Posicionamiento a favor de las madres buscadoras en México y su derecho a la verdad
Recientemente fue descubierto por parte del colectivo Guerreros Buscadores, en el municipio de Teuchitlán Jalisco, en México, indicios de exterminio de seres humanos, los hallazgos dados a conocer a través de los medios de comunicación, dan cuenta de ropa, zapatos y pertenencias de gente que habría sido llevada con engaños para ser sometida a torturas y cuyos cuerpos se presume, fueron calcinados en hornos crematorios.
Es esencial comprender que las características de estos actos implican crímenes de lesa humanidad en cuanto al ataque sistemático contra la población civil, de conformidad con la política del Estado denominada “abrazos y no balazos”, en la que se habrían impuesto condiciones de vida destinadas a la explotación laboral, la tortura, el reclutamiento forzado en grupos armados, además de desaparecer y exterminar todo rastro de sus cuerpos, elemento presente en este fenómeno como una última conducta perversa y cruel.
Precisamente debido a que hay territorios fuera del control de las autoridades y a que estas no se abocan al cumplimiento de su trabajo, se ha vuelto una labor cotidiana que sean las víctimas, es decir, las propias familias de aproximadamente 100,000 desaparecidos, quienes salen en las condiciones más adversas y peligrosas para encontrar rastro de sus seres queridos, en México esto ha sido caracterizado como nunca en la labor de las mujeres, madres buscadoras.
Esta noticia de carácter internacional, derriba la connotación permisiva pronunciada a lo largo del pasado sexenio respecto a que la delincuencia organizada es una presencia que se limita a combatir entre sí, y a perturbar la paz social de manera excepcional, aunado a que actualmente el Estado Mexicano participa de eventos de tipo internacional ante entes como la Organización de las Naciones Unidas, en donde se presume una paz inexistente.
Observamos con severa preocupación el asesinato del padre buscador Magdaleno Pérez en Poza Rica, Veracruz a manos de dos policías municipales, las acusaciones y el escarnio mediático contra Cecilia Flores madre buscadora de Sonora, la falta de voluntad para integrar a las víctimas en las investigaciones sobre Teuchitlán por parte de la Fiscalía General de la República, así como la comunicación hecha desde una organización delictiva en cuanto a restar credibilidad a las madres buscadoras a razón de que el predio objeto de investigación fue asegurado por fuerzas federales desde septiembre de 2024.
Desafortunadamente, su dicho se suma a la posición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de diversos actores políticos y a la propia titular del Ejecutivo Federal cuyas declaraciones dan a entender que quien ha de dolerse del hallazgo, en tanto se busca perjudicar su imagen es el propio Estado y no aquellos cuyos restos fueron destruidos.
Recordamos a la sociedad que las víctimas, de acuerdo a la norma interior, son aquellas que han sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional etc., a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos
reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, para el caso de haber sido desaparecidas tienen el derecho a que las autoridades se avoquen a su localización y rescate oportuno. Son víctimas sus familias, con derecho a la verdad, a saber, las circunstancias en que ocurrieron los hechos, a conocer su destino o el paradero de sus restos.
Desde la Alianza Internacional de Mujeres Feministas nos pronunciamos en contra de la criminalización y las amenazas a los colectivos de madres buscadoras, instando al Estado a cumplir con su deber de protección, así como a la Organización de Estados Americanos y al Sistema de Naciones Unidas a vigilar el cabal cumplimiento de los instrumentos en la materia, a ser escuchas activos y sin intermediarios de las y los mexicanos afectados por esta tragedia.
¡Por la vida y la libertad de las mujeres!
Fuente: Tribuna Feminista
