diciembre 12, 2025

Mujeres rurales chilenas soportan el retroceso ambiental en los agronegocios


Lideresas campesinas de Chile leen una proclama, al inicio de las sesiones de análisis de la situación de las temporeras debido al uso masivo de plaguicidas altamente peligrosos en las grandes explotaciones agrícolas. Imagen: Orlando Milesi / IPS

Mujeres campesinas chilenas denuncian un fuerte incremento en el uso de plaguicidas peligrosos y el deterioro de sus condiciones laborales y ambientales en grandes empresas agroexportadoras.

Así lo testimoniaron durante un Tribunal Ético instaurado en una reunión de dirigentes de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), provenientes de todo este alargado país sudamericano.

Más de noventa dirigentes analizaron el incremento del uso de plaguicidas en las faenas agrícolas, como uno de los crecientes problemas ambientales en la actividad. Y se declaró culpables a las grandes empresas agro exportadoras por utilizar plaguicidas altamente peligrosos en sus miles de hectáreas con monocultivos.

En 1990 se importaron en Chile 17 942 toneladas de plaguicidas, una cifra que aumentó a medida que se incrementaron los monocultivos, hasta alcanzar las 53 140 toneladas en 2024.

Muchos no son necesarios y solo apuntan a aumentar la productividad.


“El sistema de agronegocios tiene nefastas prácticas y la vulneración de derechos contra los trabajadores y trabajadoras y provoca un severo daño y contaminación de la biodiversidad”: Alicia Muñoz.

Berta Saavedra, de 66 años, de padres campesinos, trabajó como temporera durante 35 años en la hacienda El Sauce, en las cercanías de la ciudad de Los Andes, en la región de Valparaíso, 80 kilómetros al noreste de Santiago, donde se producen uvas, paltas (aguacates) y duraznos.

Cuenta que estaba raleando (podando) vides justo en un lugar por donde pasó un tractor fumigador cuyos gases la intoxicaron.

“Me dieron vómitos y mareo. Se me puso la cara roja y se manchó mi cuerpo con unas ronchas. Me sentía mal y me subió la presión”, recuerda en dialogo con IPS.

Y lamenta la deficiente atención en el servicio de salud al cual la llevaron.

“La doctora me echaba y me dijo ‘anda y lávate bien, hasta el pelo con jabón’. Y eso fue todo. No me dieron nada y no se pudo comprobar la intoxicación porque el fundo (hacienda) escondió todo. Ni me acuerdo del nombre del veneno”, afirma.

Pero las consecuencias, dice, permanecen. “Una queda sensible, cualquier cosa te afecta. Por ejemplo, si voy a San Esteban (municipio vecino) adonde fumigan mucho, al tiro siento el olor, me duele la cabeza y siento malestares”, relata.

“Trabajábamos muchas mujeres en el corte. Otras también tuvieron ganas de vomitar, pero no fueron tan afectadas”, dijo.

Los temporeros son trabajadores transitorios, mayoritariamente mujeres, contratados por períodos cortos y sucesivos.

Hace una década Saavedra demandó a la empresa por daños y logró obtener una pequeña indemnización. Actualmente labora como guardia de seguridad.

Campesinas provenientes de diversas regiones chilenas participan de una Asamblea donde se analizaron, entre otros temas, los efectos adversos de plaguicidas y las deficientes condiciones laborales que enfrentan las mujeres temporeras. Imagen: Orlando Milesi / IPS

Riqueza y pobreza

Durante el Tribunal Ético impulsado por Anamuri el 3 de diciembre, Día Mundial de No Uso de Plaguicidas, la doctora en sociología María José Azócar, de la Fundación SOL, sostuvo que los agronegocios significan “riqueza a costa de pobreza”.

El agronegocio define en Chile a la producción y comercialización de productos agrarios a gran escala y mayormente destinados a la exportación y con una propensión creciente al monocultivo.

Azócar detalló que todo el sector agrícola genera unos 600 000 empleos directos, con tendencia a la baja. Muchos de estos puestos de trabajo son ocupados por migrantes quienes vienen a Chile en busca de mejores salarios.

“Pero la mitad de los empleados tiene un ingreso menor a 500 000 pesos líquidos (543 dólares), lo que es un ingreso de subsistencia. Son empleos precarizados y 40,6 % de ellos informales”, aseveró.

Definió a la agricultura como un área peligrosa por los riesgos para la salud y por su alta tasa de mortalidad.

“Es muy difícil demostrar legalmente estos casos de intoxicaciones agudas y por ello los responsables quedan impunes de estas violaciones de los derechos humanos a la salud”: María Elena Rozas.

En contraste, las empresas obtienen importantes ganancias generadas por sus exportaciones.

Puso como ejemplo a una productora y exportadora de diferentes bayas, Hortifrut, cuyos ingresos entre el 2018 y el 2024 alcanzaron a 1165 millones de dólares con ganancias por 193 millones de dólares.

Según la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) entre enero y julio del 2025 las exportaciones totales chilenas alcanzaron a 60 961 millones de dólares, compuestas por la minería, seguida de la agricultura.

Las ventas externas agrícolas sumaron 14 180 millones, un alza de 8,7 % respecto al mismo periodo del año anterior. Tan solo la fruta fresca aportó 6041 millones de dólares, un incremento de 3,3 %.

La chilena Berta Saavedra, quien resultó gravemente intoxicada en la hacienda El Sauce, en el municipio de Los Andes, al noreste de Santiago, cuando trabajaba en sus viñedos mientras un tractor efectuaba la fumigación de las vides. Imagen: Orlando Milesi / IPS

Efectos ocultos del desarrollo exportador

Alicia Muñoz, directora nacional de Anamuri y su presidenta hasta septiembre pasado, denunció a IPS las precarias condiciones laborales de los trabajadores de la agroexportación.

“El sistema de agronegocios tiene nefastas prácticas y la vulneración de derechos contra los trabajadores y trabajadoras y provoca un severo daño y contaminación de la biodiversidad. Estas vulneraciones continúan y más graves pese a muchos años que las venimos denunciando”, afirmó.

Destacó que “la vulneración de derechos laborales se manifiesta a través de salarios incompletos o retrasados, falta de afiliación a la seguridad social, jornadas excesivas sin paga, despidos injustificados y negación de vacaciones y contratos escritos”.

Según Muñoz, “estos abusos se agravan en las mujeres las cuales se ven expuestas a acoso sexual y en los migrantes que muchas veces son engañados por contratistas traficantes de personas”.

Los plaguicidas altamente peligrosos tienen efectos genotóxicos, neurotóxicos, reproductivos y provocan malformaciones en la descendencia. Su impacto alcanza a quienes habitan en la periferia de grandes predios fumigados incluso desde aviones.

La situación se agrava porque en Chile se usan plaguicidas prohibidos en la Unión Europea (UE) como el dormex que se importa desde Europa hacia este país debido a una legislación más laxa.

María Elena Rozas, de la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para América Latina (Rap-Al) explicó que en Chile se usan plaguicidas con 400 principios activos, cien de ellos de alta peligrosidad.

Rap-Al es una red de organizaciones, instituciones, asociaciones y particulares que confronta el uso masivo e indiscriminado de plaguicidas y propone fórmulas para reducir su uso.

El 2024 hubo en Chile 651 casos notificados y confirmados de intoxicación aguda por plaguicidas con un total de 20 personas muertas, dos de ellas por causas de origen laboral, indicó.

“En la región del Maule, en 2024 hubo 125 casos de origen laboral de intoxicaciones agudas por plaguicidas”, puntualizó, apuntando a una de las regiones agrícolas más productivas, situada en el centro del país.

Recordó que la carga tóxica corporal en estos casos es de por vida y lamentó, además, que “es muy difícil demostrar legalmente estos casos y por ello los responsables quedan impunes de estas violaciones de los derechos humanos a la salud”.

Integrantes del Tribunal Ético dan a conocer sus conclusiones sobre la situación ambiental y laboral que viven en Chile las mujeres temporeras que trabajan en los grandes monocultivos agroexportadores que se extienden por todo el país. Imagen: Orlando Milesi / IPS

Liliana Zúñiga, bióloga de la Universidad Católica del Maule, dijo a IPS que se ha estudiado mayormente los efectos de estos plaguicidas en mujeres, pero son las familias completas las que están expuestas.

“Algunas son trabajadoras agrícolas y otras esposas de trabajadores que cuando ellos se van a sus casas, son las esposas quienes les ayuda a lavar la ropa y las máquinas y quedan también expuestas a los riesgos”, aseveró.

Según Zúñiga, “la potencialidad del daño puede ser muy profunda porque son familias que quedan para toda la vida con el drama con malformaciones que muchas veces no son tratables”.

La bióloga explicó que los efectos de los plaguicidas dependen de su toxicidad, la duración de la exposición y la dosis.

Indicó, asimismo, que también se han relacionado sus efectos en la salud mental, por ejemplo los síntomas depresivos.

Zúñiga extendió el riesgo a toda la población pues los alimentos son la principal fuente de exposición a plaguicidas.

Advirtió, asimismo, que hay una subnotificación de casos de intoxicación aguda.

Para ella la gran pregunta es cómo disminuir la cantidad de plaguicidas que se lanzan al ambiente.

Una forma es la convencional y otra la agroecológica, sostuvo.

“Son dos mundos muy diferentes. La agroexportación industrial con todo lo que conocemos de este modelo de 30 o 40 años donde se usan plaguicidas a todo efecto, antes que aparezca la plaga. Y la agroecología con una lógica donde el plaguicida es la última instancia”, explicó Zúñiga.

Subrayó que la agroecología apunta a no tener monocultivos que sean océanos de un solo tipo sino a impulsar cultivos mixtos donde las mismas plantas ayudan a controlar plagas.

“He visto huertas agroecológicas donde junto a tomates plantan berenjenas porque es una planta trampa para la mosquita del tomate. Las plantas ayudan a controlar las plagas”, explicó.

Existen plaguicidas orgánicos que tienen mayores costos y que no son un sector usado masivamente.

“Sabemos que la agricultura tradicional utiliza plaguicidas más tóxicos porque los considera más efectivos”, advirtió Zuñiga.

A su juicio, la agricultura familiar campesina, de la cual se alimenta la mayoría de los chilenos, es también parte del problema “porque es la que menos control tiene sobre la aplicación de plaguicidas”.

La red Rap-Al pidió la prohibición inmediata de plaguicidas altamente peligrosos e indicó que las decisiones al respecto tienen raíces políticas y no tecnológicas.

Según Rap-Al se requiere “una voluntad política no solo para reconocer el efecto de estos tóxicos sino para generar políticas tecnológicas, alimentarias, crediticias y de tierras que posibiliten a productores y productoras una transición hacia agroecosistemas sustentables, resilientes y viables”.


Fuente: IPSNews

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