Migración femenina en Mesoamérica: Mujeres haciendo camino

Andrea López.

La migración femenina ha sido una constante en los flujos migratorios de las últimas décadas, pero la ausencia de una perspectiva de género en las investigaciones sobre este fenómeno ha invisibilizado las motivaciones y las experiencias diferenciadas de las mujeres migrantes respecto a los varones. La introducción de la categoría de género como elemento de análisis revela cómo este factor está presente a lo largo del proceso migratorio en todos los niveles y la existencia de mujeres inmigrantes que emprenden de forma autónoma estos procesos, más allá del rol de acompañante.

La mitad de las personas que emigran hacia Estados Unidos son mujeres. En términos relativos, se trata de una cifra prácticamente constante en las últimas décadas pero invisibilizada en un imaginario que asocia la migración a un fenómeno mayoritariamente masculino. El enfoque de género permite evidenciar la modificación de roles y la existencia de perfiles de mujeres migrantes que emprenden de forma autónoma proyectos migratorios, a diferencia del estereotipo de esposa que realiza el trayecto motivada por una reagrupación familiar.

Hablar de la actual feminización de la migración implica abordar la feminización de la pobreza y las condiciones estructurales de violencia de la que miles de personas tratan de huir cada año, especialmente en países como Guatemala, El Salvador y Honduras, donde se unen las altas tasas de criminalidad con la ausencia de oportunidades en el empleo, la educación o la salud. La visibilización de las mujeres como parte activa del fenómeno migratorio permite identificar violencias estructurales que afectan de manera diferenciada en función del género. Aunque hombres y mujeres pueden compartir motivaciones para migrar, como el aspecto económico, la seguridad o desastres naturales, en ellas también se da como factor condicionante la huida de situaciones de violencia, por el hecho de ser mujeres, más aún si se trata de mujeres transexuales. En otras ocasiones, aquellas que deciden emprender un proceso migratorio de forma autónoma han debido asumir el papel proveedor de la familia en solitario, ante la ausencia de un compañero con el que puedan compartir responsabilidades.

La invisibilización de las mujeres como sujetos migrantes ha ocultado también las diferentes estrategias que hombres y mujeres toman para intentar alcanzar su objetivo. En México, la ruta de la migración está asociada al varón que sube de manera ilegal al tren de carga conocido como “La Bestia” para atravesar el país de sur a norte hasta llegar a la frontera con Estados Unidos. Esta no es la opción de las mujeres que a veces viajan acompañadas de menores y que prefieren evitar los riesgos de montar en un tren en marcha. Buscando rutas más seguras, pagan un precio más alto por recorrer el trayecto de manera clandestina en coches o camiones, una opción que ha terminado por convertirse en igual de riesgosa por la multitud de retenes militares que atraviesan las vías del país desde que se pusiera en marcha el Plan Frontera Sur. En cada uno de ellos, las migrantes ilegales corren el riesgo de ser descubiertas y trasladadas a una estación migratoria en la que se deportan al 99 por ciento de las personas retenidas. De regreso al país de origen, comienza la planificación de un nuevo viaje con la esperanza de que sea el último. Es entonces cuando inicia la migración circular y, con cada intento, frustrado o no, la posibilidad de ver violados sus derechos humanos.

La necesidad de reconocer el impacto que tiene el género en el fenómeno de la migración motivó la fundación del Instituto para las Mujeres en la Inmigración (IMUMI), la primera organización que de manera específica aplica el enfoque de género en la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes y, de manera concreta, los de las mujeres que tienen México como país de origen, destino o tránsito. Frida Espinosa es coordinadora de área de apoyo a familias transnacionales y desde hace años evidencia el incremento de la población migrante procedente de Centroamérica que trata de huir de las situaciones de violencia. Aunque la clandestinidad del fenómeno dificulta el registro de datos, los testimonios de las personas asistidas revelan el hecho de que el desplazamiento ante situaciones de violencia se ha equiparado al factor económico. En casos como estos, no existe la posibilidad de que uno de sus miembros inicie el proceso y que el resto lo acompañe cuando se logre una estabilidad, sino que deben abandonar sus hogares sin ningún tipo de planificación.

Plan Frontera Sur, un muro de contención

Desde que a mediados de 2014 se implementara el Plan Frontera Sur, México ha superado en número de deportaciones a Estados Unidos, país que durante el mandato del presidente Obama expulsó a tres millones doscientas mil personas, la mayor parte de ellas, población mexicana y centroamericana. Bajo la excusa del control del narcotráfico y del crimen organizado, los retenes militares han reforzado su presencia en las carreteras del país, especialmente, en las rutas habituales de tránsito de migrantes. En el intento por esquivar los controles del ejército, las personas que tratan de alcanzar la frontera norte se desvían hacia caminos más peligrosos, con poco movimiento y sin los servicios que proporcionan asistencia, como los albergues de organizaciones humanitarias. Desde que entró en vigencia el Plan Frontera Sur se ha evidenciado un aumento de la violación de los derechos humanos de la población migrante, que ahora es más vulnerable a la delincuencia organizada, extorsiones, asaltos y la corrupción de las fuerzas estatales.

La Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos es el movimiento que agrupa a madres y padres de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y México en busca de pistas sobre sus familiares o de un reencuentro con aquellos que no lograron llegar a Estados Unidos. En su decimosegunda edición, finalizada a comienzos de diciembre, la caravana se desvió de su itinerario habitual en busca de pistas sobre las personas desaparecidas. En lugares como Juchitán, en la costa de Oaxaca, comienzan a llegar los cadáveres de migrantes ahogados que intentaron evitar los controles migratorios desviando su recorrido hacia el mar.

Las nuevas políticas migratorias están teniendo un especial impacto en las mujeres, que tienen más posibilidades de enfrentarse a situaciones de extorsión y violencia. El hecho de que el coste económico de la migración femenina sea más elevado, puede obligarlas a detenerse en los territorios de tránsito en busca de un empleo hasta conseguir el dinero extra para continuar el viaje. La hostelería, el trabajo doméstico y la explotación sexual son algunas de las opciones que encuentran en el camino pero que, a su vez, llevan aparejadas nuevas situaciones de riesgo por la vulnerabilidad asociada a la condición de ilegalidad.

México, país de origen, tránsito y destino

Para las organizaciones que ofrecen asistencia a las personas que realizan estas rutas, el Plan Frontera Sur ha trasladado a México la responsabilidad de Estados Unidos en materia de migratoria y ha terminado por provocar una crisis humanitaria ante la falta de capacidad de respuesta a la llegada de población centroamericana. Gran parte de las personas que entran en territorio mexicano desde la frontera sur son inmigrantes económicos, pero también llegan niños y niñas no acompañados que, de acuerdo a la legislación mexicana, no pueden ser retenidos en estaciones migratorias, y cientos personas que podrían acogerse a visas humanitarias. La ausencia de información e incapacidad de las instituciones son algunos de los principales problemas para que personas en condición de desplazamiento desconozcan los derechos que les amparan en México. Según datos del IMUMI, el 60 por ciento de las personas que llegan al país podría aplicar a una visa humanitaria o de asilo, en cambio, el 99 por ciento de ellas termina siendo deportada.

Las deportaciones desde Estados Unidos y la falta de empleo para la población migrante han provocado el regreso de millones de personas hacia México, en tanto que la expulsión de una persona a menudo genera el traslado de la familia completa para evitar la separación de sus miembros. Las denominadas “familias transnacionales”, en las que se dan distintas nacionalidades y estatus migratorios, enfrentan el problema burocrático a su regreso a México, donde ahora son los hijos e hijas nacidos en Estados Unidos los que deben iniciar el proceso regulatorio.

Aunque la amenaza de las deportaciones es una realidad desde hace años, las familias migrantes en Estados Unidos viven con la incertidumbre de no saber qué ocurrirá cuando el presidente electo, Donald Trump, realice su toma de posesión. La generación de jóvenes conocidos como “dreamers” se beneficiaron de una acción diferida concedida por el presidente Obama para trabajar y estudiar, que puede ser revocada por Trump de manera automática. En total, son 750.000 jóvenes profesionales que, junto a sus familias, viven con la incertidumbre de saber qué ocurrirá con su estatus migrante en las próximas semanas. Según explica Frida Espinosa, desde Estados Unidos llegan demasiadas noticias sobre ataques racistas a comunidades latinas y muchas familias indocumentadas ya se plantean el retorno por miedo a lo que pueda ocurrir.

La mayor población de “dreamers” está compuesta por migrantes de nacionalidad mexicana menores de treinta años que entraron en el país de manera irregular cuando tenían menos de dieciséis años. Se trata de jóvenes profesionales biculturales que viven con la amenaza de ser deportados a un país que casi no conocen. Ante esta posibilidad, desde las organizaciones de atención a migrantes se pide al gobierno de Peña Nieto que presione para que Estados Unidos respete los derechos de la ciudadanía inmigrante, a la vez que lanzan un mensaje esperanzador a las familias indocumentadas: en México, también hay vida.

Por Mari Cruz Tornay Márquez, forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate.

Fuente: Revista de los Pueblos