Politizar la economía del cuidado

La ratificación del Convenio 183 de la OIT sobre Protección a la Maternidad en el campo laboral es una demanda importante de las secretarías de la mujer de las centrales sindicales peruanas. La puesta en vigencia de este convenio contribuirá a complementar y mejorar la legislación existente, evitando las situaciones de discriminación que actualmente sufren miles de trabajadoras por encontrarse embarazadas, o por enfrentar la crianza de sus hijos sin el respaldo al que tienen derecho.

“Con la ratificación del Convenio será posible institucionalizar y ampliar los derechos derivados de la maternidad a todas las mujeres trabajadoras que no los disfrutan. En estos momentos las peruanas están sujetas a una situación laboral por demás precaria”, señaló Myriam Lara, representante de la Asociación por el Desarrollo Comunal (ADC), organización que impulsa una campaña por la puesta en vigor de la mencionada norma internacional.

La especialista declaró que una de las principales causas de discriminación laboral que afecta a las mujeres en el Perú es el embarazo. A pesar de normas existentes, como la Ley de Igualdad de Oportunidades, muchas trabajadoras son obligadas a someterse a pruebas para descartar que se encuentren gestando al momento de ser contratadas o son despedidas al hacerse evidente su estado, explicó.

“Muchos empleadores ven aún a la maternidad como un obstáculo para su rentabilidad. Es necesario que comprendan que al respetar los derechos de las mujeres contribuyen a mejorar la productividad, fomentar el trabajo decente, reducir la pobreza e impulsar el desarrollo del país”, argumentó Lara.

En los últimos años se ha incrementado la participación de las peruanas en el mercado laboral, pero esto no ha significado su acceso a un empleo digno, debido a la discriminación de género existente en el país. El subempleo alcanza al 53.8% de la población económicamente activa (PEA) femenina y sólo el 27% del total de mujeres que conforman la PEA ocupada trabajan como asalariadas, mientras el 68% lo hace bajo la forma no asalariada. Asimismo, 9 de cada 10 mujeres de la PEA ocupada femenina no se encuentran afiliadas al sistema privado de pensiones.

“Esas condiciones de desprotección rodean a la mayoría de mujeres que trabajan en nuestro país, por eso se requiere revertir esa situación, ofreciéndoles un marco jurídico que fortalezca el ejercicio de sus derechos”, añadió la especialista.

Entre los beneficios que traerá consigo la ratificación del Convenio OIT 183 se consideran la extensión del período pre y post natal, la ampliación del tiempo dedicado a la lactancia, el goce de la licencia parental –que puede ser tomada indistintamente por el padre o la madre–, contribuyendo a desarrollar prácticas sociales de igualdad de oportunidades en las responsabilidades domésticas. Asimismo, se podrá promover la instalación de cunas y guarderías en el sector público y privado y comprometer a los gobiernos locales y regionales en la facilitación de estos espacios, que promueven la autonomía de la mujer.

Politizar la “economía del cuidado”

La promoción de los derechos maternos de la mujer trabajadora es parte importante de la plataforma de lucha de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Esta central sindical, la más antigua e importante en el país, desde hace más de cinco años lleva a cabo un programa para la institucionalización del enfoque de género en su quehacer reivindicativo.

En esa perspectiva se ha impulsado un proceso de cambios en la organización, que no sólo considera medidas formales, como el uso del lenguaje inclusivo, sino aspectos de fondo como el reparto equitativo del poder entre los géneros en las instancias de representación y decisión, así como la incorporación de temas específicos relacionados con la condición femenina en la negociación colectiva.

Para Gloria Pérez, dirigente de la CGTP, es sumamente importante ratificar el Convenio, ya que permitirá hacer extensivos los derechos derivados de la maternidad a un gran contingente de mujeres que en estos momentos no accede a estos beneficios. “Tal es el caso de las asalariadas del campo, las mujeres de organizaciones sociales que se ocupan de la alimentación popular, las trabajadoras del hogar, e inclusive de las amas de casa”, acotó.

Pérez argumentó que el reconocimiento de las labores domésticas, usualmente desempeñadas por las mujeres como un trabajo productivo, es un elemento que necesariamente debe incorporarse a las plataformas de las organizaciones sindicalistas. “En el tercer milenio no podemos estar de espaldas a la realidad. Todas las mujeres trabajamos, por lo tanto nuestro aporte a la economía no debe permanecer invisible, debemos avanzar hacia su reconocimiento”, enfatizó.

Este enfoque abre nuevas perspectivas al quehacer sindical, puesto que implica politizar y poner en la agenda pública lo que se denomina “la economía del cuidado”. Con ello se generarían las condiciones para que miles de mujeres actualmente excluidas de los beneficios que otorga la ley a las trabajadoras puedan acceder a esos derechos.

En el Perú, decenas de miles de mujeres pertenecientes a organizaciones sociales vinculadas a la alimentación popular trabajan de manera voluntaria en programas como el Vaso de Leche, orientado a dar desayunos a niñas y niños en las zonas de mayor pobreza, o en los comedores populares autogestionarios, donde proporcionan comidas completas a las familias que lo necesitan a precios accesibles. Ellas desempeñan estas labores desde hace más de veinte años, sin recibir beneficios ni reconocimiento por parte del Estado.

Según la dirigente es fundamental que las autoridades y la sociedad en general reconozcan y valoren el rol que juegan las organizaciones de mujeres en la economía nacional, lo que pasa también por el establecimiento de alianzas entre el movimiento sindical y estas agrupaciones.

“El modelo económico vigente es nocivo para los derechos de todas las personas, pero resulta especialmente excluyente para las mujeres. Por eso, nuestra estrategia es contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y articular sus demandas a la lucha general por la justicia social”, concluyó.

Fuente. Clam