Mujeres invisibles en los campos: el paradigma de las inmigrantes temporeras en España

bear_productions/Shutterstock.

La agricultura española se sustenta en gran medida en el trabajo estacional. Detrás de los frutos que llegan a las mesas se esconde la realidad de miles de mujeres migrantes temporeras que enfrentan una compleja red de desigualdades en su salud y condiciones laborales.

Un trabajo feminizado y segregado

La segregación de tareas por sexo es una realidad palpable en el campo español. Mientras los hombres se dedican a labores mecanizadas o de mayor carga física, las mujeres se concentran en la recolección y el manipulado.

Esta división no es neutral: ellas se enfrentan a riesgos laborales específicos derivados de la repetición de movimientos y posturas forzadas y agravados por la falta de equipos de protección individual (EPI) que se adapten a su fisonomía.

Además, la contratación en origen, ejemplificada por el programa GECCO del Gobierno español, crea una fuerte dependencia de intermediarios y de los empleadores, acentuando la precariedad y vulnerabilidad de mujeres migrantes en la agricultura.

Este modelo de migración circular, aplicado mayoritariamente a mujeres para la cosecha de frutos rojos, ha sido objeto de críticas por sus condiciones de vulnerabilidad.

Más allá del campo: vivienda y acoso

Las desigualdades no terminan en la jornada laboral. El alojamiento, provisto por el empleador, se convierte en un espacio de control social donde las mujeres están expuestas al acoso sexual y otras formas de violencia de género. A diferencia de los hombres, que suelen habitar en asentamientos informales de extrema precariedad pero con mayor autonomía, las mujeres afrontan una “liminalidad íntima” donde su vida privada queda supeditada al entorno laboral.

A pesar de que el Convenio 190 de la Organizacíón Internacional del Trabajo (OIT) sobre la violencia y el acoso entró en vigor en España en 2023, su implementación en el sector agrario sigue siendo insuficiente. La falta de protocolos efectivos y canales de denuncia protegidos deja a muchas trabajadoras en una situación de desprotección frente a abusos.

El derecho teórico a la salud

España reconoce legalmente el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, pero la realidad para las temporeras migrantes es muy distinta. Las barreras idiomáticas, la falta de mediación cultural y el desconocimiento de sus derechos dificultan el acceso a servicios básicos, especialmente en lo que se refiere a salud sexual y reproductiva.

Mientras los hombres hacen frente a obstáculos relacionados con la irregularidad documental o el temor a represalias, las mujeres suman barreras estructurales en la atención ginecológica y el seguimiento del embarazo.

La ausencia de dispositivos de salud sensibles al género en las zonas de campaña agrava esta brecha asistencial.

Discriminación en la selección: el estatus familiar

Un hallazgo particularmente preocupante es la discriminación en los procesos de selección en origen. Se han documentado prácticas que priorizan a mujeres con hijos menores y un estado civil específico, bajo la supuesta finalidad de “garantizar el retorno”. La exigencia del Libro de Familia para acceder a un empleo es discriminatoria por sexo y situación familiar, y vulnera la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva y la Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato, además de las directivas europeas y el Convenio 111 de la OIT sobre la discriminación.

Esta selección condicionada refuerza la segregación laboral y la dependencia, limitando la capacidad de las mujeres para denunciar abusos por miedo a no ser contratadas en futuras campañas.

Hacia una acción coordinada

La situación de las temporeras no es un efecto colateral, sino el resultado de un modelo que prioriza la eficiencia económica sobre los derechos humanos. Es urgente implementar políticas públicas efectivas entre las que destacan:Salud: implementar equipos móviles con mediación intercultural y atención específica en salud sexual y reproductiva, como se propone en distintos documentos.

Prevención: realizar evaluaciones de riesgos diferenciadas por género y dotar de EPI adaptados.

Vivienda: desvincular el alojamiento del contrato de trabajo para garantizar la autonomía y seguridad de las trabajadoras y la Directiva (UE) 2024/1760.

Gobernanza: aplicar la Directiva (UE) 2024/1760 en las cadenas de suministro y asegurar la transparencia retributiva, conforme a la Directiva (UE) 2023/970 y al Real Decreto 902/2020.

Visibilizar esta doble carga es el primer paso para garantizar que los derechos laborales y de salud sean una realidad para todas las personas que sostienen nuestra agricultura.

Artículo escrito con el asesoramiento de la Sociedad Española de Epidemiología.

Sobre las autoras y los autores

Blanca Obón Azuara, Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y en Medicina Intensiva, Departamento de Sanidad de Aragón; Carmen Vives Cases, Catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública. Directora de la Unidad de Igualdad. Universidad de Alicante, Universidad de Alicante; Christian Gil-Borrelli, Physician, Preventive Medicine and Public Health Specialist, Osakidetza – Servicio Vasco de Salud; Daniel La Parra Casado, Catedrático de Universidad. Sociología., Universidad de Alicante; Erica Briones-Vozmediano, Profesora Agregada en Ciencias de la Salud, Universitat de Lleida; Isabel Gutiérrez Cía, Servicio de Medicina Intensiva Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa» de Zaragoza. SALUD, Aragón, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y María del Mar Jiménez Lasserrotte, Profesora Ayudante Doctor. Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina. Facultad Ciencias de la Salud, Universidad de Almería

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Ir al artículo original.

Desigualdades en salud y trabajo: experiencias de trabajadoras del hogar en Chile, Colombia, Costa Rica y Perú

La presente publicación examina las experiencias de vida de las trabajadoras domésticas en cuatro países latinoamericanos, centrándose en la intersección de los determinantes sociales de la salud y las trayectorias vitales mediante una metodología de historias de vida. 

Entre otros aspectos, el estudio explora en profundidad la manera en que factores como la pobreza, las trayectorias educativas interrumpidas y los movimientos migratorios configuran la vida y las condiciones laborales de las mujeres que trabajan como empleadas domésticas. Se destaca una alta presencia de pobreza y violencia, especialmente hacia las trabajadoras afrodescendientes, así como el impacto de su incorporación temprana al mercado laboral. 

También se examinan las condiciones laborales, tanto en su dimensión formal como informal, y cómo estas últimas, cuando no son adecuadas, pueden generar precariedad laboral. Otro de los temas abordados tiene que ver con las experiencias asociativas y de agencia presentes en la vida de estas mujeres, tales como las migraciones en busca de mejores oportunidades y la participación en organizaciones sindicales. 

Por otra parte, el análisis del acceso a servicios esenciales como la salud, la vivienda y las prestaciones de la seguridad social revela disparidades y desigualdades significativas que constituyen aspectos clave para entender este problema en su conjunto. 

En suma, los resultados ponen de relieve los importantes retos que enfrentan las trabajadoras domésticas en América Latina y el Caribe, destacando la necesidad de políticas públicas más inclusivas e integradoras que reconozcan su dignidad, sus derechos y su contribución fundamental al tejido social y económico.

• Para descargar: Desigualdades en salud y trabajo: experiencias de trabajadoras del hogar en Chile, Colombia, Costa Rica y Perú

Fuente: OPS

La política exterior feminista frente al desmantelamiento institucional

El poder económico se convierte inevitablemente en poder político, por ende, la desigualdad no es un accidente ni un fenómeno natural; es resultado de un conjunto de decisiones políticas.

OXFAM, 2026

La política exterior feminista, más allá de ser una herramienta que busca reconfigurar los sistemas tradicionales de poder, representa un compromiso político con la transformación de estructuras de dominación que influyen en la concepción del mundo y las interacciones entre Estados. La política exterior y la diplomacia, desde su origen, se han construido sobre un pensamiento históricamente dominado por hombres. Esto no solo involucra a quienes diseñan y practican la política, sino que también depende de la estructura y el desarrollo del Estado. Por lo anterior, el feminismo en la política exterior es una manifestación mundial frente al desmantelamiento institucional que han promovido gobiernos antidemocráticos. La incomodidad del planteamiento está relacionada con el desconocimiento de su objetivo.

La propuesta de una política exterior feminista involucra un compromiso colectivo entre mujeres y hombres que plantean una reconfiguración de prioridades hacia la justicia social, la igualdad de género y la sostenibilidad. De ahí la importancia de analizar su origen, sus principales características, dimensiones analíticas y su relevancia estratégica frente a la crisis institucional contemporánea, particularmente desde la perspectiva de los estudios de desarrollo mundial.

Sin duda, las recientes transformaciones del sistema internacional se han caracterizado por una crisis institucional. Las divisiones geopolíticas y las polarizaciones que ponen en riesgo el multilateralismo ante la desconfianza y la percepción de instituciones ineficientes, además influyen en el incremento de las desigualdades estructurales. En este contexto, la política exterior feminista representa una propuesta innovadora que pretende replantear las actuales bases normativas y operativas de la política exterior.

Características e impulso

El origen de la política exterior feminista tiene sus raíces en tres importantes corrientes: 1) el feminismo en las relaciones internacionales de finales del siglo XX, donde autoras como Cynthia Enloe y J. Ann Tickner, Chandra Talade Mohanty, Gayatri Chakravorty Spivak y Trinh T. Minh-ha han cuestionado la invisibilización de las mujeres y las relaciones de poder en el sistema internacional. Este enfoque logró evidenciar cómo la política mundial reproduce estructuras patriarcales; 2) la agenda internacional de género, que va desde instrumentos como la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad que impulsan la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas internacionales, y 3) la institucionalización estatal, que hace referencia a la formalización de los Estados de la adopción explicita de la política exterior feminista como eje rector de las acciones en su actuar exterior, integrando la igualdad de género como un objetivo central.

Las características de la política exterior feminista se distinguen por priorizar los derechos humanos como eje fundamental de la acción exterior. Esto implicaría un cambio en las prioridades, donde el bienestar de las personas se antepone a los intereses estratégicos del Estado. Además, busca transformar las estructuras de poder que generan exclusión y desigualdad. Una de las contribuciones más relevantes es su enfoque interseccional, que reconoce que las desigualdades no se explican por cuestiones de género, sino por la interacción de múltiples factores como la clase, la raza, la etnicidad y la orientación sexual. Por lo anterior, es indispensable que exista una coordinación y coherencia de políticas, con el fin de orientar el actuar en la política exterior, incluyendo la diplomacia, la cooperación internacional, el comercio y la seguridad como pilares que sostienen el desarrollo mundial. Otro elemento clave es la incorporación de un sistema de cuidados que significa una transformación en la concepción de la seguridad y el desarrollo para restablecer la sostenibilidad de la vida sobre la competencia comercial y el control por el poder.

Las características de la política exterior feminista se distinguen por priorizar los derechos humanos como eje fundamental de la acción exterior.

Para comprender la complejidad de la política exterior feminista es importante analizar las distintas dimensiones que permitan identificar los valores y los principios que la sustentan. La dimensión normativa, por ejemplo, busca orientar los principios de la política exterior. Su implementación requiere capacidad institucional que incluya marcos legales, recursos y coordinación interinstitucional. Además, la voluntad política y el liderazgo son factores determinantes en su proceso de adopción y consolidación. La dimensión internacional posibilita evaluar el contexto mundial que condiciona la implementación, ya que factores como la geopolítica, el multilateralismo y las relaciones de poder influyen en su aplicabilidad. Estas dimensiones son claves para identificar sus resultados, así como su contribución en la construcción política por la igualdad de género y su impacto en el desarrollo mundial.

La política exterior feminista se ha consolidado como una tendencia emergente en la gobernanza global, adoptada por un número creciente de países con distintos enfoques y niveles de análisis, no depende de un modelo único, ya que su impacto lo determinan las capacidades y la voluntad política de los Estados. Su potencialidad depende de la articulación a agendas de desarrollo y justicia social. Es un fenómeno relativamente reciente que surge formalmente en Suecia en 2014 y se ha expandido a distintas regiones del mundo. Los países que han declarado oficialmente una política exterior feminista como eje rector son Noruega (2016), Canadá (2017), Luxemburgo (2019), Francia (2019), México (2020), España (2021), Alemania (2022), Países Bajos (2022), Chile (2022), Colombia (2023), Eslovenia (2023) y Mongolia (2023).

Cabe destacar que existe un grupo importante de Estados que no utilizan el término explícito de “feminista”, pero han incorporado enfoques a favor de la igualdad de género como Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Irlanda, Sudáfrica, Suiza y Nueva Zelanda. Estos países en su mayoría participan en el grupo internacional de política exterior feminista, que trabaja en los esfuerzos multilaterales para la promoción de los derechos humanos y la consolidación de las políticas exteriores feministas.

La política exterior feminista frente al panorama internacional

Las acciones de la política exterior feminista en su mayoría están ancladas a espacios específicamente en materia de género como el Consejo de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, así como la Comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Lo anterior no significa que sean temas que deban abordarse de forma aislada. El actual contexto internacional exige su vinculación a temas considerados “prioritarios” en la agenda internacional, como la seguridad y el desarrollo económico. La Agenda 2030 es un claro ejemplo de la transversalidad del tema en los asuntos mundiales del desarrollo sostenible.

Los debates actuales sobre la funcionalidad del sistema de la ONU son ejemplo de la emergencia internacional para reconfigurar estructuras que no significan que no funcionen, sino que requieren de una reorientación política y compromiso internacionales. Los cambios de gobierno permiten reflexiones sobre las oportunidades para replantear objetivos y metas comunes de alcance mundial, como el cambio climático, que pone en riesgo el desarrollo de la humanidad y que, a su vez, impacta de forma diferenciada. Las actuales candidaturas a la Secretaría General de la ONU implican asumir retos complejos en el desarrollo institucional. Latinoamérica cuenta con cuatro postulaciones que, en gran medida, reflejan el potencial compromiso en la política internacional. Además, ponen en evidencia su falta de integración en la región. El gobierno de México tuvo la oportunidad de apoyar a la excanciller Alicia Bárcena en su postulación como posible candidata a la Secretaría General, pero no lo hizo. Las acciones de la política exterior feminista se construyen con coordinación y coherencia para asumir compromisos internacionales.

En conclusión, más allá de una agenda de género, la política exterior feminista constituye un marco transformador que redefine las relaciones de poder y la gobernanza global desde una perspectiva centrada en las personas. La política exterior feminista, más que una herramienta para enfrentar la crisis institucional, permite identificar las causas estructurales de la desigualdad sistémica, además de contribuir a un orden internacional más justo. Por lo que redefinir la seguridad es un reto complejo que requiere de herramientas estratégicas para abordar amenazas mundiales, como la pobreza, la violencia de género, la guerra y el cambio climático.

Por Cecilia Romero García

Maestra en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), así como miembro del Comité Académico de Género Interseccionalidad Teorías Feministas y Queer de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI-GIFQ), y doctorante en Estudios de Desarrollo Global en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Contáctela en el correo electrónico cecilia.romero.garcia@uabc.edu.mx.

Una colaboración del Centro de Enseñanza y Análisis sobre la Política Exterior de México (CESPEM)

Fuente: Revistafal

El costo invisible de decir siempre que sí

La cultura de muchas organizaciones se sostiene en gran parte en tareas invisibles que muchas mujeres asumen para que los equipos funcionen, aunque esas responsabilidades rara vez cuentan para avanzar profesionalmente

Hay una escena que se repite todos los días en oficinas, juntas de trabajo y chats corporativos.

“¿Tienes cinco minutos?”

Cinco minutos para revisar un documento.

Cinco minutos para ayudar con una presentación.

Cinco minutos para tomar notas en una reunión.

Cinco minutos para apoyar a un equipo que está “saturado”.

Por lo regular, esos cinco minutos terminan siendo mucho más. Lo que parece un gesto cotidiano de colaboración revela, en realidad, algo más profundo sobre cómo funcionan muchas organizaciones: una economía invisible de disponibilidad.

Una economía donde ciertas personas —casi siempre mujeres— terminan absorbiendo trabajo adicional que permite la operación diaria, pero que rara vez aparece en una evaluación de desempeño o en una conversación de promoción.

Durante décadas, el liderazgo femenino ha sido definido por cualidades que parecen virtudes: ser colaborativa, empática y generosa. Sin embargo, detrás de ese reconocimiento suele esconderse una trampa estructural, porque muchas organizaciones no sólo valoran esas cualidades: dependen de ellas.

Dependen de que alguien organice la reunión cuando nadie quiere hacerlo, de que alguien tome notas para que el proyecto avance, de que alguien medie cuando hay tensiones dentro del equipo, de que alguien acompañe emocionalmente a quien está pasando un momento difícil. Ese trabajo sostiene la vida cotidiana de muchos lugares de trabajo. Pero rara vez se reconoce como trabajo estratégico.

Un concepto que ha comenzado a visibilizar esta dinámica es el de “trabajo no promocionable”: tareas necesarias para el funcionamiento de un equipo que, sin embargo, no influyen en el avance profesional de quien las realiza.

Investigaciones de Harvard Business School han documentado algo revelador: las mujeres realizan hasta 48% más de este tipo de tareas que los hombres. No se trata solo de organizar reuniones o tomar notas. También incluye mentoría informal, coordinación de proyectos colectivos y muchas de esas responsabilidades difusas que nadie pidió explícitamente, pero que alguien termina asumiendo para que el trabajo colectivo no se desmorone.

Cuando se observa de cerca, aparece un patrón familiar: las mujeres suelen decir que sí más veces. No necesariamente porque quieran hacerlo todo, sino porque la cultura laboral ha premiado históricamente la disponibilidad femenina.

El problema es que esa disponibilidad tiene un costo. Fuera del trabajo, las desigualdades siguen siendo igual de visibles. Según datos de la OCDE y ONU Mujeres, las mujeres realizan entre dos y tres veces más trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres. Esto significa que muchas profesionales no solo sostienen parte del trabajo invisible en sus organizaciones, sino también en sus hogares.

La suma de ambas cosas genera una presión silenciosa: más responsabilidades, menos tiempo disponible y mayor desgaste acumulado. No sorprende entonces que los datos sobre bienestar laboral muestren una brecha preocupante. El informe Women in the Workplace, elaborado por McKinsey y LeanIn, señala que las mujeres tienen 32% más probabilidad de experimentar burnout que los hombres.

Sin embargo, ese diagnóstico suele interpretarse de forma equivocada: el agotamiento se explica como un problema de gestión del tiempo, de aprender a poner límites o de desarrollar más resiliencia. Como si el problema fuera individual, y no el resultado de una distribución desigual del trabajo dentro de las organizaciones.

Esa desigualdad también tiene consecuencias en la trayectoria profesional. El mismo informe de McKinsey ha documentado durante años lo que llaman el “broken rung” del liderazgo, el momento en que muchas mujeres se quedan fuera del primer escalón hacia posiciones de dirección. Por cada 100 hombres promovidos a puestos de gerencia, solo 87 mujeres reciben la misma oportunidad.

Cuando las mujeres dedican más tiempo a tareas invisibles que sostienen al equipo, pero menos a proyectos estratégicos que generan visibilidad, esa brecha deja de ser sorprendente.

El problema no es que algunas mujeres no sepan decir que no. El problema es que muchas estructuras organizacionales siguen funcionando bajo el supuesto de que alguien —generalmente una mujer— terminará diciendo que sí. Ese “sí” constante sostiene la operación cotidiana, pero también invisibiliza el liderazgo femenino.

Porque mientras algunas personas dedican su tiempo a tareas que sí cuentan para promoción —proyectos estratégicos, decisiones de alto impacto, visibilidad frente a la dirección— otras están ocupadas manteniendo el sistema en funcionamiento.

No es una falta de ambición, es una distribución desigual de responsabilidades.

Por eso, cuando hablamos de liderazgo femenino, la conversación no puede quedarse solo en habilidades individuales. También tiene que mirar las dinámicas invisibles que organizan el trabajo dentro de las empresas.

Aprender a decir “no” puede ser una habilidad importante. Pero la pregunta más relevante es otra: ¿quién termina diciendo que sí… y por qué?

Porque cada vez que alguien deja de asumir automáticamente ese trabajo invisible, ocurre algo interesante: la responsabilidad se redistribuye y con ello aumenta la posibilidad

No se trata de dejar de colaborar. Se trata de dejar de asumir que algunas personas deben colaborar siempre más que otras. A veces el liderazgo empieza con algo aparentemente pequeño: decir “no” a tiempo y abrir la conversación incómoda que viene después.

Por  Ivonne López Vázquez

Fuente: La Costilla Rota