Mujeres, narcotráfico y cárcel en América Latina: De contenedores de drogas a contenido de prisión
En la mayoría de los países de América Latina los delitos de drogas son la primera o segunda causa de encarcelamiento de mujeres. En cambio, con algunas excepciones, son la tercera causa de encarcelamiento de los hombres.
In the majority of Latin American countries, drug-related crimes are either the first or second cause of female imprisonment. On the other hand, with a few exceptions, these crimes are only the third cause of male imprisonment.
Doctora en Estudios Latinoamericanos, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y es coordinadora del seminario de investigación “Mujeres privadas de la libertad” de la UNAM, México.Tiene experiencia como docente e investigadora en temas relacionados con género, sistema penitenciario, crimen organizado transnacional, criminalidad femenina y políticas de drogas.
Entre sus publicaciones se destacan: “Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina”, www.idpc.net. y Género, drogas y prisión. Experiencias de mujeres privadas de su libertad en México. Ciudad de México: Tirant Lo Blanch México.
Desde finales de los noventa se ha registrado un aumento notable en el número de mujeres privadas de la libertad. En América Latina, se ha duplicado en los últimos cinco años, pasando de 40,000 en 2006 a 74,000 en 2010.[1]Si bien las mujeres representan una minoría – en promedio 5% de la población penitenciaria total – en términos de delitos de drogas están sobrerepresentadas.
¿Qué significa esto? Por un lado, que las mujeres cometen cada vez más delitos asociados con drogas. Por el otro, que las políticas penales de la región están enfocadas en la persecución de estos delitos. La combinación de ambos fenómeno conlleva el aumento de la población penitenciaria femenil. ¿Pero qué delitos de drogas cometen las mujeres y por qué?
De acuerdo al informe del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, por su sigla en inglés) Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina, podemos identificar tres elementos principales que moldean la participación de las mujeres en el tráfico internacional de drogas:
- La feminización de la pobreza y el aumento de hogares monoparentales a jefatura femenina;
- La persistencia de relaciones de género asimétricas en detrimento de las mujeres;
- La explotación, por parte del crimen organizado, de la vulnerabilidad de las mujeres y su posición de desventaja social.
Las mujeres ocupan los eslabones más bajos de la cadena delictiva y se desempeñan en las tareas más expuestas al contacto con el sistema penal: transporte nacional e internacional, venta al menudeo, cultivo, resguardo de la mercancía en puntos de venta al menudeo, entre otras.
Su involucramiento a las actividades delictivas se deriva en muchas ocasiones del vínculo familiar o sentimental con hombres que las invitan a transportar drogas. En algunos casos, las mujeres son detenidas con maletas llenas de drogas ilícitas que les han sido entregadas, por medio del engaño, por sus supuestas parejas sentimentales.
Si bien sería equivocado ver a las mujeres como víctimas, sí es importante destacar que su participación e involucramiento en estos delitos están mediadas, en la mayoría de los casos, por factores socio-culturales y económicos de desventaja y que éstos no son tomados en cuenta a la hora de juzgarlas.
Las leyes de drogas en la región reproducen de manera exacerbada las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Por lo general las sentencias son elevadas y a las conductas delictivas básicas se añaden un conjunto de agravantes, mas no de atenuantes. Como se señala en el informe arriba mencionado, si bien hay diferencias en las formas de juzgar entre los países, el rasgo común es la desproporcionalidad de las penas por delitos de drogas y la ceguera de género que permea los sistemas penales. Esto se refleja en las leyes penitenciarias, las instalaciones, los regímenes y las disposiciones relativas a los niños y niñas que viven en prisión con sus madres.
¿Cuál es la respuesta ante este fenómeno? Por lo pronto cabe destacar el trabajo de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que, en cooperación con el Gobierno de Uruguay, IDPC y el Washington Office on Latin America (WOLA) han organizado una mesa redonda en la sede de la OEA en Washington y en las Naciones Unidas en Nueva York la primera semana de abril, para hablar de “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento en las Américas”.
Los gobiernos de la región, ¿están listos para asumir el reto? ¿Qué se necesita? En primer lugar, descolonizar el pensamiento tradicional sobre políticas de drogas y encontrar nuevo parámetros para juzgar. Parámetros que partan de las personas reales involucradas en el negocio y sus circunstancias específicas.
¿Cómo lograr el consenso? Una manera sería elaborar un proceso de creación de “Reglas mínimas para juzgar a mujeres y niñas involucradas en delitos de drogas” que, con la ayuda de expertas y expertos en el tema, pueda ofrecer orientación y sensibilizar a las y los hacedores de políticas públicas sobre esta problemática.
Foto: Corina Giacomello
