diciembre 12, 2014

Nuestros cuerpos NO son campos de batalla


Mujeres cruzando la línea contra la militarización y la violencia

En el marco de la campaña internacional de 16 días de activismo, contra la violencia de género que este año se llama “De la Paz en el Hogar a la Paz en el Mundo: Desafiemos el Militarismo y Eliminemos la Violencia contra la Mujer”, en JASS Mesoamérica hemos lanzado una serie de actividades para hacer visible la violencia contra las mujeres en México, Honduras y Guatemala en el marco de las políticas de seguridad vigentes, así como el trabajo de las mujeres y las organizaciones feministas que están enfrentando esta situación y construyendo alternativas para una seguridad basada en la igualdad y la vigencia de los derechos humanos.

Este artículo forma parte de una serie de reflexiones sobre la militarización, la violencia contra las mujeres y las alternativas que mujeres y organizaciones diversas están impulsando en la región mesoamericana. En esta primera entrega se analizan los impactos en la vida y derechos de las mujeres de la política de seguridad centrada en la militarización y se comparten datos y casos emblemáticos de la violencia contra las mujeres en Honduras, Guatemala y México.

Ayúdanos a seguir advirtiendo que la militarización no es la forma de resolver los problemas de la región y exigirles que respeten y protejan a las mujeres mesoamericanas. ¡Nuestros cuerpos no son campos de batalla!

Una fuerza pública que agrede a las mujeres

Los países centroamericanos, en el marco de una tendencia global, han vivido en los últimos años una creciente militarización. Después del conflicto armado, los acuerdos de paz o transición a la democracia (Nicaragua 1990, El Salvador 1992, Guatemala 1996), las reformas constitucionales (El Salvador 1992, Nicaragua 1995, Honduras 1995) y el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica (1995), tuvieron la intención política de fortalecer el carácter civil de la seguridad pública. Pero solo fue un momento fugaz, los acuerdos de paz se enfrentaron con una realidad de desigualdad y debilidad del Estado de derecho que permitió la proliferación de nuevas formas de violencia y el aumento de la delincuencia, crimen organizado y, por la estratégica ubicación geopolítica, de tráfico ilegal de todo: desde drogas hasta personas. 

En toda la región mesoamericana persistieron condiciones de pobreza y marginación social que afectan más a las mujeres pues obstaculizan su acceso a servicios sociales básicos, recursos económicos, acceso a la justicia y participación política. La pobreza y la discriminación en todos los países mesoamericanos están feminizadas.

Con el paso de los años los gobiernos han argumentado que la solución para los problemas de violencia era militarizar a una policía que había probado ser insuficiente. En lugar de enfrentar las causas estructurales de la violencia como la desigualdad, la discriminación o la corrupción de las instituciones, la fuerza pública, militar y policiaca, se armó hasta los dientes, las funciones y límites entre cada uno se desdibujaron y las libertades inherentes a una democracia empezaron a restringirse. Sin embargo, esta estrategia no ha tenido resultados significativos en el combate del crimen organizado y, por el contrario, sí ha generado un aumento de las violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas militares y contribuido a la descomposición del tejido social con altos costos en los cuerpos y en las vidas de las mujeres que ven como sus derechos se van restringiendo mientras aumenta el feminicidio, femicidio y otras graves de violencia en su contra.

La guerra contra el narcotráfico en México, Honduras y Guatemala se ha convertido en una guerra contra las mujeres. En muchas regiones, se ha llevado a una crisis de inseguridad donde nadie está a salvo. Los índices de homicidio en la región registran los más altos del mundo; Ciudad Juárez, Nuevo León, Coahuila y Guerrero en México y San Pedro Sula, Honduras hoy en día son los lugares con más asesinatos per cápita en el mundo y los índices de feminicidio y femicidio han aumentado en toda la región. (Informe De Sobrevivientes a Defensoras, 2012, JASS/NWI).

Las políticas de militarización están montadas sobre paradigmas patriarcales: el orden y el progreso se asocian a valores como la fuerza, la represión y la contención de la sociedad. Estos principios no pueden de ninguna manera ser buenos para las mujeres que son a quienes más se reprime y cuyos cuerpos más se explotan. En esa lógica de explotación y control patriarcal, las mujeres, en el campo de batalla, son botín de guerra.

Las mujeres se convierten en un instrumento o medio para atacar al “enemigo”, de esta manera conquistar o violentar a “la mujer del otro” se convierte en “victoria militar”. Esto se ha traducido en violaciones sexuales, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de las mujeres de la región, especialmente indígenas y migrantes. Las mujeres también han sido utilizadas par servir a los militares o grupos policiacos ya sea con trabajos domésticos adjudicados al género o con “servicios sexuales”, muchas veces realizado de manera forzada.

La policía militarizada también afecta directamente a las mujeres pues este brazo de la fuerza pública, en vez de estar entrenado en resolver conflictos entre civiles, funciona bajo la lógica de la fuerza militar. Y es la policía la que debe lidiar directamente con los casos de feminicidio, con los casos de violencia familiar y muchas otras formas de violencia contra las mujeres que son asumidas sin la más mínima perspectiva de género desde la fuerza policial.

Es la policía y el ejército el que es utilizado para reprimir la protesta social. Lideresas y defensoras de derechos humanos que están al frente de movimientos feministas, movimientos por la defensa de los recursos naturales y los derechos a la tierra y al territorio, denuncia de desaparición forzada, etc. Son continuamente agredidas o amenazadas por estos cuerpos del orden. Cuando se reprime la protesta social y se deja desprotegidos a los defensores de derechos humanos, son las mujeres las primeras afectadas, pues se han convertido en la cara visible y el tras bambalinas de muchos de los movimientos sociales de la región.

Al dañar a las mujeres, se afecta todo el tejido social de las comunidades de la región, y esto va en detrimento de las garantías de derechos humanos de todas y todos. Sin mujeres, no hay democracia.

A continuación algunos ejemplos de cómo ha afectado la política de militarización a las mujeres en Mesoamérica:

Honduras:

Según el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de 2005 a 2013 las muertes violentas de mujeres aumentaron en un 263.4%. En paralelo, Honduras es el país en la región que más aumentó sus gastos en militarización absolutos y porcentuales. El 2014 los fondos para seguridad y defensa representaron un 12.3% del presupuesto nacional. A mayor gasto en seguridad, mayor la inseguridad para las mujeres hondureñas. En los últimos 6 años, las denuncias de mujeres desaparecidas pasaron de 91 en 2008 a 347 en 2014, un incremento del 281%. A esto se suman 155 denuncias por delitos que implican desapariciones, secuestro y tráfico de personas. Además, en el año 2012, Honduras ocupó el segundo lugar en agresiones a defensoras de derechos humanos en la región, documentando 119 casos. El 62% de estas agresiones fueron perpetradas por agentes estatales lo que convierte al Estado hondureño en el principal agresor de las defensoras de derechos humanos en el país.


En Honduras el 27% de las mujeres informan haber sufrido violencia física en algún momento de sus vidas. Entre 2009 y 2012 se presentaron 82,547 denuncias de violencia doméstica en los juzgados de letras y paz del país, un promedio de 20, 637 por año, de las cuales menos de un tercio finalizaron en sentencia; correspondiendo el 92% a denuncia de mujeres agredidas. La falta de seguimiento a los casos denunciados y de medidas de protección efectivas para las mujeres, y de programas preventivos en las comunidades, conllevan a las crecientes tasas de femicidios.

El tercer lugar entre los delitos más denunciados a nivel nacional y el delito sexual contra las mujeres más denunciado (61.6%) es la violencia sexual. Durante el año 2013, se presentaron 2,851 denuncias de violencia sexual, lo que implica que cada 3 horas se interpuso una denuncia en Honduras. Según estimaciones la prevalencia de violencia sexual pasó de ser 4.6 en el 2008 a 8.6 en el 2010. El 94.5% de los casos quedan en la impunidad.


Los crímenes de odio contra las mujeres cada vez son más atroces, Al menos 4,283 mujeres perdieron la vida en forma violenta, entre el año 2002 y octubre de 2014 (CONADEH). Hasta el 15 de octubre se han contabilizado cerca de 441 mujeres muertas de forma violenta (IUDPAS). Se estima un promedio de 36 víctimas por mes, de los cuales la mayoría son jóvenes. Muchos de estos crímenes son en contra de mujeres de la población LGTBI.

Desde el 2005 hasta el 2013, la Muerte Violenta de Mujeres mantiene una tendencia creciente; que pasó de 175 muertes a 636 muertes de mujeres para el 2013. En el 2013 cada 13 horas fue asesinada una mujer. Las particularidades de las muertes violentas de mujeres en Honduras han sido a) Mujeres en zonas urbanas: En el 2012, 3 de cada 5 muertes violentas de mujeres ocurrieron en zonas urbanas, y en el 2013 se identifica una concentración del 40% del total de asesinatos de mujeres en dos ciudades: San Pedro Sula y el Distrito Central. b) Mujeres jóvenes: representando anualmente porcentajes entre el 43 y 48 porciento, y siendo actualmente el rango de edad de 20-24 años el más afectado c) Uso de armas de fuego: se utiliza en más del 70% de las muertes violentas de mujeres. d) en el 40.4% de las muertes violentas de mujeres ocurridas durante el 2012 se desconoce el lugar en el que se cometió el crimen; lo que implica que las mujeres, niñas y adolescentes víctimas fueron sustraídas del lugar donde se encontraban, retenidas en contra de su voluntad, probablemente víctimas de abusos sexuales y torturas, para posteriormente asesinarlas y ser abandonadas en la vía pública. e) Impunidad: el promedio de impunidad en los últimos 6 años es de 93.5%.

Mientras tanto, el presupuesto de la Fiscalía Especial de la Mujer únicamente representa el 2% del total asignado al Ministerio Público mientras que otras fiscalías llegan al 7% del total. En el caso de los Juzgados Especializados contra Violencia Doméstica solamente tienen asignado el 1% del total de presupuesto de la Corte Suprema de Justicia.

Guatemala:

Uno estudio del 2013 realizado por Naciones unidas sobre las drogas y el delito ubica a Guatemala en el quinto lugar en lo que respecta a muertes violentas, (39.9 por cada 100mil habitantes), justo después de Honduras, Venezuela, Belice y El Salvador. Un estudio de la organización Small Arms Survey ubica a Guatemala con la tercera tasa más alta de feminicidios, (9.7 por cada 100 mil habitantes, una cifra solo superada por El Salvador y Jamaica). Del año 2000 hasta la fecha, han muerto violentamente 8,462 mujeres en el país. Del total de muertes ocurridas en el 2014, el 72% fueron perpetradas con arma de fuego, 95% con arma blanca, 8% asfixias por estrangulación, 5% muertes provocadas por un objeto contundente o quemadas, 2% seccionamientos corporales o decapitaciones y 3.5% por establecer.

En Guatemala todavía las mujeres enfrentan los costos del conflicto armado de 30 años que cobró la vida de más de 200 000 personas. El mandato de Ríos Montt fue el más cruento, entre 1982 y 1983 fueron asesinadas 1.771 indígenas del pueblo Ixil. Estos años para las mujeres fueron mucho más infames. Se estima que la violencia sexual en se dio en uno de cada seis casos en las masacres perpetradas por parte del Ejército o de los paramilitares Patrullas de Autodefensa Civil (fuente: Pan y Rosas)


En el juicio contra Ríos Montt desarrollado durante 2013, varias mujeres testificaron el horror que significó para ellas. Una mujer declaró que un grupo de soldados llegó por la noche a su casa. La llevaron al campo, donde la violaron y dejaron abandonada, desnuda. Ella tenía un pequeñito de apenas 30 días, que murió calcinado cuando los militares quemaron su casa. Una historia que se repitió cientos de veces contra de la población campesina en todas las zonas en las que el Ejército sospechaba de la existencia de campamentos guerrilleros. (Fuente: Pan y Rosas,)

Otro caso emblemático es el conocido como Sepur Zarco sobre diversos hechos de esclavitud y violación sexual como arma genocida y femicida durante el conflicto armado interno de Guatemala en contra de mujeres q´qchís y por el cual en septiembre de este año inició un juicio. El destacamento de Sepur Zarco funcionó como centro de recreación y descanso de la tropa. Por esa razón, entre 1982 y 1986, las mujeres víctimas de este caso fueron esclavizadas, luego de desaparecer o ejecutar a sus esposos, que eran líderes campesinos que luchaban por la titulación de su tierra. El ejército destruyó sus bienes, fueron desplazadas y las hicieron esclavas domésticas y sexuales, una pesadilla que duró varios años. (Fuente: Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas)


México:

Según el informe Rompiendo el silencio: La obligación de erradicar la tortura sexual a mujeres en México, presentado en noviembre de 2014 por el Centro Prodh, la CMDPDH, Tlachinollan y JASS (Asociadas por lo justo), la tortura se ha convertido en una práctica recurrente. En 2013 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió más de mil quejas por tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, sin embargo a la fecha no hay ninguna sentencia condenatoria, ni datos desagregados por género que permitan dimensionar el impacto de esta práctica en las mujeres.

El informe elaborado muestra que gran parte de los casos de tortura a mujeres se dan cuando se encuentran privadas de libertad, con acciones que van desde la vigilancia inadecuada cuando las mujeres se bañan o desvisten, cateos inapropiados, acoso sexual verbal y por supuesto, violencia sexual.

A través de los testimonios de mujeres sobrevivientes ha sido posible confirmar que el abuso sexual es utilizado por algunos miembros de la fuerza pública como un medio para obtener información autoinculpación o simplemente como una demostración del poder masculino.


Un testimonio que ejemplifica esta situación es el de Claudia Medina Tamariz. En agosto de 2012, miembros de la Secretaría de la Marina en el Estado de Veracruz entraron al domicilio de Claudia y la detuvieron ilegalmente y sin motivo alguno. Claudia fue torturada física y psicológicamente por 26 horas para obligarla a una confesión falsa. También la obligaron a lavarles la ropa con los ojos vendados, un ejemplo de trabajo forzado con sesgo de género.

En el caso de las 11 mujeres denunciantes de Tortura Sexual en San Salvador Atenco (Estado de México), los policías que las torturaban sexualmente señalaban que eso les sucedía por no haberse quedado en la casa. Les decían: “es una puta, qué hacía ahí, que se regrese a hacer tortillas”.

Según el informe, los abusos suelen ir acompañados de expresiones sumamente violentas y amenazantes como decir que la violación sexual “les produce placer” o que con ella van a “ver lo que es un hombre de verdad”.


La situación de violencia sexual, también pone en evidencia cómo se desencadenan otra serie de violaciones de derechos humanos contra las mujeres, por el sólo hecho ser mujeres. En el caso de Valentina Rosendo Cantú, quien fue sujeta a tortura sexual en el 2002 por soldados del ejército mexicano, a pesar de que denunció los hechos al día siguiente, le fue negada la atención médica y transcurrió casi un mes para que recibiera atención ginecológica, lo que es también una de las tantas formas en las que se obstaculiza el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de estas agresiones.

En México resulta muy difícil conocer estos abusos de manera cuantitativa pues las procuradurías de justicia de las distintas entidades federativas del país a veces no desagregan las denuncias por género o simplemente no registran ninguna. A través de solicitudes de acceso al a información realizadas por el Centro Prodh, se sabe que entre 2010 y mediados de 2014 se registraron 22 denuncias en Baja California, 49 en Chiapas, 23 en el Distrito Federal, 10 en Guanajuato, 15 en Puebla, 8 en Querétaro, 6 en Quintana Roo, 10 en Tlaxcala y entre 1 y 5 denuncias en Aguascalientes, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. Sin embargo, en la mayoría de estas entidades federativas, no existe ni una sola sentencia condenatoria por tortura y es claro que estos datos corresponden a un flagrante subregistro. 

En el último informe del Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en Inglés), presentado en agosto de 2012, se hace mención a una prevalencia de la violencia sexual hacia las mujeres en regiones donde el Ejército o los funcionarios encargados llevan a cabo operaciones contra la delincuencia organizada. En este sentido, el proceso de militarización de la seguridad pública en México ha fomentado los casos de violencia sexual en materia de tortura por parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en México (y todos los países de la región) es común que la violencia sexual se entienda como un hecho distinto a la tortura y muchas veces ni siquiera llegan a ser reconocidos o documentados.


A manera de conclusión:

El impacto y la gravedad de la violencia contra las mujeres en la región mesoamericana muestran claramente que la política de seguridad impuesta, no solo no está respondiendo a las necesidad de protección y seguridad de la población, sino que está agudizando la violencia y las violaciones a los derechos humanos.

Frente ello, las mujeres no se han quedado pasivas, por el contrario, cada vez son más mujeres las que alzan la voz en contra de la violencia, las que trabajan en la reconstrucción del tejido social y las que exigen poner fin a la discriminación subyacente a las políticas de seguridad. Las mujeres están jugando un rol sumamente importante en la construcción de una paz verdadera que favorezca la igualdad, aunque no siempre son suficientemente reconocidas y valoradas.

El trabajo de las mujeres y sus organizaciones y su invaluable contribución a una paz verdadera será el objetivo de nuestro próximo artículo.