Cuando las mujeres hablan, la guerra es contra el olvido

Durante más de 30 años mujeres civiles y militares que trabajaron en la guerra de Malvinas cumplieron la orden de no contar lo que habían hecho. Los textos, los documentos, los libros tampoco las mencionaban. Ni a ellas como enfermeras, ni a las radio operadoras, ni a las instrumentistas quirúrgicas. Pero un día hablaron y nunca más se callaron. Cuando el silencio es una orden, hablar es rebeldía.

Dora Ríos y Stella Morales fueron enfermeras durante la Guerra de Malvinas, sin embargo, no se conocen. Dora trabajaba en el Hospital Naval Puerto Belgrano en Punta Alta y Stella en el Hospital Reubicable en Comodoro Rivadavia. Nunca hablaron entre ellas pero las dos pelean contra lo mismo: los recuerdos dolorosos de aquel tiempo, el silencio y el olvido. A 40 años del comienzo de la guerra recorremos sus historias. 

Era 1976 cuando Dora hizo las valijas y dejó su Santa Fe natal para mudarse a Punta Alta, en la provincia de Buenos Aires. Había recibido el título de enfermera en la Cruz Roja Argentina y sus hermanos militares la invitaron a que se uniera al cuerpo de la Armada Nacional. Rindió los exámenes necesarios y comenzó a trabajar en el Hospital Naval de Puerto Belgrano ese mismo año. Ahí estaba junto a otras 170 enfermeras cuando el 2 de abril comenzó la Guerra de Malvinas. “No nos decían que era una guerra. No sabíamos nada al principio. Nos hablaban de operativos y, como era una base naval, operativos había siempre. Una vez que terminó, nos dijeron que no contemos nada a nadie de lo que habíamos vivido, que no hablemos, que era un secreto, un secreto de Estado. Y nosotras éramos muy obedientes”, cuenta Dora a LatFem. En ese entonces ella tenía 26 años y un marido. Durante casi 33 años no dijo nada a nadie. A nadie. Y nadie incluye a su marido y, luego, a sus dos hijxs. 

Pero Dora también tenía sus propios secretos en el hospital. No le había contado a nadie que mientras atendía a los soldados que llegaban al borde de la muerte, trabajaba días y días seguidos sin descansar, estaba embarazada de su primera hija, Noemí Elizabeth Lucero.

Dora Ríos en un acto en Rosario por Malvinas. Rosario3

Dos años después de que la Guerra por Malvinas terminara, Dora le dijo a su marido que se quería ir de Punta Alta, quería alejarse de ahí. Eligió volver a su provincia, pero a la ciudad de Rosario. “Porque es la ciudad de nuestra bandera, yo amo a mi país, amo mi bandera, amo el monumento”, dice Dora mientras ceba un mate. El termo tiene un sticker de las Malvinas y la bandera celeste y blanca. Ahí vive ahora, desde 1984, ahí crió a Noemí y a Ezequiel Nicolás. Ahí volvió a trabajar en hospitales, en terapia intensiva y en cirugía cardiovascular atendiendo a pacientes recién operados. 

“A veces, cuando ingresaban ex combatientes o había veteranos internados, otros pacientes me decían: ‘mira, ese es un loquito de la guerra, tené cuidado’. Eso me abría una herida ¿Te imaginas si hubiera dicho que yo también era otra loca de la guerra? Entonces nunca quise decir lo que había hecho”, cuenta Dora. Aunque la guerra no salía de su boca, cuando llegaba un paciente delicado, imaginaba que todavía estaba en la guerra atendiendo a los heridos. “Era mi propia guerra, un proceso interno mío”. 

El silencio comenzó a resquebrajarse para Dora hace siete años. Poco antes de jubilarse “se los conté para que ellos (su marido e hijxs) el día de mañana sepan realmente mi historia y para que cuando nosotros ya no estemos también la puedan contar”. Una vez que empezó a hablar, no paró. 

—Tengo que poder decir para sanar mi corazón.

Dora Ríos y Norma Lino en Rosario. Rosario3

Sus ex compañeras agrupadas en Enfermeras Civiles 1982 HNPB (​​Hospital Naval Puerto Belgrano), cuenta, estaban sorprendidas de que aquella mujer que tanto había callado ahora hablara en todos lados. La organización que hoy preside Susan Lilian Gómez reúne a enfermeras y ex enfermeras veteranas de la Guerra de Malvinas de diferentes provincias del país, que se organizan para conseguir donaciones y hacer trabajos comunitarios y solidarios en los territorios. Dora, particularmente, fundó hace seis meses, junto a hijas de ex combatientes y veteranos, la organización Mujeres por Malvinas de Rosario, desde donde articulan con merenderos de los barrios y escuelas. La agrupación de Enfermeras Civiles recibió a lo largo de estos últimos años muchos reconocimientos y distinciones en distintas localidades y de parte de distintos organismos, sin embargo siguen sin ser reconocidas oficialmente como veteranas de guerra. Algo por lo que vienen luchando. 

Pisar Malvinas

—¿Por qué nosotras que estuvimos en el continente, que hicimos enfermería, no merecemos el reconocimiento como veteranas? 

“Malvinas es causa nacional, es causa de orgullo nacional. Quienes lucharon en Malvinas, quienes defendieron en condiciones, a veces, totalmente desfavorable el sentido de soberanía, de dignidad nacional, son una cuestión de orgullo y son una referencia constante para todos los argentinos. Nosotros sí lo reconocemos permanentemente y lamentamos profundamente el olvido”, declamó el 21 de julio de 2005 el entonces Presidente de la Nación, Néstor Kirchner. En ese acto, anunciaba la firma del decreto por el cual se le otorga pensiones honoríficas a los Veteranos de Guerra del Atlántico Sur. 

En la ley argentina sólo es considerado veterano de guerra la persona que pisó las islas o que haya estado dentro de cierto perímetro de las mismas y las enfermeras no entran en esas categorías. En las listas originales sólo figura una sola mujer, Liliana Colino, que probó haber pisado las Malvinas. En tanto, las que trabajaron en los centros de la Fuerza Aérea son reconocidas simbólicamente como “veteranas” por esa institución, pero en los hechos no reciben la pensión vitalicia.

Recién en 2021, Alicia Reynoso y Stella Morales fueron reconocidas como veteranas de guerra después de haber llevado a juicio al Estado. El fallo de Alicia se conoció en mayo y el de Stella, en julio. Les llevó once y siete años respectivamente el proceso judicial. Los jueces incluyeron entre sus argumentos el proyecto de ley que fue presentado el año pasado y que promueve el reconocimiento como veteranxs a quienes tuvieron distintas tareas durante la guerra, también en el continente. 

Stella Morales y Ana Masitto en el interior del Hospital Reubicable

“Es muy triste esa grieta entre quienes pisaron las islas y quienes estuvimos en el continente, como si la guerra hubiese sido sólo en un lugar. Las enfermeras estuvimos ahí desde los inicios hasta el final atendiendo a los heridos en combate. Yo no pienso en la pensión ni el certificado, me considero veterana de guerra porque he participado de un conflicto bélico, no levantando un arma y matando, sino batallando contra el dolor y las heridas del cuerpo y el alma de los soldados que llegaban de ese infierno”, dice Stella Morales a LatFem. 

Ella nació en Córdoba y en 1981 ingresó en la Fuerza Aérea. Era enfermera militar del Hospital Aeronáutico de Pompeya, en la ciudad de Buenos Aires y tenía 27 años cuando la convocaron junto a otras trece enfermeras a ir al Hospital Reubicable que estaría en las Islas Malvinas. Sin embargo, los planes cambiaron en el trayecto y el hospital se ubicó en la cabecera del aeropuerto de Comodoro Rivadavia, en Chubut. Allí llegó Stella en el primer grupo. 

Alrededor de 1200 kilómetros separan al Hospital Naval de Puerto Belgrano en Punta Alta —donde trabajó Dora Ríos— de la ciudad de Comodoro Rivadavia donde estuvo Stella durante los dos meses y doce días que duró la guerra. En ese tiempo, 649 soldados argentinos murieron y más de mil resultaron heridos. Ambas tenían la misma tarea: atender heridos, curarlos, salvarlos de la muerte. Y para ambas, mantener el silencio fue una orden.

“Nosotras como enfermeras militares estábamos bajo órdenes de guerra y debíamos obedecer. No podíamos hablar ni siquiera entre nosotras. No era tema del día, ni del fin de semana, ni del franco. Cuando terminó la guerra, resultó que quedamos en silencio, nos guardamos. Cada una se sumió en su dolor y en sus recuerdos. Se fue haciendo carne y nos fuimos encerrando cada vez más”, dice Stella.

“Nos decían que éramos truchas, casi dejamos de existir”Stella Morales

A fines de 1983, Stella pidió la baja de la Fuerza Aérea, siguió trabajando como enfermera en distintos hospitales de la ciudad de Buenos Aires, se casó, tuvo dos hijos y retomó la carrera de Artes Plásticas que había abandonado. El arte, dice, la ayudó a tramitar algunas experiencias y emociones. Pero siguió sin decir nada de lo que había vivido entre abril y junio de 1982. Y el silencio se amalgamaba con el olvido. A pesar de que en los años ‘90 el Congreso de la Nación les otorgó un diploma y una medalla a las enfermas del Hospital Reubicable y la Fuerza Aérea le había entregado un certificado, la memoria colectiva parecía no nombrarlas. “Lamentablemente la Fuerza Aérea se olvidó de anotarnos en las listas de personas que habían participado de la guerra, ni nos convocaban a los actos, nadie nos mencionaba, nos decían que éramos truchas, casi dejamos de existir”, recuerda hoy Stella. Hasta que en 2011 su amiga y compañera Alicia Reynoso la llamó por teléfono y le dijo: “Tenemos que pelear por nuestro reconocimiento, por nuestra visibilización”. Desde aquel momento se hicieron más cercanas y para ir desgarrando el silencio comenzaron a dar charlas en colegios sobre el papel de las mujeres en la guerra y sobre sus tareas como enfermeras. 

Stella Morales. Foto León D. Corbalán I. Interior del hospital. 1982 F. Radiolandia 2000.

Nombrarse. Dibujar su existencia en esa guerra. Los textos, los documentos, los libros que no las reconocían, no las mencionaban. Ni a ellas como enfermeras, ni a las radio operadoras, ni a las instrumentistas quirúrgicas. Hasta que en 2014, la historiadora Alicia Panero publicó el libro Mujeres invisibles en el que recupera la historia de aquellas profesionales militares y civiles que participaron de la guerra. Fue en ese mismo año en el que Stella decidió comenzar el juicio para ser reconocida como veterana de guerra. Las mismas autoridades de la Fuerza Aérea le dijeron que iniciara el juicio al Estado si quería ser considerada oficialmente. Y cuatro años más tarde, la propia Alicia Reynoso publicó el libro Crónicas de un olvido: mujeres enfermeras en la Guerra de Malvinas. Su objetivo estaba claro: quería que las enfermeras dejaran de ser “un grupo de mujeres NN vivientes entre nuestros pares”. Esa convicción de recuperar su historia y compartirla, de dejar de ser sombras apenas en la construcción colectiva de la guerra fue lo que también las llevó a participar del documental Nosotras también estuvimos de Federico Strifezzo, donde por primera vez ambas junto a Ana Masitto volvieron luego de 37 años a Comodoro Rivadavia, al mismo sitio donde estuvo emplazado el Hospital Reubicable. 

Ana Masitto, Alicia Reyn

oso y Stella Morales cerca del refugio. C. Rivadavia, 1982.

“Son cuarenta años que teñidos de mucho dolor —y sobre todo de mucha violencia, porque el silencio también es violencia—. Fuimos sumidas en un silencio tan tremendo que por poco no nos sacan de la historia. Pero todas seguimos caminando, tratamos de sobrevivir y apostar a la vida. No nos quedamos encerradas en el año 1982 con nuestros tristes recuerdos, pero igual están esas heridas que no van a cerrar”, reflexiona Stella

Por Anuka Fernández Fuks

Fuente: Latfem

Entrevista a Francisca Fernández Droguet, militante feminista y socioambiental «El agua, las semillas y la energía no deben tener condición de propiedad»

 [Foto: Observatorio de Género y Equidad]

Francisca Fernández Droguett es militante feminista y socioambiental, parte del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) de Chile. Realiza un recorrido del modelo económico extractivo, la privatización del agua y el trabajo de las organizaciones sociales, pueblos indígenas y campesinos. Afirma que los bienes naturales deben ser gestionados por los pueblos.

Francisca Fernández Droguett es militante feminista, socioambiental, docente y antropóloga chilena. Es parte del Movimiento por el Agua y los Territorios en Chile (MAT), que aglutina a unas 100 organizaciones a nivel plurinacional. También integró la Coordinadora Feminista 8M, se desempeñó como perito de la Defensoría Penal Pública en causas indígenas y asociadas a la defensa de mujeres y migrantes; y fue asesora en el proceso de debate de la nueva Constitución que se vivió en Chile entre 2021 y 2022. En el marco de la defensa de los bienes comunes en el sur del mundo, enhebra conceptos como «feminismo», «justicia ambiental» y «plurinacionalidad». También brinda su perspectiva sobre los desafíos que tienen los gobiernos progresistas del continente ante el avance del extractivismo norte-sur y las promoción de «falsas soluciones».

«Hay tres elementos que permiten sostener la vida: el agua, las semillas y la energía. Ninguno debiese tener condición de propiedad, porque al privatizarlos o al generar una condición de propiedad, se impide sostener y cuidar la existencia de los pueblos», define.

Una de sus banderas de lucha es por el derecho agua. Este bien común está privatizado en Chile. La Constitución de 1980 y el Código de Aguas de 1981 —sancionados durante la dictadura de Augusto Pinochet— junto con sus reformas de 2005 y 2011, y la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, definen al agua como un bien nacional de uso público, pero a la vez establecen un sistema de reparto para el uso del recurso a través de la asignación de Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DDA), que son intercambiables en el mercado.

Aunque el Estado puede regular los DDA bajo ciertas circunstancias críticas, éstos son entregados a privados a perpetuidad y con carácter heredable. No conllevan costos para sus propietarios y no existen causales para su revocación. Además, en Chile el acceso al agua no está consagrado como un derecho humano, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, Costa Rica, México y Brasil, en línea con la Resolución 64/292 de 2010 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El MAT surgió en 2013 en un encuentro llamado «AguAnte la vida», que organizó el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OCLA). Allí nació la necesidad de conformar un espacio para la lucha antiextractivista, desde donde pensar alternativas y, puntualmente, trabajar en pos de la desprivatización del agua. Utilizan, explica Fernández Droguett, la categoría “plurinacional”, entendiendo que reúne a distintos pueblos en articulación transversal desde el norte al sur del país.

Además de los aspectos normativos en relación con el agua, el agronegocio, el modelo forestal, la acuicultura y la megaminería son amenazas concretas a este derecho. Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 2018 (citados en este informe de las Naciones Unidas) señala que, en 2017, la agricultura, la minería y la industria manufacturera representaron casi el 80 por ciento de las extracciones de agua totales en el país trasandino. Estas actividades, además, contaminan las aguas. Es el caso del agronegocio en la zona central y del perjuicio que genera la actividad minera en los glaciares, de los que deriva el 70 por ciento del agua para consumo humano.

“El agua en Chile literalmente se puede comprar, vender, arrendar y hasta hipotecar. Hemos dado la lucha ante las empresas tanto nacionales como trasnacionales. Los bienes comunes, tanto sociales como naturales, han sido privatizados y nuestra lucha ha estado vinculada al conflicto extractivo: en el norte contra la megaminería, en el centro y sur contra el agronegocio, en el sur contra el modelo forestal”, describe Fernández Droguett.

—¿Qué estrategias se dieron para abordar el derecho al agua en los territorios?

—Entre 2019 y 2020 hicimos más de 60 cabildos por el agua en los que participaron casi 2.000 personas proponiendo cómo podíamos pensar una gestión comunitaria del agua, entendiendo que es un bien común que no tiene que tener condición de propiedad. Es un bien inapropiable, de bienestar de los comunes. Lo entendemos como un derecho humano pero también como un derecho de la naturaleza. Es así que nos fuimos acercando al concepto del agua como parte de la dimensión de la naturaleza, como sujeta de derecho, aspecto que ha sido parte del debate constitucionalista o del Nuevo Constitucionalismo que se dio en Bolivia y en Ecuador. Por otra parte, propusimos la gestión por cuencas y subcuencas, el resguardo y la recuperación de prácticas ancestrales y el ejercicio de la gestión colectiva. Por ejemplo, de las obras sanitarias que están vinculadas al saneamiento de las aguas. Luego de una revuelta social que fue muy importante y que coincidió con los cabildos, hubo una primera experiencia de Convención Constitucional, donde un tercio de sus integrantes, por lo menos, eran de movimientos sociales y territoriales.

—¿Qué lugar tuvo el derecho al agua en el debate constitucional entre 2021 y 2022?

—Fue algo sin precedentes. Desde el Movimiento por el Agua y los Territorios tuvimos seis constituyentes y levantamos una iniciativa de norma popular por el agua, los derechos de la naturaleza y los glaciares. Fue una de las propuestas más votadas. Si había casi 400 artículos en esa propuesta constitucional, más de 77 estaban vinculados a la defensa de la naturaleza, de las aguas, al reconocimiento y la importancia de la agroecología y de la agricultura campesina y familiar. Desgraciadamente se perdió esa votación por la desinformación y porque se impuso tardíamente la votación obligatoria. Desde el MAT hemos seguido pulsando desde la lucha territorial y la incidencia institucional por la desprivatización del agua. Pero lo más importante es recalcar que también trabajamos en la construcción de alternativas. Trabajamos fuertemente la soberanía y autodeterminación alimentaria, energética y de gestión comunitaria de las aguas, políticas y éticas de los cuidados y circuitos cortos de economías territoriales. Son las bases desde donde nos vamos organizando de maneras múltiples y muy diversas.

—Si bien se perdió la votación de esa reforma, ¿considera que algo de ese proceso permeó en la política chilena, en términos de los derechos de la naturaleza?

—Quizás uno de los mayores aportes haya sido que hablar de los derechos de la naturaleza o de la desprivatización del agua hace unos años era algo muy desconocido. Obviamente hay mucho dolor y pena frente a una oportunidad histórica que tuvimos y que no fuimos capaces de hacer una lectura más profunda del proceso, pero al mismo tiempo poco a poco ha devenido en sentido común y podemos decir que se ha transversalizado muchísimo la defensa del agua, de los territorios y la situación de la crisis ecológica y climática que debemos superar. Poder plasmar la necesidad urgente de que el agua sea entendida como un derecho humano y como parte de la gestión ecosistémica de la naturaleza es algo que hoy es mucho más conocido, que ha generado mucho más sentido y movilizaciones. Las propuestas no son algo que hayamos cerrado con el capítulo constitucional, sino que las seguimos profundizando.

—¿De qué manera?

—Por ejemplo, levantamos juicios éticos feministas por la justicia climática y realizamos talleres de los mismos temas. Como somos organizaciones territoriales que nos aunamos en un movimiento, estamos constantemente movilizadas y atentas para denunciar, para movilizar, incidir y transformar. Logramos transversalizar una sensibilidad, generar que algunos temas se apropien más desde el sentido común. Algo que hace una década era impensable, hoy ya no es así. Nos queda sin duda un largo camino porque la privatización de los bienes comunes naturales está en directa relación con la intensificación y perpetuación de las políticas neoliberales. Por eso también planteamos una disputa al modelo neoliberal.

—Es lo que está pasando regionalmente. En Argentina hay funcionarios, (como el diputado neuquino Marcelo Bermúdez), que cuestionan que el agua sea un derecho humano.

—Totalmente. Hay tres elementos que permiten sostener la vida: el agua, las semillas y la energía. Ninguno debiese tener condición de propiedad, porque al privatizarlos o al generar una condición de propiedad, se impide sostener y cuidar la existencia de los pueblos. Por eso hemos hecho una fuerte campaña tanto local, pero también internacionalista, de entender que estos son los pilares fundamentales de los cuidados de los pueblos y de la naturaleza. Hoy estamos en un momento muy peliagudo del avance de la ultraderecha, que nos recuerda claramente lo que en Chile vivimos de manera más temprana con las políticas neoliberales en la década de los 80. Pero que se sigue replicando y aún más en Argentina, intensificando en un corto tiempo.

—¿Cuáles son las condiciones necesarias en una comunidad para avanzar hacia proyectos de gestión comunitaria del agua?

—Las condiciones necesarias para que una comunidad pueda avanzar hacia proyectos de gestión comunitaria del agua, por ejemplo en Chile, es obviamente derogar el Código de Aguas que ha privatizado el bien común. Para que el agua realmente esté en manos de la administración y control de la comunidad, y en resguardo el equilibrio ecosistémico, tiene que haber un reconocimiento del agua como derecho humano pero también como un derecho de la naturaleza para no dar cuenta de la gestión solamente en clave del consumo humano sino también del bienestar de la naturaleza, del equilibrio ecosistémico y de la restauración. En definitiva, las condiciones necesarias son: la desprivatización, el fin de la política extractivista y el control y administración por parte de los pueblos, tanto a nivel rural como urbano.

—¿Qué es para usted la justicia climática?

—Es una justicia que entrelaza la justicia social, la hídrica, la ecológica y la climática. Es una justicia en pro de una recuperación, regeneración y restauración de la naturaleza, pero además entendiendo a la humanidad como parte de la naturaleza. La justicia ambiental no es indistinta de la parte social, sino que están interrelacionadas porque la humanidad es eco e interdependiente con la naturaleza. La justicia ambiental es la superación de esta falsa díada entre naturaleza versus humanidad, entendiendo una justicia para la humanidad, para los pueblos, para los territorios en comunión con la propia naturaleza. Eso implica una justicia que se esté pensando más allá del extractivismo y de una crítica absolutamente radical al capitalismo, en tanto sistema-mundo que ha sido una de las principales entidades a nivel político, económico y social generadora de ecocidios y terricidios.

—¿Cómo ve la posibilidad de incorporar la agenda socioambiental de cara a las elecciones en Chile de este año?

—Es complejo porque todos los sectores que se han ido movilizando, y en general la política institucional vinculada al plebiscito constitucional de 2022, tiene absolutamente restringida la posibilidad real de que los pueblos, las organizaciones comunitarias y los movimientos sociales sean partícipes. Hay una estructura fuertemente partidista respondiendo a los intereses económicos y empresariales del país. Somos los pueblos y los movimientos sociales los que vamos colocando la agenda socioambiental, presionando e incidiendo en el ámbito institucional.

—¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los gobiernos progresistas de la región en relación al extractivismo?

—Los gobiernos progresistas de la región tienen el principal desafío de asumir una radicalidad respecto a la ruptura extractivista y también de las falsas soluciones. Por ejemplo, diseñar un conjunto de políticas institucionales y leyes que realmente estén a favor del cuidado, poniendo en el centro la vida y no las ganancias. Lo veo muy limitado porque los gobiernos progresistas no solo en algunos casos han intensificado el extractivismo y lo han incentivado, sino que hoy también están encabezando proyectos de falsas soluciones: complejos eólicos, fotovoltaicos, explotación del litio y de hidrógeno verde. Todo en el marco de seguir perpetuando las ganancias y una mirada absolutamente colonial. Los gobiernos progresistas tienen un gran desafío de apostar a un cambio estructural. Eso implica una transformación en la matriz productiva, energética y de consumo. Deben realmente asumir una perspectiva de superación del extractivismo.

Repensar los territorios en clave feminista y plurinacional

Fernández Drogguet invita a pensar la transformación de los territorios en clave plurinacional y apuntando hacia la justicia climática, haciendo énfasis en los derechos de la naturaleza. Señala que el extractivismo es equivalente al patriarcado y explica el impacto que ese modelo tiene en los cuerpos feminizados y cómo incrementa el trabajo relativo a los cuidados. Desde esa perspectiva, en septiembre pasado participó del encuentro «Renaturalizar las ciudades», en Rosario.

—¿Qué significa “renaturalizar las ciudades”?

—Como Movimiento por el Agua y los Territorios trabajamos la noción de circuitos de economías territoriales. Para disputarle al capitalismo neoliberal tenemos que consolidar economías territoriales solidarias que reivindiquen una forma de adaptación y de armonía con los ciclos de la naturaleza, pero sobre todo rompiendo con falsas dualidades. Por ejemplo, la dualidad rural-urbano. Para sostener las alternativas al extractivismo y al capitalismo la base es la alianza campo-ciudad, entender que somos espacios históricamente interrelacionados. La ciudad no puede vivir sin el campo y el campo requiere de diálogo, de flujos con la ciudad. Así que levantamos el concepto de ruralizar lo urbano, con huertas familiares, con huertas en los espacios públicos, en los barrios; pensando el cuidado de las semillas y del cuidado del espacio público desde una dimensión ecosistémica. Hablar de renaturalizar las ciudades está en esa clave: ruralizar, plantar, entender la especificidad de la naturaleza como parte de la gestión y de la planificación del territorio urbano. Pensamos en ciudades que estén situadas en términos ecosistémicos, que estén pensadas no solo desde la articulación y la planificación urbanística sino también desde la naturaleza. Pero también en los espíritus, en los saberes, en los haceres, en la dimensión de la memoria ancestral que tiene el territorio, ya no solo las personas sino la naturaleza en sí misma. Es una ética y política de los cuidados, por eso lo vinculamos con la idea de aguas-semilla-energía. Eso no es solamente un tema rural, sino que también es profundamente urbano.

—¿Qué ejemplos hay de estas experiencias?

—Hay experiencias maravillosas en distintos países, con alianzas de agroecología urbana, por ejemplo en las favelas de Brasil. Durante la pandemia hubo una alianza muy importante entre el campo y la ciudad de entrega de semillas para proveer de alimento. Luego ese alimento proveía a una red de abastecimiento popular, que a su vez sostenían los comedores populares. Es tener esta mirada interrelacionada vinculándolo con la economía territorial, con los cuidados, con la defensa del territorio-naturaleza, en el marco de la ciudad.

—¿Cómo caracteriza el cruce entre la agenda feminista y la agenda socioambiental?

—El extractivismo, en esta política colonial de cosificación, explotación y mercantilización de la naturaleza, opera de la misma forma en cuanto a la cosificación, mercantilización e instrumentalización de los cuerpos feminizados: mujeres, niñas y disidencias. El extractivismo también es patriarcado. La megaminería, el agronegocio, el modelo forestal y la explotación petrolera son espacios que re-patriarcalizan los territorios. Por ejemplo, la minería está en directa relación con el aumento de la trata de personas y de la explotación sexual. El extractivismo precariza aún más nuestras vidas: con trabajo precarizado, con falta de trabajo y aumentando los cuidados. Porque ya no es solo cuidar la casa —que es un mandato que tenemos las mujeres—, la familia o los enfermos, sino cuidar un territorio devastado y sin agua. Los cuidados se intensifican, la violencia política y sexual se intensifica, y a la vez opera dentro de la misma lógica de explotación de los territorios y de los cuerpos. Hemos logrado construir otros referentes dentro de los feminismos: feminismo campesino, feminismo popular, feminismo comunitario o decolonial. Algunas veces los hemos llamado ecofeminismo; otras, feminismos ecoterritoriales. Desde esa perspectiva hemos logrado sostener que tanto la lucha por la semilla o por la energía de los pueblos tienen que ser también demandas feministas. Aún falta bastante caminar en ello. Pero lo que nos parece esencial de los feminismos comunitarios es la defensa del cuerpo-tierra-territorio, cuerpo-agua-territorio como parte de las demandas fundamentales de crítica al sistema patriarcal. Hemos hecho un andar bien interesante donde nos entendemos como feministas, pero con los pies en la tierra, pensando en nuestras propias dinámicas organizativas y en nuestros contextos de memoria histórica desde los territorios.

—En la práctica cotidiana, ¿cómo construir una mirada decolonial de la naturaleza? ¿Cómo aprender de la plurinacionalidad?

—Desde el Movimiento por el Agua y los Territorios pensamos lo plurinacional como una coexistencia, como el apoyo mutuo entre pueblos originarios, afros, migrantes, sectores campesinos y sectores populares. No reducimos lo plurinacional a lo indígena, sino a lo originario, a lo afro, a lo migrante, a todos los distintos flujos de prácticas, de saberes, haceres y sentires que los pueblos vamos encontrando en los territorios. Pensar una ciudad en clave de la plurinacionalidad es, por ejemplo, tener en cuenta la importancia de la vivienda mirando al sol, la posibilidad de entender que el ciclo natural del territorio es con la llegada del sol. También es preguntarnos por qué tenemos que plantar pasto si tenemos la posibilidad de plantar hierbas medicinales o alimentos. Es cambiar una lógica que está pensada para un bienestar muy occidental, no vinculado con los ciclos en un período de crisis climática, ecológica y social. Esta dimensión de lo “pluri” implica recuperar esos saberes pero recrearlos en el marco de las propias vivencias. El descolonizar implica asumir nuestros mestizajes desde lo descolonizador y no desde lo criollo en positivo. Es pensar en ciudades donde habitan pájaros, donde habitan espíritus, donde son fundamentales los centros ceremoniales de los pueblos originarios, pero también los espacios donde hacer fiestas, donde construir comunidad, donde encontrarnos. Ciudades en las que los comedores populares estén en directa relación con las semillas que se están sembrando y la comida que se está cultivando. Es la posibilidad de pensar en barrios generando sus propias energías y no estas falsas soluciones con grandes complejos eólicos o fotovoltaicos. Es pensar en esa multidimensionalidad. Y el feminismo también ha pensado eso, desde la economía feminista situada: redes de abastecimiento popular, organización de comedores populares, limpieza de canales y cuidado de las semillas.

Por Mariángeles Guerrero

Fuente: Tierra Vivae

Honduras lidera las tasas de feminicidio en América Latina

95 por ciento de los casos de femicidio permanecen impunes

La violencia de género una grave preocupación, mientras la pobreza afecta cada vez más a las mujeres

Al menos 59 mujeres han muerto de forma violenta en Honduras en lo que va del año 2025, según datos proporcionados por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).

Este país lidera las tasas de femicidio en América Latina, con una grave preocupación sobre la seguridad de las mujeres, en particular por el aumento de casos en los primeros meses de este año. “Sin duda las muertes violentas de mujeres y los femicidios son un problema en el país, que es necesario abordar”, subrayó la directora del Observatorio de la Violencia de la Unah, Migdonia Ayestas.

La directora advirtió que el país enfrenta un problema “grave” en cuanto a las muertes violentas de mujeres, detallando que entre enero y marzo de 2025 se han registrado 59 muertes, lo que incluye 14 casos solo en el mes de marzo. Además, comparando las cifras de los primeros dos meses de este año con los mismos meses de 2024, Ayestas informó que el número de muertes violentas aumentó de 39 a 45, lo que representa un incremento de seis casos. El observatorio también destacó que el 95 por ciento de los casos de femicidio permanecen impunes en Honduras debido a la falta de investigaciones apropiadas, según registraron estadísticas oficiales y de organizaciones feministas.

En 2024, se registraron al menos 230 femicidios en el país, lo que equivale a una mujer asesinada cada 38 horas y 5 minutos, donde el 67 por ciento de las víctimas falleció por armas de fuego. En cuanto a las denuncias de violencia, se reportaron entre enero y febrero de 2025 un total de 5.921 denuncias por violencia doméstica y 7.221 por maltrato familiar, según el Sistema Nacional de Emergencias 911.

El contexto socioeconómico de Honduras, con una población de aproximadamente 10 millones de habitantes, refleja que las mujeres representan el 53 por ciento de la población, muchas de ellas viviendo en condiciones de pobreza extrema. Ayestas expresó su preocupación por la educación que reciben las niñas, a quienes se les enseña a callar, no expresar lo que sienten y a obedecer, ya que de lo contrario “las van a matar”. La directora también destacó que estas cifras reflejan la creciente “inseguridad” en Honduras, con 7,2 casos de femicidios por cada 100.000 mujeres en 2023.

Al menos un centenar de mujeres se manifestaron el 8 de marzo en Tegucigalpa, la capital de Honduras, en protesta contra la creciente ola de femicidios que azota al país. La violencia de género sigue siendo una grave preocupación, mientras la pobreza afecta cada vez más a la población femenina, una realidad que activistas calificaron como “sumamente dramática”. La violencia machista afecta desproporcionadamente a las mujeres, y Ayestas hizo un llamado urgente a las autoridades para abordar la violencia de género de manera “diferenciada” y reforzar la implementación de medidas de protección y justicia. El alarmante aumento de femicidios y muertes violentas de mujeres en Honduras destaca la urgente necesidad de una respuesta más firme y efectiva por parte del gobierno y la sociedad. La impunidad prevalente en los casos de femicidio, sumada a la ineficacia de las autoridades para abordar la situación, sigue siendo un obstáculo crítico para erradicar esta grave problemática.

Fuente:SemMéxico/Semlac

Entrevista exclusiva a Thelma Fardin. El camino nunca es el silencio

La Justicia Brasileña con una cámara ampliada ratificó la condena a Juan Darthés por el delito de violación. Cinco de los seis jueces lo condenaron a 6 años de prisión. Después de siete años de batalla descarnada, Thelma Fardin observa y reflexiona sobre el recorrido junto a Las12. 

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Imagen: Sebastián Freire

¿Cuánto se le ha exigido a Thelma desde el día de la conferencia de prensa aquel 11 de diciembre de 2018? Coherencia, salud mental, fuerza física, sostén económico para afrontar los costos de un proceso judicial que involucra a tres países, energía y tiempo para contener a otras víctimas.

¿Qué le prohibimos como sociedad a las víctimas de violencia sexual? El derecho a la alegría, al amor, a los sueños, al deseo, al crecimiento económico. 

¿Se puede hablar de reparación cuando el daño es inabordable en su totalidad? Se puede cometer la torpeza de hablar de justicia sólo por la condena a quien destrozó una parte de la vida de una persona y además la obligó a aceptar las reglas de un juego macabro en el que denunciar nos coloca inevitablemente en el banquillo de los acusados?

¿La reparación real existe?

--Es muy difícil hablar en términos generales, es muy fuerte porque en el proceso de reparación se rompen otras cosas. La noche antes de tomar el avión para Sao Paulo le decía a Nico (Riera) con mucha angustia ¿Hice bien en hacer lo que hice? Y él me dijo: Sin dudas. Imaginate cómo te hubiera carcomido por dentro. Que me lo diga él que no está tan empapado de lo que es la lucha histórica para mí fue muy importante, y me hizo acordar a algo que me dije cuando tenía 25 años: esto me va a comer las entrañas. Hoy hay muchos caminos de reparación pero yo miro el mapa de la posibilidades desde arriba y quizá con algunos errores, creo que elegí el camino correcto.

¿Cuántas lupas hemos puesto sobre la vida y obra de una niña de 16 años cuando nos remontamos al momento de los hechos? Poner en juego la palabra consentimiento frente a una menor de edad en un delito contra la integridad sexual es una equivocación mayúscula adrede desde el punto de vista legal, y, por lo menos, perversa desde una mirada humanitaria. ¿Por qué nos ha costado tanto reparar en la niña que Thelma era cuando Darthés la violó y en la mujer que, con una valentía superlativa, hackeó un sistema deficiente y machista? ¿Qué cimientos movió en nosotres como para distraer la mirada hacia la exigencia de un catálogo de buena víctima? ¿Cómo fue seguir después de aquel día en Nicaragua?

“Sin dudas a la piba de 16 años que entró en esa habitación le arrebataron muchas cosas, quedó muy manchado mi espacio laboral. Mi vínculo con el trabajo era muy estresante, me fui a otros países a trabajar porque tenía miedo de cruzarlo y algo se apagó en la mirada. Se nota un quiebre entre aquella nena y los 17 y 18. Eso no es recuperable, pero yo estoy tan orgullosa de quien soy que pienso si hubiese podido ser moldeada del mismo modo sin las mismas experiencias”.

Cancelación: Una trampa discursiva

¿Por cuánto tiempo más vamos a permitir que visibilizar un abuso sexual sea un pasaporte a la estigmatización y cancelación de la denunciante? La palabra cancelación es una trampa discursiva que en la práctica se utiliza sigilosamente contra las víctimas.

El término cancelar que nada en los dientes de los tibios para hacer expansivo el alcance brutal con que defienden el poder de un abusador, debería analizarse como herramienta de adoctrinamiento y silenciamiento a las víctimas. Una embestida feroz a niñas, mujeres y diversidades que quedan fuera del radar laboral. Un intento brutal de quitar los recursos económicos a como dé lugar. Un plan de desgaste físico, mental, emocional y económico con el único objetivo de demolición y silencio.

“Yo tengo el sueño muy claro de poder disfrutar de mi profesión porque todavía hay muchos espacios que siento una marca, un peso por ser la que denuncié dentro de mi espacio laboral. Deseo dar vuelta la página en ese aspecto, que no sea como una carga, un estigma, pero todavía cuesta", dice Thelma.

"Sé específicamente de muchos lugares donde se ha dicho No, Thelma después de lo que hizo es muy difícil. Tuvo un costo muy alto que me duele tener que pagar, y en ese sentido me duele que hayan querido ensuciarme con mensajes como “Ladrona” cuando ni siquiera hice una demanda civil ni viví del Estado como intentaron asegurar. Denunciar me cerró puertas laborales pero prefiero toda la vida no ser cómplice de un sistema, no haberme quedado calladita”.

Las redes que salvan

El instinto de supervivencia se aferra a los afectos casi desesperadamente. Los vínculos familiares, amistosos y sexo afectivos son, frente a una sociedad hostil que rechaza cualquier voz desestabilizante del secreto a voces, el salvavidas irremplazable para las víctimas de un delito que pone en jaque la célula base de la institución familiar.

Los procesos judiciales en delitos como abuso sexual, llevan un promedio de 7 años. ¿Qué se deja en el camino de esos siete años en un paréntesis de vida no elegido? Cuánto más debe perder una víctima de abuso sexual que se anima a hablar? Un pliegue inapelable es la salud mental.

“Sin dudas sin un acompañamiento terapéutico psicológico yo no hubiese podido rearmar mi paz, sobre todo no solo por el abuso sexual en sí mismo sino por la exposición publica, y en el proceso judicial fue muchísimo más complejo y duro de lo que hubiese imaginado. A pesar de eso, en la balanza, fue mucho más reparador hablar que no hacerlo. Pero mi sostén siempre fueron las amistades, mi pasión por mi profesión y los libros. Hay algo muy fuerte en esto de que el arte salva. Yo lo siento así. Y hoy sin dudas también lo es mi vínculo de pareja. Antes de entrar a la audiencia Nico me decía: acordate que pase lo que pase, vos volvés a casa y tenemos nuestra vida, nuestros amigos, nuestras comiditas ricas, mirar los partidos de fútbol y las gatas. Él lo tenía y lo tiene muy claro porque de hecho yéndome para Brasil, de sorpresa armó un video con todos mis amigos diciendo que viajaban conmigo, que me acompañaban. Me emociona mucho y lloro cada vez que lo digo y lo pienso porque fue muy vital”.

Hoy volvés de Brasil con un fallo sin precedentes. ¿Cuál es la emoción que te habita?

--Hubo algo muy sorprendente al escuchar a estos jueces, hombres de más de 50 años con una cultura tan distinta, hablando otro idioma. Escucharlos recogiendo al fin el sentido colectivo que fuimos construyendo y no solamente en términos teóricos, sino que muchas contamos nuestras historias y empezamos a entender más cabalmente de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia sexual, fue muy contundente.

Uno de los jueces cambió el fallo en el momento, de hecho lo dijo; “Yo estuve trabajando mucho en esto, leyendo los testimonios, y teniendo dudas acerca de la tipificación y cómo se configura la violencia, pero estando acá, escuchando a cada uno de mis compañeros jueces, al abogado defensor y a la abogada asistente de acusación me doy cuenta acá mismo que LA VIOLENCIA FÍSICA ES EN SÍ MISMA LA VIOLACIÓN”. Esa construcción de sentido fue muy fuerte porque muchas veces te piden esa imagen de “ la golpeó, la ató, la amordazó y la realidad es que en una violación el miedo es paralizante".

"Otro de los jueces recogió algo que yo dije en una conferencia de prensa y fue muy interesante: si nosotros vamos a decir que es difícil investigar un delito que pasó hace nueve años entonces ni siquiera aceptemos la denuncia. Fue muy reparador escucharlo.

Otro juez puso el foco en el abusador, dijo: La víctima tiene un testimonio contundente, coherente y sin contradicciones hace siete años, el acusador tiene muchas declaraciones contradictorias. Fue fantástico porque puso la responsabilidad en el tipo de 46 años.

El único juez que votó en contra explicó que lo hacía por la tipificación y las leyes brasileñas, pero no puso en duda los hechos denunciados.

Thelma Fardin es el punto de inflexión en una línea de tiempo en el que la historia se apoyará para reivindicar los derechos y la vida de infancias, mujeres y disidencias a nivel mundial. ¿Tenemos dimensión del precedente histórico de este fallo?

"Esta victoria va a ser útil en términos muy técnicos, este fallo será insumo para próximos juicios. En términos sociales termina de saldar un debate, ahora cuando hablen de mí o de otras mujeres que pasaron por ésto, vamos a poder decir “La justicia le dio la razón”. Hoy me pasó que estaba esperando el semáforo para cruzar la calle y se bajó un tipo del auto y me dijo “Sos Thelma, quiero agradecerte tu lucha y lo que hiciste en la justicia”.

Para mí es muy importante decir que este camino no hubiera sido posible sin mis abogados Carla Junqueiras, Martín Arias Duval, Marie Labozzetta, Luli Galkin, el equipo de Amnistía, las actrices, Luciana Peker.

La huella y un propósito

Hay algo que este recorrido forjó, sin soñarlo ni proponérselo en un principio: Thelma Fardin creó una Fundación que lleva su nombre y ahora está con su primer proyecto que es un video podcast sobre acceso a justicia para sobrevivientes de violencia sexual en América Latina de la mano de Equality Now. El objetivo es dejar una hoja de ruta, un panorama más amplio de cómo es ese camino. La intención es abrir un espacio grupal para compartir experiencias. “Aprendí que hay algo muy reparador en escuchar a otras”.

Otro proyecto más ambicioso es poder darle patrocinio jurídico a las sobrevivientes.

24 hs después de aquella conferencia de prensa de 2018 junto a actrices Argentinas, habían aumentado un 1200 por ciento las denuncias. De 2018 a esta parte, el sistema judicial elevó la cantidad de condenas por violencias sexuales.

A veces entera, otras, hecha escombros, Thelma permaneció en un campo de batalla desigual, cruel y enloquecedor con una lucidez e inteligencia descomunal. En ese mismo campo de batalla, hoy, una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños luchan por sobrevivir a las violencias sexuales.

Por Carolina Fernández

Fuente: Página/12