abril 28, 2016

Colombia ¡Se reconocen los derechos de las parejas del mismo sexo!

Como Mujeres Católicas saludamos el fallo de la Corte Constitucional que aprueba los matrimonios civiles de parejas del mismo sexo, y seguiremos promoviendo derechos que permitan fortalecer una sociedad plural, diversa, LAICA, respetuosa de las diferencias y comprometida con la democracia.



Desde el 20 de junio de 2013 las parejas del mismo sexo pueden formalizar su unión mediante un vínculo marital ante un notario o juez de la República, según lo decidió la Corte Constitucional en la sentencia C-577 de 2011. Pese a la emisión del fallo, los jueces y notarios de la nación tenían una libertad en su interpretación, por lo cual se les negó de forma discriminada el derecho civil de contraer matrimonio a cientos de parejas del mismo sexo.

Mientras el personal encargado de unir civilmente a parejas del país realizaban tratos discriminatorios contra parejas homosexuales, basándose en sus creencias religiosas mayormente, existía una lucha inagotable por parte de las Organizaciones Sociales de la diversidad sexual, con el fin de exigir un reconocimiento igual a las familias conformadas por parejas del mismo sexo, de la misma manera como se les reconoce a las parejas heterosexuales.

Teniendo en cuenta la situación que se venía presentando desde 2011, la Corte solicitó al Congreso de la Republica que antes del 20 de junio de 2013, legislara y regulara el fallo emitido dos años atrás. Al no presentarse ningún avance en términos de regulación del Fallo C-577, la Corte Constitucional solicitó a jueces y notarios(as) del país a realizar uniones civiles y proteger las familias. Aunque algunos de esos funcionarios realizaron uniones civiles a parejas del mismo sexo, muchos otros realizaron tratos discriminatorios que no las protegían y evidenciaban los enormes vacíos jurídicos que presentaba el fallo; por ejemplo no se llamaba con el mismo nombre a las uniones de parejas del mismo sexo, como a las uniones de parejas heterosexuales.

Este camino ha tenido muchos obstáculos, entre ellos la falta de actividad por parte del Congreso de la Republica, en el que se recibieron 17 proyectos de ley a favor y en contra, pero que no se debatieron de manera suficiente. Adicional a ello, desde la Procuraduría General de la Nación, el funcionario Alejandro Ordóñez [1] estuvo empeñado en irrespetar la laicidad del Estado, e interpuso múltiples obstáculos y persiguió sistemáticamente a parejas que se unieron civilmente, con el fin de anular sus uniones legales, con el argumento tradicionalista de "las familias son conformadas por hombre y mujer”.

Después de innumerables esfuerzos por parte de la sociedad civil y defensores de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual, y sin lugar a dudas, del trabajo de la Corte Constitucional al estudiar varios casos de parejas del mismo sexo que habían recibido tratos discriminatorios, desiguales y homofóbicos por parte de funcionarios del Estado, al fin el 7 de abril del presente año, la Corte Constitucional decidió que las parejas en Colombia pueden contraer matrimonio civil con los mismos derechos y nombres, independientemente de su orientación sexual.

Desde Católicas por el Derecho a Decidir*, saludamos este gran paso, y nos sumamos a la celebración colectiva que desde ayer se está expresando: Gracias Corte Constitucional por hacer valer el Estado Social de Derecho, pluriétnico, multicultural y LAICO. Han cumplido el deber de reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo y de entender que las familias se fundan en el amor, el respeto, y la solidaridad, sin distinguir sobre su orientación sexual. Con este avance la población colombiana poco a poco entenderá que todas las personas somos diversas, y que la orientación sexual no es un impedimento para el reconocimiento y el acceso a los derechos.

Fuente: Adital

[1] Para conocer las acciones del Procurador General Alejandro Ordóñez en contra del matrimonio igualitario, visite el siguiente link http://goo.gl/DjB5n3

*Católicas por el Derecho a Decidir, es un movimiento autónomo de personas católicas, comprometidas con la búsqueda de la justicia social, la defensa del derecho a decidir y la vigencia plena de los derechos humanos, especialmente los sexuales y reproductivos, desde una perspectiva de género y teología progresista para contribuir a la transformación sociocultural, la democracia, y el Estado Laico.