septiembre 30, 2013

Del hospital a la cárcel

El caso de Beatriz evidenció que la actual ley de aborto supone un callejón sin salida para las mujeres en El Salvador, un país con altos índices de violencia sexual y embarazos en adolescentes.


Foto: Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto

El nombre, Beatriz, fue lo único inventado. El resto fue todo realidad: un diagnóstico de lupus e insuficiencia renal que ponían en riesgo su vida, una ley en El Salvador que prohíbe y penaliza duramente el aborto bajo cualquier circunstancia, y una elección, sencilla y legítima: vivir. Beatriz no quiso convertirse en símbolo de una lucha acallada durante años, ser estandarte de los movimientos feministas ni ejemplo para muchas mujeres. Tampoco buscó sentar precedente, generar debate o evidenciar que la actual ley del aborto supone un callejón sin salida para las mujeres de uno de los países con mayor índice de violencia machista del mundo. Pero lo hizo.

El “caso Beatriz”, tachado de salvaje y lamentable, tambaleó a la derecha conservadora representada en la fundación ‘Sí a la vida’ y ‘Las señoras de la sala de té’ que se dedicaron a acosarla y a buscar un defensor para el feto (que por cierto no tenía cerebro y no podría sobrevivir). Por su parte, las organizaciones feministas se movilizaron rápidamente mostrándole su apoyo y trabajando por garantizarle una correcta atención médica pese a que sabían que la lucha no iba a ser fácil.

Actualmente hay alrededor de 34 mujeres encarceladas por aborto. La mayoría de ellas ni tan siquiera decidieron abortar: “Llegan al hospital con problemas obstétricos y allí, en cuanto ven un indicio de aborto, llaman a la policía o a la fiscalía”

Su historia daba la vuelta al mundo abriendo portadas y noticieros mientras la opinión pública salvadoreña escuchaba cada día la tan temida y satanizada palabra aborto. Y pese a los muchos esfuerzos en contra, Beatriz consiguió vivir. Y con ella revivieron muchas mujeres violentadas e invisibilizadas que por un momento se sintieron reflejo de ella. Un aire fresco y renovado se coló en el pequeño país centroamericano y éste olía a esperanza, a cambio.

El aborto en El Salvador

El término aborto ha sido mencionado en El Salvador más veces en el último año que durante la última década. Da la impresión que antes de la historia de Beatriz se susurraba, se decía entre dientes, con la mirada no tan fija y con los ojos no tan llenos de fuerza. Pero aún sigue siendo un tema tabú.

La actual ley, modificada por la Asamblea Legislativa en un intento por “modernizar” (según el Ministerio de Justicia) la legislación y acelerar los trámites judiciales, entró en vigor en 1998 y prohíbe de manera rotunda el aborto en este país. No siempre fue así: la anterior, recogida en el código penal de 1974, dejaba margen para tres excepciones: cuando la salud y el riesgo de la vida de las mujeres estuviera en peligro, por malformación fetal congénita incompatible con la vida y por violación.

Esta “modernización” afecta a muchas mujeres, según datos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador en una investigación que están llevando a cabo y que pronto verá la luz: en los últimos 10 años más de 129 mujeres han sido condenadas injustamente con penas entre 20 y 35 años, las penas más grandes que existen, pues la condena por aborto supone 8 años de cárcel pero generalmente son condenadas por homicidio agravado, lo que aumenta su estancia en prisión.

Actualmente hay alrededor de 34 mujeres encarceladas por aborto. La mayoría de ellas ni tan siquiera decidieron abortar: “Llegan al hospital con problemas obstétricos esperando encontrar a personal médico que les ayude y allí, en cuanto ven un indicio de aborto, aunque haya sido natural o espontáneo, llaman a la policía o a la fiscalía; son juzgadas y procesadas inmediatamente”, relata Morena Herrera, presidenta de la Junta Directiva de la Agrupación.

Una espiral de violencia

El Salvador es uno de los países del mundo con mayor tasa de violencia contra la mujer. Lo dicen las Naciones Unidas, entre otras; en 2012 tuvieron lugar 330 feminicidios según datos oficiales de laOrganización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa). Y aunque es una cifra escalofriante que nos da una idea de la situación, lo cierto es que los datos tienen trampa: “La medición se basa únicamente en las cifras más evidentes que hacen públicas las instituciones, que son los asesinatos a manos de las parejas”, matiza Vilma Vaquerano, Coordinadora del Observatorio de Violencia.

La falta de libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo es como un iceberg en una sociedad altamente machista y patriarcal donde el control sobre la mujer, su autonomía, pensamientos, emociones o formas de vida es natural, y además, legal. Si miramos debajo de la alfombra, vemos que los embarazos en adolescentes han aumentado hasta un 33% y que un 56,2% de ellos no son deseados.

Los embarazos en adolescentes han aumentado hasta un 33%. El Ministerio de Salud no lo atribuye a la violencia sexual, sino a una falta de información por parte de las niñas

Desde el Ministerio de Salud se atribuye a una falta de recursos y de información de las niñas salvadoreñas. Lectura cuestionable si miramos las estadísticas del Instituto de Medicina Legal de El Salvador del 2012: 3436 casos de violencia sexual. 1891 de ellos violaciones y 877 agresiones sexuales de las cuales 357 fueron a niñas menores de edad (el restante está catalogado según el código penal como “otras agresiones”). Según el mismo Instituto, 2865 niñas de entre 0 a 19 años sufrieron algún tipo de abuso en el mismo año.

“Cuando salí embarazada, la comunidad me trataba diferente, las vecinas me llevaban comida y fruta, me trataron como una humana. Antes yo era la loca de la colonia, la que salía en la noche y andaba con falda”, narra una de las adolescentes que participó en los grupos focales de Ormusa. Muchos de los casos que se llegan a conocer de violencia sexual son a partir del embarazo: “puede ser que la violara desde los 8 años porque en el 70% de los casos son los papás, los tíos… y el entorno cercano, pero a los 12 se embaraza y ahí se dan cuenta. El ciclo es perverso, a la niña se le impone la sexualización de manera violenta, se le obliga a la maternidad y después se le prohíbe poder abortar. Es una triada horrible porque además la sociedad te dice que lo mejor que te puede pasar es ser madre”, protesta Silvia Barrios, Coordinadora del Programa de Violencia de Ormusa.
Foto: Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto

Desde las instituciones se insiste en que este es un “problema” de las mujeres y niñas más vulnerables; las que cuentan con menos recursos y pocos años de escolaridad. Las organizaciones feministas y de derechos humanos explican que “éste es solo un perfil estereotipado, porque hay muchas mujeres de la clase alta que sufren violencia de algún tipo, pero no lo denuncian o abortan en otros países”. Un estudio realizado por Ormusa demostró que incluso en la Asamblea Legislativa existe una brecha importante en el salario y las tareas entre hombres y mujeres. “No se puede vincular la violencia a la pobreza, el riesgo para la mujer no es a partir de su condición socioeconómica, sino del simple hecho de ser mujer”, determina Barrios.

La doble moral

Pareciera que todo funciona al revés en este país: el personal médico no llama a las autoridades cuando una menor embarazada llega al control prenatal, pero sí sienten la obligación de hacerlo cuando acuden mujeres con complicaciones por aborto o exigen una descripción exacta a como aparece en el código penal para determinar una violación (solo válida cuando ha habido penetración). Cuando se presentan denuncias por agresiones sexuales, en ocasiones, la policía responde con preguntas del tipo: ¿y qué andabas haciendo?, ¿de dónde venías? o ¿o cómo ibas vestida? En algunos juicios por violación se alude al historial sexual de la mujer víctima de violencia.

Los expedientes de algunas mujeres procesadas por aborto están cargados de valoraciones subjetivas y de juicios morales, las autopsias en algunos casos ni existen como prueba, pero igualmente son condenadas

El Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia se rasga las vestiduras porque el aborto de Beatriz supone matar una vida, pero en cambio no ven los 80.000 casos de niñas y niños que viven en situación de pobreza. Las mujeres cumplen penas de hasta 35 años, pero la condena más grande que se ha impuesto en el país a un hombre por no querer pagar la cuota alimenticia ni hacerse cargo de sus hijos e hijas ha sido dar clases de fútbol.

Y hay más: los expedientes de algunas mujeres procesadas por aborto están cargados de valoraciones subjetivas y de juicios morales, las autopsias en algunos casos ni existen como prueba, pero igualmente son condenadas.

El sistema judicial, en sus sentencias, minimiza la violencia con penas risibles, entre otras cosas, porque el perfil de mujer que sirve de sustento para la ley es la madre hacendosa y decente que anda bien cubierta y vestida, que cuida de sus hijos… No entran las lesbianas, ni las trabajadoras sexuales ni las jóvenes. El código penal ha sido modificado, pero los delitos sexuales se siguen viendo como una mancha al honor y la honra en un lugar de como un delito. Violencia es un ojo morado, fracturas, heridas o un cadáver de una mujer rociado con gasolina, pero no el acceso a la tierra o a la salud, la brecha salarial, la no remuneración, el control de las parejas sobre ellas… ”Hasta el zoológico nacional tiene más presupuesto que el Instituto de la Mujer”, sentencia Silvia Barrios, de Ormusa.

Por un cambio

Pese a la aprobación de la nueva Ley Especial Integral para una vida Libre de Violencia para las mujeres, impulsada por el Gobierno de izquierdas liderado por Funes (FMLN), todavía parecen escasos los esfuerzos, porque lo que urge es cambiar el sentir, pensar y actuar de la mayoría de las personas salvadoreñas con respecto a las mujeres. Barrios considera que “los avances que se han dado no han trastocado el tornillo estratégico del patriarcado y las leyes no son suficientes en este clima cavernícola. El Estado ha caminado en la atención a la asistencia pero no en el cambio de estructura de pensamiento. La currícula educativa es la misma que hace 20 años y los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos o la diversidad sexual están en el mismo punto que antes de los Acuerdos de Paz”.
Foto: Itziar Pequeño

¿Pero cómo avanzar hacia un nuevo escenario que propicie la participación de las mujeres? Para Ormusa la clave es romper con la impunidad, algo altamente simbólico e indispensable porque “en un país donde la historia te ha enseñado que nadie ha pagado por nada, el mensaje que llega es: se puede hacer”.

Para la Agrupación lo imprescindible es iniciar de manera urgente e inmediata un proceso para crear una nueva legislación sobre aborto que al menos incluya las dos primeras causales: cuando la salud y el riesgo de la vida de las mujeres estuviera en peligro, por malformación fetal congénita incompatible con la vida. De esta manera, “se conseguiría salvar a muchas mujeres garantizando el acceso a la salud y también a la salud post aborto, evitar la maternidad impuesta y parar la criminalización de las mujeres hasta que se consiga la despenalización completa en todas las formas de aborto y las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos”.

La Agrupación por la Despenalización del Aborto se creó en 2009. Se dedica a defender a las mujeres acusadas de aborto, intentar sacarlas de la cárcel por la vía de la revisión de sentencias, y darles apoyo así como acompañamiento. Paralelamente apoya a un grupo de mujeres liberadas de la cárcel, y lucha por un cambio en el código penal con respecto a la ley del aborto. La Agrupación ha 

La Agrupación realizó junto con Al Jazeera el siguiente documental en inglés (pronto tendrá subtítulos) sobre las consecuencias de la ley del aborto.

Por Itziar Pequeño./ San Salvador
Fuente:Pikara Magazine