noviembre 06, 2015

Los Derechos sexuales y reproductivos en República Dominicana

AWID conversó con Sergia Galván, Directora Ejecutiva de la “Colectiva Mujer y Salud” de República Dominicana, sobre la realidad que enfrentan las mujeres respecto a sus derechos sexuales y salud reproductiva. 


Un contexto conservador: Entre el orden de la Fe y la desidia política

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República Dominicana cuenta con un Código Penal de 1884 con prohibición absoluta del aborto. Recién el año pasado mediante un veto presidencial se logra despenalizar el aborto por causales: cuando corre peligro la vida de la madre, en casos de violación e incesto y cuando hay malformación. Si bien esta reforma no entra en vigencia hasta 18 de diciembre de 2015, ya hay tres recursos de inconstitucionalidad, uno de ellos interpuesto por una organización ligada a la Iglesia Católica que se llama Matrimonio feliz, una institución de la derecha conservadora. 

En el pasado mes de junio, la Cámara de Diputados devolvió a la comisión de Salud el Proyecto de Ley de Salud Sexual y Salud Reproductiva[1], que se introdujo en ese cámara hace cuatro años atrás. Los diputados señalaron que el proyecto deberá ser debatido también con los sectores que tienen objeciones. El Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica (Codue), el Grupo de Acción Cristiana y también la Pastoral de la Familia, de la Iglesia Católica consideran al proyecto proaborto y sostuvieron que de aprobarse podría “convertir al Estado en el promotor del inicio temprano de las relaciones sexuales por parte de la niñez y el erotismo en el currículo de la enseñanza”, según informó el periódico “Listín Diario”.[2]

Sin duda alguna, los gobiernos ultraconservadores instalados en el poder en República Dominicana (RD) en los últimos 15 años y que son cercanos a la jerarquía católica, no facilitan para nada el avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres dominicanas. 

Sergia Galván señala que este retroceso en el tratamiento del proyecto, refuerza “la ya mucha fragilidad que existe en el país en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos (DDSSyRR) justamente porque carecemos de un marco legal que los contenga y que los explicite”. Galván explica que el frente fundamentalista está conformado “por ese triángulo de la élite política de la ultraderecha, la jerarquía eclesial católica, y la jerarquía eclesial evangélica, y ese triángulo siempre se impone sobre las fuerzas políticas con las que se alía. Por otro lado, no tenemos una clase política, ya sean de izquierda, de centro o de derecha, con una postura digamos progresista y a favor de los derechos, salvo raras excepciones”.

Consecuencias de la falta de marco legal

Son diversos los problemas que las mujeres dominicanas enfrentan como resultado de esta falta de legislación y de otras políticas que les aseguren un acceso más favorable y directo a los servicios relacionados con la salud reproductiva.

“En Rep. Dominicana mueren cada año alrededor de dos cientas mujeres por mortalidad materna”, informa Galván, y apunta que según datos del Ministerio de Salud Pública el 80 % de esas muertes serían evitables. Señala además “que un 20% de esas muertes están asociadas al aborto en condiciones de riesgo”.

Otro problema es la falta de provisión de métodos anticonceptivos, ya sea por desabastecimiento de los productos o bien porque en la Red de Farmacias del Pueblo, donde los métodos se venderían a precios accesibles, no son vendidos porque su directora se niega a venderlos basada en su fe. Por su lado, la seguridad social tiene los métodos anticonceptivos en su paquete básico pero las aseguradoras tampoco lo proveen.

El panorama que nos relata Galván es bien desolador, a lo que hay que sumar la falta de educación sexual en las escuelas. Ella señala que “en las escuelas del país apenas el 7% de las y los estudiantes reciben educación sexual. La jerarquía eclesial católica limita el que se pueda dar la educación sexual en las escuelas. Ahora estamos en un proceso de revisión de la currícula y estamos trabajando para ver si logramos incluir la educación sexual, pero estamos teniendo mucha resistencia por parte de la jerarquía eclesial y de los sectores más conservadores que interfieren de manera permanente con estas políticas educacionales”.

Galván explica que en 1954, durante la dictadura del General Trujillo, la República Dominicana y el Vaticano firmaron un Concordato, que es básicamente un arreglo entre ambas partes, en donde se expone que “ se impone una moral católica al país, una moral religiosa en la escuela, y dice que esa enseñanza deber ser impartida y decidida también por la Iglesia católica. Estamos demandando al estado que se derogue el Concordato y así poder anular un poco la injerencia de la Iglesia Católica sobre estos temas”.

Un problema que evidencia claramente lo que sucede por la falta de campañas y sin educación sexual es el crecimiento de los embarazos en adolescentes. “Una quinta parte de nuestras jóvenes, de nuestras adolescentes son madres, y hay segmentos poblacionales donde se dispara hasta un 40%”, expone Galván, “también hemos visto cómo se ha incrementado la violencia durante el embarazo, incluyendo un alto nivel de violencia obstétrica cuya expresión más impactante tiene que ver con el abuso en la práctica de la cesárea”.

Avanzando los derechos de las mujeres en un contexto represivo

Galván explica que “en RD tenemos un movimiento feminista muy pequeño, con mucha dificultades para hacer el trabajo de incidencia. En cierta medida hay un cierto nivel de desmovilización, ya sea por falta de recursos, ya sea por las mediaciones que se tienen con las financiadoras, ya sea por el impacto de la Iglesia católica, por la cooptación política. Es un movimiento que trabaja con muchas dificultades, a veces con mucho temor a asumir vocerías en estos temas, porque tiene consecuencias. Hay mucho hostigamiento”.

Galván explica que a pesar de que el panorama en el país no es de lo más fácil, su organización no deja de intentar incidir a nivel de las políticas públicas, en la elaboración de las leyes, y trabajan de manera permanente en el Congreso, de manera propositiva. “Hemos presentando nuestras propuestas para cuando se han querido modificar el Código Penal, el Código de Familia, también cuando se discutió la posibilidad de reformar la Constitución Nacional”.

La Colectiva Mujer y Salud realiza el monitoreo de la implementación de las leyes que ya existen, tratando de que se garanticen los derechos ahí reconocidos y realiza movilizaciones para denunciar las violaciones a los derechos. Galván explica que han “logrado que el Comité de Derechos Humanos haga recomendaciones específicas sobre el tema de DDSSyRR, orientación sexual, identidad de género, aborto, educación sexual en las escuelas, y pedido de medidas concretas al gobierno dominicano, y de manera permanente estamos monitoreando los compromisos del Estado, frente a CEDAW, frente al Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, e incluso frente a la Convención de los Derechos de los niños”.

La Colectiva se dedica también a fortalecer las capacidades en las actoras locales por medio de procesos de capacitación, de entrenamiento, mediante diplomado, talleres, cursos. “Trabajamos de manera permanente con las mujeres campesinas, sindicalistas, las pobladoras urbanas para crear conciencia de los derechos que son violados, cómo denunciarlos y exigirlos”. Su trabajo incansable de divulgación lo realizan por medio de su página web y también con la publicación de folletería fácil acceso y compresión. “Mi organización que es una organización pequeña, pero nosotras una vez al mes sacamos algo en primera página en los periódicos nacionales para denunciar y concientizar sobre estos temas. Entonces es todo un trabajo permanente de movilización”.

Ante esta realidad un algo muy importante es la construcción de alianzas tanto a nivel nacional e internacional. Para trabajar el tema del aborto, “creamos la Coalición por la vida y los Derechos de las Mujeres, donde intervienen una gran cantidad de mujeres”. También para los temas del aborto y de la ley de Salud Sexual y Reproductiva Galván resalta que las alianzas con el Centro de Derechos Reproductivos, IPAs, Católicas por el Derecho a Decidir, Women's link han sido claves.

Por Gabby De Cicco
Fuente: Awid
[1] La ley perimió y fue reingresada. En este momento se encuentra de nuevo en debate.