíster en Políticas Públicas de Igualdad y directora de El Paso. “En la investigación pudimos visualizar, por ejemplo, situaciones de trata entre los barrios y entre departamentos del país. A veces esas situaciones quedan invisibilizadas, y en muchos casos no se llega a tipificar que estamos frente a una situación de trata”, dijo Tuana sobre la trata interna.

Acerca de la trata laboral, explicó que es una modalidad “que permanece invisibilizada en nuestro país” y que, cuando se detecta, “en general no es vista como un delito y se aborda como un conflicto a nivel laboral”, lo cual hace “que se diluya el delito de lesa humanidad que se está generando”. Puso como ejemplo los casos de trata laboral identificados en el sector doméstico, en familias de alto poder adquisitivo, “donde muchas veces se recrean prácticas que nos hacen recordar el sistema esclavista uruguayo en el siglo XIX”.

Dueños de personas, personas con dueños intenta ser un estudio exploratorio sobre la trata laboral, ya que no existen investigaciones previas sobre este fenómeno en el país. En este primer acercamiento a la problemática se identificaron situaciones de trata laboral o trabajo forzoso en cinco sectores específicos de la economía: doméstico, agropecuario, forestación, construcción y pesca. Pero “es necesario seguir profundizando”, puntualizó Tuana.

En cuanto a la trata con fines de explotación sexual, el trabajo reveló que se produce y reproduce mayoritariamente en “whiskerías, prostíbulos, boliches, cantinas, en la vía pública, en casas y apartamentos particulares, en zonas turísticas, en calles, rutas, en ciudades grandes, localidades pequeñas, capitales departamentales, espacios fronterizos, zonas de freeshops”.

Uruguay es identificado desde hace años como país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, pero en los últimos años se ha constituido en un país predominantemente de destino de trata sexual y laboral.

Otro de los hallazgos de este trabajo es que, si bien Uruguay es identificado desde hace años como país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, en los últimos años se ha constituido en un país “predominantemente de destino de trata sexual y laboral”. Este fenómeno empezó a aparecer en 2014, especificó la directora de El Paso, “a partir de las nuevas corrientes migratorias y de la llegada de un fuerte contingente de dominicanas y dominicanos al país”.

El estudio también encontró que la trata de personas se desarrolla en espacios fronterizos, ya sean territoriales o entre lo legal y lo ilegal. Lo primero porque, muchas veces, las redes de trata trasladan a las personas de un lugar a otro de la frontera indistintamente, entonces “operan en espacios donde no siempre es posible establecer límites claros, lo que impide ver la trata con claridad y hace difícil identificarla”. Lo segundo se da porque “gran parte de la trata ocurre dentro de lo que son las empresas legales y el mercado sexual legal”, dijo Tuana, “y eso hace que sea mucho más difícil poder visualizar el delito”.

“La investigación concluye que convivimos con la trata de personas”, resumió. “Está en distintos lugares por donde nosotros transitamos y desarrollamos nuestra vida, y esa creo que es una conclusión fuerte e importante a los efectos de generar recomendaciones y hacer política pública”.

70% de las mujeres víctimas de trata sexual en Uruguay son menores de 35 años. 83% fueron explotadas en suelo uruguayo. 79% son extranjeras.

El perfil de las víctimas

Además de conceptualizar cuáles son los tipos de trata de personas, definir las distintas etapas del proceso, ubicar el problema en el mapa de Uruguay y caracterizar a los actores, el estudio permite conocer las características de las víctimas. ¿Quiénes son? ¿Qué edades tienen? ¿Cuáles son sus niveles socioeconómicos y educativos? ¿De dónde provienen? ¿En qué contexto vivían antes de ser sometidas a la situación de trata? ¿Cómo fueron captadas?

Lo primero que salta a la vista es que, en el caso de la trata con fines de explotación sexual, la enorme mayoría de las víctimas identificadas fueron mujeres. En ese grupo están incluidas las mujeres trans, que también son captadas, “pese a que se encuentran fuertemente invisibilizadas”, señaló Tuana. La investigación reveló que 70% de las mujeres víctimas de trata sexual son menores de 35 años, 83% fueron explotadas en suelo uruguayo y 79% son extranjeras (mayoritariamente latinoamericanas). Otro dato que aparece es que la gran mayoría (83%) tiene al menos una hija o un hijo, y que en menos de la mitad de los casos (43%) están a su cargo.

Los tipos de trata que predominan en el país son la interna y la internacional. La mayoría de víctimas de trata internacional son extranjeras. En el caso de trata interna, hay una fuerte presencia de adolescentes de entre 14 y 16 años –sobre todo uruguayas, pero también hay extranjeras–, que son captadas y trasladadas dentro de las fronteras del país. La investigación también encontró dos casos de trata “mixta”, en los que se combinaron la interna y la internacional.

La gran mayoría de las víctimas de trata sexual en Uruguay son mujeres, mientras que los principales afectados por la trata laboral son varones.

Entre 2011 y 2019, el Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata atendió a 650 mujeres en posibles situaciones de trata sexual, según datos proporcionados por el Inmujeres a la diaria.

En el caso de la trata laboral, en tanto, las principales víctimas son varones, una tendencia que sólo se revierte en las situaciones de trata con fines domésticos.

El equipo de investigación concluyó que las víctimas de trata, en general, son provenientes de “contextos sociales marcados por la exclusión social y la pobreza económica”, explicó Sandra Perroni, coordinadora del Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata, algo que para las redes criminales es un “factor con fuerte incidencia”. Otro aspecto que aparece en los testimonios es el de la violencia estructural “en todas sus manifestaciones”, que atraviesa las distintas trayectorias de vida de las víctimas antes de ser captadas.

Por otro lado, el estudio mostró que entre las víctimas hay “un rango muy amplio entre personas analfabetas y personas con niveles educativos terciarios”. En el caso de las víctimas de trata sexual que concurren al servicio de atención del Inmujeres, explicó Tuana, se pudo ver que los niveles educativos son más bajos en las mujeres uruguayas que en las extranjeras.

Las redes de trata que operan en el país son diversas, tienen distintos tamaños y estructuras jerárquicas y están compuestas por múltiples actores.

El accionar de las redes de trata y los tratantes

Las redes de trata que operan en Uruguay son diversas, tienen distintos tamaños y estructuras jerárquicas, y están compuestas por múltiples actores. “Algunas tienen un funcionamiento jerárquico y operan como organizaciones criminales muy bien articuladas. Otras son más locales, con mayor o menor grado de estructura. Se identifican también redes familiares o compuestas por personas del entorno cercano de las mujeres. En general son los dueños de cantinas de barrio, vecinos, conocidos de la cuadra”, describió Perroni. De la misma manera, se identificaron redes nacionales –que cuentan con distintos actores y están vinculadas a la trata interna– y redes relacionadas al crimen organizado transnacional.

Los elementos que caracterizan el proceso de trata son el reclutamiento, el traslado, la recepción y la explotación. La investigación permitió indagar en las características específicas de algunas de estas etapas, a partir del análisis de los casos estudiados.

El engaño es el principal mecanismo de reclutamiento en Uruguay.

Una de las conclusiones más importantes en este sentido es que el engaño sigue siendo el principal mecanismo de reclutamiento en Uruguay, ya sea a través de propuestas de mejoras económicas o mediante la manipulación afectiva en “noviazgos abusivos”, detalló Perroni. En general, dijo, estos vínculos se establecen a partir de “fuertes asimetrías de poder” y los captadores suelen doblar o triplicar la edad de las mujeres captadas. Otros mecanismos de control que se detectaron fueron la violencia psicológica y física, el endeudamiento, el empeño de documentos, la promesa de pago a la familia, las represalias o –en los casos de víctimas extranjeras– la amenaza de denuncia y deportación.

Tuana agregó que también las drogas aparecen a veces como un mecanismo que se utiliza, primero para la captación y después para mantener a las personas controladas y en los sistemas de explotación.

La directora de El Paso dijo que el secuestro y la desaparición de mujeres “no son una forma de captación que se dé frecuentemente” en Uruguay, aunque durante la investigación se han identificado casos de mujeres y adolescentes desaparecidas que pueden estar vinculadas a redes de trata. Acerca de las desapariciones, el estudio reveló una forma muy específica de trata que se da cuando hay adolescentes que desaparecen “en forma intermitente, por tiempos limitados” para ser explotadas por redes de trata, y después las “devuelven”.

La fase del transporte y el traslado cuenta con distintas dinámicas. “Cruzar los límites del barrio hacia otros barrios, zonas o territorios se convierte en una travesía donde las víctimas pierden sus redes comunitarias, sus referencias, y quedan aisladas y a expensas de las redes de trata”, explicó Perroni. “La trata interdepartamental, en la que se movilizan adolescentes y mujeres fuera de sus lugares de referencia, tiene una presencia significativa en todo nuestro país, y es un mecanismo que genera aislamiento y desarraigo”, puntualizó.

Cerca del cierre de la presentación, Tuana reconoció que en los últimos años ha habido avances para prevenir y sancionar el delito de trata en Uruguay, como la aprobación de la Ley 19.643, la creación del Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas y el trabajo que se ha hecho respecto del tema en instituciones públicas y ministerios. Sin embargo, dijo, todavía hay “debilidades muy importantes” en las que hay que seguir trabajando, especialmente en la atención a las personas que buscan salir de la situación y no tienen a mano todas las herramientas.

Por Stephanie Demirdjian 

Fuente: La Diaria