Un fallo histórico en Ginebra. Dijo la CEDAW: la política de esterilización forzada del gobierno de Fujimori violó los derechos de las mujeres
El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) publicó el miércoles 30 de octubre su dictamen a favor de los casos de esterilización forzada presentados en 2020 por la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF).
Presidentas de AMPAEF que agrupan a más de 3 mil mujeres de 9 regiones del país, reunidas en Lima, para evaluar su accionar, exigir justicia y reparaciones integrales.. Imagen: Gentileza
Hace 27 años, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se produjo una campaña para esterilizar a las mujeres en Perú. Una metodología sistemática de esterilización forzada, muchas de ellas quechua hablantes, que se replicó en todo el país.
Las campesinas eran secuestradas, engañadas, encerradas y atadas a las camas, amenazadas con detener a sus maridos, y no informadas sobre los procedimientos que anularían su autonomía reproductiva. Cada una ha contado su historia porque no sabían lo que les estaban haciendo ni el por qué. Y muchos años después, en 2020, los casos de cinco mujeres de Lima que en 1996 habían sufrido estas esterilizaciones forzadas, fueron presentados ante la CEDAW.
María Esther Mogollón es activista feminista y fundadora del Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional y asesora de AMPAEF. También es periodista y acompañó a estas mujeres desde aquel entonces. “La imagen más potente es la sangre en las batas, la sangre en el piso, el no poder hablar por efecto de la anestesia”, cuenta desde Lima en comunicación telefónica con Las12. “Aún hoy les afecta mucho hablar de eso, por las experiencias tan dolorosas y ofensivas que vivieron. Hoy tienen alrededor de 50 y 60 años, también hubo un grupo de mujeres con discapacidad y varones gays”.
María Esther subraya que “el gobierno fascista de Fujimori pretendía silenciar a toda la población. En ese tiempo recibimos la noticia de lo que sucedía en ciertas poblaciones importantes de Perú, como Cusco, pero en general sucedía en todo el país que las campesinas eran esterilizadas. Fue una campaña arrasadora para que no tuvieran más hijos”. En ese tiempo, Giulia Tamayo realizó una investigación que tomó las voces y los testimonios de estas mujeres, con fotografías de la campaña de esterilización. María Esther continúa: “Es un informe estupendo que presentó en 1999. Pero en 2000, Giulia tuvo que exiliarse del país para protegerse ella misma y a su pequeño hijo porque habían asaltado su casa y robado los archivos de la investigación. Era indudablemente una dictadura lo que estábamos viviendo. Giulia acompañó el proceso desde el exilio, venía cada tanto al país, pero lamentablemente falleció en 2014”.
En su dictamen, la CEDAW señala que hubo una violación a los derechos humanos porque las esterilizaciones forzadas se llevaron a cabo como parte de un ataque sistemático y generalizado contra mujeres rurales e indígenas, cuyo fin fue la anulación de su autonomía reproductiva como parte de una política de control de la natalidad.
Desde la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) difundieron el comunicado en el cual AMPAEF comparte la noticia del Comité de Derechos de las Mujeres de la ONU que determinó que “la política de esterilización forzada, implementada en Perú durante los años 90 constituyó una forma de violencia basada en el sexo y discriminación interseccional, particularmente contra mujeres indígenas, rurales y mujeres económicamente desfavorecidas.”
Las esterilizaciones forzadas fueron realizadas por personal médico no especializado y en condiciones sanitarias inadecuadas. Leticia Bonifaz, miembro del Comité señaló que “las víctimas describieron un patrón de coerción, presión o engaño para someterse a esterilizaciones en clínicas sin la infraestructura adecuada o personal capacitado”.
Estos procedimientos alcanzaron a 300.000 mujeres sin el consentimiento informado y muchas no sabían leer ni hablar español. Tampoco comprendían lo que les estaban haciendo. Todas alegaron que fueron interceptadas y subidas a la fuerza en camiones como ganado para llevarlas a centros de salud temporarios. Las esterilizaciones forzadas a las que fueron sometidas tuvieron consecuencias graves y permanentes en su salud física y mental.
Más de 300 mil mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento durante el gobierno de Fujimori y como parte de una política pública contraria a los derechos humanos más básicos. “Ya no tendrás más hijos”
Una víctima de Pichgas, Huánuco, contó que fue detenida en la calle por practicantes médicos en octubre de 1996. La llevaron junto con otras mujeres al centro médico de La Unión, una localidad situada a dos horas de su pueblo. Ella declaró que era analfabeta y no firmó nada. La sedaron y, cuando despertó, le dijeron: “Ya no tendrás hijos, te hemos curado”. A pesar de que sentía fuertes dolores en el abdomen, fue dada de alta inmediatamente y tuvo que regresar caminando a su casa sin ningún tipo de cuidado post operatorio.
El Estado de Perú argumentó que el programa de esterilización formaba parte de una política más amplia de salud reproductiva y que los procedimientos se realizaron tanto en hombres como en mujeres, pero el Comité destacó que más de 300.000 mujeres, principalmente rurales e indígenas, fueron esterilizadas forzosamente, en comparación con aproximadamente 25.000 hombres. Y también reconoció que el programa de esterilización fue una forma de discriminación interseccional, que afectó de manera desproporcionada a mujeres indígenas, económicamente desfavorecidas y rurales. El Comité concluyó que la esterilización forzada fue una forma de violencia basada en el sexo contra las mujeres, dado que las esterilizaciones masculinas y femeninas difieren sustancialmente en la naturaleza de la intervención y los riesgos quirúrgicos asociados.
La esterilización forzada generalizada o sistemática podría constituir un crimen de lesa humanidad. Lo que sucede en Perú es que existe una ley impulsada por los propios violadores en el Congreso, que pretende anular que se juzguen estas esterilizaciones forzadas. “Tratan de ocultar estos procedimientos, de archivarlos, de eliminarlos”, cuenta María Esther. “Pero si por algo se sostuvo durante todos estos años fue porque lo llamamos crimen de lesa humanidad. Fujimori se murió sin pagar reparaciones, ni decir la verdad de todo lo que él diseñó. Muere en total impunidad. La justicia peruana tiene que actuar, avanzar y responder, no puede seguir pasando el tiempo. Son demasiados años y demasiada vergüenza para la justicia peruana. Esperamos que la fiscalía actúe e investigue debidamente estas violaciones”.
Asimismo, el Comité expresó su preocupación por esta ley fujimorista promulgada en agosto, que impide la persecución de crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002. Por eso, recordó que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU han instado a anularla en tanto contraviene el derecho internacional y realizó un llamado urgente para que Perú “acelere y amplíe sus investigaciones, otorgue compensación económica y apoyo psicológico, y ponga en marcha un programa integral de reparaciones para las víctimas”.
Fuente: Página/12
