diciembre 17, 2010

Sonia Montaño: "Se ha dado rienda suelta a una retórica más conservadora"

La directora de género de la Cepal ve avances y estancamientos en la agenda chilena. Cree que el nuevo gobierno ha reinstalado el paradigma entre familia y derechos individuales de la mujer.

La agenda de género ha tomado fuerza con la creación de la secretaría adjunta para las mujeres en Naciones Unidas, cargo que asumió Michelle Bachelet.

Sonia Montaño, socióloga boliviana, avecindada en Chile desde hace 10 años, cree -desde su cargo de directora de la división de género de la Cepal- que la nueva institución es necesaria para pasar de la retórica a las acciones, pendientes muchas desde la Cumbre de Beijing.

A su juicio, Chile ha registrado avances, aunque quedan pendientes materias como la agenda de derechos reproductivos y la autonomía económica de las mujeres. También apuesta por una reforma del sistema procesal para hacer realidad el acceso a la justicia en casos de violencia contra las féminas.

-¿La agenda de género está definitivamente instalada en los países de América Latina? ¿Con qué fuerza?

"Hay que entenderlo como un proceso, pero la respuesta es sí. Si uno compara a AL y el Caribe -uno se compara con el pasado o con el del lado-, en ambas, desde que pasó la Conferencia de Beijing, hemos tenido un progreso significativo. Desde el punto de vista de la comparación con otras regiones del mundo, AL, particularmente, no es por nada que en menos de dos años tenga 6 mujeres Presidentas, aunque cuantitativamente sigue siendo una minoría. Esto está explicando que se han roto barreras y está diciendo que hay políticas de género en áreas que antes eran impensadas como las reformas previsionales, donde se está abandonando la idea que la mujer era dependiente del esposo y que por lo tanto, su protección era resultado de la vida laboral de éste. "Esto ha sido fruto de una larga agenda política. También otro punto que dice que la agenda está instalada y que rompe paradigmas es la agenda de la violencia contra la mujer. Hace 15 años, todavía la mentalidad era 'si me pegas es porque me quieres' y hoy no hay ningún país que no esté persiguiendo el femicidio, lo que no quiere decir que no estemos frente a un tema de enorme impunidad".


-¿Este proceso vivido es lo que explica la creación de la secretaría adjunta de la mujer en la ONU?

"Ningún proceso es lineal y definitivo, las cosas tienen vuelta atrás. Hay muchas experiencias en el mundo que lo muestran, porque la igualdad es una construcción. La secretaría adjunta se crea porque nos dimos cuenta como NU que lo que se estaba haciendo era insuficiente, que había mucha debilidad y que los compromisos asumidos por los gobiernos no eran lo suficientemente sólidos y consistentes como para lograr las metas que nos planteamos hace 15 años. Era necesario darle una presencia política más fuerte y también más recursos; por eso se le crea, porque tiene la tarea de traducir todo en acciones concretas en los países".

-¿Cómo ves el avance de la agenda de género en Chile?

"Creo que Chile es un ejemplo interesante, porque si uno mira el tiempo post dictadura, entre lo que hizo la Concertación y lo que está haciendo el actual gobierno, hay matices, pero no grandes diferencias. Veo con satisfacción que más allá de algunos temas críticos no hay diferencias sustantivas entre lo que se ha hecho y lo que se está planteando hacer. Hay diferencias retóricas, creo que se le está dando más énfasis a la familia como unidad y se está apartando la mirada de los derechos individuales de la mujer, pero esto no caracteriza a todas las entidades del Estado. De hecho la campaña de la violencia que tiene el Sernam muestra una perspectiva distinta a la que podrían tener grupos sociales más a favor de la familia.

"Este es un debate que ha estado presente en Chile durante los años de la Concertación y lo vemos ahora; es decir, la familia versus la mujer como paradigma de las políticas de igualdad. En general, creo que Chile tiene una población femenina muy educada por lo tanto, es un capital social muy importante y se sigue manteniendo la discriminación salarial y no se ha logrado tener una población femenina económicamente activa semejante a otros países que llegan al 50%. Chile tiene esa desventaja y esta agenda está todavía vigente y al igual que la de cuidado infantil. Falta la de la derechos reproductivos, que siempre se confunde con el aborto, convirtiéndola en un tabú; éste es un desafío".

-¿Registras retrocesos?

"No hablaría de retrocesos porque es muy temprano. Más veo una línea de continuidad, aunque se ha dado rienda suelta a una retórica más conservadora, pero todavía no hablaría de retrocesos".

-¿Qué cosas tenemos pendientes?

"La autonomía económica de las mujeres. Si Chile no logra una política de acceso a las mujeres a los ingresos propios todo lo demás que se haga es accesorio. Trabajo digno en la casa y fuera de ella, los hombres a la cocina y la mujer a la gestión de las empresas, por hacer una caricatura."La agenda de derechos reproductivos también lo está; o sea, la libertad para elegir el tipo de planificación, de método y de vida sexual activa forma parte de las democracias liberales más avanzadas".

-¿La ley de cuotas la debiéramos impulsar?

"Todos los consensos internacionales que se han firmado desde hace 10 años en AL impulsan la ley de cuota por una razón pragmática. Si hubiera evidencia de que las cuotas no sirven no se impulsarían, pero no hay evidencia de lo contrario. Todos los países que han dado saltos en la representación de la mujer lo han hecho gracias a las leyes de cuotas. Los países donde no hay representación importante como Chile y Guatemala tiene que ver con la falta de esta ley y el sistema electoral; el sistema binominal no favorece a las mujeres".

-¿Tiene este tema sustento en la sociedad?

"Hay una aceptación social mayor que la aceptación de las elites. El obstáculo principal a las leyes de cuotas ha estado en el sistema de partidos, en la dirigencia de ellos porque obviamente, los hombres que están en el poder saben perfectamente que con una ley de cuotas ellos van a perder. Son las elites las que se oponen mientras que las sociedad está dispuesta a escoger a los mejores. Acuérdate que se decía que Chile no estaba preparado para tener una Presidenta mujer. Ya no hay esa vieja barrera de decir que las mujeres no son capaces, no son buenas".

-Dictamos una ley de igualdad salarial, pero se crítica que no puede hacerse efectiva. ¿Lo ven así?

"Siempre las normas de igualdad salarial son normas que deben entenderse como un horizonte a conseguir. En este tema hay una contradicción básica entre la economía de libre mercado y la ley de igualdad salarial.

En la medida que el Estado no puede regular la política salarial de las empresas, la ley está condenada a ser una ley para el sector público o las instituciones que dependan de él, a menos que se opte -como se ha hecho en EE.UU.- por judicializar el tema y generar jurisprudencia en la causa de la discriminación con algún caso célebre. Mientras tanto, pesa más el libre mercado que la norma en sí misma.

"Esta ley es, efectivamente, una encrucijada, para esto hay que tener al lado a las empresas y salvo las grandes multinacionales no hay otras abiertas a tener políticas favorables a las mujeres".

-En materia de violencia contra la mujer se acaba de dictar la ley de femicidio, ¿qué falta?

"El gran tema en esto es la impunidad. Vale decir, todos sabemos que esto es algo grave, persistente, que pasa en todas las clases sociales, que no reconoce fronteras económicas, pero lo que falta es un mejor acceso a la justicia.

Las mujeres no acceden expeditamente, cuando lo hacen se revictiminizan, tienen miedo, entonces los niveles de impunidad son demasiado altos. "Esto no pasa sólo en Chile, pero debemos revisar el sistema judicial, porque está colapsado y porque todavía muchos jueces, demasiados, tienen prejuicios y obligan a menudo a las mujeres a 'perdonar' al hombre para salvar a la familia. Mientras las mujeres sacrifiquen su integridad física, para salvar una institución, vamos a tener muchos problemas a futuro y se va a educar generaciones de violentos".

-¿Qué se debería hacer?

"Primero, dejar de pensar este tema desde la perspectiva de la penalización. No es sólo un tema de penas; hay que castigar a los agresores oportuna y eficazmente, pero no somos partidarios de un incremento de las penas ni la aplicación de la pena de muerte."Aquí el gran desafío es la prevención; vale decir, la confianza en el policía, en las entidades públicas, en la alerta temprana. Hay que empezar en las escuelas, trabajar más con los hombres como agresores potenciales y hay que luchar contra la discriminación".

-¿Crees en los programas de rehabilitación de hombres?

"No mucho porque la experiencia muestra que son muy escasos los resultados. Uno debe tener fe de la que las personas pueden cambiar, pero es más eficiente cambiar las condiciones sociales que favorecen en maltrato. Debe haber una baja tolerancia social a esta violencia de manera que se impida que cuando ves que están golpeando a la vecina, cierres la venta y la puerta. No hay evidencia en el mundo de que estos programas hayan funcionado".



Por María José Errázuriz.
Fuente: Emol - Tendencias & Mujer/Cepal Mujer

Cuestionario de consulta a los Estados y a la Sociedad Civil para la elaboración del informe de seguimiento a la situación de las defensoras y los def

Desde hace varias décadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha prestado un interés especial a la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en la región, cuyo rol esencial para la implementación universal de los derechos humanos, la consolidación de la democracia y el Estado de derecho en las Américas ha sido destacado reiteradamente. Sin embargo, las defensoras y los defensores de derechos humanos siguen siendo objeto de ataques y hostigamientos y su labor sigue siendo marcada por desafíos y obstáculos que pretenden silenciarlos e inhibirlos, lo cual a su vez niega a miles de personas la oportunidad de obtener justicia por violaciones de derechos humanos.


La Comisión Interamericana invita a las defensoras, los defensores y a las organizaciones de la sociedad civil, a responder el presente cuestionario y aportar la mayor información que les sea posible para que sea analizada en el marco de la elaboración del informe de seguimiento, el cual comprenderá el período trascurrido desde 2006 a la fecha.

Las respuestas al cuestionario podrán ser remitidas hasta el 28 de febrero de 2011 a la siguiente dirección:

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Organización de Estados Americanos

1889 F street, NW

Washington DC 20006

cidhdefensores@oas.org

  • Ver aquí cuestionario a los Estados.
  • Ver aquí cuestionario a la Sociedad Civil

Fuente: CIDH

diciembre 16, 2010

El discurso sobre los derechos de las mujeres y su indicador: el aborto

El 9 de diciembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó al Presidente Piñera su primer informe. La intervención de la Directora del Instituto, abogada Lorena Fríes, y la de Víctor Abramovich, Director del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, se refirieron a la necesidad de abordar desde el enfoque de derechos las desigualdades en cuyo marco viven actualmente su vida importantes grupos de la población, entre otros, el de las mujeres. Se señaló: “… hoy observamos que las demandas sociales por derechos humanos son más complejas y exigentes. Ya no se pide de los Estados solo el respeto de los derechos. Se demanda también que actúen de manera efectiva para protegerlos y garantizarlos. Sobre todo cuando la afectación de los derechos obedece a factores estructurales, por ejemplo patrones de desigualdad de género, sociales o raciales. Están en juego conflictos colectivos, la situación de grupos o sectores sociales desaventajados”[1]. Es sabido que las desigualdades de género expresan discriminación entre mujeres y hombres en materia de ejercicio y goce de derechos humanos. Esta sola constatación significa que ni la protección ni la garantía de los derechos de las mujeres están siendo cubiertas por los Estados.

En la ocasión el Presidente Piñera afirmó enfáticamente en su discurso: “Debemos mantener y acelerar lo mucho que se ha avanzado en esta materia en los gobiernos anteriores, pero también acelerar el tranco para lograr una mayor igualdad en materia de derechos, de libertades, de oportunidades y también de responsabilidades entre hombres y mujeres en nuestro país, donde a pesar de lo mucho avanzado, todavía tenemos un largo camino que recorrer”. ¿Es que sus palabras permiten entender que se hace cargo de injusticias que su coalición se ha empeñado en mantener, priorizando convicciones ideológicas y religiosas en desmedro de los derechos y libertades de las mujeres y del Estado laico? ¿Significa que, entre otras acciones, favorecerá la construcción de mayorías políticas para hacer coherente el discurso sobre igualdad de derechos entre mujeres y hombres, a través de legalizar el aborto? ¿Destrabará esta discriminadora herencia de la dictadura militar? ¿Habrá conexión entre discurso y voluntad política?

El derecho de las parejas a decidir su proyecto reproductivo, esto es, la cantidad y espaciamiento de hijos/hijas, fue reconocido para las parejas en la Primera Conferencia internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Teherán 1968. Luego, la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo, en Bucarest 1974, reconoció también ese derecho como individual: “Todas las parejas y los individuos tienen el derecho fundamental de decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos”.

En Chile, medio siglo después, el goce de este derecho por parte de las individuas aún no tiene el alcance que tiene para los individuos. Cuando los hombres no desean asumir la paternidad ante un embarazo no planificado y no deseado, abortan de diversas maneras y con múltiples argumentos. Cuando en las mismas circunstancias las mujeres no desean asumir la maternidad, o más aún, cuando el embarazo atenta contra su vida o su salud, el aborto les está negado por ley. Si transgreden esta disposición en un esfuerzo límite por defender su proyecto de vida ejerciendo su derecho a decidir, son encarceladas y criminalizadas. ¿Acogerá el Presidente Piñera las observaciones de los organismos pertinentes de las Naciones Unidas que piden al Estado chileno revisar su legislación sobre aborto, así como la demanda de las mujeres chilenas que sufren esta atroz discriminación en materia reproductiva?

Dos casos impactantes - evidencia de la injusticia -, han aparecido en los diversos medios en las últimas semanas. El primero, Karen Espíndola, una mujer anónima y valerosa, a quien el Estado chileno obligó a llevar a término un embarazo cuyo resultado ha sido un niño con gravísimas malformaciones que sólo vive para sufrir las 24 horas de cada día, sin protección o garantías para sus derechos. Posteriormente, Mónica Pérez, destacada periodista, rostro de TVN, quien debió esperar la muerte in útero del feto, viviendo una tortura física y psicológica , al igual que la que soportó obligadamente Karen durante nueve meses. El impacto de la entrevista a Mónica Pérez ha movilizado las sensibilidades de parlamentarias y parlamentarios en un arco extremo y la respuesta ha sido un proyecto a la medida del caso.

Es de esperar que en esta ocasión la senadora Matthei y el senador Rossi se comprometan con la iniciativa y desarrollen la abogacía imprescindible para construir mayorías. Ya hay muchos proyectos similares durmiendo en el Parlamento; por diversas razones se presentan, pero luego sus autoras/es no mueven un dedo para hacerlos realidad.

También es necesario recordar que las mayorías no sólo deben ser parlamentarias. Para que éstas sean consistentes es preciso construir mayorías sociales. Se echa de menos la interlocución de la senadora y el senador con la sociedad civil, y también, la claridad para entender que la legalización de una causal no restablece el derecho negado a miles y miles de mujeres que ven su salud atropellada por embarazos que trastocan sus vidas, pero que no se inscriben en la causal de inviabilidad fetal.

Las mujeres necesitamos que el Estado proteja y garantice nuestro derecho a decidir.


Por Maria Isabel Matamala Vivaldi
Médica, consultora internacional en salud y género
Articulación Feminista por la Libertad de Decidir
Nota:

[1] Víctor Abramovich

SEMINARIO “Sexualidades ¿Relaciones de Poder?:Rompiendo Imaginarios”

El Comité de Servicio Chileno, CoSeCh, en el marco de la Campaña Sexualidad Libre y responsable realizará el día viernes 14 de enero del 2011, el SEMINARIO "Sexualidades ¿Relaciones de Poder?:Rompiendo Imaginarios"

El objetivo del seminario es reflexionar sobre los mandatos incorporados para vivir nuestras sexualidades en esta cultura patriarcal buscando propuestas que nos permitan construir relacionamientos nuevos consigo mismo/a y con otros/as.

Este evento se llevará a cabo en Casa Michoacán de los Guindos Lynch Norte 164, La Reina. Fono: 2660577. Metro Plaza Egaña.Santiago.

Este Seminario se desarrollará con el auspicio de EED y María Stroot Fonds, por lo tanto su valor es sin costo para las y los participantes; sin embargo, el CoSeCh asume el valor correspondiente a cada persona inscrita, lo que significa adoptar un compromiso de asistencia, al hacer efectiva esta invitación. Los cupos son limitados.

Las personas interesadas en participar pueden llenar ficha de inscripción y hacerla llegar hasta el miércoles 22 de diciembre. Se confirmarán las personas seleccionadas.

Las personas interesadas en participar pueden llenar ficha de inscripción y hacerla llegar hasta el miércoles 22 de diciembre. Se confirmarán las personas seleccionadas.

Esperando sus noticias, un abrazo.

Equipo CoSeCh

¿Llega la hora de las campesinas colombianas?

"Suena bonito, pero es difícil" y "lo más importante será su traducción a la realidad", sintetizan la reacción de lideresas del campo en Colombia ante la decisión del gobierno de reactivar e inyectar amplios recursos a un fondo especial para proyectos rurales encabezados por mujeres.

El escepticismo tiene raíces profundas en un país con su población rural diezmada por más de cinco décadas de conflicto interno, manejos corruptos de los proyectos para apoyar a los productores agropecuarios y, en el caso de las mujeres, una visión patriarcal del campo que las margina e invisibiliza pese a ser mayoría. Por una vez el "mea culpa" desde el gobierno ha sido tan contundente en las críticas como el de las productoras rurales y sus asociaciones, al anunciar el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, que en 2011 se destinarán 850.000 dólares a emprendimientos de mujeres en el campo, para comenzar a pagar la deuda con ellas.

Se hará a través del Fondo de Fomento para la Mujer Rural, sin recursos los cuatro últimos años, y dentro de una multiplicación de aportes destinados a desarrollar el campo colombiano, con la creación o regeneración de programas en los que también se impulsará la participación femenina. "La Ley de Mujer Rural con más de ocho años no ha sido reglamentada", criticó Restrepo.

"La política pública para beneficio de la mujer rural carece de desarrollo institucional y articulación entre agencias estatales", agregó, en un diagnóstico alineado con el de las organizaciones no gubernamentales de productoras agropecuarias.

Pero "para que el cambio sea realidad, es importante tener en cuenta que las mujeres en espacios rurales mantienen muchas desventajas propias de sociedades patriarcales", alertó a IPS Yulieth Tamayo, integrante del no gubernamental Colectivo de Mujeres Pazíficas, que opera en el suroccidental y agrícola departamento de Valle del Cauca. Una supremacía masculina que se expresa, por ejemplo, en que las tierras se registran a nombre de parejas, padres o hermanos.

A ello se suma que los trámites exigidos para obtener recursos demandan la presentación de una compleja documentación y exige desplazarse hasta ciudades cercanas "o incluso Bogotá", lo que se dificulta para las productoras que suelen tener hijos a su cargo, detalló Tamayo. Para que las oportunidades de las mujeres rurales sean más equitativas, a su juicio, habrá que promover "proyectos de cambios culturales y educativos, al igual que veedurías sobre el manejo de recursos".

"El anuncio es fabuloso, pero también tienen que ofrecer asesoría y soporte para usar de la mejor manera los recursos", consideró Ángela Orozco, una productora de la localidad de Usme, en el límite rural al sur de Bogotá, en el margen oriental de la cordillera andina. Orozco, de familia campesina desplazada desde el noroccidental departamento de Antioquia y que estudió docencia, es una convencida de la importancia de conservar las labores y costumbres de sus ancestros y compagina el trabajo en el campo con su profesión.

En la finca que rodea su casa cultiva uchuvas, cebollas, hinojos, caléndulas remolachas, lechugas, cilantro y manzanilla, para el autoconsumo y la venta en ferias cercanas. Además, en Ciudad Bolívar, en el suroccidente del área metropolitana de la capital, un gran distrito marginal creado por desplazados del conflicto llegados desde zonas rurales, promueve entre niños y niñas la siembra de productos de autoconsumo en jardines y guarderías infantiles.

Orozco cree que solo liderazgos propios sacarán al campesinado colombiano de su larga postergación y victimización y "eso es más importante aún con las mujeres".

En las últimas seis décadas, la población campesina de esta nación sudamericana soportó el abandono estatal y los embates de una guerra interna de características eminentemente rurales, con las fuerzas militares y las guerrillas izquierdistas como protagonistas pero no únicos actores. Ya antes quedaron en medio del bipartidismo tradicional que enfrentó a bandoleros liberales y conservadores, para seguir después los conflictos entremezclados de paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, milicianos, traficantes de esmeraldas y agentes del Estado, donde la posesión de la tierra ha sido uno de los objetivos.

El resultado fue uno de los mayores y silenciosos éxodos de la reciente historia mundial desde el campo a las áreas urbanas. Solo desde 1985, unos 3,3 millones de personas fueron desplazadas y le fueron arrebatadas al menos dos millones de hectáreas.

En 1950 la población rural colombiana representaba 70 por ciento del total y actualmente no pasa de 26 por ciento, según las proyecciones del censo de 2005. Eso equivale a unos 11,7 millones de personas, 51 por ciento de ellas mujeres.

A esas mujeres no se les reconoce "su significativo aporte a la economía nacional, y en particular, a la soberanía alimentaria del país", según la no gubernamental Infogénero, promotora de movilizaciones campesinas en defensa de sus derechos y contra la violencia machista y general. Restrepo, que integra el gobierno de Juan Manuel Santos, en el poder desde agosto, abundó que deben ser tenidas en cuenta por "su capacidad empresarial, su sentido de austeridad, su vocación de ahorro y su priorización de necesidades familiares".

Destacó que, además, ellas son "más cumplidoras de obligaciones crediticias" y tienen mayor "sentido de comunidad" por lo que proteger sus derechos económicos y sociales supone un valioso efecto multiplicador. Pero en su finca, Orozco, como otras productoras agropecuarias, mantiene su desconfianza.

"A los gobiernos no les interesa el campesinado, y eso lo prueba todo lo que pasó con AIS: aplastaron a los campesinos dejándolos sin recursos", afirmó. Se refiere al escándalo por desviación de recursos destinados a la población campesina, para ser entregados a terratenientes por el programa Agro Ingreso Seguro (AIS) durante la Presidencia del derechista Álvaro Uribe (2002-agosto 2010).

La investigación aún abierta determinó que entre 2007 y 2009, el presupuesto otorgado a terratenientes fue 27 veces más que el destinado a la población campesina, cuyo índice de pobreza alcanza a 70 por ciento.

Los beneficiarios de AIS incluyeron floricultores, cultivadores de palma africana, banano, caña, y transnacionales como Coltabaco, filial de la tabacalera Philip Morris, que recibió créditos por 16.500 millones de dólares. "El Programa AIS estará al servicio de pequeños y medianos productores.

Y nos empeñamos en que el microcrédito productivo para el sector rural sea una realidad palpable", prometió el ministro. Y pronosticó que "los grandes beneficiarios de esta reorientación serán jóvenes emprendedores rurales, y mujeres que viven y laboran en el ámbito de nuestra ruralidad".

Por Helda Martínez
Fuente: IPS

Sí a la Diversidad Familiar!
The Blood of Fish, Published in