febrero 16, 2016

Las cineastas andaluzas también existen


Escena de 'Las constituyentes', película de Oliva Acosta

Es evidente que el cine, tal vez mejor que ninguna otra manifestación artística, refleja a la perfección el orden no solo cultural sino también político del que emana. Las historias que nos cuenta la pantalla, como también toda el complejo andamiaje económico y creativo que las sostiene, y que suele ser invisible al espectador medio, traducen las relaciones de poder que alimenta nuestra sociedad. En este sentido, toda obra de arte, todo producto audiovisual por tanto, es político. En consecuencia, las películas son también una privilegiada muestra de cómo las asimetrías de género siguen condicionando nuestra realidad política, económica y cultural. 

El pasado 26 de enero la Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía presentó el anteproyecto de la Ley andaluza de cine en la que, desde el título preliminar, se establece como uno de sus objetivos fomentar la igualdad de género en el sector cinematográfico y audiovisual. El texto, que es ciertamente ambicioso pero también mejorable -esperemos que se perfeccione en su tramitación parlamentaria- , debe mucho a las aportaciones realizadas por la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales. Este colectivo, que ha sido sin duda uno de los grandes protagonistas en la gestación del proyecto de ley, llegó a presentar un total de 30 enmiendas al texto original, de las que finalmente se han adoptado 20. Afortunadamente en el texto aprobado hace unos días las mujeres ya no aparecen junto a las personas discapacitadas, tal y como lo hacían inicialmente, por lo que parece haberse entendido que las mujeres no deben ser tratadas como un colectivo o minoría sino justamente como la mitad de la ciudadanía. Algo que todavía no parecen tener muy claro ciertos poderes públicos.

Gracias al comprometido trabajo de AAMMA, que preside la directora Oliva Acosta, el anteproyecto incluye la igualdad de género como un elemento transversal y no como un simple apartado con el que cubrir las exigencias de lo políticamente correcto. De ahí la atención a un lenguaje inclusivo desde el punto de vista de género o la obligatoriedad de que órganos como el Consejo Asesor de Cinematografía tengan una composición paritaria. De manera radical se deja claro que no podrán ser objeto de las medidas de fomento previstas en la ley aquellas obras que promuevan estereotipos o valores sexistas o que un criterio clave para ayudar a las empresas del sector ha de ser el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres. Igualmente se prevé la elaboración de un plan de formación específico para la difusión de contenidos con perspectiva de género que promueva valores igualitarios. Se echa en falta sin embargo, tal y como han pedido las cineastas andaluzas, un elenco concreto de medidas de acción positiva, de fomento económico y de evaluación de las políticas de este ámbito, de forma que de manera efectiva pueda romperse con la brecha de género que sigue condicionado lo audiovisual como un mundo de hombres. Mientras que dicho capítulo siga sin concretarse, me temo que la igualdad real seguirá estando en manos del voluntarismo.

No hace falta que recordemos exhaustivamente las cifras para constatar como las mujeres siguen estando infrarrepresentadas no solo en las narraciones audiovisuales sino también en la industria que las hace posibles. El informe presentado por el Ministerio de Cultura en diciembre de 2011 Mujeres y Cultura: políticas de igualdad demostraba que en el sector audiovisual existe una enorme brecha de género, con un 85% de sobrerrepresentación masculina. En los últimos años, solo un 7% de las películas españolas han sido dirigidas por mujeres, solo un 15% de ellas han sido escritas por ellas y solo alrededor de un 20% han tenido a una mujer en la producción. El reparto de categorías profesionales también es tremendamente significativo. Según el estudio Mujeres y hombres en el cine español, encargado por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), el reparto sería el siguiente: en dirección el 10% mujeres y el 90% varones; en guión, el 20% mujeres y el 80% hombres; en dirección artística, 30% y 70%; en equipo especialista en maquillaje, peluquería y vestuario: 85% y 15%, respectivamente.

Ante este panorama ciertamente desolador, hay que recordar que las políticas adoptadas hasta el momento, muy especialmente las estrictamente legislativas, han sido más bien tímidas en cuanto al establecimiento de medidas dirigidas a corregir el evidente desequilibrio. Así, la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se limitó a incluir un muy genérico artículo, el 26, dedicado al ámbito de la cultura, del que cabría destacar el llamamiento a la adopción de acciones positivas para fomentar “la creación y producción artística e intelectual de las mujeres”. En la misma línea, la Ley estatal de Cine, de 28 de diciembre de 2007, también opta una regulación muy deficitaria en esta materia. En dos artículos se liquida el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres en el cine y audiovisual: Por un lado, el artículo 19 g) establece que dentro de la funciones del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales estará la de adoptar "medidas de fomento de igualdad de género en el ámbito de la creación cinematográfica y audiovisual". Por otro lado, el artículo 25 señala que a la hora de conceder ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto "se valorará que el proyecto aplique medidas de igualdad de género en las actividades creativas de dirección y guion".

De ahí lo relevante de la propuesta andaluza y la urgencia, puesta de manifiesto por las mujeres de AAMMA, de que el legislador concrete acciones positivas y asuma que la igualdad de género requiere incidir en una realidad que continúa prorrogando discriminaciones, tal y como por otra parte ordena el artículo 9.2 de nuestra Constitución que obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos que impiden la igualdad efectiva también en la "vida cultural". No obstante, y pese a la conquista que supone la existencia de una ley como la que espero que finalmente apruebe el Parlamento andaluz, mucho más importante será el desarrollo de políticas que la concreten, los compromisos presupuestarios que se adopten y, no menos esencial, la participación y el diálogo permanente con las que todavía hoy siguen siendo invisibles en un sector clave para el desarrollo económico y cultural de una comunidad autónoma. Como bien nos ha enseñado el feminismo, es tiempo de una mayor horizontalidad y de diálogos que permitan superar las jerarquías de lo público (masculino) y abracen la sororidad de las que necesitan ser reconocidas y, por tanto, tener las mismas posibilidades que sus colegas varones para contarnos en una pantalla la vida desde su propia mirada. Esa es la gran tarea pendiente que no acabará con la aprobación de la Ley andaluza de Cine y que exigirá asumir que el “nosotras” es también un sujeto político. En la vida y en el cine.

Por Octavio Salazar
Fuente: El País