De Maputo a Addis Abeba: África consolida un marco jurídico continental contra la violencia hacia mujeres y niñas
En un continente donde, según datos citados por Human Rights Watch, una de cada tres mujeres africanas entre 15 y 49 años ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja, el nuevo tratado representa tanto un avance normativo como una oportunidad política. Si logra traducirse en políticas concretas y mecanismos de rendición de cuentas efectivos, el proceso que va de Maputo a Addis Abeba podría marcar un nuevo capítulo en la gobernanza global de los derechos de las mujeres, demostrando que la innovación jurídica también puede surgir desde el Sur global.
La Unión Africana avanza hacia la consolidación de un marco jurídico continental para erradicar la violencia contra mujeres y niñas, en un proceso que conecta dos hitos clave de la arquitectura africana de derechos humanos: el Protocolo de Maputo de 2003 (Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa) y la nueva Convención de la Unión Africana para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas (2025), adoptada en Addis Abeba. Ambos instrumentos reflejan la creciente ambición normativa del continente en materia de igualdad de género y derechos humanos.
El Protocolo de Maputo, aprobado en 2003 por la Unión Africana en la capital de Mozambique, fue considerado uno de los tratados regionales más avanzados del mundo en materia de derechos de las mujeres. El texto reconoce derechos fundamentales como la protección frente a la violencia de género, el acceso a la salud sexual y reproductiva, la igualdad jurídica y la participación política. Más de dos décadas después, la nueva convención impulsada desde la sede de la Unión Africana en Addis Abeba busca profundizar y actualizar ese marco jurídico, incorporando fenómenos emergentes y fortaleciendo los mecanismos de prevención y respuesta.
El nuevo tratado representa un paso significativo al abordar explícitamente problemáticas contemporáneas como el feminicidio, la violencia digital, el acoso laboral y la protección de mujeres en contextos de desplazamiento o conflicto, ámbitos que no estaban desarrollados con el mismo detalle en el protocolo anterior, o la promoción de modelos de masculinidad positiva vinculada a valores de igualdad, respeto y de rechazo de la violencia. La organización Human Rights Watch, advierte, no obstante, de que el éxito de la convención dependerá de su implementación efectiva por parte de los Estados miembros y de su coherencia con los instrumentos ya existentes.
Ambos instrumentos comparten una base común: el reconocimiento de que la violencia contra mujeres y niñas constituye una violación estructural de los derechos humanos que requiere respuestas legales, institucionales y sociales coordinadas. Sin embargo, la nueva convención amplía el alcance del marco africano al establecer definiciones más específicas, incorporar nuevas formas de violencia y promover mecanismos de cooperación regional para su prevención y persecución.
El debate también ha sido analizado desde el ámbito académico. En el artículo From Beijing to Addis Ababa: Africa’s Epistemic Sovereignty and the Convention on Ending Violence against Women and Girls, publicado en 2026 en la revista Human Rights Review, la investigadora Justine A. Tchoukou, especialista en gobernanza global y políticas feministas africanas, sostiene que la nueva convención refleja el intento del continente de construir una “soberanía epistémica” en materia de derechos de las mujeres. El esutdio analiza cómo África está desarrollando normas propias que dialogan con marcos internacionales como la Plataforma de Acción de Beijing, pero integran perspectivas jurídicas y sociales africanas.
Tchoukou argumenta que la convención podría convertirse en el primer instrumento jurídicamente vinculante dedicado exclusivamente a erradicar la violencia contra mujeres y niñas a escala continental, lo que situaría a África en una posición innovadora dentro del derecho internacional de los derechos humanos. No obstante, la autora subraya que su impacto dependerá de factores clave como la ratificación efectiva por parte de los Estados, la financiación de políticas públicas y la participación activa de la sociedad civil.
Fuente: DF Diario Feminista.
