La vejez de las mujeres sin lugar: el cohousing feminista como una necesidad inexistente en la política habitacional chilena
Imagen de la galería Casa Saigon / a21studio. Diagrama © a21studio.
Frente a las lógicas de aislamiento que golpean la autonomía económica de las mujeres, las viviendas colaborativas emergen como proyectos comunitarios capaces de materializar la corresponsabilidad relacional y desprivatizar los cuidados.
El modelo de vivienda colaborativa o cohousing tiene una trayectoria concreta de casi seis décadas [EL PAÍS América Futura, 2026]. Según consignan los registros de la cooperativa de hábitat ecológico El Rayo Verde (2020), los orígenes de esta alternativa se remontan al invierno de 1964 en Copenhague, Dinamarca, cuando el arquitecto Jan Gudmand-Høyer comenzó a proyectar los primeros diseños de habitabilidad compartida. La crónica histórica de la Revista PLOT (2023) detalla que el impulso definitivo ocurrió en 1967 a raíz de una influyente columna de la periodista Bodil Graae titulada "Los niños deben tener cien padres", texto que movilizó a cincuenta familias para fundar Sættedammen, complejo residencial comunitario inaugurado materialmente en 1972. Esta colectividad de familias e intelectuales descontentos con el aislamiento de la vivienda suburbana tradicional diseñó la infraestructura con la meta explícita de colectivizar el trabajo reproductivo (doméstico y de cuidados) no remunerado.
La expansión de estas estructuras habitacionales comunitarias continuó hacia los Países Bajos y Suecia durante la década de 1970, consolidando el concepto de Kollektivhus en el norte de Europa. A finales de los años 80, las arquitectas estadounidenses Kathryn McCamant y Charles Durrett estudiaron estas dinámicas europeas y acuñaron formalmente el término cohousing, introduciendo la propuesta en el contexto norteamericano a través de proyectos adaptados a realidades tanto urbanas como rurales. Las iniciativas mantuvieron, hasta ese momento, un enfoque mayoritariamente familiar e intergeneracional, centrado en compatibilizar el empleo asalariado con las labores de cuidado de las infancias.
La reapropiación política feminista hacia un modelo senior ocurrió a finales de la década de 1990 en el Reino Unido mediante una ecuación profundamente crítica. Una colectividad de activistas feministas inglesas, conscientes de la mayor esperanza de vida de las mujeres y de su consecuente exposición al aislamiento crónico y a pensiones de vejez precarizadas, fundó en 1999 la organización OWCH (Older Women's Co-Housing) [OWCH, 2025; Cambridge University Press, 2020]. Las integrantes de esta agrupación disputaron durante casi dos décadas los marcos normativos de un mercado inmobiliario hostil y atravesado por el edadismo institucional, argumentando que los varones mayores de su generación no habían deconstruido los mandatos de dominación patriarcal Así, la decisión de fundar un espacio exclusivo de mujeres se consolidó como un acto de resistencia y autodefensa política, que culminó en 2016 con la inauguración del emblemático complejo New Ground en High Barnet . El proyecto consolidó una infraestructura gestionada de manera autónoma por mujeres mayores, demostrando que la vejez de las mujeres podía gestionarse desde una autonomía relacional y corresponsabilidad social fuera de la tutela de la familia nuclear obligatoria o de la institucionalización en geriátricos mercantilizados.
Esta trayectoria global ha encontrado un hito político reciente en América Latina. Conforme a la investigación periodística publicada por la plataforma informativa EL PAÍS América Futura (2026), la asociación civil uruguaya Mujeres con Historias lidera la primera experiencia de este tipo en la región. El colectivo, compuesto por cerca de 30 integrantes mayores de 60 años —muchas de ellas antiguas militantes y supervivientes de la dictadura—, logró que la Intendencia de Montevideo les cediera en comodato una finca en la Ciudad Vieja para materializar su proyecto habitacional. Su propuesta arquitectónica distribuye departamentos privados mínimos vinculados a áreas comunes, convirtiendo el espacio en una alternativa empírica frente al desamparo de los modelos tradicionales.
La autonomía relacional de los cuidados funciona como el motor ético de estas comunidades. El pensamiento feminista crítico aplicado a este relato histórico tensiona la noción de autonomía individual liberal clásica, según la cual la libertad equivale a una autosuficiencia total y aislada. Esta distorsión fue superada formalmente por las filósofas Catriona Mackenzie y Natalie Stoljar (2000), quienes sostienen que "la autonomía relacional subraya que las capacidades de autonomía se desarrollan y sostienen a través de relaciones sociales e institucionales reales". Desde esta perspectiva teórica, la autonomía relacional se define como la capacidad que poseen las personas para tomar decisiones soberanas sobre sus propias vidas, reconociendo que esta libertad no se ejerce desde un aislamiento individualista, sino que depende estrictamente de la existencia de redes afectivas, comunitarias e institucionales que sostengan de manera recíproca a los sujetos. En el plano material, la economista Amaia Pérez Orozco (2014) plantea la necesidad de poner la "sostenibilidad de la vida" en el centro de la organización, dejando en claro que "la vida no es autosuficiente, sino radicalmente interdependiente y ecodependiente".
La infraestructura del cohousing senior asume esta crítica a través de una corresponsabilidad relacional comunitaria. Esto implica que el soporte mutuo, el acompañamiento en salud y el sostenimiento doméstico no se delegan en la familia obligatoria ni se compran en el mercado, sino que se gestionan colectivamente entre pares, reconociendo los vínculos afectivos e institucionales como la base material que hace posible la libertad individual. El diseño garantiza el "cuarto propio" privado, pero los trabajos de salud y alimentación se transforman en una responsabilidad colectiva y aprobada, un principio que la politóloga Joan Tronto (1993) acuñó al exigir que el cuidado salga de las sombras de la familia obligatoria, definiéndolo como "una actividad de la especie que incluye todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo". Estas redes vecinales y afectivas se blindan además de la especulación inmobiliaria gracias al uso de cooperativas en régimen de cesión de uso.
Contradicciones institucionales: El nudo crítico entre cuidados y suelo urbano
En el contexto chileno, el debate propulsado por diversas asambleas de base, redes territoriales por el derecho al cuidado y colectivas articuladas —como la Asociación Yo Cuido, el Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH) y la Red de Mujeres por la Ciudad— tensiona el vacío histórico que afecta a la vejez de las mujeres. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2024) ha insistido sostenidamente en que la autonomía económica de las mujeres exige transitar de forma urgente hacia una "sociedad del cuidado" que desprivatice, colectivice y dote de infraestructura habitacional compartida a estas labores de reproducción social, subsanando el impacto de la desigual división del trabajo no remunerado a lo largo del ciclo vital
Frente a esta necesidad, estas organizaciones comunitarias denuncian que las políticas habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) continúan entrampadas en una matriz de subsidios individuales orientada exclusivamente a la adquisición de propiedad privada tradicional. En la práctica, mientras entidades de la sociedad civil de carácter técnico como la Fundación Cohousing Chile promueven la urgencia de diversificar las tipologías residenciales senior para la vejez, el diseño actual de la política pública de vivienda en el país no contempla líneas de financiamiento estatales, glosas presupuestarias ni mecanismos de asignación de suelo específicos para modelos autogestionados de propiedad colectiva permanente. Las iniciativas impulsadas por mujeres mayores se enfrentan a un marco normativo rígido que las obliga a asimilarse a figuras individuales o de copropiedad estándar, invisibilizando la interdependencia y diluyendo la viabilidad de espacios comunes de cuidado mutuo. La demanda de estos movimientos sociales apunta a exigir una apertura en la política urbana que reconozca que la habitabilidad compartida es una condición material indispensable para asegurar una vejez digna, autónoma y corresponsable.
Referencias Bibliográficas
- Asociación Civil Mujeres con Historias. Mujeres con Historias: Vivienda colaborativa, apoyo mutuo y memoria colectiva. Montevideo, Uruguay. mujeresconhistorias.uy
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2024). La sociedad del cuidado: Horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género en América Latina y el Caribe. Naciones Unidas.
- El Rayo Verde Cooperativa. (2020). Sættedammen, la comunidad de cohousing más antigua del mundo: Los orígenes del hábitat colaborativo escandinavo. cooperativaelrayoverde.com
- Mackenzie, C., & Stoljar, N. (Eds.). (2000). Relational Autonomy: Feminist Perspectives on Autonomy, Agency, and the Social Self. Oxford University Press.
- Pérez Orozco, A. (2014). Subversión feminista de la economía: Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Traficantes de Sueños.
- Revista PLOT. (2023). Vivir más cerca en el pasado: Genealogía arquitectónica y política del bofælleskaber danés. revistaplot.com
- Tronto, J. C. (1993). Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care. Routledge.

