Anna Kulishova, la revolucionaria feminista que ayudó entender por qué miles de mujeres morían tras el parto

Anna Kuliscioff (1908).

Traer bebés al mundo ha sido durante prácticamente toda la historia (y aún hoy en muchos lugares del mundo) una de las cosas más arriesgadas que una mujer podía hacer, y de la que apenas tenía escapatoria. Morir en el parto era algo al menos tan probable como no hacerlo, si no más. Las causas podían ser varias: un bebé que venía mal colocado y no podía salir, una pérdida masiva de sangre, una infección puerperal…

La sepsis o fiebre puerperal era de hecho una de las principales causas de muerte de las parturientas durante el siglo XIX en Europa, por culpa, en gran medida, de la falta generalizada de higiene y en concreto de los profesionales médicos que asistían los partos. Algo que nos resulta difícil imaginar hoy en día, cuando los estándares higiénicos en entornos clínicos y médicos están asentados y se dan por hecho. Sin embargo, estos estándares están basados, en último caso, en la comprensión de que las enfermedades infecciosas están causadas por patógenos, virus y bacterias, que infectan y enferman el organismo. De nuevo, esto que damos por hecho hoy no siempre fue así.

Anna Kulishova, revolucionaria anarquista y médica, dedicó su práctica a entender el origen bacteriológico de la fiebre puerperal, un primer paso para llegar, décadas después, a promover prácticas higiénicas que salvarían la vida de miles de mujeres tras el parto. Además, puso sus habilidades médicas y también humanas al servicio de las clases trabajadoras de Milán, atendiendo en los barrios más pobres y mejorando su calidad de vida. Todo esto mientras llevaba a cabo una intensa actividad política y revolucionaria, considerándose una de las fundadoras y exponentes del Partido Socialista italiano y defensora del sufragio femenino.

Una buena memoria y una gran capacidad lógica

Anna Kulishova, también conocida como Anna Kuliscioff, nació como Anja Rosenstein en Crimea, hoy territorio ucraniano ocupado por Rusia, el 9 de enero de 1855 en una familia de comerciantes judíos con buena situación económica. Dotada de una buena memoria y una evidente capacidad para los razonamientos lógicos y rigurosos, sus padres promovieron que estudiase con tutores privados y más adelante que realizase cursos de filosofía en la Universidad de Zúrich, Suiza, donde tuvieron que trasladarse cuando el zar de Rusia les obligó a abandonar el país.

En el centro de Europa las universidades admitían a las mujeres y el ambiente de pensamiento libre sirvió como terreno fértil para las ideas de Kulishova, que empezó muy pronto a involucrarse en las luchas sociales. En Zúrich vivían muchos exiliados políticos de otros países, que la introdujeron en las ideas anarquistas. Terminó dejando los estudios y en 1873 se casó con Pyotr Marcelovich Macarevich, también revolucionario de clase social alta, como ella. Juntos volvieron a Rusia donde entraron en contacto con distintas facciones revolucionarias primero en Odesa y luego en Kiev. En 1874 él fue condenado a cinco años de trabajos forzados y poco después murió en prisión. Como reacción al autoritarismo ruso que tan bien conocía, en su juventud Kulishova defendió la necesidad de utilizar la violencia como parte de la lucha política, algo que en lo que se fue moderando con el tiempo.

Anarquismo y prisión

Para evitar ser arrestada también, Kulishova huyó y vivió en la clandestinidad en distintas ciudades, a veces cantando en parques y calles para ganarse la vida. En Kiev se unió a grupos revolucionarios que animaban a los campesinos a la rebelión y llevaban a cabo actos violentos contra las autoridades. Cuando sus colegas fueron arrestados, volvió a escapar. En 1977 abandonó Rusia con un pasaporte falso y se asentó en París, donde se unió a un grupo anarquista que proclamaba la abolición de toda forma de estado. Fue en esta época donde utilizó por primera vez, que exista prueba documental, el nombre de Kuliscioff.

Siempre vigilada por las fuerzas del orden, fue arrestada y encarcelada. Fue finalmente liberada por la intervención del escritor ruso Ivan Turgenev, y expulsada de Francia. Se trasladó a Italia donde se reunió con otro miembro del grupo anarquista con el que había tenido una relación previa. Retomaron sus actividades revolucionarias, y ella fue detenida de nuevo en 1879, acusada de conspirar con el estado, juzgada y encarcelada durante 13 meses.

Tras su liberación, la pareja se trasladó a la ciudad italiana de Lugano, donde trataron de poner en marcha una publicación de ideología anarquista, y como resultado fue arrestada de nuevo. Durante sus periodos de encarcelación Kulishova contrajo tuberculosis y terminó desarrollando una grave enfermedad ósea.

El qué y cómo mata a las mujeres tras el parto

A pesar de su postura políticamente progresista, su compañero seguía siendo un hombre tradicional y machista en lo referente a su relación, por lo que ella terminó abandonándole para irse a Berna, Suiza, a estudiar medicina, algo a lo que él se oponía. En 1884, por motivos de salud, siguió sus estudios en Nápoles. Se licenció el año siguiente, tras haber seguido cursos complementarios para especializarse en ginecología y obstetricia

Su única publicación científica fue la tesis de su licenciatura, un estudio sobre la fiebre puerperal. Unos cuantos años antes se había descubierto y publicado el origen infeccioso de esta enfermedad que causaba la muerte a miles de mujeres, y desde entonces se estaba tratando de identificar a los patógenos que la causaban. Kulishova pudo aislar, describir y determinar las características de estos patógenos, proponiendo la hipótesis de que no era un estreptococo, como había supuesto Louis Pasteur, sino otro tipo de bacterias. A día de hoy sabemos que en esto Kulishova tenía razón en parte y que los patógenos que más habitualmente causan sepsis puerperal son el Streptococcus agalactiae, el Streptococcus pyogenes o el Escherichia coli, que durante el parto pasaban del exterior al interior del tracto genital, causando una infección.

La combinación de la falta de higiene generalizada y en las manos de quienes asistían el parto, y la falta de los actuales antibióticos, terminaba en la muerte irremediable de miles de mujeres. Años después, al instaurarse los estándares higiénicos adecuados, muchas mujeres esquivaron estos patógenos. El trabajo de Kulishova fue un importante paso en el camino para lograrlo.

Tras doctorarse, abrió una pequeña consulta en Milán, donde atendía a mujeres y personas sin recursos, aunque la cerró poco después debido a su delicado estado de salud y porque quería centrarse en su activismo político.

Feminismo de clase

Kulishova se convirtió en una de las principales voces del feminismo junto a Anna Maria Mozzoni, una mujer de clase alta que se había embarcado en el empeño de asegurar el acceso de las mujeres en las universidades y de las mujeres cualificadas en el mundo profesional.

Mozzoni introdujo a Kulishova en los círculos feministas italianos, pero ésta pronto descubrió que sus intereses y objetivos políticos eran algo diferentes. A Kulishova le interesaban las condiciones de vida de las mujeres de la clase trabajadora, que había podido conocer durante sus años atendiéndolas en su consulta, mientras que la mayoría de las primeras feministas europeas eran de clase media burguesa y a menudo mucho más conservadoras en cuanto a sus ideas políticas.

Ella defendía no solo la educación e igualdad social de las mujeres, sino también su derecho a la igualdad salarial, señalando la doble explotación a la que estaban sometidas: la de sus empleadores y la de sus maridos. Llegó a defender que debían recibir un salario por su trabajo en el hogar, algo que resulta avanzado incluso hoy. Era también muy crítica con las propias mujeres, a las que describía como reaccionarias y conservadoras, lamentando la falta de solidaridad entre mujeres de distintas clases sociales.

Un compañero feminista… pero no mucho

En 1885, a través de Mozzoni, conoció a su siguiente pareja, Filippo Turati, poeta y abogado milanés que bajo la influencia de ella conoció y adoptó la doctrina marxista que le llevaría a ser el líder del incipiente Partido Socialista Italiano. Ambos formaron una de las parejas más activas de los movimientos socialistas europeos, promoviendo la liberación de la clase obrera y de las mujeres como dos logros que debían ocurrir al mismo tiempo, aunque ella solía criticar abiertamente tanto a él como a su partido por no defender plenamente la lucha feminista. Durante los años en que Turati formó parte del gobierno local de Milán, organizaron grandes manifestaciones que buscaban atraer la atención del parlamento italiano hacia los problemas y riesgos que la revolución industrial había creado para las mujeres y los niños.

A principios del siglo XX Kulishova contribuyó a redactar algunas de las primeras leyes del país que buscaban proteger a las mujeres trabajadoras, y fundó una revista bimensual, titulada La Defensa de las Mujeres Trabajadoras. Trabajó duramente para que el Partido Socialista Italiano defendiese el sufragio femenino para las mujeres de todas las clases sociales, algo que el partido terminó proponiendo a instancia suya pero que fue rechazado por la Cámara de los Diputados (compuesta exclusivamente por hombres), en 1912. En Italia las mujeres no tuvieron derecho a voto hasta después de la muerte de Kulishova.

Sus últimos años de vida estuvieron marcados por sus problemas de salud, un distanciamiento de su pareja, disensiones dentro de las corrientes socialistas y el ascenso del fascismo en Italia. Murió el 27 de diciembre de 1925, y su funeral público estuvo marcado por los disturbios entre sus seguidores y miembros del partido fascista.

Referencias

Naomi Shepherd, Anna Kuliscioff (1855-1925), Jewish Women’s Archive

Ariane Dröscher, Rosenstejn, detta Kuliscioff Anna (Anja), Scienza a due voci, Università di Bologna

Fondazione Anna Kuliscioff

Anna Kulishova (Vida y obra), Sobre el anarquismo y otros temas

Anna Kuliscioff, Wikipedia

Por Rocío Benavente (@galatea128) es periodista.

Fuente: Mujeres con Ciencia

Leyes de nacionalidad discriminatorias por género alimentan pobreza y violencia contra las mujeres

Samira, una madre siria, visita un centro comunitario para solicitar asistencia jurídica en el registro del nacimiento de su hijo. Imagen: Qusai Alazroni / Acnur

Alrededor de una cuarta parte de los países siguen teniendo leyes de nacionalidad que niegan a las mujeres los mismos derechos que a los hombres para adquirir, conservar o cambiar su ciudadanía, o para transmitirla a sus hijos o cónyuges extranjeros.

Estas desigualdades jurídicas exponen a las mujeres y a sIgualus familias a una amplia gama de perjuicios. Desde la separación familiar forzosa y la apatridia hasta la limitación del acceso a la educación, la atención sanitaria y el empleo, las consecuencias son graves y de gran alcance.

Si bien algunos países han adoptado medidas encomiables para reformar las leyes discriminatorias en materia de nacionalidad, muchos gobiernos aún no han tomado medidas significativas, lo que deja a millones de personas sin los mismos derechos para adquirir o conferir la nacionalidad.

Más allá del profundo impacto en las personas, esta discriminación conlleva profundos costos sociales y económicos.

Cuando se niega a las mujeres la igualdad de derechos en materia de nacionalidad, se frena el progreso de familias enteras, lo que limita su capacidad para contribuir plenamente a la sociedad y, en última instancia, frena el desarrollo nacional.

Directrices modelo para las leyes de nacionalidad

Una nueva publicación, «Proyecto de artículos seleccionados sobre los derechos de nacionalidad para garantizar la igualdad de género», elaborada por Equality Now (Igualdad Ya) y la Campaña Global por la Igualdad de Derechos de Nacionalidad (GCENR, en inglés), ofrece directrices modelo para que los responsables políticos reformen y promulguen leyes de nacionalidad que garanticen a todos los ciudadanos, independientemente de su género, el acceso a la igualdad de derechos de ciudadanía.

La GCENR, con sede en la Comisión de Mujeres Refugiadas, es una coalición de activistas independientes, organismos asociados a las Naciones Unidas y organizaciones nacionales e internacionales que trabajan para poner fin a la discriminación de género en las leyes de nacionalidad. Equality Now es miembro fundador del comité directivo de la GCENR.

Catherine Harrington, directora de campaña de la GCENR, habló con Equality Now sobre por qué las leyes de nacionalidad que garantizan la igualdad de género son fundamentales para construir una sociedad inclusiva, próspera y floreciente para todos.

¿Cuáles son las consecuencias reales para las mujeres y las niñas cuando las leyes de nacionalidad no son igualitarias en materia de género?

La desigualdad de la mujer en la sociedad es la causa fundamental de la violencia de género. En un nivel fundamental, las leyes de nacionalidad discriminatorias crean un entorno propicio para la violencia de género. Por ejemplo, el hecho de que la nacionalidad de una mujer y sus hijos dependa de un cónyuge maltratador crea una barrera mayor para que puedan salir de una situación de violencia doméstica.

La imposibilidad de conferir la nacionalidad a los hijos y a los cónyuges no ciudadanos inhibe el poder de las mujeres para elegir a sus parejas. Esto socava la igualdad en la familia y afecta a la autonomía de las mujeres y a su capacidad para formar una familia.

La apatridia también agrava ciertos riesgos. Por ejemplo, una niña nacida de madre libanesa y padre palestino apátrida en el Líbano quedaría apátrida. No puede obtener la ciudadanía libanesa a través de su madre, aunque viva allí, y no puede adquirir otra nacionalidad.

Esto la expone a un mayor riesgo de trata de personas y matrimonio infantil porque, lamentablemente, algunas familias ven el matrimonio precoz y forzado como una vía para obtener documentación o la ciudadanía.

Los riesgos se extienden al mundo laboral. La falta de empleo formal empuja a muchas mujeres afectadas a entornos de trabajo informal, lo que las hace más vulnerables a la explotación y los abusos, incluido el acoso y las agresiones sexuales por parte de los empleadores. Debido a su situación irregular, muchas no denuncian ni buscan justicia por la violencia que sufren.

¿Cuál es el objetivo de las directrices modelo publicadas por GCENR y Equality Now, y cómo pueden utilizarlas los responsables políticos?

La discriminación por motivos de género en las leyes de nacionalidad es la señal de alarma para la igualdad de género. Cuando las leyes de nacionalidad discriminan por motivos de género, atribuyen implícitamente a las mujeres una condición de segunda clase.

Las directrices examinan diferentes elementos de las leyes de nacionalidad y proponen cómo debería ser la ley para garantizar la igualdad de género en todos los ámbitos.

Proporcionan un contexto útil para los responsables políticos, ya que describen las obligaciones existentes de los países de respetar las leyes de nacionalidad que garantizan la igualdad de género a través de una serie de convenciones internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La buena noticia es que la reforma de las leyes de nacionalidad es bastante sencilla. Los países deben simplemente garantizar que las disposiciones relativas a la adquisición, el cambio, la conservación o la concesión de la nacionalidad, ya sea a un niño o a un cónyuge no nacional, respeten los derechos de todos los ciudadanos por igual.

Pueden lograrlo mediante un lenguaje neutro en cuanto al género, como referirse a todas las personas como «ciudadanos» o utilizar términos inclusivos como «padre» o «cónyuge». Si se utilizan términos de género, hay que asegurarse de que se incluyan ambos, como «madre y padre» o «esposa y esposo».

¿Cuáles son algunos de los obstáculos para la adopción de leyes de nacionalidad que garantizan la igualdad de género?

La xenofobia es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos en la mayoría de los países. Dondequiera que haya estado, ya sea en un país rico o pobre, a menudo escucho el mismo argumento de quienes se oponen a la reforma: «Nuestra situación es única. Y por eso debemos proteger a otras personas para que no obtengan nuestra ciudadanía».

Nepal, por ejemplo, comparte fronteras abiertas con dos grandes países, India y China. Algunas personas argumentan que «invaden el país a través del útero». El argumento económico de algunos países es que la ciudadanía conlleva muchos beneficios y no quieren gastar todos esos recursos en extranjeros.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

Independientemente del deseo de no permitir la entrada de otros, en la mayoría de los países, si un hombre se casa con una mujer de otro país, puede conferir la nacionalidad a su esposa. Sus hijos se convierten automáticamente en ciudadanos porque se considera un derecho natural del hombre.

Pero cuando se trata de las mujeres, se produce una intersección entre la xenofobia y las mentalidades patriarcales profundamente arraigadas y el sexismo. El deseo de dificultar la obtención de la ciudadanía a los demás se considera más importante que garantizar la igualdad de derechos para las mujeres.

La ironía es que las leyes discriminatorias en materia de nacionalidad inhiben el desarrollo sostenible y exacerban la pobreza. Socavan los compromisos de los países con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 5 sobre la igualdad de género, el ODS 10 sobre la reducción de las desigualdades y la meta 16.9 sobre garantizar la identidad jurídica para todos para 2030.

Cuando la apatridia se transmite de padres a hijos, se crea una pobreza multigeneracional. Toda una población infantil crecerá sin igualdad de acceso a la educación.

En la edad adulta, no tendrán acceso al empleo ni a la afiliación a sindicatos profesionales, requisitos necesarios en algunos países para ejercer determinadas profesiones, como el derecho, la ingeniería, la arquitectura o la medicina.

A nivel social, tendremos a todas estas personas con talento que realmente quieren contribuir económicamente a los países que consideran su hogar, pero que se ven impedidas de hacerlo.

¿Qué avances se han logrado para poner fin a la discriminación de género en las leyes de nacionalidad?

Desde el lanzamiento de nuestra campaña mundial sobre la nacionalidad, hemos observado avances en muchos países. Recientemente, la campaña nacional de nuestro miembro de la coalición Family Frontiers, liderada por madres afectadas, ha tenido una influencia notable en Malasia.

En 2024, ambas cámaras del Parlamento de Malasia aprobaron una enmienda constitucional para defender el derecho de las mujeres malasias a conferir la ciudadanía a sus hijos nacidos en el extranjero en igualdad de condiciones con los hombres, que se espera que entre en vigor este año.

Madagascar, Sierra Leona y Liberia han eliminado las leyes que negaban a las mujeres el derecho a transmitir la nacionalidad a sus hijos.

Si bien Lesoto, Benín y Níger ya habían eliminado las disposiciones que impedían a las mujeres transmitir la nacionalidad a sus hijos, ahora han dado el paso definitivo para modificar las leyes que prohíben a las mujeres transmitir la nacionalidad a su cónyuge en igualdad de condiciones con los hombres.

Esuatini es el único país del sur de África donde las mujeres aún no pueden transmitir la ciudadanía a sus hijos.

Durante la Reunión de Alto Nivel sobre la Apatridia de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el gobierno de Esuatini se comprometió a eliminar esta discriminación para 2024. Aunque esa reforma aún no se ha producido, el compromiso sigue siendo un importante paso adelante.

Hoy en día, el 90 % de los países defienden el derecho de las mujeres a transmitir la ciudadanía a sus hijos en igualdad de condiciones con los hombres, y tres cuartas partes han logrado la igualdad de género en sus leyes de nacionalidad.

Estos gobiernos modificaron sus leyes porque reconocieron que era lo más inteligente. Los países que aún no han promulgado reformas deben aprender de los buenos ejemplos y comprender que no es algo que deba temerse, sino una oportunidad para defender la igualdad y el desarrollo inclusivo de todos los ciudadanos.

Equality Now es una organización mundial de derechos humanos dedicada a garantizar el cambio legal y sistémico necesario para poner fin a la discriminación contra todas las mujeres y niñas.

Desde su creación en 1992, ha contribuido a la reforma de 120 leyes discriminatorias en todo el mundo, lo que ha tenido un impacto positivo en la vida de cientos de millones de mujeres y niñas, sus comunidades y naciones, tanto en la actualidad como para las generaciones futuras.

En colaboración con socios a nivel nacional, regional y mundial, Equality Now se basa en una profunda experiencia jurídica y en una amplia gama de perspectivas sociales, políticas y culturales para seguir liderando, orientando e impulsando el cambio necesario para lograr una igualdad de género duradera, en beneficio de todos.

Este es un artículo de opinión de Maithreyi Kamalanathan, coordinadora mundial de Medios de Equality Now o Igualdad Ya.

Fuente: IPS

Chile registra más de 64.500 denuncias por desaparición de mujeres en cuatro años

Miles de mujeres participan en una marcha convocada por asociaciones feministas en conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, en Santiago (Chile), 2021. EFE/Alberto Valdés

Desde 2019 hasta 2023 la Fiscalía registró más de 64.500 denuncias por mujeres desaparecidas en Chile por lo que se conoce como "presunta desgracia", es decir, la pérdida o extravío temporal o permanente de una persona sobre quien se ignora su paradero. 

Esta cifra, revelada por el portal de Transparencia del Estado para el trabajo de fin de grado de Periodismo de tres estudiantes de la Universidad de Santiago (Usach), pone de manifiesto una forma de violencia que, si bien afecta a muchas mujeres y adolescentes, permanece invisibilizada y silenciada.

“Para nosotras estas cifras significaron un impacto total y nos preguntamos dónde se muestra realmente esta realidad en Chile. No la vemos en los medios ni siquiera mucho por redes sociales”, explica a EFE Catalina Bustamante, coautora, junto con Javiera Pérez y Ahvi Herrera, del trabajo Entre el Abandono y el Prejuicio: la lucha por justicia para las mujeres desaparecidas en Chile 2019-2023.

Además de la información del Ministerio Público, los alumnos obtuvieron también los registros de la policía durante los mismos cuatro años, que sumaban más de 50.000 casos de desaparecidas. "Ante estos números, la desaparición de mujeres en Chile se convierte en un tema de seguridad y pertenencia nacional que no ha sido abordado de forma adecuada", apuntan. 

Estudiantes de la Usach y autores de la tesis de fin de grado "Entre el Abandono y el Prejuicio: la lucha por justicia para las mujeres desaparecidas en Chile 2019-2023".

La "presunta desgracia" no está tipificada como delito en Chile, pero su investigación se relaciona de forma estrecha con delitos como el femicidio, el secuestro o la violencia intrafamiliar (VIF), que son, según Bustamante, "los más comunes". 

Organizaciones que estudian la desaparición de mujeres apuntan que el aumento de este fenómeno es por la necesidad de ocultar un femicidio. “Las niñas y las mujeres no desaparecen, las matan o las secuestran, por ello es importante que los protocolos sigan los lineamientos internacionales sobre crímenes violentos contra mujeres, que dentro de las hipótesis de investigación consideran que pueda haber ocurrido un crimen con marca de género”, dice a EFE Isadora Castillo, integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

Mujeres de sectores vulnerables

El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Mesecvi), expresó a principios de mayo su "profunda preocupación" por la desaparición de varias mujeres en la nortina región de Atacama "en un contexto de desprotección y de barreras en el acceso a la justicia e impunidad".

Se trata de Tanya Aciares, de 14 años y quien fue vista por última vez en octubre de 2018; Catalina Álvarez, de 16, secuestrada en junio de 2019, y de Thiare Elgueda, de 19, de quien no hay pistas de su paradero desde noviembre de 2020.

Las expertas del Mesecvi de la Organización de los Estados Americanos (OEA) consideran que estos casos "reflejan un preocupante patrón de desaparición seguido de violencia femicida de mujeres y niñas en situaciones de profunda desventaja social".

Una conclusión a la que también llegan los recién graduados en su trabajo: "La gran mayoría de las mujeres que desaparecen o que denuncian por presunta desgracia pertenecen a sectores populares o vulnerables y tienen bajos ingresos lo que las hace más invisibles dentro de la sociedad o para el Estado o para sus agentes".

En su tesis relatan que hasta la fecha, las mujeres desaparecidas "son solo cifras" y denuncian que las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público y la policía "no apuntan hacia un perfil de estas mujeres” ni tampoco “toman en cuenta sus historias de vida y contexto".

"¿Por qué, si son tantas, no hay un perfil? –pregunta Bustamante– Hay vidas detrás de estas cifras". Si bien las estadísticas revelan que existe un mayor registro de desapariciones de hombres que de mujeres, según los estudiantes, "ellos tienen mayor probabilidad de ser encontrados".

"Desidia, abandono y desinterés" del Estado

Además de cargar con el dolor de una posible desgracia, las familias de las mujeres desaparecidas cargan con "los prejuicios" a los que se enfrentan al interponer las denuncias ante la policía o en la Fiscalía. “No existe una implementación concreta de la perspectiva de género en el momento en que una mujer violentada decide denunciar a su agresor ni cuando las familias denuncian una desaparición”, sostienen en su investigación. 

El Comité investigador ha llamado a actuar "con debida diligencia reforzada", "acelerar" las investigaciones y los procesos judiciales y asegurar que las familias y el entorno de las víctimas sean debidamente informadas de los avances. 

Julieta Rivera, una de las portavoces de la Agrupación de Familiares Víctimas de Femicidio, dice a EFE que el Estado "es responsable" de todas las desapariciones porque no garantiza que las mujeres tengan una vida libre de violencia y los medios de comunicación “contribuyen a invisibilizar” esta realidad.

"Existe una desidia, abandono y desinterés por parte de las instituciones y agentes del Estado sobre la desaparición de mujeres", asevera Bustamante.

Familiares de víctimas de desaparición se quejan de "negligencias investigativas" en la custodia de las pruebas judiciales, sucesivos cambios de fiscal y malos tratos durante el proceso de búsqueda: "Nos mandaron a rezar" y "nos tratan como si fuéramos tontas", lamentan en el trabajo universitario María José y Andrea Palacios, hermanas de Laura Palacios, desaparecida en 2019.

"No tienen la disposición de investigar qué pasó, sino que van directo a los prejuicios, sin investigar ni acompañar a las familias, que se sienten abandonadas por el Estado y sus agentes", dice Pérez. Según ella, hay familias que ante una denuncia por presunta desgracia han recibido por respuesta que la mujer "quizás salió a carretear (de fiesta) o con el pololo (novio)", además de enfrentar trabas que alargan el proceso. 

Hasta abril de 2024, de los más de 64.500 casos, 641 seguían vigentes, tres suspendidos y 63.873 terminados, sin que esto último implique que se haya encontrado a la mujer desaparecida: “Puede cerrarse el caso por instrucción de Fiscalía, que puede decir que no hay antecedentes suficientes”, añade.

Las estudiantes concluyen que ante el alza de mujeres desaparecidas, las autoridades tienen que tomar cartas en el tema y proteger más a las mujeres: "Es una situación que afecta a muchas personas –cierra Pérez– y tiene que saberse".

Por Meritxell Freixas

Fuente: Efeminista

Unir trabajo, cuidado y territorio para transformar el sindicalismo desde una mirada feminista

El 17 y 18 de junio tuvo lugar el Primer Encuentro Nacional de Mujeres del Comercio y los Servicios, que contó con dos instancias: una abierta al público y otra exclusiva para trabajadoras del sector. La jornada pública, con una participación destacada, se desarrolló en la sede central del PIT-CNT.

Este encuentro reunió a mujeres provenientes de distintos puntos del país, consolidando la necesidad de espacios propios para reflexionar colectivamente sobre las condiciones laborales, las tareas de cuidado, el vínculo con el medioambiente y las estrategias sindicales, desde una mirada feminista, interseccional y profundamente transformadora.

Garantizar la participación de trabajadoras de todo el territorio nacional demandó un intenso trabajo organizativo y un despliegue logístico que implicaron una cuidadosa planificación, coordinación y el compromiso permanente de las organizadoras.

Crónica de una emoción compartida

Resumir en pocas líneas la intensidad de este encuentro no es tarea sencilla. Desde la mirada de alguien que ha habitado el movimiento sindical, aunque ajena a este sector en particular, esta nota busca transmitir algo de la emoción y la fuerza colectiva que allí se vivieron: ese momento compartido en el que mujeres diversas se encuentran para construir futuro desde la lucha, el pensamiento crítico y el cuidado como práctica política.

La primera jornada se estructuró en torno a tres mesas con la participación de mujeres con sólida trayectoria sindical, profesional, política y militante. En la primera mesa participaron la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse; Favio Riverón, presidente de la Federación Uruguaya de Empleados y Empleadas del Comercio y los Servicios (Fuecys); Viviana Barreto, directora de Proyectos de FeSur; Carolina Spilman, responsable de la secretaría de género y diversidad y actual vicepresidenta adjunta del PIT-CNT, y Marcela Barrios, directora nacional de Trabajo.

La segunda mesa estuvo integrada por Natalia Carrau, politóloga integrante de Redes-Amigos de la Tierra; Soledad Salvador, economista representante del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Ciedur), y Soledad González, militante feminista y politóloga especializada en violencia de género. La tercera mesa estuvo conformada por Karina Núñez, feminista popular defensora de derechos humanos y trabajadora sexual; Josefina González, licenciada en Comunicación y activista transfeminista; Ada González Alcoba, afrofeminista activista por los derechos humanos, y Tania Ramírez, licenciada en Relaciones Internacionales, activista afrofeminista cofundadora de Mizangas.

Un rasgo distintivo del encuentro fue la manera de presentar a cada oradora: junto a su trayectoria pública y profesional, se destacaron aspectos personales como ser madre, joven, afrodescendiente, trabajadora sexual, activista trans o proveniente del interior del país. Esta práctica rompe con el enfoque androcéntrico que reduce las presentaciones a lo institucional, como si lo político pudiera separarse de lo vivido. Visibilizar estas dimensiones personales y diversas constituye una forma poderosa de hacer feminismo, reconocer historias reales y construir representaciones más humanas, cercanas y colectivas.

Algo del camino recorrido

El encuentro también permitió reconocer el camino recorrido por las mujeres sindicalistas dentro de Fuecys. Tamara García señaló el proceso que comenzó sin institucionalidad formal, sin secretaría de género, impulsado por mujeres que promovieron el primer encuentro y abrieron nuevas perspectivas en la federación: mayor visibilidad, participación y representación en actos y espacios sindicales. Ese impulso permitió la conquista de la cuota de género y la llegada de compañeras de Fuecys a cargos de relevancia en el PIT-CNT. Sin embargo, se alertó sobre los retrocesos recientes: actualmente, hay una menor participación de mujeres en la dirección que la que existía incluso antes de implementarse la cuota. Ante esta situación, se expresó la necesidad de abordar este tema colectivamente y de incorporarlo como eje central en los próximos congresos del movimiento sindical.Apoyá nuestro periodismo.

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El sindicato como una casa segura 

Una frase que se repitió en varias de las mesas fue “una casa segura”. Las mujeres sindicalistas volvieron a poner en el centro una demanda histórica: la necesidad de contar con espacios seguros donde habitar, construir vínculos y tomar la palabra. ¿No debería ser ya el movimiento sindical una casa segura para todas las compañeras? En muchos momentos lo ha sido, sin duda, pero en otros claramente no, y es justamente en esa tensión donde aparece la urgencia de seguir construyendo espacios verdaderamente seguros. Es probable que muchos compañeros también imaginen un sindicalismo seguro, pero su noción de seguridad no siempre coincide con la nuestra, y eso debe discutirse colectivamente, con honestidad y profundidad. El movimiento sindical en Uruguay ha sido históricamente un espacio de protección para la clase trabajadora, pero en la última década esa tradición ha sido interpelada desde una mirada feminista que pone en debate la necesidad de reconocer las violencias, los silencios y las exclusiones que aún persisten. 

Transformar es también nombrar lo que duele 

Se trajo con claridad una preocupación que atraviesa muchas experiencias: la falta de una condena firme ante situaciones de violencia de género dentro del movimiento sindical. La persistencia de la cultura del “pero” –“es mi compañero”, “lo conozco”– sigue funcionando como un escudo para los agresores y limita la posibilidad de avanzar hacia el intento de erradicar la violencia de género en los espacios de militancia. En este marco, se reafirmó que la interpelación feminista no es una amenaza, sino una herramienta necesaria para transformar. Encuentros como este permiten pensar juntas, construir conciencia crítica y asumir los desafíos que implica seguir apostando a un sindicalismo que sea, verdaderamente, una casa segura para todas, todes, todos. 

Feminismos populares, sindicalismo y territorio: construir alianzas frente a emergencias colectivas 

Las intervenciones hicieron foco en la necesidad de fortalecer un feminismo internacionalista, antiimperialista y comprometido con la justicia social y ambiental, capaz de mirar el mundo desde el Sur y desde abajo. Se habló de la clase trabajadora como una categoría universal y, al mismo tiempo, universalizable, con potencial de articulación en la diversidad.

Una preocupación que atraviesa muchas experiencias: la falta de una condena firme ante situaciones de violencia de género dentro del movimiento sindical.

Entre las preguntas que incomodan –y que, según las panelistas, es necesario sostener– surgieron debates sobre el rumbo de la economía: “¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia una sociedad del cuidado o sólo hacia una adaptación?”. Se mencionaron aportes como los de Cristina Carrasco, al plantear que el cuidado debe ser objetivo político en sí mismo y el lucro un medio, no un fin. Se subrayó la necesidad de incluir cláusulas de cuidado en las negociaciones colectivas y de colectivizar las responsabilidades que hoy recaen mayoritariamente en las mujeres.

Unidad feminista: aceptar nuestras diferencias, no marcarlas

Soledad González, politóloga especializada en violencia de género, interpeló desde una mirada crítica la dificultad para construir espacios feministas colectivos dentro del sindicalismo: “Nosotras no aprendemos a hacer lo que los compañeros sí saben: abroquelarse. Tenemos herramientas, experiencia y formación, pero estamos más preocupadas por marcar diferencias que por tejer unidad. La división sólo fortalece al fuerte”. Preguntó abiertamente qué pasó con la Intersocial Feminista, una experiencia potente que se desarticuló con el tiempo: “La dejamos caer. ¿Por qué creemos que vamos a avanzar solas, individualmente?”.

Las trabajadoras sexuales y la lucha por el reconocimiento sindical

Karina Núñez relató que su primera llegada a la central sindical fue marcada por la exclusión: “Me dejaron en la vereda”. Sin embargo, su recorrido militante y sindical la llevó a conquistar transformaciones, como lograr que los medios y documentos oficiales dejaran de usar la palabra “prostituta” y comenzaran a decir “trabajadora sexual”. “Ese fue mi primer hito de orgullo como sindicalista. Luego vinieron muchas más conquistas”. Mujeres dirigentes sindicales, como Tamara García, tendieron una mano para apoyar a las trabajadoras sexuales en su proceso de organización dentro del sindicato. En 2017 nació Otras, el sindicato de las trabajadoras sexuales.

Militar los cambios: más allá de las leyes

Josefina González recordó el ingreso organizado de mujeres trans y travestis al PIT-CNT en 2010, en el marco de la lucha por la Ley de Cambio de Nombre. En su intervención subrayó que las leyes, por sí solas, no garantizan cambios reales si no se militan, si no se discuten y defienden en el espacio público. Las conquistas legales requieren presencia y voz colectiva. Señaló la necesidad de construir alianzas reales y profundas, pero también reconoció que, en torno a la interseccionalidad, “a veces nos hemos embretado en disputas sectoriales que fragmentan y desgastan”. Reconoció una dificultad para generar sinergias: las urgencias son ineludibles, pero las luchas particulares terminan restando energía si no se logran articular.

Las panelistas coincidieron en que el contexto actual demanda claridad política y valentía para nombrar aquello que muchas veces se evita. “La crueldad es explícita”, señalaron, haciendo referencia, entre otros hechos, al genocidio en Gaza. En este marco, sostuvieron que muchas de las formas políticas que circulan hoy no son nuevas. No se trata de propuestas nuevas, sino de herencias recicladas de los años 90 que vuelven a aparecer bajo distintas formas y nombres.

Feminismo desde el territorio: pobreza, racismo y redes de cuidado

Ada González Alcoba es integrante de la Coordinadora de Mujeres de Asentamientos, colectivo que nuclea hoy a 90 mujeres organizadas desde la militancia territorial y sindical, con fuertes vínculos con la Central Única de Favelas (CUFA). Desde su condición de mujer afrodescendiente, jefa de hogar y habitante de un asentamiento, describió una realidad: “Hay más de 650 asentamientos donde viven más de 200.000 personas en pobreza extrema. Por eso impulsamos una renta básica universal con enfoque interseccional, que no sea asistencialismo ni parche de emergencia, sino una política estructural para garantizar la vida”. Sostuvo la necesidad de una reconfiguración profunda de la inversión pública y la urgencia de cambiar las narrativas dominantes: “La pobreza tiene color de piel. Rompamos el tutelaje sobre la pobreza”.

La deuda histórica con los pueblos indígenas

Noelia, integrante del Consejo de la Nación Charrúa (Conacha), tomó la palabra para señalar una ausencia que atraviesa muchas de estas instancias: “No pude evitar notar que en esta mesa tan linda faltaba una mujer indígena. Hablamos de racismo, pero seguimos siendo invisibilizadas. Eso también es discriminación”.

Recordó que la primera huelga en Montevideo fue protagonizada por afrodescendientes e indígenas. “A los indígenas se les pagaba con tabaco, y a los afro no les pagaban”. También denunció la destrucción actual de cementerios ancestrales a manos del negocio inmobiliario: “A nadie se le ocurriría tocar el Cementerio Central, pero sí los lugares donde están nuestros ancestros”. Cerró su intervención con una pregunta que incomodó, y con razón: “¿Hasta dónde reconocemos el racismo? ¿Sólo cuando viene de afuera, o también cuando está dentro nuestro y no lo queremos ver?”.

Hacia una práctica política que sostenga la vida

El encuentro no sólo visibilizó tensiones y desafíos, también reafirmó una certeza: la transformación social requiere organización colectiva, unidad en la diversidad y valentía para incomodarse entre compañeras. El feminismo popular, sindical y territorial se piensa desde la urgencia, pero también desde la esperanza activa: poner la vida –toda la vida– en el centro y construir desde abajo una nueva forma de habitar la política. Quedó latente un deseo compartido: que estas instancias de reflexión, encuentro y debate no sean excepcionales, sino parte de una práctica política más habitual y sostenida en el tiempo. Espacios para escucharse, reconocerse y tejer alianzas reales.

Como se dijo durante la jornada: “No alcanza con resistir. Tenemos que crear algo distinto. Y hacerlo juntas”.

Tamhara Darriulat es licenciada en Ciencia Política y militó varios años en el movimiento sindical. Las reflexiones aquí expuestas forman parte de una investigación más amplia desarrollada en su monografía de grado sobre feminismo y sindicalismo “De regalar flores a marchar juntas. El movimiento sindical en el nuevo ciclo feminista”.

Por Tamhara Darriulat

Fuente: La Diaria.es