Resolución 1888: Ir más allá de la retórica

El 30 de septiembre de 2009, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó una resolución sobre la violencia sexual en situaciones de conflicto armado. Sam Cook, Directora de Proyectos de Mujeres de Paz,[1] un proyecto de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad,[2] conversó con AWID acerca de la Resolución 1888 y sus implicancias.

AWID: ¿Por qué es tan importante la Resolución 1888?

SAM COOK (SC): La Resolución 1888 del Consejo de Seguridad (RCS 1888)[3] es la tercera resolución adoptada por el Consejo bajo su punto de agenda sobre la mujer, la paz y la seguridad. Es importante para avanzar esta agenda en el sentido de que la resolución parece indicar que el Consejo se ha comprometido a progresar y hacer sus compromisos previos más específicos y focalizados. En particular, es relevante para fortalecer la respuesta al problema en el cual se centra: la violencia sexual durante el conflicto armado. La violencia sexual se reconoce de nuevo como un importante asunto de seguridad que debe ser abordado por el Consejo y las misiones de mantenimiento de la paz y para el cual se requiere una respuesta integral.

Sin embargo, es vital que esta respuesta vaya más allá de condenar el uso de la violencia sexual y exhortar a la erradicación de la impunidad. Aunque esas acciones son importantes, no hacen nada para prevenir esta violencia o hacerle frente. Por lo mismo, una resolución aislada tampoco hará nada para generar una respuesta. Pero la RCS 1888 sí fortalece las herramientas a nuestra disposición, las incrementa y establece el escenario para medidas concretas y prácticas que han de adoptarse a nivel de campo. Son disposiciones importantes para liderazgo y coordinación, así como herramientas dirigidas a construir un verdadero sistema de rendición de cuentas – incluyendo avances en los sistemas de presentación de informes y la perpetración de la violencia sexual como un criterio para que el Consejo imponga sanciones.

La cobertura que el Proyecto Mujeres de Paz hizo del Debate Abierto en el cual se adoptó la resolución, así como nuestro análisis de ésta, se encuentran en nuestro boletín electrónico de septiembre[4] pero, en breve, la RCS 1888:

* Insta a que se nombre a una persona Representante Especial del Secretario General (RESG) de las Naciones Unidas (ONU) para que impulse los esfuerzos de respuesta y, en particular, “aporte un liderazgo coherente y estratégico, colabore efectivamente para reforzar los mecanismos de coordinación existentes en las Naciones Unidas e inicie gestiones de promoción ... a fin de afrontar ... la violencia sexual en los conflictos armados”.

* Exhorta al Secretario General (SG) de la ONU “a designar a un equipo de expertos, y a adoptar las medidas que correspondan al objeto de que empiece a trabajar con rapidez, para que se ocupe de situaciones particularmente preocupantes en lo que respecta a la violencia sexual en los conflictos armados”. Este equipo ayudará a los gobiernos nacionales en los esfuerzos de justicia y prevención.

* Solicita que se evalúe sistemáticamente la necesidad de “asesores para la protección de la mujer” durante la preparación de cada operación de la ONU para el mantenimiento de la paz, como también dentro de sus unidades de asesoría sobre cuestiones de género y dependencias de protección de los derechos humanos. Se piensa que estas personas asesoras brindarán apoyo a la presentación de informes sobre la violencia sexual y para la aplicación del mandato de protección de la resolución.

* Insta a que se tengan en cuenta las cuestiones relativas a la violencia sexual dentro de los procesos de paz. Esto es importante para proveer acceso a la justicia y reparaciones, pero también a fin de construir las bases de una paz sostenible.

* Solicita una supervisión e informes más sistemáticos sobre la violencia sexual durante el conflicto, así como un informe en un plazo de tres meses sobre modos de mejorarlos.

* Pide un informe anual sobre la aplicación de la RCS 1820[5] que incluya “información relativa a las partes en conflictos armados sobre las cuales pesen sospechas fundadas de que han sido responsables de actos sistemáticos de violación u otras formas de violencia sexual”.

* Identifica el vínculo entre la nueva entidad de la ONU en materia de género establecida por la Asamblea General en su reciente Resolución 63/311[6] y la coordinación de esfuerzos dirigidos a afrontar la violencia sexual y erradicar la impunidad.

AWID: ¿Cómo fue el proceso hasta la aprobación de la Resolución 1888 y en qué maneras participaron las organizaciones de la sociedad civil?

SC: El proceso hacia la aprobación de la RCS 1888 puede, por supuesto, rastrearse hasta los esfuerzos realizados a lo largo de muchísimos años para lograr que la comunidad internacional respondiera al uso de la violencia sexual durante el conflicto. En el contexto de la ONU y del Consejo de Seguridad, las raíces de la RCS 1888 se encuentran firmemente asentadas dentro de la agenda del Consejo sobre la mujer, la paz y la seguridad tal como ésta fue inicialmente reflejada en la RCS 1325.[7] La RCS 1888 se centra en la violencia sexual durante el conflicto, y en este sentido es un seguimiento a la resolución que también tenía ese enfoque. Sin embargo, considero vital que examinemos la RCS 1888 y trabajemos con ella dentro del marco más amplio de las mujeres, la paz y la seguridad y como una de muchas otras herramientas de resolución que puedan hacer avanzar esa agenda. Al pensar en la aprobación de la RCS 1888, no debemos caer en la trampa de aislar las RCS 1820 y 1888 como puntos de agenda separados. Por supuesto, a muchos gobiernos y entidades de la ONU les resulta más cómodo ese marco de protección, pero en numerosos sentidos es peligroso separar las RCS 1820 y 1888 de la RSC 1325 y ahora también de la RSC 1889[8]. Cada una de estas resoluciones es una herramienta con la cual se puede trabajar para impulsar progresos en la agenda más amplia de las mujeres, la paz y la seguridad.

Adicionalmente, y en relación con afrontar la violencia sexual, es importante que no volvamos a instituir la ahora inútil dicotomía que presenta a las mujeres ya sea como víctimas o como agentes de cambio. El único punto no es en sí priorizar o destacar uno de estos roles o no hacerlo. De hecho, ver a las mujeres como “esto o aquello” no ayuda; es importante comprender que potentes agentes de cambio están en riesgo de sufrir violencia sexual y que las víctimas de esta violencia no pierden su capacidad de acción en el proceso. Además (y la mayoría de activistas dentro y fuera del sistema no parece apreciar esto, por lo que esperamos que la persona RESG adopte la perspectiva que planteamos), los esfuerzos por afrontar la violencia sexual probablemente serán más eficaces si utilizan un enfoque holístico y uno que aborde cuestiones de participación, empoderamiento y consolidación de la paz. Separar las “resoluciones relativas a la violencia sexual” de las “otras resoluciones sobre la mujer, la paz y la seguridad” sólo exacerbará este problema y no refleja de manera exacta que las cuatro resoluciones actuales acerca de las mujeres, la paz y la seguridad contienen lenguaje que vincula asuntos de participación, protección y prevención de conflictos.

Ésos son entonces los antecedentes del “gran panorama” hasta la aprobación de la RSC 1888. En el pasado inmediato y más estrechamente, el caso es que la RSC 1888 surgió como un seguimiento a la RCS 1820 y al informe[9] que el SG de la ONU presentó sobre esta resolución en julio; además recoge muchas de las recomendaciones contenidas en el informe, así como el seguimiento y las recomendaciones que la sociedad civil formuló para el Debate Abierto sobre la RCS 1820 y el informe del SG.

Hubo alguna participación de la sociedad civil en este informe del SG. Ciertamente, grupos en Nueva York abogamos para que la ONU le consultara a la sociedad civil a nivel de campo y desde Nueva York muchos grupos trabajamos con nuestras propias redes a fin de desarrollar recomendaciones para quienes estaban elaborando el informe. Aunque no recogió todas nuestras recomendaciones, el informe fue satisfactorio en numerosos aspectos y la RCS 1888 contiene muchos asuntos y recomendaciones importantes – incluyendo el nombramiento de una persona RESG, algo por lo cual hemos abogado durante mucho tiempo.

En lo concerniente a la participación en la redacción de la RCS 1888, el acceso de la sociedad civil fue muy limitado, como ocurre con tantos procesos del Consejo de Seguridad. Estados Unidos, que lideró la adopción de la resolución, sí nos consultó a los grupos en Nueva York respecto a nuestras recomendaciones y se hicieron esfuerzos por asegurar que diéramos a conocer los puntos de vista de la sociedad civil local y nacional. Sin embargo, el limitado tiempo para consultas y la propia naturaleza de las negociaciones hicieron que este proceso fuera un gran reto y ni por asomo tan abierto como los esfuerzos liderados por la sociedad civil en relación con la RCS 1325. Aun así, es vital que la sociedad civil siga participando en todas las etapas de aplicación de las resoluciones y que a todos los niveles – local, nacional y global – continuemos haciéndoles saber a la ONU y a nuestros gobiernos que estamos observándoles y pugnando por resultados.

AWID: ¿Cuál ha sido la trayectoria de la aplicación de las RCS 1325 y 1820? ¿Cómo se relaciona esto con la expectativa de que la RCS 1888 sea eficaz para frenar la violencia sexual durante el conflicto?

SC: En muchos sentidos, es imposible responder esta pregunta con algún grado de confianza. La razón de ello radica en las propias resoluciones – o más bien en lo que no contienen. Las RCS 1325 y 1820 en sí no contienen mecanismos o indicadores para medir y rastrear los progresos. Reportajes de prensa e informes de grupos defensores de los derechos humanos indican que el progreso es limitado. Aunque la ausencia de indicadores y mecanismos de vigilancia por supuesto no es en sí una razón para la falta de avances en afrontar el uso de la violencia sexual como táctica de guerra (que ya estaba prohibida en la legislación internacional), la falta de mecanismos de vigilancia sí obstaculiza los esfuerzos por que exista rendición de cuentas respecto a la acción. Se espera que a este respecto contribuya la recientemente adoptada RCS 1889, que insta a la provisión de indicadores mundiales que hagan posible vigilar la aplicación de la RCS 1325. Asimismo, la RCS 1888 contiene disposiciones para la presentación de informes anuales sobre la RCS 1820 que incluyan información sobre partes en conflictos armados sobre las cuales pesen sospechas fundadas de que han cometido actos sistemáticos de violencia sexual.

AWID: ¿Cuáles son los siguientes pasos para asegurar que la RCS 1888 sirva como una sólida herramienta?

SC: Por supuesto, hay medidas que deben adoptarse dentro del sistema de la ONU – se tiene que nombrar a una persona Representante Especial que posea la credibilidad y las habilidades para llevar a cabo el trabajo eficazmente y esperamos ver progresos en relación con los varios informes e indicadores solicitados. Pero quizás lo más importante para activistas de la sociedad civil sea continuar abogando por sistemas significativos de vigilancia y rendición de cuentas, como también por la asignación de recursos a estos esfuerzos. Todas las resoluciones del mundo se reducen a nada si no se dedican recursos reales para hacer realidad los compromisos.

Por Kathambi Kinoti
Fuente: Notas de los Viernes de AWID
Traducción del inglés: Laura E. Asturias
Título original: 1888: Stepping beyond Rhetoric

Notas:

1.Mujeres en Paz
2. Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL/WILPF): http://www.wilpf.org
3. Consejo de Seguridad de la ONU, Resolución S/RES/1888 (2009), 30 de septiembre de 2009: http://www.un.org/spanish/docs/sc09/scrl09.htm
4. Mujeres de Paz, ‘Resolutions Promise Change’ [‘Resoluciones prometen cambios’], boletín 1325 PeaceWomen E-News, No. 111, septiembre de 2009: http://www.peacewomen.org/news/1325News/Issue111.html
5. Consejo de Seguridad de la ONU, Resolución S/RES/1820 (2008), 19 de junio de 2008, http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm
6. Asamblea General de la ONU, Resolución A/RES/63/311, 2 de octubre de 2009: http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/r63sp.shtml
7. Consejo de Seguridad de la ONU, Resolución S/RES/1325 (2000), 31 de octubre de 2000: http://www.un.org/spanish/docs/sc00/scrl00.htm
8. Consejo de Seguridad de la ONU, Resolución S/RES/1889 (2009), 5 de octubre de 2009: http://www.un.org/spanish/docs/sc09/scrl09.htm
9. Naciones Unidas, Informe del Secretario General presentado de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1820 (2008) del Consejo de Seguridad (S/2009/362), 15 de julio de 2009: http://www.un.org/spanish/docs/report09/repl09.htm

Propuestas de superación a los problemas de género: El lado femenino de los candidatos

Anticoncepción de emergencia, aborto, gobierno paritario y violencia contra la mujer, fueron los temas que se abordaron en el debate de las las voceras de los cuatro candidatos presidenciales en el programa Humanas.cl de Radio Universidad de Chile.

Gloria Maira, representante de Jorge Arrate, dio el puntapié inicial criticando la postura política con la que se han manejado los diferentes temas que conciernen a la mujer dentro del país. Sobre el estancamiento en el Congreso del proyecto sobre las PAE (píldoras anticonceptivas de emergencia), la economista indicó que “el tema ha sido completamente manoseado, responde a un cálculo electoral y las coaliciones que están en contra de ello imposibilitan que el asunto llegue a buen puerto”.

Opinión compartida por Alejandra Bottinelli del comando de Marco Enríquez Ominami, quien señaló que “poner cortapisas al acceso es fomentar el aborto clandestino” Y según ella “en lo concreto los partidos y la coalición es ambivalente al votar las leyes en relación al género”.

Y si bien el proyecto que garantiza el libre acceso a las PAE quedó varado frente a lo que se presume como una estrategia electoral, las invitadas concordaron en que los tapujos a la adquisición de estos métodos influyen directamente en la proliferación del aborto clandestino en nuestro país.

Y fue precisamente en ese tema donde se notaron las principales divergencias entre una candidatura y otra. Tanto la ex ministra del Sernam, Laura Albornoz, portavoz de Eduardo Frei, como Bottineli anunciaron que abogan por una despenalización del aborto terapéutico. Mientras que Francisca Dussaillant, vocera de Sebastián Piñera afirmó que “No estamos por ningún tipo de aborto, pero sí estamos a favor de discutir en el caso de que la decisión del médico sea salvar a la madre o al niño en riesgo de muerte”.

Dussaillant agregó además que debatirán “el asunto dentro de un contexto educación sexual integral. En Chile no hay una cultura sexual. Eso lleva a una mayor cantidad de embarazos no deseados. En Holanda, hay una política de prevención del embarazo y pese a que el aborto está despenalizado se realiza en muy pocas ocasiones. A eso queremos aspirar”.

Quien marcó la mayor diferencia en este sentido fue la delegada de Arrate quien comentó que irán por “una despenalización del aborto sea cual sea las circunstancias, y en el primer trimestre de gestación. Todas están de acuerdo en ello cuando es decisión del médico, el punto es la decisión de las mujeres. Eso es lo que subyace y que no ha sido puesto: el derecho y la capacidad de discernir de las mujeres”.

Participación femenina

Una de las principales consignas por las que luchó Michelle Bachelet cuando llegó a La Moneda fue la implementación de un gabinete paritario. Mucho se discutió en relación al mérito y a una serie de suspicacias en torno a ello, sin embargo, este tópico llegó para quedarse y, de alguna u otra forma, está dentro de las agendas de todos los abanderados.

Y pese a que todas coincidieron en que la paridad es algo deseable y requerible, también llamaron la atención sobre el cambio cultural que ello implica.

En ese sentido, la representante del grupo Tantauco señaló que “Existen los cupos, pero las mujeres no los quieren. Hay que abrir la conciliación entre la apertura a este ámbito y la vida doméstica, el involucramiento de los hombres que requiere un cambio cultural. En Israel se probó esa experiencia, se puso a una misma cantidad de candidatas y, finalmente, no resultaron electas. Lo que se logra con las cuotas es mover la discriminación de un lugar a otro”.

En el caso de las candidaturas de Eduardo Frei y Marco Enríquez Ominami, las posturas son claras: misma cantidad de hombres y mujeres en los cargos de gobierno y en los directorio de empresas donde el Estado tenga participación.

Para Gloria Maira, en cambio, la solución pasa por una Asamblea Constituyente donde se resuelva la exclusión de las minorías a todo nivel.

Firmes contra la violencia

Otro de los problemas de género que más ha preocupado en los últimos años ha sido la proliferación del femicidio como expresión radicalizada de la violencia intrafamiliar.

Ante ello, con algunos matices, las voceras plantean, en general, cambiar la institucionalidad que regula judicialmente los procesos por este tipo de crimen.

Las propuestas van desde una tipificación independiente del femicidio como figura legal diferente de la violencia intrafamiliar, hasta la protección y acogida de los hijos de las familias que también serían víctimas de esta práctica.

De todas formas, se destaca que la mitigación de estas prácticas pasa por desarraigar del imaginario social la creencia de que la mujer es un ciudadano de segunda categoría.

Por Loreto Soto
Fuente: Radio Universidad de Chile

La próxima semana en Entredós

"Apenas pasada la cirugía sentí que nunca podría soportar extrañar esa gran fuente

de placer sexual que yo conectaba con mi pecho derecho. Esa sensación ha desaparecido

por completo, porque me di cuenta de que esa fuente de placer estaba dentro de mí. Sólo yo

soy dueña de mis sentimientos. Nunca puedo perder ese sentimiento porque yo lo poseo,

porque viene de mí misma. Puedo asociarlo a cualquier parte que quiera, porque mis

sentimientos son parte de mí, mi pena y mi alegría.

Yo no habría elegido este camino, pero estoy muy contenta de ser quien soy, aquí.

Audre Lorde, Los diarios del cáncer, Hipólita Ediciones, Rosario, 2007 (edición original de 1980), p. 68.

El miércoles 25

a las 20 horas

Taller de prevención de la violencia de género

"No sólo duelen los golpes",

a cargo de Pamela Palenciano

Al cuidado de Belén Nogueiras

"No sólo duelen los golpes" es un taller de prevención de la violencia machista

que parte de la experiencia personal de la ponente para acercarse a adolescentes,

jóvenes y personas adultas para que, de una forma más cercana, conozcan los

orígenes, las causas y la manera de salir de esta situación.

Los objetivos del taller son:

* Que las y los participantes reconozcan esta violencia como un problema social

al que debemos enfrentarnos todas y todos.

* Transmitir el mensaje positivo que supone haber roto con esta situación.

* Favorecer que en las relaciones de pareja de adolescentes y jóvenes exista

el diálogo y la libertad para crecer como mujeres y hombres sin un patrón

de educación sexista y machista.

El jueves 26

a las 20 horas

Se reúne el grupo Compartir poesía

Al cuidado de María García Zambrano

En este espacio, cada poeta podrá mostrar a las otras su propia creación, así

como el proceso que la ha llevado a escribir cada poema. Es también un lugar para

compartir también poemas escritos por otras mujeres que nos emocionan, que nos hacen

reir y llorar. En definitiva, es un espacio para sacar a la luz la originalidad de cada una,

para aprender y disfrutar de la riqueza existente en nuestra disparidad y para apuntar

hacia donde nos guien nuestros deseos y nuestras palabras...

El viernes 27

a las 20 horas

Las Tertulianas

Hoy, charla con Laura Vadillo,

de la Ruta Pacífica de Mujeres de Colombia

Al cuidado de Belén Nogueiras

Las Tertulianas es un grupo de debate quincenal en el que se abordan,

desde una perspectiva feminista, diferentes temas elegidos de sesión en sesión.

¡Que paséis una buena semana!

Raquel (Coordinadora de Entredós)

Fundación Entredós
C/ Marqués Viudo de Pontejos, 4
Madrid 28012
Tel. 91 522 00 22
entredos@unapalabraotra.org
www.unapalabraotra.org/entredos

Reparaciones económicas. No son sólo los cheques…

“Nos estamos muriendo,” dice Herminia Oré, lideresa de una organización de afectados por el conflicto armado interno de Huanta. Y no parece estar equivocada si nos remitimos al hecho de que Teodora Pariona y Delfina Chávez, dos mujeres ayacuchanas afectadas por el conflicto armado interno, fallecieron hace poco sin haber podido acceder a la reparación económica individual que contempla el Programa Integral de Reparaciones, promulgado por el Estado peruano como parte de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Es que mientras pasa el tiempo y no se destina el presupuesto necesario para seguir con el programa, las víctimas continúan viviendo duras condiciones y situaciones difíciles y perdiendo la esperanza y la confianza en que la justicia algún día llegue para ellas.

Tenemos claro que la reparación económica no es el fin en si mismo, como parece visualizarse en las fotografías que últimamente han aparecido en la prensa ayacuchana de representantes del Estado con representantes de las comunidades que han accedido a las reparaciones colectivas, con enormes simulacros de los cheques y amplias sonrisas para la foto como si de la lotería se tratara. Coincidimos con Elizabeth Lira y Brian Loverman en que “la reparación no depende únicamente de la intención de reparar, ni de la acción y contenido de esa reparación. Quien ha sido dañado o perjudicado, necesita ‘sentirse reparado’, aunque la reparación otorgada, no sea totalmente ‘satisfactoria’ o ‘completa’.” (1)

La reparación forma parte del derecho que tienen las personas que han sido afectadas por la violencia o el conflicto armado, ya sea por acción del Estado o porque este falló en proteger a sus ciudadanos y ciudadanas y no pudo garantizarles sus derechos. La reparación tiene implícita la idea de restitución de las víctimas, si no en todo en alguna medida, a su situación original, aunque sabemos que esto es sumamente complicado.

Muy difícilmente se podrá llegar a restituir la sensación de tranquilidad que tenían las poblaciones antes del conflicto, según señalan algunos testimonios como el que brindó la señora Inocencia Vargas Tevez ante la CVR:

“Señores Comisión de la Verdad, muy buenos días, los comisionados, compañeros, compañeras. Soy de Huayrapampa, distrito de Lambrama. Soy de Huayrapmapa, nacido en Nazca. En mi pueblo antes vivíamos tranquilos, con felicidad y alegría, con familiares y todos.” (2)

Pese a que no se logrará totalmente la restitución de la situación previa al conflicto, un programa de reparaciones implica que se tomen una serie de medidas, que se las prioricen, e implica sobre todo voluntad política de parte de los gobernantes, la voluntad de reconocer en las personas afectadas a ciudadanos y ciudadanas con iguales derechos y concebirlos como parte de la comunidad política del país, ofreciéndoles las garantías que necesitan para vivir con dignidad y garantizarles asimismo la no repetición. Después de haber sido humilladas, violentadas, torturadas o haber vivido la muerte y las desapariciones de sus seres más queridos, es lo mínimo que merecen las víctimas.

Un elemento central en un programa de reparaciones es el reconocimiento de que es un derecho de las víctimas el ser reparadas por el Estado. Y aquí parece haber un enorme déficit si tomamos en cuenta las últimas declaraciones del secretario ejecutivo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), Jesús Aliaga Baldeón, al referirse a la propuesta sobre reparaciones económicas elaborada por el Grupo de Trabajo de Reparaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos con el respaldo de diversas organizaciones de afectados por el conflicto armado. El funcionario se muestra casi espantado por la propuesta de que se le asignen 120 mil soles a las víctimas en el caso de discapacidad total o en caso de las violaciones a mujeres, y la misma cantidad a las familias en el caso de los muertos y desaparecidos. Hay que señalar que en estos casos, el cálculo es por víctima y puede ser distribuido porcentualmente entre los familiares, ya sea la esposa e hijos, y los padres si aún viven, y no por cada familiar. Actualmente se tiene un aproximado de 30 mil víctimas registradas.

Parece que el secretario ejecutivo no ha entendido bien cuál es el elemento central de un proceso de reparaciones económicas y reduce la reparación a un asunto de números, pues señala que: “Si Ud. calcula 120 mil soles solamente por la estimación que hace la CVR de 70 mil víctimas fatales, estamos hablando de 8 mil cuatrocientos millones de soles, una suma que ni siquiera le va hacer meditar un instante al Ministerio de Economía y Finanzas para decir no.” (3) Por un lado, nos deja claro que cumplir con el compromiso asumido de las reparaciones individuales y así restituir derechos no es un asunto de prioridad política para el gobierno sino que además quien lo decide es el Ministro de Economía. En todo caso, si así fuera y si el punto central es la restitución de derechos, lo que compete es buscar los mecanismos adecuados para cumplir con el compromiso. Es menester señalar que pese a las promesas en el presupuesto general del 2010 no se ha incluido el presupuesto para las reparaciones individuales como se esperaba.

Por otro lado, nadie es tan irracional como para no tener conciencia de las dificultades que a nivel económico pueden generarse, si se pretendiera que todo el proceso de reparación económica se realice en un tiempo corto, o al mismo tiempo. Es más, las organizaciones de afectados, precisamente por el hecho de que las víctimas se están muriendo, han propuesto que en un primer momento de los 40 millones de soles que recibirá la comisión multisectorial encargada de las reparaciones colectivas, la mitad se destine para las reparaciones individuales y que se priorice a los casos antes mencionados y a las personas mayores.

La poca comprensión, por decir lo menos, que tiene el secretario ejecutivo de la CMAN sobre el significado de las reparaciones para reestablecer el vínculo sociedad Estado y fortalecer la democracia se manifiesta cuando dice que “hemos pensado en proyectos productivos pilotos que agrupen a las personas adultas mayores” (4), como si la restitución de sus derechos y el recuperar en alguna medida sus proyectos de vida truncados por la violencia fuera una cuestión de poner a trabajar a los viejitos. A nadie se le ocurrió decir algo semejante cuando Baruch Ichver recibió los 20 millones de soles ordenados por la CIDH por la violación a sus derechos. Menos aún a nadie se le hubiera ocurrido preguntar qué haría ese “papito” con esa cantidad de dinero, ni pensar que sus hijas y esposa se aprovecharían de esos recursos. Claro que no, el empresario es de otra clase, y pese a las dudas que en algún momento hubo sobre su ciudadanía peruana, sí se lo reconoce como sujeto de derechos así como su capacidad de gestionar la indemnización. En cambio, a las mujeres indígenas víctimas no, ellas, parece decir el funcionario, no tienen capacidad de agencia, necesitan ser tuteladas, carecen de autonomía, de capacidad para decidir sobre sus vidas. “¿Qué van a hacer las mamitas con 120 mil nuevos soles? Sólo alimentaría la codicia de sus hijos y familiares más cercanos. Ellas necesitan otro tipo de cuidados…” dijo. (5)

El racismo y la discriminación fueron según la CVR causas de la violencia. En las palabras de este funcionario se reproducen al tratar a las mujeres víctimas de esa manera, al mirar a sus familiares también víctimas seguramente como oportunistas y aprovechados. Este tratamiento, así como la falta de voluntad política para impulsar el programa de reparaciones, constituyen una especie de revictimización que debe terminar si realmente se quiere una democracia plena, un país de ciudadanos y ciudadanas con igualdad de derechos. Reparar el daño a las víctimas, restituirles de alguna forma sus derechos y ofrecerles la oportunidad de tener un proyecto de vida renovado, que sientan que son parte de una comunidad que los respeta, que las respeta, constituye la posibilidad de que se fortalezca la democracia y de que, como dice Felipe Gómez Isa, logremos “un nuevo equilibrio político y social”. (6)

Reparar significa un claro indicador de que estamos avanzando hacia la eliminación de la discriminación y el racismo aún tan presentes en nuestro cotidiano, en nuestro lenguaje, en la revictimización a la que se somete a los afectados y afectadas cuando no se los atiende, no se las respeta y cuando se trata a las mujeres que con dignidad y valentía pese al terror imperante resistieron y sacaron adelante a sus familias como personas sin capacidad, sin pensamiento, necesitadas del tutelaje del Estado. La reparación no es pues un asunto de un cheque y una fotografía, sino un asunto de reconocimiento ciudadano, de democracia y de derechos.

Por Rosa Montalvo Reinoso
madamrosa1@gmail.com
La Ciudad de las Diosas

Notas:

(1) Elisabeth Lira y Brian Loverman (2005): Políticas de reparación, Chile 1990-2004, LOM Ediciones, Santiago de Chile, p. 9
(2) Projur (2008): Apurímac Informe final 1980-2000: Una Compilación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
(3) TV Cultura, Enlace Nacional, “Incumpliendo ofrecimientos anteriores, PCM anuncia que no habrá reparaciones individuales el próximo año”, 12 de noviembre del 2009, http://enlacenacional.com/2009/11/12/incumpliendo-ofrecimientos-anteriores-pcm-anuncia-que-no-habra-reparaciones-individuales-el-proximo-ano/
(4) La Voz de Huamanga, “Es imposible reparar a cada victima con 120 mil nuevos soles”, precisa Jesús Aliaga Baldeón, titular de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN)”, Lunes, 16 de noviembre del 2009 http://www.diariolavozdehuamanga.com/noticias/local/1519-es-imposible-reparar-a-cada-victima-con-120-mil-nuevos-soles-precisa-jesus-aliaga-baldeon-titular-de-la-cman.html
(5) Idem
(6) Felipe Gómez Isa (2006): “El derecho de las víctimas a la reparación por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos”, en Felipe Gómez Isa (dir.), El Derecho a la memoria, Alberdania S.L., Bilbao