Mujeres y niñas desaparecidas en Perú
Solo en el mes de mayo, 606 niñas y mujeres desaparecieron en Perú, de las cuales 398 son niñas y adolescentes, según datos de su Defensoría del Pueblo. El último informe Qué pasó con ellas publicado en el mes de mayo por esta misma institución, señala que estos datos reafirman la relación entre el género y la edad de las víctimas como factores de vulnerabilidad, y nos recuerda que la desaparición de mujeres por particulares es una forma de violencia que podría relacionarse con otras, como la violencia física, sexual o psicológica; con delitos como inducción a la fuga de la menor de edad, secuestro, trata con fines de explotación sexual; o, incluso, con un feminicidio. De hecho, en el mes de enero fueron detenidas 10 personas y rescatadas más de 40 menores, de 12 a 17 años, que eran ofrecidas a través de un catálogo vía WhatsApp, según ha precisado la Policía Nacional. El informe añade que a partir de 2020, el Estado fue acogiendo las recomendaciones que buscan fortalecer y mejorar el sistema de búsqueda de personas desaparecidas. Pese a los avances normativos conseguidos, urge una efectiva y rápida articulación entre los sectores involucrados, que permita la adopción de medidas concretas para resolver esta grave problemática. Asimismo, la Defensoría del Pueblo enfatiza en la necesidad de que, frente a una desaparición, el Estado debe cumplir con su deber de debida diligencia reforzada a través de una intervención oportuna y acciones de búsqueda e investigación con enfoques de género, derechos humanos, niñez y adolescencia, cuando corresponda.
El Ministerio del Interior de Perú en alianza con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y la Organización Internacional para las Migraciones, elaboró el estudio Diagnóstico sobre el fenómeno de la desaparición de personas en el Perú con la finalidad de conocer el perfil de las víctimas, los factores que condicionan que determinadas personas puedan estar en una situación de mayor vulnerabilidad, los lugares de mayor incidencia, así como el perfil de quienes podrían estar involucrados como agresores. También se evaluó el registro de las denuncias y el procedimiento de investigación y búsqueda. Este estudio muestra la similitud de algunas características de las víctimas del delito de trata de personas y explotación con las personas reportadas como desaparecidas, en particular, la edad de las personas (adolescentes mujeres), su condición de vulnerabilidad (en situación de riesgo o desprotección familiar) así como la forma de captación (redes, espacios públicos y concurridos), y la forma de relacionarse con los presuntos involucrados. En cuanto a la capacitación, que también es un aspecto sumamente importante para el logro de resultados, el 87% de personal policial encuestado reconoce que necesita mayor capacitación especializada en esta temática en general y el 67% señaló que no ha recibido capacitación en enfoque de género. Entre las recomendaciones del estudio, se contemplan acciones de prevención, así como otras relacionadas con el registro, investigación y búsqueda, o la difusión de los casos.
El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA diseña e implementa servicios de prevención, así como de atención y protección a las víctimas. Entre otras acciones, promueve mediante una estrategia comunitaria, la participación de la sociedad a través de intervenciones dirigidas a fortalecer la autonomía económica de mujeres jóvenes y adolescentes, y las capacidades de liderazgo para que sean agentes clave en la lucha contra la violencia de género en sus comunidades; así como la participación de hombres de la comunidad que promuevan la reducción de la tolerancia social frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En esta misma línea, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables lanzó oficialmente en Lima la intervención Prevenir para proteger en un acto que contó con más de 2000 participantes reforzando el compromiso de la comunidad en la creación de una cultura de tolerancia cero a la violencia en sus diversas formas y modalidades. “Queremos prevenir y eliminar la violencia sexual que afecta a nuestras niñas, les causa un grave daño. No queremos reaccionar cuando ya sucedió, no queremos seguir creando servicios de atención. Necesitamos unirnos para trabajar y evitar que vuelva a suceder un nuevo acto de violencia contra una niña o un niño”, comentó la ministra.
Por Rosa Garvin
Fuente: El Diario Feminista
