julio 23, 2015

¿El vaso medio lleno o medio vacío? ¿La ONU y los Estados Miembros usarán su poder para promover una agenda de desarrollo transformadora?


Los gobiernos de todo el mundo reunidos en la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York durante la última ronda de negociaciones del documento final de la agenda para el desarrollo post 2015 (del 20 al 31 de julio de 2015) tienen en su manos el poder de establecer las prioridades del desarrollo mundial y de guiar al sistema de la ONU en su conjunto para los próximos 15 años. Las feministas y activistas por los derechos de las mujeres que intentan incidir en este proceso están en condiciones de dar la batalla final por la renovación de los esfuerzos mundiales en pos de un marco de desarrollo fundado en los derechos humanos, así como en la justicia económica, ambiental y de género. No obstante, esta dista mucho de ser una tarea sencilla.

Tras trece rondas de negociaciones intensas, los Estados Miembros de las Naciones Unidas lograron proponer un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y determinar las metas específicas para cada uno. El periodo para acordar la nueva agenda de desarrollo post 2015 concluye en septiembre de 2015 cuando la agenda sea adoptada durante el 70º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Desde 2012, diversas activistas por los derechos de las mujeres y feministas han aportado reflexiones analíticas, conocimiento experto e insumos basados en evidencias que instan a una agenda transformadora e inclusiva fundada en los derechos humanos para todas las personas y para la protección y el respeto del planeta. Han contribuido de muchas formas[1] para garantizar que los ODS comprendan las cuestiones de género.

Las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones y activistas feministas y por los derechos de las mujeres deben continuar como vigías fundamentales de este proceso. Tienen un papel crucial que desempeñar en el examen de la implementación de la agenda desde lo nacional a lo mundial; en la manera en la que afecta a la financiación mundial para el desarrollo; en el rol de la ONU y los Estados en la promoción del desarrollo sostenible; y en los esfuerzos para enfrentar el cambio climático y la destrucción ambiental.

El financiamiento y la rendición de cuentas siguen siendo grandes desafíos

Existe una sensación general de desilusión con respecto al marco de financiación que permitirá implementar la agenda post-2015, en especial luego del resultado de la reciente Tercera Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo (FfD3) que acaba de concluir en Addis Ababa.

Para la mayoría de las activistas por los derechos de las mujeres y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el proceso post 2015, la Conferencia FfD3 constituyó una oportunidad para abordar las injusticias estructurales del sistema económico y financiero mundial. Sin embargo, el documento final de la Conferencia FfD3, denominado Agenda de Acción de Addis Ababa (AAAA) está prácticamente desprovista de resultados prácticos. Una declaración de la sociedad civil del 16 de julio señaló con claridad que el resultado de la Conferencia FfD3 “no está a la altura de los múltiples desafíos actuales del mundo y tampoco contiene el liderazgo, la ambición ni las acciones prácticas que se necesitan”. Las activistas por los derechos de las mujeres presentes en Addis Ababa compartieron preocupaciones similares.

Entre las cuestiones que los Estados Miembros no abordaron en la Conferencia FfD3 de Addis Ababa se encuentran los problemas mundiales sistémicos de las políticas macroeconómicas, financieras, comerciales, fiscales y monetarias para lograr resultados favorables para los derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres y la igualdad de género en todo el mundo. La validez de dichos problemas persiste para las próximas dos semanas de negociaciones sobre la agenda posterior a 2015.

Una distribución de la riqueza que desafíe el poder del 1% más rico de la población mundial sigue siendo un tema sin explorar pese a su importancia para el enfrentamiento de las múltiples dimensiones que subyacen a la pobreza, la desigualdad entre y dentro de los países, así como la justicia social, incluida la justicia de género.

Si bien en la AAAA existe un reconocimiento mundial de que unas finanzas públicas sólidas respaldadas por la movilización de recursos internos es una fuente importante de financiación para el desarrollo, sobre todo para los países en desarrollo, los países desarrollados —cuyas multinacionales son unas de las principales evasoras fiscales — se opusieron a la creación de un órgano fiscal intergubernamental de la ONU que contaba con el respaldo del G77[2] conformado por países en desarrollo. Un órgano de este tipo podría enfocarse en los flujos financieros ilícitos que le arrebatan a los países en desarrollo recursos vitales. Podría a la vez supervisar las políticas fiscales que afectan a la capacidad de los gobiernos nacionales para prestar servicios de educación, atención médica y protección social.

Además de la falta de abordaje del sistema fiscal internacional, otra de las grandes preocupaciones es la rendición de cuentas por la financiación del sector privado. Los recursos de ese sector ya sea en forma de inversión extranjera directa o de asociación público-privada se siguen promoviendo como la fórmula milagrosa de la financiación mundial para el desarrollo. Esto ocurre sin que haya mecanismos de rendición de cuentas vinculantes que garanticen que las actividades se lleven a cabo se atengan a principios y normas de derechos humanos, incluyendo las protecciones ambientales y sociales.

El resultado de la Conferencia FfD3 tendrá una importante repercusión en las políticas y debates de las negociaciones post 2015. Si bien los países en desarrollo han recibido con beneplácito los avances en las cuestiones sobre infraestructura, sostenibilidad de la deuda, tecnología y generación de capacidades, es mucho lo que resta por hacer. Por ejemplo, los países desarrollados todavía se resisten a asumir sus responsabilidades históricas según lo estipulado por el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas[3] que se desprenden del proceso para el desarrollo sostenible de Río 92, predecesor directo del actual proceso de los ODS. Esta cuestión se apresta a generar debate en las próximos días de negociación, ya que guarda directa relación con la financiación y la implementación de la agenda para el desarrollo sostenible posterior a 2015.

Otro desafío por delante tiene que ver con los mecanismos de seguimiento y revisión tanto de los compromisos acordados en la Conferencia FfD3 como de los ODS con cronogramas bien definidos. En este sentido, es necesario encontrar sinergias y a la vez observar los mandatos correspondientes y mecanismos de seguimiento independientes para cada proceso como forma de reforzar (y no de reducir) los compromisos en ambos procesos. Sin dudas que para la movilización de recursos será necesario contar con una alianza mundial sólida.

Viejas y nuevas preocupaciones sobre igualdad de género y derechos de las mujeres

Las organizaciones por los derechos de las mujeres y las activistas feministas han expresado una serie de preocupaciones sobre el documento final de la agenda post 2015. Por ejemplo, la Coalición de Mujeres Post-2015 emitió una respuesta al borrador cero el 16 de junio. Entre tanto, el Grupo Mayor de Mujeres (Women’s Major Group, en inglés) emitió un conjunto de 10 banderas rojas el 22 de junio, donde pone de relieve las áreas que deben ser reforzadas en las próximas negociaciones.

En alusión específica a la cuestión de la financiación para los derechos de las mujeres y la igualdad de género, ONU Mujeres instó a la Conferencia FfD3 de Addis Ababa a una financiación transformadora para poner fin a la desigualdad de género de aquí a 2030. Esta entidad de la ONU promete trabajar con los Estados Miembros para implementar un Plan de Acción sobre Financiamiento Transformador para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, de modo de garantizar que los compromisos con la igualdad de género que se incluyeron en el texto consensuado de la AAAA se conviertan en acciones concretas.

Mensajes clave de AWID para las próximas semanas:

  • Es necesario aumentar el nivel de ambición y a la vez recordar las metas que los países han enunciado en la agenda. Las múltiples dimensiones de la pobreza deben ser abordadas desde una perspectiva de derechos humanos como uno de los tantos desafíos que deben enfrentarse con urgencia para alcanzar un desarrollo sostenible. La alusión a los derechos humanos debe ser más firme, con recomendaciones concretas sobre los principios fundamentales de no discriminación, igualdad, no regresión y recursos máximos disponibles.
  • El documento final debe reconocer y abordar los desequilibrios de poder y las barreras estructurales de acuerdo con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, reafirmando una alianza mundial fundada en los principios de equidad, derechos humanos, solidaridad internacional, responsabilidades mutuas y diferenciadas; mecanismos de rendición de cuentas mutuas más sólidos; distribución de la riqueza, y donde la igualdad de género, los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres ocupen un lugar central.
  • Se debe reconocer la lucha contra la desigualdad de género como una meta y cuestión vital y transversal, así como eliminar la discriminación de cualquier tipo y garantizar un equilibrio de riqueza, recursos y poder, incluso en la distribución del trabajo no remunerado de cuidados. La igualdad de género es un derecho humano fundamental, un valor central de la justicia social, no solo un medio para alcanzar el crecimiento económico o la prosperidad. La implementación debe basarse y continuar los compromisos vigentes con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, como los contenidos en la Plataforma de Acción de Beijing y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
  • El objetivo de la agenda es el desarrollo económico, lo cual no debe confundirse con el crecimiento económico. Este último no siempre conduce al desarrollo y, de hecho, puede obstaculizarlo, en especial cuando resulta en mayores desigualdades entre los países y al interior de ellos.
  • Los sistemas fiscales equitativos y progresivos en el ámbito nacional son fundamentales para la movilización del máximo de los recursos disponibles para promover los derechos humanos, incluido el acceso a servicios públicos adecuados, especialmente aquellos referidos a atención médica, educación, agua, saneamiento y energía.
  • Todos los actores del desarrollo, y el sector privado en particular, deben hacerse responsables de sus acciones, con mecanismos de rendición de cuentas claros y vinculantes demostrando el cumplimiento de los principios y normas de derechos humanos, incluida la protección ambiental y social. Los cronogramas de informes y evaluación deben consensuarse con anterioridad y con la plena participación de las comunidades afectadas, incluidas las mujeres y niñas, las comunidades aborígenes y las personas que padecen discriminaciones estructurales. El marco post 2015 todavía tiene la oportunidad de reconocer el importante proceso en marcha en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para desarrollar un instrumento jurídicamente vinculante sobre corporaciones transnacionales por su potencial para enfrentar estos problemas cruciales.
  • Los compromisos y obligaciones internacionales sobre financiación pública que asumen los gobiernos deben ser cumplidos, incluso aquellos referidos a la ayuda oficial para el desarrollo (AOD). La proporción de AOD que se destina a igualdad de género, empoderamiento de las mujeres y derechos humanos de las mujeres en general debe ampliarse, garantizando un incremento anual conforme a un porcentaje acordado. A la vez, debería aumentarse la AOD destinada a programas independientes para la igualdad de género y asignar una porción suficiente a las organizaciones de mujeres de manera directa.
  • La participación de la sociedad civil en todas las etapas del diseño, implementación y examen de los ODS es un tema clave a la luz del desgastado rol de los Estados y la ausencia de un entorno propicio que garantice una participación sustancial, incluida la de las defensoras de los derechos de las mujeres y sus organizaciones. En particular, faltan referencias a la situación de las defensoras de los derechos humanos, pese a la resolución 68/181 de la ONU que subraya que la protección de las defensoras es esencial para la paz, la seguridad, el desarrollo y el respeto de todos nuestros derechos humanos.
Fuente: Awid

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[1] Véanse por ejemplo, las contribuciones de Women’s Major Group y de Post-2015 Women’s Coalition
[2] El Grupo de los 77 es la mayor organización intergubernamental de países en desarrollo en las Naciones Unidas. Ofrece los medios para que los países del Sur expresen y promuevan sus intereses económicos colectivos y aumenten su capacidad de negociación conjunta. Puedes consultar más información aquí: http://www.g77.org/doc/
[3] Dicho principio sostiene que los países desarrollados, que tienen la mayor responsabilidad por las causas de las crisis ambientales, deben encabezar la solución de los problemas, incluso con recursos financieros.