marzo 04, 2016

El veredicto sobre esclavitud sexual en Guatemala demuestra que los cuerpos de las mujeres no son campos de batalla

© Elena Hermosa/Trocair CC-BY-2.0 
En un proceso judicial que ha funcionado como símbolo de una lucha más amplia para las mujeres latinoamericanas, dos hombres fueron condenados por haber esclavizado a mujeres indígenas en Sepur Zarco.

La palabra muxuk designa a una mujer que ha sido «profanada», una mujer cuyo «mundo social y espiritual fue destruido y quebrado en todas las áreas de su vida». En el idioma q'eqchi' existen cuatro formas de nombrar la violencia sexual pero el término que decidieron utilizar las mujeres de la comunidad de Sepur Zarco para hablar de los crímenes de guerra perpetrados contra ellas fue muxuk.

Ni el español ni el inglés cuentan con palabras para describir con exactitud los horrores que vivieron estas mujeres en 1982, durante el conflicto armado en Guatemala.

Tras décadas de impunidad, dos ex-soldados – el teniente coronel Esteelmer Reyes Girón y el paramilitar Heriberto Valdez Asij – fueron considerados culpables de delitos contra la humanidad. El viernes, el Juzgado de Mayor Riesgo de la Ciudad de Guatemala los condenó a un total de 360 años de cárcel por sus crímenes que incluyen la esclavitud sexual de mujeres.

El juicio sobre los hechos ocurridos en Sepur Zarco fue innovador por tres razones. A diferencia de otros juicios acerca de la violencia sexual durante los conflictos armados como los de Ruanda y la ex Yugoslavia, en este caso el procedimiento estuvo a cargo de un tribunal nacional de principio a fin.

El veredicto sentó un precedente para abordar la esclavitud doméstica y sexual como crímenes de guerra, algo que resulta fundamental para que pueda avanzar la justicia transicional en muchos países latinoamericanos.

Y también procura fijar un estándar de prueba basado en el testimonio de las sobrevivientes, lo que es importante porque en un caso como este, en el que los eventos tuvieron lugar más de 30 años atrás, las evidencias físicas disponibles son muy pocas.

Como en muchos conflictos latinoamericanos, lo que ocurrió en Sepur Zarco fue una batalla por la apropiación del territorio, entendido como 'tierras' y también como 'cuerpos de mujeres'.

El 25 de agosto de 1982, durante el festival de Santa Rosa de Lima, algunos soldados capturaron a los hombres q'eqchi que se habían atrevido a exigir sus derechos sobre las tierras que ocupaban ante el Instituto Nacional de Transformación Agraria.

Una vez capturados los hombres, los soldados regresaron a la comunidad para violar a las mujeres, a quienes obligaron a realizar trabajos forzados en la base militar para luego someterlas a abusos en forma reiterada.

La Asociación de Mujeres Transformando el Mundo, la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas y el colectivo Jalok U, una organización formada por sobrevivientes q’eqchi, han luchado durante años para obtener justicia y finalmente se les está ofreciendo una oportunidad de conseguirla.

En otros países de América Latina también hay procesos legales en los que la violencia sexual contra las mujeres ocupa un lugar destacado en el juzgamiento de crímenes cometidos en el contexto de conflictos internos.

El año pasado, Perú creó una plataforma para registrar a las víctimas de esterilización forzada durante el gobierno de Alberto Fujimori en la década de los años noventa y abrió una investigación penal. La fiscalía ha solicitado un plazo más extenso para formalizar su demanda.

En Colombia, mientras se están desarrollando los diálogos de paz en La Habana, las sobrevivientes de violencia sexual durante el largo conflicto que tuvo lugar en el país se han organizado para exigir justicia. La fiscalía colombiana está investigando al ex guerrillero de las FARC Albeidis Arboleda, conocido como El enfermero, por acusaciones de haber realizado cientos de abortos forzados.

Aunque hacerlo no les ha resultado fácil, los grupos de mujeres en países latinoamericanos han venido trabajando dentro de sus respectivos procesos de paz para garantizar que la población entienda el conflicto y sus consecuencias desde una perspectiva de género. Y ese trabajo está dando resultado.

En el continente americano, las mujeres están acostumbradas a que sus cuerpos sean tomados como una extensión de los campos de batalla. La historia está plagada de ejemplos dolorosos. La esclavitud sexual de las mujeres indígenas no se inventó en Sepur Zarco sino que ha sido utilizada como arma de guerra desde la conquista europea y fue una estrategia fundamental para la opresión colonial. Nuestros países se crearon sobre una enorme brecha de desigualdad y racismo. Esa brecha les permite a los perpetradores negar la dignidad de sus víctimas y eso les «facilita» la comisión de sus delitos contra la humanidad.

Lamentablemente, los crímenes de Sepur Zarco constituyen un claro ejemplo de las inmensas divisiones de clase y étnicas que existen en las sociedades latinoamericanas. Pero el veredicto favorable significa que ahora las autoridades guatemaltecas deben asegurar que se les haga justicia a todas las víctimas de violencia sexual, torturas masivas, asesinatos y desapariciones ocurridas durante la brutal guerra civil que se libró en el país. Esto constituye una esperanza de cambio en una región en la que las mujeres luchan por acceder a la justicia y poner fin a la impunidad. La victoria de las sobrevivientes q'eqchi es un mensaje claro para toda la región y para el mundo: los cuerpos de las mujeres no son campos de batalla.

Por Catalina Ruiz Navarro
Feminista colombiana/caribeña que vive en el Distrito Federal de México. Escribe columnas semanales para El Espectador y El Heraldo, ambos de Colombia, y para Sin Embargo, de México.
Fuente: Awid