Abolición o regulación: el debate sin fin sobre la prostitución a las puertas del anteproyecto de ley para su eliminación en España
En países como Suecia o Francia han optado por modelos que castigan a los clientes, pero otros como Alemania o Países Bajos abogan por normas que legalizan la venta de sexo. Ambas posturas presentan fallos y críticas
Cientos de mujeres durante una manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid por el 8M, Día Internacional de la Mujer, a 8 de marzo de 2023, en Madrid (España). (Carlos Luján/Europa Press)
Contabilizar el número de personas que se dedican a la prostitución o que son explotadas con dichos fines en España es una tarea imposible. El proxenetismo, la trata y la clandestinidad provocan que muchas de ellas sean completamente invisibles, sin rostro ni nombre. Pese a que no existan, por tanto, datos oficiales completamente acertados, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, del Ministerio de Igualdad, elaboró y publicó en 2024 el Macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres: una aproximación cuantitativa. A través del análisis de más de 654.000 anuncios de prostitución en internet, estimó que al menos 114.576 mujeres mayores de edad están en situación de prostitución en España, lo que supone un 0,56 %.
En junio de 2025 se conocieron los audios del informe de la UCO en los que Koldo García y José Luis Ábalos —ex-ministro de Transportes y ex-secretario de Organización del PSOE, puesto en el que le sucedió Santos Cerdán en 2021, también imputado en la trama por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias— se “repartían” mujeres prostitutas.
Tras esto, el PSOE tomó medidas internas relacionadas con el consumo de servicios sexuales entre sus miembros. Además, desde el Ministerio de Igualdad de Ana Redondo se reiteró la intención de desarrollar un anteproyecto de ley para abolir la prostitución, incluido en una batería de medidas contra el machismo y llevado al Consejo de Ministros en septiembre para, en caso de aprobarse, ser trasladado posteriormente al Congreso.
¿Cuál es la situación legislativa actual de la prostitución en España?
En España, la prostitución se encuentra en un estado de alegalidad, ya que no está ni regulada ni prohibida de forma expresa. Sin embargo, la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, conocida como “ley mordaza”, permite multar tanto a clientes como a personas que ejercen la prostitución en la vía pública. Pese a que la norma no ha sido específicamente diseñada para la compra-venta de servicios sexuales, estos se enmarcarían en “la realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual en espacios públicos” del artículo 36.6.
El Código Penal de España sí castiga con penas de prisión el proxenetismo y la explotación sexual: así, está prohibido inducir, promover o facilitar la prostitución de una persona; lucrarse de estos servicios a través de la explotación, y favorecer la entrada, estancia o salida del territorio nacional de personas con el objetivo de explotarlas sexualmente, especialmente si es a través de la violencia, la intimidación, el engaño o el abuso de su situación de vulnerabilidad.
La situación de la alegalidad de la prostitución en España se agrava porque no existe un consenso generalizado sobre de qué manera debería legislarse. Por ejemplo, el sindicato OTRAS (Organización de Trabajadoras Sexuales) exige la despenalización y el reconocimiento legal y laboral de la prostitución ejercida de forma libre; además, aseguran que abolirla solo supondría un impulso de la clandestinidad.
El PSOE se ha encontrado con varios escollos políticos para sacar adelante sus medidas contra los servicios sexuales: aunque dentro de la izquierda se coincide en la necesidad de erradicar el proxenetismo y la explotación sexual, la división llega al hablar del ejercicio de la prostitución, entrando en un debate todavía muy activo sobre si debe considerarse trabajo o una forma de violencia contra la mujer que debe eliminarse.
En 2018, el Grupo Parlamentario Socialista presentó en el Congreso una proposición no de ley para impulsar la abolición de la prostitución y aprobar una “Ley integral contra la trata y explotación sexual”. Sin embargo, pese a que la iniciativa contó con el apoyo suficiente para ser aprobada, la convocatoria de elecciones generales de 2019 provocó que no se materializase, quedándose en punto muerto.
En 2022, el PSOE intentó incluir en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (Ley del solo sí es sí) una enmienda para abolir la prostitución y la tercería locativa (facilitar y lucrarse de la prostitución permitiendo que se ejerza en pisos o locales) que tuvo que ser retirada para que la aprobación de la ley principal no peligrase. Dos años después, en mayo de 2024, llevaron al Congreso una propuesta de ley para multar a los clientes y castigarlos con penas de cárcel en caso de que la persona que practicaba la prostitución fuese menor de edad o estuviese en situación de vulnerabilidad. La iniciativa, sin embargo, no salió adelante porque PP, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV votaron en contra, así como VOX y Podemos se abstuvieron.
Todavía no se conocen los detalles del nuevo anteproyecto de ley que el PSOE quiere llevar al Consejo de Ministros en septiembre para intentar, una vez más, abolir la prostitución. Sin embargo, teniendo en cuenta las medidas que han intentado aprobar en otras ocasiones (como la penalización del cliente, pero no de la persona que realiza los servicios sexuales, o la tercería locativa), todo apunta a que esta propuesta seguirá pasos similares, poniendo el foco siempre en que la prostitución es una forma de violencia contra la mujer. Ana Redondo sabe que esto no será fácil y que se encontrará con dificultades para llevar a cabo la aprobación, “incluso en el seno del propio Gobierno”.
Decenas de personas durante la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid por el Día Internacional de la Mujer, a 8 de marzo de 2024, en Madrid (España). (Carlos Luján/Europa Press)
¿Cómo está legislada la prostitución en otros países?
En contraste con la situación en España, donde la compra-venta de servicios sexuales se encuentra en un limbo de alegalidad, una gran cantidad de países dentro y fuera del continente europeo llevan décadas de ventaja con respecto a la legislación de la prostitución. Algunos como Suecia, Noruega o Francia se han ajustado a un modelo abolicionista que opta por sancionar al cliente con el objetivo de reducir la demanda; otros, como Alemania, Países Bajos o Nueva Zelanda, por el contrario, han regulado estos servicios para intentar dar una mayor seguridad a quienes ejercen la prostitución, así como conferirles derechos laborales.
Perseguir al cliente, pero no a las prostitutas: el abolicionismo del modelo nórdico
En 1998, Suecia se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una ley que castigada a los clientes de prostitución. En vigor desde el 1 de enero de 1999, la Ley sobre la prohibición de la compra de servicios sexuales no penaliza la venta, sino que es el comprador el que incurre en un delito castigado con una pena mínima de hasta un año de prisión o una condena condicional, eliminándose en 2022 la opción de pagar una multa.
“La idea original con la introducción de la ley fue aumentar la capacidad de acción del vendedor, equilibrar el poder, reducir la explotación de individuos (principalmente mujeres) y reducir la demanda”, destaca en su página web la Swedish Gender Equality Agency. “La ley también pretende animar a las personas involucradas a buscar ayuda para abandonar la prostitución, ya que pueden tener la seguridad de que no habrá consecuencias penales por haber estado involucradas en esta industria”.
A partir del 1 de julio de 2025, además, entró en vigor una ley que extiende la penalización a servicios de compra de contenidos sexuales digitales, como OnlyFans. Así, en su lucha contra la violencia de las mujeres, el Parlamento de Suecia prohibió los shows de webcam en directo, en los que pueden dejarse “propinas”, y el contenido personalizado, quedando fuera de la norma las publicaciones genéricas ya grabadas y subidas a los perfiles. Muchas personas dedicadas a esta industria criticaron la medida señalando que son precisamente esos dos servicios los que les reportan mayores beneficios, lo que afecta seriamente a sus ganancias y potencia la situación de vulnerabilidad de muchas de ellas.
El modelo nórdico (Sex Purchase Act) se extendería después a otros países como Noruega, donde la ley entró en vigor el 1 de enero de 2009, castigándose la compra con multas o penas de prisión. Además, la norma se aplica extraterritorialmente: los ciudadanos noruegos también incurren en un delito si pagan por prostitución fuera del país.
La firma de investigación y consultoría Vista Analyse concluyó en 2014 en un informe de evaluación encargado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Noruega que la prohibición había conseguido reducir la demanda en el país. Sin embargo, la organización de trabajadoras sexuales Prostitutes Interest Organisation in Norway (PION) destaca un escenario mucho menos positivo: “Es difícil estimar si la ley ha ayudado a reducir la venta de servicios sexuales en Noruega, pero no cabe duda de que ha contribuido a un debilitamiento significativo de los derechos de las prostitutas”, así como a “una grave invasión de su privacidad” cuando “la policía revela información sensible a propietarios de viviendas y hoteles”.
Se muestra así un contexto de conflicto que se produce también en otros países en los que se cuenta con leyes abolicionistas, como es el caso de Francia desde 2016, donde se multa a los clientes con 1.500 euros o con 3.750 en caso de reincidencia: mientras que estas normas se aprueban con el objetivo de proteger y apoyar a las personas que ejercen la prostitución, los colectivos que se dedican a ella denuncian que simplemente supone una vulneración de sus derechos y un aumento de su inseguridad.
Muy significativo fue el caso de Vanesa Campos. En 2018, esta trabajadora sexual peruana fue asesinada en el bosque de Boulogne (París) por un grupo de hombres armados que robaban a las prostitutas y a sus clientes; al intentar oponerse, recibió un disparo en el tórax. Muchas de sus compañeras señalaron que este suceso se había producido porque la ley, de la que pedían su derogación, obligaba a las personas que ejercían la prostitución a buscar lugares más aislados y escondidos de la policía, exponiéndose más al peligro, a la clandestinidad y a los riesgos sanitarios.
Por su parte, el Ministerio responsable de la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de la lucha contra la discriminación destaca que la ley supone un “apoyo sanitario, social y profesional para las personas que desean abandonar la prostitución” con vías de salida individualizada, ayudas financieras para la integración social y un permiso de residencia temporal con permiso de trabajo para víctimas extranjeras (ya que en Francia esta norma ha pasado a reconocer a las prostitutas como víctimas de violencia). Así, el Ministerio señala que, desde 2017 a 2024, “2.102 personas se han beneficiado de un programa de salida”.
Legalizar para proteger: la venta de servicios sexuales como trabajo en los países regulacionistas
Mientras que los anteriores países han abogado por un modelo de abolición, en varias partes del mundo la prostitución se encuentra regulada, como es el caso de Alemania desde 2002. En el país germano, la venta de sexo es legal para mayores de 18 años y las personas que se dedican a ella cuentan con derechos laborales y acceso a seguridad social, con asesoramiento sanitario obligatorio que debe renovarse.
Los burdeles y clubes también están permitidos, pero solo con licencia y pudiendo ser operados por personas sin antecedentes penales o de trata. Además, con el objetivo de proteger la identidad y la salud de las prostitutas, estas pueden registrarse con un seudónimo y el uso del preservativo es obligatorio bajo multas de hasta 50.000 euros para los clientes o los locales que lo incumplan.
Pese a todo ello, la ONG Solidary with Women in Distress (SOLWODI) señala que todo esto todavía continúa “siendo una utopía para la mayoría de las mujeres”: “Los clientes suelen incumplir el requisito de usar preservativo, ofreciendo más dinero para no usarlo o amenazando a las trabajadoras sexuales con denigrarlas ante sus proxenetas o en portales en línea como castigo”. Además, también destacan que “muchas mujeres ejercen la prostitución por falta de alternativas”, desdibujándose el término “voluntario”.
Al igual que las leyes abolicionistas, las regulacionistas reciben críticas desde distintos sectores, también el político. “No creo que sea aceptable que los hombres compren mujeres. Es algo que siempre me ha indignado moralmente y tenemos que hacer todo lo posible para reprimirlo”, dijo en 2023 el ex-canciller alemán Olaf Scholz.
Estas oposiciones también se dan en otros lugares, como en Países Bajos, donde en el 2000 se derogó la prohibición de los burdeles (la prostitución no está permitida sin un permiso o en cualquier lugar, como la vía pública o la habitación de un hotel). Ampliamente conocido es el Barrio Rojo, Distrito de Luz Roja o De Wallen por sus cabinas o escaparates en las que las prostitutas se exhiben, convirtiéndose la zona en un reclamo turístico para los curiosos. Estos espacios, que tienen que ser higiénicos y disponer de agua, deben tener botones de pánico, sistemas de vigilancia y personal de seguridad presente para atender posibles emergencias.
Políticos como Femke Halsema, alcaldesa de Ámsterdam, han mostrado su interés por modificar la situación de delincuencia y turismo de fiesta que en los últimos años ha afectado a la imagen del distrito. Así, desde las 3 a las 6 de la mañana no pueden permanecer abiertos estos espacios y en 2023 se propuso el traslado de estos servicios a un centro erótico a las afueras de la ciudad, algo que las trabajadoras han rechazado contundentemente porque esto reduciría sus ingresos, aumentaría su riesgo laboral y se verían privadas de servicios como el transporte público.
Fuera de Europa, Nueva Zelanda también cuenta con una ley regulacionista. Según destaca Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand, enciclopedia en línea fundada en 2001 por el Ministerio de Cultura y Patrimonio del país, “antes de que se aprobara la Ley de Reforma de la Prostitución en 2003, el trabajo sexual en sí no era ilegal, pero la mayoría de las actividades implicadas en el trabajo sexual eran delito”. Así, por ejemplo, la Ley de Delitos Policiales de 1884 prohibía que las “prostitutas comunes” solicitaran negocios en públicos o la Ley de Delitos de 1961 ilegalizaba mantener un burdel.
La Prostitution Reform Act despenalizó la prostitución voluntaria entre adultos y la administración de burdeles con el objetivo de “salvaguardar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y protegerlas de la explotación, así como promover su bienestar, salud y seguridad laboral”.
Como en el resto de casos, pese a que desde el Gobierno se considerase que esta ley había mejorado la situación de las trabajadoras sexuales, algunas organizaciones abogan por una reforma abolicionista como la del modelo nórdico, también conocido como modelo de igualdad: “Este promueve la dignidad y la igualdad de las mujeres en la sociedad y las considera seres humanos plenos, no objetos para ser utilizados sexualmente por los hombres”, señalan desde Women’s Rights Party, apoyándose en que el Parlamento Europeo reconoció en 2023 la prostitución como una forma de violencia contra la mujer. “Es mejor apoyar la igualdad de las mujeres con buenos salarios, prestaciones sociales y servicios de salida eficaces que apoyar una situación en la que las mujeres se ven obligadas a ejercer la prostitución para sobrevivir económicamente”.
El debate entre la protección y la libertad y el problema de la erradicación de la violencia
El hecho de que tanto las leyes abolicionistas como las regulacionistas se encuentren con la oposición de unas u otras organizaciones demuestra que el principal problema del debate sobre la prostitución es que, además de que no existe un consenso generalizado, ninguna de las dos normas puede, a la vez, garantizar la libertad de las mujeres y erradicar la violencia que sufren desde hace siglos.
Ninguno de los dos modelos es perfecto, ya que, por un lado, puede empujar a la clandestinidad y a una mayor situación de vulnerabilidad y, por el otro lado, normalizar un trato que muchas mujeres señalan como discriminatorio y un trabajo al que una gran cantidad de personas solamente se dedica por una cuestión de falta de recursos.
Ana Redondo, ministra de Igualdad, presentado la campaña del Ministerio para este 8M.
Es una utopía intentar crear un mundo en el que la venta de servicios sexuales desaparezca por completo o en el que la prostitución únicamente se realice desde la libertad plena (sin coacciones ni necesidad económica). Es una utopía porque la inseguridad y la violencia contra las mujeres están lejos de ser erradicadas, tanto si se legisla de una u otra manera. Es una utopía, pero al menos hay que intentar acercarse lo máximo posible a ella.
Por Marta Sierra
Fuente: Infobae
