febrero 18, 2016

Indigna fallo judicial sobre esterilizaciones forzadas en Perú

El pasado 9 de febrero venció el plazo para que la fiscal Marcelita Gutiérrez formulara una denuncia tras más de nueve meses de investigación sobre los casos de esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas, durante el gobierno del ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000).

Organizaciones civiles alertaron que una ampliación del plazo es “innecesaria y peligrosa”, pues podría perpetuar la impunidad que rodea al caso desde hace más de 14 años.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), y otras agrupaciones rechazaron la ampliación por 150 días para que la fiscal siga indagando los casos por cinco meses más, toda vez que consideraron que hay suficientes indicios para formular una denuncia, por lo que –adelantaron– impugnarán la decisión.

Jessenia Casani, directora de Demus, manifestó que “la ampliación perpetúa la impunidad en estos casos; pensamos que hay medios probatorios necesarios para que la fiscal se pronuncie y establezca la denuncia penal de estos casos como delitos de lesa humanidad. Son de conocimiento público documentos que prueban la existencia de metas y cuotas, así como de falta de garantías y violaciones al consentimiento informado”.

“Existen todos los elementos necesarios para poder pasar a la siguiente fase. La fiscal ha tenido un plazo de nueve meses para investigar, lo cual se considera un plazo más que suficiente y prudente para que puedan tomar una decisión. Hay suficientes indicios para que pueda formular una denuncia contra Fujimori y sus ex ministros de Salud, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer”, afirmó Milton Campos, abogado de las víctimas.

En el expediente fiscal está acreditada la actuación del gobierno en los casos de esterilizaciones forzadas debido a las comunicaciones constantes entre Fujimori y sus viceministros, para conocer de manera periódica los avances del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.

“En el expediente también hay notas escritas del puño y letra de Fujimori haciendo observaciones al Programa, pidiendo que se incrementaran los pagos al personal médico”, precisó Campos.

Otra de las pruebas que aparece en los más de 150 tomos de investigación son las declaraciones del personal de salud afirmando que recibían llamadas telefónicas desde la asesoría del despacho presidencial pidiendo el récord de ligaduras y vasectomías realizadas.

Esto demostraría que la actuación en los centros de salud no dependía exclusivamente del manejo de los jefes de los centros, sino que “había una actuación dinámica desde el propio despacho presidencial”, explicó el abogado.

También figuran las comunicaciones de parte del ex mandatario al Congreso para que modificara la Ley de Población, con el único objeto de conseguir que los métodos quirúrgicos fueran considerados métodos de planificación familiar.

Ana María Vidal, secretaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sostuvo que su organización está profundamente preocupada porque “no se avanza nada en materia de justicia”.

Además, confió en que no se vuelva a utilizar el tema políticamente como sucedió en 2011, pues el actual presidente, Ollanta Humala, usó las esterilizaciones para atacar a su contrincante Keiko Fujimori y, al resultar vencedor, no ha habido grandes avances.

Similar opinión tiene Alfonso Ramos, hermano de Celia Ramos – quien falleció debido a una esterilización–, pues consideró preocupante lo establecido en la resolución: “A mi entender, se estaría configurando un escenario de protección a determinadas candidaturas, porque en cinco meses ya tenemos elegida a la nueva autoridad nacional”.

PARLAMENTO EUROPEO SE PRONUNCIA

Por su parte, parlamentarios europeos mandaron el pasado 4 de febrero una carta al presidente Humala expresando su preocupación por este caso, y pidiéndole con urgencia “hacer todo lo posible dentro de sus competencias, para avanzar lo antes posible hacia la debida judicialización de todos los casos”.

“Todo lo que está sucediendo atenta contra el derecho a la verdad que tienen las víctimas y el derecho a tener una investigación en un plazo razonable. La Fiscalía debe tomar la decisión sobre si va o no a denunciar y a quiénes. Para nosotros existen elementos suficientes porque, en esta etapa, sólo se requieren indicios”, finalizó Milton Campos.

*Este artículo fue retomado de la agencia internacional de noticias Adital.