mayo 28, 2018

28 de mayo: Día Internacional de Acción por la Salud de las mujeres. A pasos lentos se mueven legislaciones en países con restricciones al aborto


CIMACFoto: César Martínez López

En América Latina, el aborto sigue considerándose como un delito, por lo que las legislaciones de los países son restrictivas y las mujeres que tienen abortos ya sea espontáneos o inducidos, son perseguidas y criminalizadas.

De acuerdo con datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en el periodo de 2010 a 2014, ocurrieron anualmente alrededor de 6 millones de abortos inducidos en América Latina y el Caribe. En 2015, al menos 10 por ciento (900) del total de muertes maternas en esta región se debieron a abortos inseguros, Las complicaciones más comunes fueron: la pérdida excesiva de sangre, infecciones, retraso en el tratamiento, uso de intervenciones inapropiadas, acceso inadecuado y “actitudes prejuiciosas” por parte del personal médico, a las cuales se enfrentan, mayormente, las mujeres que viven en condiciones de pobreza y áreas rurales.

A propósito del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, Cimacnoticias entrevistó a integrantes y abogadas de organizaciones feministas y defensoras de los Derechos Humanos de Chile, Argentina y El Salvador, en donde a cuentagotas, se ha dado un avance para modificar las legislaciones que restringen el derecho de las mujeres a realizarse un aborto.

Cabe recordar que esta fecha se conmemora desde 1987 cuando la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), apoyada por la Red Mundial por los Derechos Sexuales Reproductivos propusieron el 28 de mayo como una fecha para llevar a cabo acciones a favor de la salud integral de las mujeres en todo el mundo.

En 1988 se conmemoró el primer 28 de Mayo con el lanzamiento de la Campaña para la Prevención de la morbilidad y mortalidad materna, coordinada por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, (RMMDR), y la Red de Salud.

En 1996, la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos inició un proceso de evaluación de esta Campaña para ampliar su enfoque temático a la luz de nuevas problemáticas que afectan negativamente la salud de las mujeres. Las organizaciones latinoamericanas y caribeñas se reunieron en Cuenca, Ecuador, y decidieron desde entonces impulsar en la región la Campaña por el Ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos, bajo la coordinación de la RSMLAC.

Desde esa fecha hasta ahora, la RSMLAC ha coordinado cada 28 de mayo llamados a la acción, priorizando temas como la calidad de la atención, los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, la ciudadanía en salud, el grave impacto del aborto inseguro, la agenda de la Conferencia de El Cairo y los derechos sexuales y reproductivos, e incluso retomó la temática de la mortalidad materna como una demanda de justicia social, considerando que no se ha avanzado sustancialmente en erradicarla.

En el tema del aborto, si bien las organizaciones civiles y el movimiento feminista han trabajado para eliminar las restricciones del aborto, seis países siguen manteniendo una prohibición absoluta, incluso en casos donde la vida de las mujeres está en riesgo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente, los países de América Latina y el Caribe que prohíben el aborto en cualquier caso son: El Salvador, Nicaragua, Honduras, Surinam, Haití y República Dominicana.

“UN PRIMER PISO”: CHILE

Después de 30 años de lucha, el movimiento feminista obtuvo un avance en el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, con la entrada en vigor, en septiembre de 2017, de la Ley 21.030, propuesta en 2015 por la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, la cual permite a las chilenas abortar por 3 causales: cuando la vida de la mujer esté en riesgo; cuando hay inviabilidad del feto; o cuando el embarazo es producto de una violación.

Durante los 3 años que fue debatida esta Ley, el movimiento feminista junto con el apoyo de la ahora expresidenta buscaron impulsar las recomendaciones internacionales de organizaciones defensoras de DH para que las chilenas pudieran contar con el acceso al aborto al menos en 3 causales, y con ello, eliminar la estigmatización de éste como “un delito”.

Con ello Chile dio un primer paso para que las mujeres accedan a este derecho prohibido por cualquier circunstancia desde 1989, cuando se modificó el Código Penal para prohibir el aborto en cualquier circunstancia.

Para la abogada de “Corporaciones Humanas” (organización con más de 12 años de trabajo en la lucha por los DH de las mujeres), Camila Maturana Kesten, esto es una “solución parcial”, pues las mujeres aún se enfrentan a numerosas barreras para acceder a la adecuada implementación de la Ley 21.030, explicó en entrevista con Cimacnoticias.

Una de estas barreras, detalló, son los plazos “insuficientes” establecidos para la causal de violación, que no contemplan factores externos como el miedo, razón por la que muchas víctimas de violencia sexual no acuden a instancias médicas; también se refirió a los prejuicios y estereotipos que prevalecen en el personal de salud y que se continúe responsabilizando a las mujeres de esta violencia, “se les cuestiona su relato y se piensa que de algún modo ellas han generado esta situación”, comentó Camila Maturana Kesten. 

Después de aprobada esta ley, se publicó un Protocolo sobre Objeción de conciencia, mismo que fue modificado por el nuevo ministro de Salud, Emilio Santelices Cuevas, quien a 10 días de haber entrado en funciones (en marzo de este año) modificó el Protocolo para ampliar las posibilidades de las instancias médicas públicas y privadas, con o sin convenio con el Estado chileno, para poder acogerse bajo la objeción de conciencia de manera personal o institucional y disminuyó los requisitos y la falta de formalidad en el procedimiento de solicitar este mecanismo.

En consecuencia, comentó Maturana Kesten, un tercio de los ginecólogos en Chile recurrieron a la objeción de conciencia y numerosos establecimientos médicos quedaron sin profesionales no objetores en zonas donde sólo existe una institución médica. Tal es el caso de las ciudades chilenas Osorno y Huasco (según datos del Minsal), donde la totalidad de médicos obstetras declaró que no realizará el procedimiento de aborto por la causal de violación.

Lo anterior, aclaró la abogada, es resultado de la criminalización con la que aún se relaciona la práctica del aborto impulsada por los grupos conservadores que han mantenido una gran influencia en la toma de decisiones del gobierno chileno con respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Con lo anterior, las chilenas volvieron a quedar en una situación de vulnerabilidad ante las instituciones médicas al no tener ninguna alternativa para acceder a la interrupción de su embarazo, a pesar de encontrarse dentro de las 3 causales no punibles, comentó la defensora quien agregó que el gobierno chileno anunció hace dos semanas que publicará un Reglamento, no un Protocolo sobre la objeción de conciencia con el fin de garantizar que éste no viole los derechos de salud de las mujeres, pero no han obtenido ninguna respuesta y están a la espera de la decisión de la Cámara de Diputados del país, para dar inicio a una “acusación constitucional”: juicio político, contra el ministro de salud, Emilio Santelice por incumplir con la Ley, al dictaminar un Protocolo ilegal.

Hoy, las mujeres chilenas, expresó Maturana Kesten, permanecen en una situación de incertidumbre al no tener seguro qué pasará con el personal médico ya adjudicado a la objeción de conciencia y el cómo se aplicará la ley, no obstante, resaltó que mientras esté en vigor la Ley 21. 030 los establecimientos médicos, en particular los públicos no pueden ampararse en este mecanismo hasta que se publique el nuevo Reglamento.

El movimiento feminista, añadió, no sólo deja “un primer piso” a las chilenas sobre el aborto, sino ha impulsado el empoderamiento de generaciones más jóvenes que hoy, luchan por evidenciar los casos de violencia sexual y discriminación en las universidades y colegios.

La también integrante de la “Mesa Acción por la Despenalización del Aborto”, organización compuesta por casi 200 organizaciones enfocadas en generar argumentos para el debate de la despenalización del aborto, enfatizó que el objetivo del movimiento feminista es avanzar hacia la plena despenalización del aborto, bajo el lema: “Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir”.

“UN MOMENTO HISTÓRICO”: ARGENTINA

Argentina, cuenta actualmente con el Protocolo de Atención Integral para las personas con derecho a una interrupción Legal del Embarazo (ILE) y una ley que sólo permite interrumpir un embarazo en caso de violación o peligro de la vida de la madre, sin embargo, la aplicación de éstos es de manera limitada en diversas provincias del país o no son acatados en los todos los hospitales, lo cual sigue dificultando el acceso de las mujeres a un aborto seguro.

Por séptima ocasión, la Campaña Nacional por el Derecho del Aborto Legal, Seguro y Gratuito, conformada por más de 600 organizaciones nacionales e internacionales, presentó, en marzo de este año, el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), ante la Cámara de Diputados.

La iniciativa cuenta con 13 artículos que buscan despenalizar el aborto sin importar las condiciones bajo las cuales se produzca el embarazo hasta las 14 semanas de gestación y se realice en circunstancias “adecuadas”.

El Proyecto de Ley es resultado del movimiento feminista, que ha luchado por concientizar a la mujeres argentinas de la necesidad de combatir las “trabas médicas y judiciales que niegan o demoran en numerosas ocasiones la posibilidad de llevar a cabo un aborto seguro”, comentó en entrevista con Cimacnoticias, la integrante y activista de la “Campaña”, Victoria Tesoriero.

En consecuencia, explicó, el Proyecto de Ley logró reabrir el debate sobre el aborto a principios de abril de este año en la Cámara de Diputados, donde, hasta el momento, se han realizado alrededor de 700 exposiciones a favor y en contra, las cuales finalizarán el 31 de mayo, y se prevé que pase a votaciones en las 4 comisiones: Legislación General; Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Acción Social y Salud Pública.

Durante estas sesiones de los diputados, expresó la defensora, las argentinas han convocado en redes sociales con los hashtag #tuitazo y #pañuelazo a tomas simbólicas fuera del recinto para informar a más mujeres sobre la necesidad del Proyecto. “En la ciudad de Buenos Aires, un 70 por ciento de la población está a favor de la despenalización absoluta del aborto, mientras que en el resto del país contamos con 60 por ciento”, enfatizó.

De obtener un dictamen favorable, agregó la Ley será debatida en el recinto de los diputados el 13 de junio y se retomará el debate en agosto en la Cámara de Senadores como último paso para legalizar el Proyecto, “ya no permitiremos un paso atrás”, dijo Victoria Tesoriero. 

Esta lucha, aclaró se ha instalado bajo el lema “Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, junto con el símbolo de un pañuelo verde que representa la vida y a las Madres de Plaza de Mayo, quienes usaban un pañuelo blanco en sus jornadas de búsqueda de las personas desaparecidas, secuestradas, torturadas y asesinadas durante el gobierno de Jorge Rafael Videla en Argentina.

Por su parte, la diputada y firmante de la “Campaña”, Brenda Austin comentó en entrevista que el país a atraviesa por un “momento histórico”, en el cual buscan exigir al Congreso argentino legalice y modifique la ley para que ésta sea “sumamente clara” y se aplique de manera uniforme en todo el país.

De no aprobarse el Proyecto, aclaró, harán mayor presión en la despenalización y la legalización del aborto para que éste deje de considerarse como “un delito” en el Código Penal, no se “amenace” a las mujeres con la cárcel, y se garantice su práctica en el sistema de salud pública. Actualmente, el Código argentino penaliza con 1 a 6 años de prisión a las mujeres que realicen un aborto, e inhabilitación de actividades y doble de condena al personal que lo realice. 

PROHIBICIÓN TOTAL: EL SALVADOR

Después de que el Estado salvadoreño reformó su Código Penal, en 1997, estableció la penalización absoluta del aborto, incluso en los casos en que la vida de las mujeres o del feto esté en riesgo, o si el embarazo es producto de una violación. Esta práctica es considerada como “un delito” que condena a las salvadoreñas con penas de 6 a 12 años de prisión.

En marzo de este año la “Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico”, junto con más de 30 organizaciones salvadoreñas e internacionales, exigieron a la Asamblea Legislativa de El Salvador reabrir el debate sobre la despenalización del aborto para garantizar servicios de salud pública y condiciones seguras a las mujeres.

No obstante, pese a las dos iniciativas presentadas en 2016 y 2017 para despenalizar el aborto propuestas por la diputada del partido de izquierda Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y por el diputado del partido Arena, Johnny Wright, las cuales buscan reformar el Artículo 133 del Código Penal para permitir la interrupción del embarazo por 4 causales: cuando esté en riesgo la vida o salud de la mujer; por inviabilidad de la vida del feto; producto de una violación; y en caso de menores de edad por violación y estupro, y a los llamados internacionales, la discusión no pasó en esta legislatura.

En entrevista con Cimacnoticias, la presidenta de la “Agrupación Ciudadana”, Morena Herrera, lamentó que las y los legisladores se dedicaran a inhibir la discusión del tema y que no sean concientes de la situación de vulnerabilidad, en la cual dejan a las mujeres salvadoreñas al no tener alternativas seguras para la interrupción de un embarazo, lo que hará prevalecer al suicidio como la principal causa de muerte materna en adolescentes.

La “equivocada aplicación de la ley”, dijo, obligará al personal médico a seguir considerando a las mujeres como criminales. “Si a las mujeres no se les permite defender su vida, difícilmente se les van a reconocer otros derechos”, añadió la feminista, Morena Herrera.

En este contexto la defensora resaltó que decenas de mujeres han pasado más de una década en prisión por interrupciones del embarazo que en muchos casos han sido involuntarios. Tal es el caso de las “17 y más” de El Salvador, nombre con el que se conoce a las 24 mujeres salvadoreñas condenadas por sufrir abortos “extrahospitalarios”, las cuales en su mayoría provienen de zonas pobres.

Morena Herrera recalcó que a pesar de que la nueva legislatura de la Asamblea está compuesta por perfiles conservadores, el movimiento feminista seguirá realizando campañas que contrarresten los argumentos de los grupos fundamentalistas quienes han protestado de manera constante y para que se garantice la libertad de las mujeres encarceladas injustamente por aborto, se dé seguridad jurídica a los médicos y se elimine la violación a los DH de las mujeres.

Actualmente, el diputado de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Norman Quijano, asumió la presidencia de la Asamblea Legislativa, el pasado 1 de mayo hasta el 32 de octubre 2019, junto con el diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), Serafin Orantes como vicepresidente.

Por Aline Espinosa Gutierrez
Fuente: Cimacnoticias