Empezamos mal
Cuando la última hora del año transcurría entre la algarabía y las felicitaciones y deseos por el nuevo año en el país, una mujer en Carabayllo era asesinada por su ex pareja al negarse a volver con él como se lo requería y delante de su hija de 11 años. Justo al amanecer del primero de enero, otra mujer joven era asesinada por su ex pareja en el interior de una casa de reposo en Pueblo Libre. Así,EstefaniHuaranga Cruz, de tan sólo 29 años, se convirtió en la última de las más de 100 mujeres asesinadas en el Perú en el 2013.
Por otra parte, Natalie Marylin Cayo Macha, de 23 años,fue la primera del año que se inicia y, como la mayoría de las víctimas de feminicidio, en manos de quien dice amarla. Que fue por celos, dice la prensa, la cual es la justificación más común de los asesinos de mujeres; que la mató porque no toleraba verla con otro,con quien podría tener o creyera que tenía otra relación, dice la mayoría. El feminicidio, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, no tiene que ver con amor, sino con el control de las mujeres, que son consideradas como objetos de propiedad de los hombres, que en la mayoría de los casos son sus parejas o exparejas. Pese a que existe actualmente la figura del feminicidio en la legislación nacional y las penas que deben aplicarse son muy duras, lo cierto es que estos o sus tentativas van en aumento.
De acuerdo a las estadísticas del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del ministerio de la Mujer, la mayoría de los casos de feminicidio o de intentos de asesinato de mujeres quedan en la impunidad, o sus autores están libres. Según datos recientemente publicados en la prensa de un informe de dicho ministerio, el “58% de los criminales (148) están prófugos, 14 están en libertad por otras razones y sólo 93 están en la cárcel. Ninguno ha sido sentenciado” [1] . Varias son las razones para esta situación, pero hay una sobre la que quiero llamar la atención y que es señalada por Ana María Mendieta, directora del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Es la referida a la complicidad que podrían tener los operadores de justicia:“Muchos de los operadores de justicia son agresores y se identifican con estos sujetos”, dice [2] . Aunque el hecho de que los operadores de justicia sean agresores es un factor de probabilidad para que no se aplique la justicia o se flexibilice la comprensión de estos delitos, es muy posible también que, si no son ellos mismos agresores, sigan reproduciendo el orden de género vigente, según el cual la mujer es considerada posesión masculina, subordinada, por lo que cualquier transgresión a esa concepción por parte de una mujer es un justificativo de castigo, siendo por tanto la muerte una posibilidad comprensible.
No hay que olvidar que hasta hace unos años, en los códigos penales de varios países de nuestra América, el asesinato de la esposa en caso de encontrarla con otro hombre era un atenuante e incluso justificaba el hecho, eximiendo incluso de pena al marido asesino. En la actualidad, la posibilidad de ampararse en la llamada “emoción violenta” en los casos de feminicidios sigue expresando las dificultades de aplicar justicia para las mujeres y manteniendo implícitamente la idea de que los celos o cualquier otra consideración no racional pueden justificar una acción de ese calibre.
Como bien lo señala DEMUS al analizar esta figura, “esto significa que el delito de homicidio por emoción violenta actualmente es parte del Derecho Penal simbólico y como tal, en vez de ser uno de los instrumentos sociales que coadyuven a cambiar la situación de sometimiento y violencia a la que se encuentran sujetas muchas mujeres, encubre esta situación o peor aún la promueve” [3].
El incremento de los casos de feminicidios cada año es la expresión más brutal de lo poco que avanzamos en cuanto al ejercicio de los derechos de las mujeres y a la posibilidad de acceder a justicia especialmente en los casos de violencia. Un reciente informe elaborado por DEMUS da cuenta de los retrocesos que se dieron en el 2013 en relación a los derechos de las mujeres, sobre todo en los relacionados a la autonomía sexual y reproductiva, debido en particular a la presión de grupos conservadores preocupados más por imponer su ideología religiosa que por la vida y el bienestar de las mujeres.
En relación al acceso a justicia,este informe señala que DEMUS lamenta que “la formación en género de magistradas y magistrados aún no sea obligatoria ni se les evalúe desde esta perspectiva en los procesos de acceso, ratificación y ascenso, como garantía de una valoración de pruebas y ponderación de penas, libre de estereotipos y prejuicios machistas” [4] .
Hay que señalar que los prejuicios, los estereotipos y las subvaloraciones de las mujeres no son exclusivas de los operadores de justicia estatales, sino que las mantienen también quienes operan la justicia comunitaria, como el caso de las Rondas Campesinas. Si bien éstas cumplen una importante función para que las personas de las comunidades puedan alcanzar justicia de manera oportuna y eficiente, mantienen las mismas dificultades de aplicar justicia para las mujeres que encontramos en el sistema estatal, pues no están fuera del orden de género que nos coloca en condiciones de inferioridad, de obediencia al hombre, en donde cualquier transgresión del orden establecido y de los roles y comportamientos esperados para los géneros constituye un motivo de castigo.
Así tenemos, por ejemplo, que se pueden dar casos en los que mujeres que hayan sufrido violencia de género sean revictimizadas, como lo expresa una víctima en Lajas en un estudio sobre violencia de género realizado en esa zona. “Yo quería irme a la Ronda, pero me dijeron que si me iba ahí, nos iban a dar maja a los dos” [5] , dice, dando cuenta de que no le era posible acceder a protección.
Cabe mencionar que, pese a que en el caso de la justicia comunitaria o de quienes tienen la potestad de aplicar el derecho consuetudinario, se comprende que un punto fundamental es la no violación de los derechos humanos, muchas veces el límite puede ser muy difuso. Ése es un punto en que tanto los operadores estatales como los comunitarios deben seguir trabajando para lograr una verdadera justicia intercultural y de género. Si bien en las Rondas Campesinas en las diferentes regiones del país se han dado pasos importantes, aún hay mucho camino por transitar en relación al acceso a justicia para las mujeres y a la comprensión de los derechos humanos de manera integral.
En ese sentido, cabe mencionar lo sucedido hace unos días en Cajamarca con la actuación de las Rondas Urbanas, quienes abusando de su posición y reconocimiento arremetieron en un night club en donde había trabajadoras sexuales y las golpearon a ellas y a los trabajadores y hombres presentes, en nombre de combatir los males que supuestamente la prostitución conlleva. “Que se vaya a su tierra”, se oye decir a alguno, mientras otro somete a las jóvenes a un interrogatorio cuasi policial blandiendo su látigo [6].
Esta acción constituye una clara violación a los derechos humanos y no únicamente un exceso, como declaró a la prensa el general de la PNP Jorge Gutiérrez: “Esta coordinación es para evitar esos excesos que lamentablemente se siguen sucediendo porque ellos tienen una forma de actuar que proviene de tantos años atrás. Ellos necesitan mucha orientación sobre administración de justicia para evitar esos excesos y en eso vamos a incidir bastante” [7].
Mientras se siga considerando que las mujeres no tenemos derecho sobre nuestra vidas y decisiones, que actos deviolencia contra las mujeres son excesos o producto de emociones violentas que los justifican, las mujeres seguiremos siendo asesinadas, agredidas en la casa y en la calle, culpabilizándonos de las violencias que nos acechan. Esperamos que este terrible inicio de año sea una alarma para que se tomen medidas serias en todos los espacios para que todos y todas nos comprometamos a cambiar las cosas.
Por Rosa Montalvo Reinoso
Notas:
1. “Más del 50% de los autores de feminicidio está prófugo o libre”, El Comercio, 5 de enero del 2014. http://elcomercio.pe/actualidad/1682614/noticia-mas-50-autores-feminicidio-esta-profugo-libre
2. Ernesto Guerrero L. “Jueces liberaron a 148 sujetos implicados en feminicidios”, La República, 6 de enero del 2014. http://www.larepublica.pe/06-01-2014/jueces-liberan-a-148-sujetos-implicados-en-feminicidios
3. “La base ideológica de la existencia de la emoción violenta como atenuante”, en Gaceta Demus: Violencia contra la mujer. http://www.demus.org.pe/Menus/noticias/gacetajuridica.pdf
4. “2013: Déficit en el reconocimiento, respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres y con riesgo constante deretrocesos”, Noticia de portada, DEMUS, 2 de enero del 2014. http://www.demus.org.pe/nota_roja.php
5. Rosa Montalvo y Lorena Prieto. Entre silencios, palabras que matan y rutas truncadas: Violencia hacia la mujer en el ámbito familiar en dos distritos rurales de la provincia de Chota – Cajamarca, PROJUR, 2008.
6. “Ronderos ingresan a night club de Cajamarca y castigan a prostitutas”, RPP Noticias, 6 de enero del 2014. http://www.rpp.com.pe/2014-01-06-ronderos-ingresan-a-night-club-de-cajamarca-y-castigan-a-prostitutas-noticia_659676.html
7. Jorge Paucar, “Para PNP de Cajamarca, acciones de Rondas Urbanas en prostíbulos son solo excesos”, Lamula.pe, 6 de enero del 2014. http://lamula.pe/2014/01/06/policia-de-cajamarca-las-rondas-urbanas-son-nuestras-aliadas/jorgepaucar/
