septiembre 27, 2016

Ecuador comienza debate del proyecto de ley de parto humanizado

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*La iniciativa incluye derechos de la madre y del bebé

La violencia obstétrica es un tema bastante “reciente” en el panorama de la lucha por los derechos de las mujeres en Ecuador, donde este 20 de septiembre se realizó el primer debate de la Ley de Parto Humanizado, que busca garantizar los derechos durante todo el proceso biológico: desde la planificación de la maternidad hasta el postparto.

Precisamente en 2014 se incluyó por primera vez este indicador en el informe a la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por sus siglas en inglés), elaborado por las integrantes de la Coalición de Mujeres del país andino.
Esa organización es una de las principales impulsoras, junto con la asociación El Parto es Nuestro (EPEN), del proyecto para establecer una ley de parto humanizado que incluye no sólo los derechos de las mujeres, sino de los recién nacidos.

“Es más que un tema solo de mujeres, abarca al ciento por ciento de la población”, destacó en entrevista a SEMlac María Moreno, socia fundadora de EPEN, quien señaló que ese es un tema que en esta segunda versión aún no se recoge.

Moreno, activista por los derechos femeninos, precisó además que están pendientes de incorporación al proyecto de ley de otras cuestiones importantes como la posibilidad de que sea aplicable a todo el sistema de salud en el país, y no sólo en instituciones públicas, así como estandarizar una línea de denuncia en caso de malas prácticas, el papel de las parteras y “doulas” (asistentes sin titulación oficial que proporciona apoyo físico y emocional a las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto), la posibilidad de que accedan a los centros de salud, y la continua actualización de los profesionales de la salud.

Los derechos de madres y padres durante períodos de hospitalización de sus hijos y un capítulo que establezca la correcta divulgación de este instrumento jurídico aún son pendientes del proyecto.

“Es importante que se genere el debate y la población sepa de esta forma de violencia y cómo evitarla”, recalcó Moreno, quien insistió en la necesidad de contar con esta Ley de Parto Humanizado y que, además, forme parte del Código Orgánico de Salud, como complemento de protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Previo a este debate del proyecto, en el mes de abril de este año se realizó un foro en la Asamblea Nacional para analizar y aportar en la construcción de la ley. Al encuentro asistieron unas 500 personas, entre académicos e investigadores del tema, activistas, representantes de organizaciones que luchan por los derechos femeninos, personal de salud, de la OMS, y la Red de Parteras, entre otros.

Esta iniciativa, presentada a la Asamblea por su presidenta Gabriela Rivadeneira, fue motivada inicialmente por el elevado número de cesáreas que se practican en el país -41 por ciento en el sector público y más del 70 por ciento en el privado, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre un 10 y 15 por ciento-, por lo que en su contenido se incluye también cómo lidiar con la cesárea respetada.

La propuesta de Ley de Parto Humanizado que actualmente se debate en Ecuador recoge elementos de propuestas previas con miradas sesgadas, pues hay que ver el tema desde la misma planificación de la maternidad, enfatizó María Moreno. Por un lado, la propuesta de la propia Rivadeneira, enfocada esencialmente en la reducción de cesáreas, y otra de la asambleísta Lourdes Tibán, centrada en la práctica intercultural del parto acompañado.

Un enfoque integral permitirá garantizar los derechos de madres e hijos y eliminar una de las formas de violencia hacia las mujeres más invisibilizadas, pues “nada justifica las tasas que tiene el país”.



Por Karina Escalona
Fuente: SemMéxico/SEMlac, Quito, Ecuador

Comunicado de Prensa, Casa de la Mujer Colombia. Hoy es el día de la más alegre de las despedidas: la despedida de la guerra.


Nos unimos a la fiesta más importante del último siglo en Colombia con la alegría de haber sido, junto con otras mujeres en Colombia, sujetos políticos de este proceso desde hace más de 30 años. Este día deseado y especialmente labrado por las manos, la palabra y el trabajo de jóvenes, mujeres y hombres de distintas generaciones ha llegado.

La Casa de la Mujer felicita y celebra la firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” en Cartagena. Hemos ganado ético y políticamente porque hemos cambiado las balas por la palabra, la eliminación del contradictor por el reconocimiento de él, la confrontación por el diálogo.

Con una gran alegría, acogemos y cobijamos el compromiso que nos ha vinculado siempre a la paz y las responsabilidades que como mujeres, tendremos frente a la construcción de la paz.

Esta es la oportunidad para seguir trabajando por un país en paz con justicia social. Trabajaremos por la convivencia democrática en el espacio público y el espacio privado, por la inclusión, por el acceso a la tierra y la distribución justa de la riqueza, los recursos, los servicios y las oportunidades. Trabajaremos porque todas las mujeres seamos pactantes de lo acordado, nos proponemos así continuar radicalizando la democracia.

Por una democracia radical, hacemos un llamado urgente al Ejército de Liberación Nacional para que se siente en la mesa de diálogo. Urgimos al Estado colombiano a que fortalezca su lucha frente al paramilitarismo, que también debe desarmarse.

Llamamos a las partes a cumplir lo acordado y al gobierno nacional para que fortalezca no solo su presencia en los municipios directos y los aledaños con zonas veredales transitorias y campamentos.

El despedirnos de las armas implica darle un lugar a la educación, a la salud, a la cultura, al deporte y la recreación, y a los mecanismos alternativos de justicia en aquellas zonas más afectadas por la violencia y el despotismo del poder.

Felicitamos a todas y todos las colombianas y los colombianos por demostrar a nuestras generaciones y a un mundo afectado gravemente por la creciente hegemonía de la violencia pública y privada, que el gran valor de la existencia reposa en la rica complejidad del ser humano y su inmensurable capacidad para demostrar que la violencia no es un destino, mientras que la paz sí un derecho de todas las sociedades.

Reconocemos y valoramos el trabajo juicioso que durante cuatro años llevaron a cabo la delegación del gobierno colombiano y las FARC-EP, y la voluntad política de ambas partes para superar las dificultades que se presentaron en la Mesa de Conversaciones.

Agradecemos a los gobiernos de Cuba, Noruega, Venezuela y Chile sus gestiones y el acompañamiento brindado a la Mesa de Negociaciones, y el apoyo de la comunidad internacional representada en el Sistema de Naciones Unidas, Unión Europea, Estados Unidos, Suiza y Suecia.

Y nuestro agradecimiento y reconocimiento a las víctimas, a las organizaciones sociales, y los hombres y mujeres que apoyaron sin descanso la Mesa de Diálogo. 


Casa de la Mujer
Tel. 2218785, Bogotá

septiembre 26, 2016

5.º Aniversário do Centro de Cultura e Intervenção Feminista (CCIF/UMAR) | QUI, 29 SET 18h00

Na próxima 5.ª feira, 29 de Setembro, o Centro de Cultura e Intervenção Feminista (CCIF/UMAR) faz 5 anos!


Desde Setembro de 2011, imensas, variadas e participadas actividades culturais e de intervenção, juntaram associadas, amigas/os, activistas, académicas/os e demais pessoas de vários quadrantes, de Portugal e do estrangeiro em torno dos feminismos. 

Foram 5 anos de partilhas e de descobertas feitas em conjunto, a grande maioria de acesso livre, abertas a toda a população.

Vamos comemorar este 5.º aniversário, com um convívio onde também será apresentada a colecção bibliográfica infanto-juvenil feminista e inclusiva do Centro de Documentação da UMAR, prova de uma das prioridades da nossa associação feminista: a igualdade e a desconstrução de estereótipos de género na educação.


Entrada livre!

Saudações feministas da UMAR


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UMAR -  União de Mulheres Alternativa e Resposta
Braga | Porto | Viseu | Coimbra | Lisboa | Almada | Funchal

Colombia. La infancia como símbolo y moneda de cambio

La educación se ha convertido en un escenario de disputas particularmente álgidas en materia de política sexual. Si por un lado se trata de un ámbito fundamental para la formación de las nuevas generaciones, por otro la escuela se constituye, en la práctica, como un sitio privilegiado de reproducción de relaciones sociales y desigualdades. Es por ello del interés de actores públicos y privados, oficiales y civiles, de Estado e Iglesia, y de diversas instituciones, incidir en sus procesos ejerciendo su poder e imponiendo sus intereses.

Es también en el cotidiano y en los contenidos de la formación escolar que impactan las condiciones estructurantes de violencias y discriminación por orientación sexual e identidad de género. Por ello el ámbito de la educación ha sido foco de interés de políticas en ese sentido, con proyectos que abordan directamente la cuestión, en diversos formatos, prevaleciendo el marco de protección de los derechos humanos, inclusive los de niños y adolescentes, que marca la legislación internacional. No obstante, en los países donde comenzaron a ser implementadas, aunque defendidas por especialistas y profesionales de la educación, estas iniciativas han sido objeto de campañas de desprestigio y de bloqueos parlamentarios por parte de políticos y líderes religiosos que hacen de la protección del orden patriarcal un bastión en sus batallas culturales.

En Colombia, como en otros países, las propuestas de abordar género y sexualidad en la escuela han suscitado ardientes reacciones por parte de sectores conservadores que no han dudado en sembrar un pánico moral entre padres y madres de familia, así como entre educadores, frente a las amenazas que representarían lo que –indistinta pero eficazmente– denominan ‘ideología de género’ o ‘dictadura gay’, que contribuirían para la destrucción del ‘bien supremo de los niños’.

El más reciente episodio tuvo lugar a principios de agosto, cuando circularon a través de redes sociales imágenes del cómic In bed with David & Jonathan, del ilustrador belga Tom Bouden, en las que se observa a dos hombres besándose y acariciándose apasionadamente como antesala al acto sexual. De acuerdo a quienes las divulgaron, dichas imágenes corresponderían a unas cartillas que el Ministerio de Educación colombiano estaría entregando a estudiantes de todo el país con el objetivo de ‘colonizarlos’ con las ‘ideas y costumbres’ de la comunidad LGBTI y así ‘imponerles su forma de vida’.

Las protestas no se hicieron esperar. Aunque la Ministra de Educación, Gina Parody, desmintió el uso de dicho material y denunció su uso tendencioso por parte de opositores al gobierno de Juan Manuel Santos, el cardenal Rubén Salazar dio una rueda de prensa el 8 de agosto en la que convocó a la ciudadanía a protestar contra la ‘ideología de género’. Miles de padres de familia, fieles de iglesias católicas y cristianas e incluso miembros de la clase política marcharon el 10 de agosto en varias ciudades del país. Empuñando biblias, los manifestantes exigieron la renuncia de Parody, quien es lesbiana.

Las raíces de la controversia

Dos años antes, en agosto de 2014, Sergio Urrego, un joven de 17 años, se había lanzado del último piso de un centro comercial en Bogotá, a raíz del matoneo homofóbico del cual fue víctima por parte de la dirección del colegio Gimnasio Castillo Campestre, en el que cursaba sus estudios . El hecho tuvo repercusión nacional y dio lugar a investigaciones, que en el ámbito judicial llegaron al Tribunal Superior de Bogotá, al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional. Aunque el proceso penal contra la rectora del colegio, Amanda Castillo, aún está en curso, a través de la Sentencia T-478 de 2015 la Corte Constitucional ratificó que Urrego había sido víctima de discriminación. Asimismo, obligó al Colegio a realizar un acto público de desagravio en memoria del joven y ordenó al Ministerio de Educación a llevar a cabo, entre otras medidas, “una revisión extensiva e integral de todos los Manuales de Convivencia en el país para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes”.

Para tal fin, el Ministerio elaboró un cuestionario para que rectores y secretarías de educación de los distintos municipios evaluaran de forma autónoma sus manuales de convivencia y establecieran si había algún contenido discriminatorio. Asimismo, el Ministerio suscribió un convenio con tres agencias del sistema de Naciones Unidas (UNICEF, UNFPA y el PNUD), para brindar herramientas a las instituciones educativas del país que permitan el ejercicio pleno de la ciudadanía en niños y niñas. En el marco de dicho convenio, se elaboraron una serie de cartillas entre las que se encuentra Ambientes escolares libres de discriminación: Orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en la Escuela. Aspectos para la reflexión , en cuya elaboración participaron organizaciones LGBTI (entre ellas la Fundación Sergio Urrego, creada por Alba Reyes, la mamá del joven) y la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional.

Una vez conocida la verdadera cartilla, políticos locales como Marco Fidel Ramírez –ex pastor cristiano y concejal de Bogotá conocido por haber exigido al gobierno de la ciudad revelar la lista de sus funcionarios LGBTI– y Ángela Hernández –diputada en la Asamblea del departamento de Santander, que en el mes de julio insinuó una asociación entre homosexualidad y zoofilia, además de sugerir la creación de colegios separados para menores LGBTI – expresaron su malestar con estos avances. Hernández señaló que “lo que sentimos es una colonización de sus costumbres e ideas sobre las nuestras y de alguna manera trata de imponer su forma de vida”.

La cartilla del Ministerio era un material destinado a docentes y directivos de los colegios, no a estudiantes; y no había sido implementada dado que se encontraba en fase de revisión por parte del Ministerio de Educación. Aunque su contenido no guardaba relación alguna con el material gráfico de índole sexual de la falsa cartilla, las aclaraciones poco importaron. Los defensores del ‘modelo original de familia’ continuaron viendo las acciones dirigidas a transformar la violencia escolar institucionalizada contra niños y niñas LGBTI como una amenaza. Amenaza que hablaba de un lobby gay internacional el cual, según algunas versiones, habría hecho de la Corte Constitucional su instrumento para promover la homosexualidad entre los estudiantes.

Poco importó, asimismo, una noticia divulgada por el diario El Espectador sobre la aparición de una organización privada que, capitalizando de forma oportunista la sentencia de la Corte Constitucional y el pánico moral suscitado, ofreciera su ayuda a los colegios para ‘resolver el problema de los manuales de convivencia’, a cambio de dinero. Según relata El Espectador, la empresa familiar Colegio al Derecho habría accedido a las bases de datos oficiales de colegios y les habría enviado propuestas para reformar o redactar en su totalidad manuales de convivencia que pasaran el filtro de la revisión hecha por el Ministerio de Educación sin hacer cambios sustanciales en sus políticas discriminatorias. Los servicios ofrecidos por dicha empresa son ilegales, ya que la ley establece que en la elaboración de los manuales de convivencia deben participar todos los miembros de la comunidad educativa. Agravando el flagrante atropello de derechos, adjunto a propuesta constaba el documento Consideración jurídica de los adolescentes en condición de homosexuales, lesbianas y bisexuales en instituciones educativas, que cuestionaba la sentencia de la Corte Constitucional. Acusaba al tribunal de exaltar la homosexualidad y bisexualidad de los jóvenes y de no indagar sobre la posible comisión de delitos por parte de los mismos –señalando un presunto abuso de menores de 14 años en el que podría haber incurrido Sergio Urrego, el adolescente que se había suicidado a raíz de la violencia sufrida en su entorno escolar. Irónicamente, Diego Steve García, fundador de la empresa y redactor del documento citado, purga una condena en prisión por violar a una menor de 14 años, señala el periódico.

Los resultados del escándalo fueron contundentes. Tras la divulgación de la falsa cartilla y al día siguiente de las multitudinarias marchas, el presidente Juan Manuel Santos se reunió con el cardenal Rubén Salazar, el arzobispo y embajador de la Santa Sede Ettore Balestrero y el obispo Fabio Suescún . Sin cuestionar los términos del debate, apareció en televisión y trató de calmar la ira de sus opositores:“reiteramos a los jerarcas de la Iglesia católica y debemos dejar claro ante todas las confesiones religiosas que ni el Ministerio de Educación ni el Gobierno Nacional han implementado ni promovido, ni van a promover la llamada ideología de género”. También desaprobó públicamente el uso de la cartilla.

Pero el escándalo no paró allí. En las siguientes semanas, la campaña contra la ‘ideología de género’ se amplió y cobró más fuerza. El 16 de agosto, la Ministra Parody fue citada a una sesión de control político en el Congreso de la República, convocada por el senador cristiano Jimmy Chamorro (Partido de la U) y la senadora María del Rosario Guerra (del Partido de derecha Centro Democrático, cuyo líder es el ex presidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez) para que aclarara lo sucedido. En el evento, Chamorro increpó a la Ministra porque la cartilla afirmaba que la diferencia sexual es construida y “esa es la definición justamente de ideología de género”. La senadora Guerra retomó dicho punto y acusó al Ministerio de sobrepasarse en sus competencias, denunciando además que la ONU y la OEA estaban promoviendo la mentada ‘ideología de género’ en América Latina y el mundo. Parody se defendió argumentando que en el gobierno del ex presidente Uribe se invirtieron cuantiosos recursos para diseñar un programa de educación sexual en los colegios del país. Agregó que, si ella estaba siendo cuestionada, era por su orientación sexual. Uribe, quien por redes sociales señaló que la cartilla implicaba un “irrespeto a la naturaleza y la familia” y llegó a considerarla una forma de “abuso de menores” por parte del Estado, señaló que lo grave no era educar a los estudiantes en respeto a otras orientaciones sexuales sino “destruir la familia heterosexual”, creando confusión en los niños.

Parody fue acusada de mentir sobre sus verdaderos intereses y encubrir una agenda personal a través de las medidas implementadas por el Ministerio contra la discriminación. La senadora cristiana Viviane Morales –quien adelanta una recolección de firmas para convocar un referendo y derogar la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo permitida por sentencia de la Corte Constitucional – le exigió a Parody no “esconder la realidad”. Así, la historia de la sustitución del material educativo desarrollado por el Ministerio de Educación junto a UNICEF, UNFPA y el PNUD fue tergiversada, transformada en una supuesta mentira de la ministra y en una agenda oculta por destruir la familia y convertir a niñas y niños colombianos en homosexuales.

Poco importó sacar a la luz la verdad de lo ocurrido porque, contrario a lo que parece, lo que está en juego en este debate nada tiene que ver con la veracidad o falsedad de las cartillas, así como tampoco con el ‘bien supremo de los niños’. Si alguna verdad parece relucir en el polvo es que el sintagma nominal ‘los niños’, que aparece con frecuencia en los discursos conservadores, más que aludir a sujetos concretos, constituye un símbolo que es usado como moneda de cambio en el marco de la política electoral.

Poética y política de una mentira

El escándalo por las cartillas tiene lugar en un contexto de importantes avances en los derechos de personas LGBTI en Colombia. Los más notorios son los fallos de la Corte Constitucional que extienden el matrimonio a parejas del mismo sexo y permiten la adopción igualitaria. Pero no todos implican cambios legales. La representación política de las personas LGBTI ha aumentado de forma notoria, particularmente de las mujeres. Dos mujeres lesbianas fueron electas en las últimas elecciones parlamentarias: Claudia López, como senadora, y Angélica Lozano, como representante a la Cámara. Dos mujeres lesbianas ocuparon altos cargos en el actual gobierno: la ya mencionada Ministra de Educación, Gina Parody, y la ex Ministra de Comercio, Cecilia Álvarez. Centros de educación superior, como la Universidad Externado, decidieron acabar con la segregación urinaria mediante la implementación de baños indiferenciados y algunos colegios del país han empezado a revisar su política relativa al uso de uniformes, permitiendo a estudiantes trans elegir aquel que se adecúe a su identidad de género.

Pero tal vez el avance más significativo sea el reconocimiento de las personas LGBTI como víctimas del conflicto armado y la formulación de medidas orientadas a proteger y reparar sus derechos, junto al de otras categorías sociales, como las mujeres, en el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito por representantes del gobierno colombiano y las FARC-EP en la mesa de negociación de La Habana. Dicho acuerdo ha despertado la ira no sólo de quienes se oponen a una salida política y no militar frente al conflicto armado, sino también de los antagonistas al reconocimiento de derechos tanto de personas LGBTI como de mujeres. Entre ellos se encuentra la diputada Ángela Hernández, cuya protesta porque el vocablo ‘género’ aparece “114 veces en el Acuerdo Final” da cuenta del tono y el talante de los argumentos.

En este contexto, quienes protestaron contra la revisión de los manuales de convivencia hicieron gala de un eclecticismo argumentativo en el que, si bien Dios y la ley moral natural asomaron no pocas veces, también lo hicieron ideas caras al secularismo como la separación entre espacios público y privado y los límites de la injerencia del Estado en dichos ámbitos. Esto sin mencionar el uso ambiguo pero efectivo de la expresión ‘ideología de género’ –de invención vaticana–, donde el primer término se asemeja bastante al uso que Marx y Engels le daban al mismo en tanto palabra, no concepto, para cuestionar la distorsión que operaba la ideología burguesa respecto de las condiciones objetivas y materiales de existencia en el capitalismo.

Uno de los argumentos más mencionados por las voces conservadoras versaba sobre la invasión de la esfera privada por parte del estado. El argumento liberal fue esgrimido por el Procurador Alejandro Ordóñez, eterno opositor a los derechos de mujeres y personas LGBTI , quien señaló que el estado no sólo no podía adoctrinar “a nuestros hijos y nuestros nietos en la ideología de género” sino que tampoco debía usurpar el derecho de los padres a formar a sus hijos en materia de sexualidad. Con variaciones, el estribillo fue repetido por la senadora Viviane Morales, quien señaló que Parody había atropellado el derecho de los padres de familia a educar a sus hijos de acuerdo con sus principios y valores; y David Barguil, presidente del Partido Conservador, para quien el estado no puede formular políticas públicas que operen cambios en los valores de la sociedad. Incluso en redes sociales, personas que se autoidentificaban como católicos progresistas, señalaron que sus razones para marchar el 10 de agosto no obedecían a su cosmovisión religiosa, sino a la defensa de principios liberales como el respeto del espacio privado, donde, según ellos, debería estar confinada la sexualidad y los significados asociados a la misma.

Aunque liberales en este caso, dichas voces no se han hecho escuchar cuando funcionarios públicos, entre ellos el procurador, han acudido a principios morales para tratar cuestiones de justicia, entre ellas de justicia sexual. Más que una irrupción del Estado en una esfera que le está vedada, se pone en evidencia algo señalado por estudiosos del estado, como Timothy Mitchell, para quien la frontera que separa a Estado y sociedad civil no se trata de un límite natural que separa dos entidades discretas, sino de una línea producida en el seno de mecanismos institucionales por medio de los cuales el orden social y político es conservado. Como resultado, todo intento de separar Estado y sociedad civil no sólo no es neutro, sino que produce efectos de poder que son movilizados estratégicamente por distintos agentes con el fin de defender o cuestionar un orden establecido. En este sentido, y como han afirmado distintas perspectivas de investigación, la sexualidad no se encuentra encerrada en lo privado, sino que es producida públicamente. La sexualidad no sólo es política en sentido lato, sino que, en dicho proceso, participa activamente de las prácticas de Estado.

No obstante, limitar la injerencia del Ministerio de Educación en la revisión de los manuales de convivencia, así como en la implementación de mecanismos orientados a transformar los sentidos y prácticas asociados a la orientación sexual y la identidad de género, obedece a otro motivo: la legitimación de las condiciones estructurantes de la violencia homofóbica y de género a través de su privatización. Dicha privatización, huelga señalar, operará como barrera frente a avances en materia de derechos de personas LGBTI en el país.

Símbolo y moneda de cambio

Esto lleva a repensar el papel que desempeñan la infancia en la economía discursiva de los defensores del modelo ‘original’ o ‘tradicional’ de familia. Si ‘los niños’ son símbolo –y los símbolos no deben confundirse con lo simbolizado–, su mención hace referencia a algo distinto de los menores de edad. Esto es claro en los efectos concretos de las movilizaciones contra la cartilla: el abandono de los niños (los sujetos, no el símbolo) y su desprotección frente a múltiples violencias cuyos efectos, como en el caso de Sergio Urrego, pueden ser letales.

La infancia opera como un símbolo poderoso, capaz de movilizar emociones y apegos relacionados con la inocencia, la fragilidad y la ternura. A través de estas emociones se diseña el universo afectivo que otorga inteligibilidad al orden simbolizado: un orden sexual y de género excluyente, a partir del cual se calcula el valor o el disvalor de la vida tanto de heterosexuales como de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales, sin importar si son adultos, niñas o niños.

En esta contienda, en Colombia, ‘los niños’, como símbolo, tuvieron además un importante valor político. Según el sitio web de la emisora La F.M. , durante la marcha celebrada en Medellín, integrantes del Partido Centro Democrático que portaban una imagen de la Virgen María recolectaron firmas para anular el plebiscito mediante el cual el gobierno someterá a refrendación ciudadana los acuerdos celebrados con las FARC-EP, tendientes a la finalización de uno de los más importantes capítulos del conflicto armado colombiano. Como señala Juan Sebastián Jiménez Herrera en su columna de El Espectador , “se sabe, aunque en voz baja, de políticos que le piden al Gobierno algo a cambio de movilizar sus bases el día del plebiscito. En el reciente escándalo de los manuales de convivencia y el Ministerio de Educación, no sobraron las voces que amenazaron con votar negativamente el plebiscito, a menos que se removiera a la ministra Gina Parody del cargo. De hecho, en la desautorización de las cartillas que se habían trabajado con el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas justo a la salida de la reunión del presidente Santos con los altos jerarcas de la Iglesia católica, quedó el tufillo de haber sido una decisión pensada en los votos para el plebiscito más que en la calidad del documento”.

Símbolo y moneda de cambio. Ese fue el lugar dado a los niños en la reciente polémica en torno a las cartillas contra el matoneo por homofobia y transfobia en Colombia. En Brasil, en episodio similar, la entrega del Programa Escola sem Homofobia (llamado “Kit Gay” por sus opositores) fue moneda de cambio para sus aliados conservadores y la mención a la orientación sexual y la identidad de género en los Planes Estaduales de Educación es aún disputada en ámbitos parlamentarios. La coyuntura política colombiana le imprimió características propias al debate. Los niños fueron un símbolo que le permitió a las voces conservadoras expresar cosas que de otro modo habrían generado repudio, así como negociar con Juan Manuel Santos el apoyo a su gestión en materia de paz.

Por Manuel Rodríguez Rondón
Fuente: Clam

Desigualdades, ¿las sabemos reconocer?

En demasiadas ocasiones se nos acusa a las feministas de "radicales" por pasarnos la vida reivindicando una igualdad real entre mujeres y hombres y no conformarnos con la igualdad formal en la que vivimos.

Denunciamos con datos y con hechos esas desigualdades para hacerlas más visibles. Y no sólo recurrimos a las cifras (teóricamente) objetivas que nos muestran las encuestas y los sesudos estudios que se realizan en los laboratorios de todo tipo. No. No nos hace demasiada falta. Solo con observar las realidades cotidianas y con unos ojos bien abiertos sabemos percibirlas rápidamente. 

Es justo en ese momento, en el que una mirada entrenada lo percibe y le pone palabras, cuando saltan las alarmas patriarcales (de mujeres y hombres, todo hay que decirlo) para llamarnos radicales, feminazis y otras lindezas de ese tipo y que ya conocemos. En fin...

Y es que como dice la frase "No hay peor ciego que el que no quiere ver" y ahí están las desigualdades pero si no las sabemos ver, si las mantenemos ocultas a nuestros ojos, nos resultará mucho más fácil seguir según el orden establecido. Un orden por otra parte, absolutamente impuesto por el patriarcado para mantener todos sus privilegios.

Vamos a observar ese orden y desgranar algunas de las "normalidades" cotidianas.

El miedo, esa potente arma que permite la dominación. El miedo, por ejemplo, a caminar solas y de noche es un hecho que todas conocemos porque lo hemos padecido en alguna ocasión. Y ese miedo real es la consecuencia de ocupar el espacio público que simbólicamente pertenece a los hombres. Y el mensaje que se transmite es que no se debe transitar cuando ha oscurecido porque ellos pueden ocuparlo todo, incluso tu cuerpo, por estar en su espacio. Si ya sé que dicho así puede sonar un poco brusco, pero el mensaje simbólico que se transmite es ese. "Este es mi espacio y si lo ocupas, yo puedo ocuparte incluso a ti". Sin más razón que esa.

Otro ejemplo. Legalmente está establecido que tanto el padre como la madre puedan reducir su jornada laboral para el cuidado de sus criaturas menores o para el cuidado de familiares. Como las tareas de cuidados han sido tradicionalmente un rol de las mujeres, son ellas las que, mayoritariamente, se toman estos permisos con la consiguiente reducción salarial que a su vez afectará a sus futuras pensiones. O, en el peor de los casos, serán ellas las que abandonen sus empleos para el cuidado de personas mayores, menores o dependientes, con la consecuente pérdida de la independencia económica presente y futura. Pero esto sigue siendo "normal" para muchísima gente.

Vamos con otro tema que particularmente me resulta muy penoso. El uso de lenguajes no inclusivos o dicho de otra forma el uso sexista de los lenguajes.

A ver, que sí existe sexismo en los lenguajes cada vez que se usa el genérico masculino. Y si existe sexismo existe desigualdad, pese a que mucha gente siga pensando que es una cuestión de economía de recursos. Se puede hacer un uso no sexista de los diferentes lenguajes sin caer en duplicidades ni en violencias simbólicas de las imágenes. Se pueden vender coches sin cosificar los cuerpos de las mujeres o lo que es peor, el de las niñas. Y se pueden vender juguetes sin recurrir a roles heteroasignados que pretenden mantener ese orden patriarcal y desigual.

No me valen argumentos tradicionalistas para mantener las cosas como están. No me valen imágenes hipersexualizadas de las niñas para vender cualquier producto. Y no me valen porque se está jugando incluso con su salud. 

No me vale que en las escuelas e institutos se hable de "los alumnos" y no del alumnado, de "los" docentes y no del personal docente. Que en las fábricas y centros de trabajo se hable de "los" trabajadores y no de las personas trabajadoras. Que se normalice lo de "los" ciudadanos y no se consiga lo mismo hablando de la ciudadanía. De verdad que es doloroso a la par que cansino andar siempre con lo mismo: Discutiendo todo el rato sobre la exigencia-necesidad de hacer visible a más de la mitad de la población que somos las mujeres. Pero sigue sin verse como una desigualdad real y creciente este uso sexista de todos los lenguajes.

Otro ejemplo de "normalidad" en las desigualdades: la salud de las mujeres. Yo siempre la llamo como esa gran desconocida. 

Y es que si tenemos en cuenta que hasta prácticamente los albores del siglo XXI no había estudios específicos sobre las diferentes reacciones de los medicamentos en los cuerpos de los hombres y de las mujeres por falta de investigaciones de estos en los cuerpos femeninos, nos haremos una idea de la gravedad del tema. 

Si exceptuamos los momentos del embarazo y de la lactancia (donde curiosamente no es "aconsejable" tomar medicamentos) el cuerpo de las mujeres no ha interesado a la medicina en cuanto a la investigación de enfermedades. Por tanto, el modelo con el que se ha construido la medicina moderna ha sido el modelo del cuerpo masculino. Baste con acudir a alguna consulta médica y comprobaremos que los diferentes carteles que anuncian medicamentos habitualmente están ilustrados con cuerpos de hombres.

A todo este tipo de cosas y otras todavía más sutiles me refería al principio cuando hablaba de las desigualdades reales. Todo lo que he expuesto existe hoy en día. Pero resulta mucho más fácil negarlo y volver a la manida y exasperante frase de "que ya existe igualdad; la consagra el artículo 14 de la Constitución". De verdad que estoy de esa frasecita hasta el mismo moño!!

Obviamente el discurso de la "normalidad" de roles esconde la "normalidad" del patriarcado; mientras no se cuestione esa realidad "normal" todo estará en orden. Las mujeres y las niñas tendremos un trato de igualdad formal pero no de igualdad REAL que es la que nos interesa. 

Hemos de entrenar la mirada para ver y denunciar esas desigualdades ocultas detrás de los micromachismos cotidianos que pretenden naturalizarlas.

Ver y denunciar significa posicionarse frente a las desigualdades y no quedarse de perfil viendo qué ocurre cada día. Significa plantar cara al patriarcado y decir BASTA!. 

Ver y denunciar implica ser parte de la solución y, por tanto, dejar de ser parte del problema. Implica dejar los chistes y chascarrillos sexistas o de índole sexual con el ánimo de desprestigiar o de deslegitimar a las mujeres, por ejemplo.

Posicionarse ante las desigualdades significa un acto de valentía e implica un esfuerzo continuado de deconstrucción y cuestionamiento de lo aprendido para construir un nuevo paradigma social en donde la igualdad todo tipo sea el objetivo.

Desnudar la realidad de la normalidad patriarcal en la que se camufla el patriarcado para actuar cada día, incluso justificando los asesinatos de mujeres y criaturas, considero que es un sano objetivo cotidiano, pese a que me (nos) llamen feminista radical, feminazi, etc.

Sé que es una utopía. Pero es mi utopía y no la voy a cambiar. Sé que no estoy sola y eso empodera, y mucho.


Teresa Mollá Castells.
tmolla@telefonica.net
La Ciudad de las Diosas