octubre 28, 2024

La historia de jóvenes detenidas por luchar contra la corrupción en Uganda


Las adolescentes Kemitoma Siperia Mollie, Praise Aloikin y Kobusingye Norah comparecen ante el tribunal a principios de septiembre, donde fueron acusadas de “molestias comunes”, un delito penal en Uganda. Imagen: Wambi Michael / IPS


KAMPALA – Hasta hace poco, Margaret Natabi nunca habría soñado con llevar su lucha anticorrupción a las calles de Kampala, la capital de Uganda. Con 24 años, esta estudiante universitaria, conoce de primera mano cómo afecta la corrupción a los grupos marginados, especialmente a las mujeres y las niñas.

Quedó huérfana en la infancia. Su madre murió mientras daba a luz a uno de sus hermanos. Cree que si no fuera por la corrupción, su madre no habría muerto.

Natabi es una de las detenidas en julio durante la famosa «marcha al parlamento en protesta». Fue la culminación de una campaña en las redes sociales de jóvenes ugandeses que utilizaban el hashtag #StopCorruption.

El día de su detención, Natabi contó a IPS que sostenía un cartel en el que se leía: «Los corruptos están jugando con la generación equivocada», en un país de 48 millones de habitantes, donde los menores de 18 años representan 56 %.

Cuando la policía se acercó a ella durante la protesta, Natabi no opuso resistencia. Unas agentes la levantaron y la metieron en el vehículo policial. «Estaba decidida a predicar el evangelio contra la corrupción a todo el mundo. Incluso al agente que me estaba deteniendo», dijo.

Sin embargo, los agentes no estaban dispuestos a escucharla.

«En realidad, no sé de dónde sacaron la ira los policías porque yo era pacífica. Era como si algo les cargara de ira. Yo solo ejercía mis derechos constitucionales. Pero aquí estaban cargando contra mí con una fuerza brutal», narró Natabi en su entrevista.

Mientras otros iban a golpear a los jóvenes que participaban en la protesta, ella afirmó que un policía le dio una fuerte patada en la espalda.

«Entonces el policía se volvió hacia mí y me dijo: ‘Mírate. Llevas las uñas pintadas; tienes dinero para trenzarte el pelo. ¿Qué te ha hecho la corrupción? Y dices que este país es difícil para ti'».

Natabi contó además que insistió en «predicar a los oficiales» los peligros de la corrupción.

«Le dije al oficial que cuando me vea aquí, no sabe cuántas cosas he perdido por culpa de la corrupción. No tengo padre. No tengo madre. ¿Sabe cómo la corrupción causó eso? Mi madre tuvo que morir porque no la atendieron en el hospital cuando estaba embarazada. Perdió a su bebé y perdió la vida», siguió contando.

Aunque acababa de salir de prisión, Natabi anticipó que no piensa rendirse en su lucha contra la corrupción, «porque cuanto más me calle, estoy cometiendo una injusticia con mi país».

«Puede que no acabemos con la corrupción. Pero el número de personas que han visto lo que estamos haciendo, los ojos que estamos abriendo… hay una persona hoy que va a recoger ese coraje de nosotros», dijo Natabi. «Si todos nos callamos, nadie se va a levantar. Pero algunas personas sólo quieren ver a una persona levantarse y obtendrán ese coraje», añadió.

Natabi no está sola; cada vez más mujeres jóvenes como Claire Namara, de 25 años, han salido a desafiar el statu quo. Fue acusada de perturbar una reunión religiosa legal.

Su problema surgió de una protesta solitaria durante la misa en una Iglesia católica de los suburbios de Kampala, la capital ugandesa.

Vestida de negro y con la bandera ugandesa en la mano, Namara intentó predicar a los fieles sobre los peligros del lujoso estilo de vida de la presidenta del Parlamento, Anita Annett Among, de quien muchos creen que despilfarra el dinero público en beneficio propio.


Namara también llevaba un cartel con la imagen de una compresa higiénica con el mensaje: «El automóvil del cumpleaños de Magogo (como se conoce a Among) daría compresas a un millón de chicas jóvenes durante un año. #StopCorruption».

La policía la interrogó sobre el mensaje del cartel de las compresas.

«Me pidieron que leyera el cartel dos veces. Lo leí con confianza porque lo escribí cuando quería. Me preguntó cuál era el significado del mensaje. Le dije que el coste del coche de Magogo (proporcionaría) toallas sanitarias para un millón de niñas en un año; eso es lo que queremos decir y es un hecho», narró Namara en su diálogo con IPS.

Among se compró un Range Rover nuevo como regalo de cumpleaños cuando millones de niñas carecían con toallas sanitarias. Muchas niñas de las zonas rurales de Uganda siguen perdiendo largas horas constructivas fuera de la escuela por falta de compresas.

En 2021, el gobierno y un grupo de organizaciones de la sociedad civil publicaron el documento «Una instantánea de la salud menstrual de Uganda», en el que se constataba que 65 % (casi 7 de cada 10) de las niñas y mujeres de Uganda no tenían acceso a productos para satisfacer plenamente sus necesidades de salud menstrual.

Añadía que 70 % de las adolescentes mencionaban la menstruación como un obstáculo importante para su rendimiento escolar óptimo.

«En cierto momento no conseguía compresas y acababa utilizando tela. Esa es una historia personal, pero además, en mi aldea, muchas niñas todavía tienen dificultades para costearse las toallas sanitarias», dijo Namara.

Durante las elecciones de 2016, el presidente Yoweri Museveni prometió proporcionar fondos para toallas sanitarias gratuitas en las escuelas. Sin embargo, en 2020, su esposa, Janet Museveni, también ministra de Educación y Deportes, dijo que no había fondos para sostener esa provisión gratuita.

Namara dijo que mientras el gobierno decía que carecía de dinero para financiar la higiene menstrual, los políticos -más aún las mujeres políticas- han sido citados en escándalos de corrupción.

A su juicio, dada la situación de la mayoría de las adolescentes en Uganda, el Estado debe garantizarlas el acceso a servicios seguros de higiene menstrual.

Namara añadió que si bien se enfrentó a las burlas de un sector del público que la condenó por llevar «su» protesta a la iglesia, también ha recibido mensajes de elogio de muchos.

«Necesitamos un debate más amplio en Uganda sobre las mujeres y cómo se enfrentan a estas normas sociales. Me decepcionaron mucho las compañeras que me preguntaban cómo podía ir a protestar a la iglesia. Es una chica joven. ¿Quién se casará con ella?», explicó.

A principios de septiembre, Norah Kobusingye, Praise Aloikin Opoloje y Kemitoma Kyenziibo fueron detenidas cuando marchaban hacia el edificio del Parlamento con carteles de «No a la corrupción».

Se habían medio desnudado y pintado su cuerpo cuando las jóvenes, pertencientes a Uganda Freedom Activists, fueron acusadas de provocar «molestias comunes», contrarias a la Ley del Código Penal de Uganda.

Como reacción, la académica y escritora feminista Stella Nyanzi afirmó que el encarcelamiento de las jóvenes no disuadiría de las protestas pacíficas.

«Acusar a las compañeras Kemitoma Siperia Mollie, Praise Aloikin y Kobusingye Norah de molestias comunes y enviarlas a la prisión de mujeres de Luzira hasta el 12 de septiembre de 2024 no detendrá la pacífica #March2Parliament para #StopCorruption y exigir que #AnitaMustResign», observó Nyanzi, conocida por utilizar la «rudeza radical” como forma de protesta política, similar a lo que hicieron las jóvenes.

La aparición de una joven generación de agentes anticorrupción femeninos en Uganda ha desencadenado el debate. Para algunos, estas jóvenes han roto las barreras formales y culturales sobre las mujeres y la corrupción.

Miria Matembe, exministra de Ética e Integridad con Museveni, está de acuerdo con quienes creen que las jóvenes activistas anticorrupción han venido a desafiar el statu quo porque el otrora vibrante movimiento de mujeres en Uganda ha sido silenciado.

«¿Oyes a alguna oenegé salir a la calle como solíamos hacer nosotras? Están en sus oficinas haciendo su trabajo. Así que el espacio para nosotras, que solíamos salir, está completamente cerrado», dijo a IPS.

Añadió que todo el sistema de gobierno en Uganda es corrupto.

«La corrupción no tiene que ver con la primera ministra porque sea mujer. Mira a las mujeres políticas individualmente. Son codiciosas. Tenemos un parlamento transaccional. En lugar de un parlamento transformador. Cuando Museveni quiere algo, las lleva aparte y les pregunta cuánto. Por tanto, debo decir que no vamos a ninguna parte», afirmó.

Otras activistas afirman que suponen un desafío para las mujeres que ocupan «grandes» cargos bajo el mandato de Museveni.

Existe la sensación de que mujeres en puestos de liderazgo como la vicepresidenta Jessica Alupo, la presidenta del Parlamento Anita Anett Among y la primera ministra Robina Nabanja han conspirado con Museveni para apuntalar un régimen corrupto.

Las ugandesas más jóvenes, como Nantongo Bashira, creen que esas líderes las han defraudado.

Bashira, profesora de la Universidad Islámica de Uganda, dijo a IPS que las jóvenes tienen la responsabilidad de forjar el futuro que desean.

«Seguimos diciendo que el futuro es femenino. Si nos dicen que el futuro son las mujeres y que la corrupción está por las nubes, que el futuro son las mujeres y que las cosas no van como ustedes quieren, es nuestra responsabilidad forjar ese futuro que queremos», dijo Bashira.

Aili Mari Tripp, catedrática de Ciencias Políticas de la estadounidense Universidad de Wisconsin, escribió en un artículo titulado «How African Autocracies Instrumentalize Women Leaders (Cómo instrumentalizan las autocracias africanas a las mujeres líderes)», que Uganda es una de las autocracias que han instrumentalizado a las mujeres para permanecer más tiempo en el poder.

Fuente: IPS

octubre 27, 2024

Reconstrucción tras el cáncer de mama en Chile: una promesa incumplida

No es justo que en un país como Chile, que ha avanzado tanto en muchas áreas de la salud, sigamos permitiendo que miles de mujeres deban esperar más de una década por una prestación que debería ser inmediata

Una mujer con cáncer reposa junto a su ventana, en su hogar.GETTY IMAGES

En Chile, el cáncer de mama es la principal causa de muerte oncológica en mujeres. Actualmente, hay más de 7.000 casos diagnosticados y, aunque el país ha avanzado en detección temprana y tratamientos, existe una deuda pendiente que afecta gravemente la calidad de vida de miles de mujeres: la reconstrucción mamaria. Esta prestación, garantizada por ley desde el 2010, sigue siendo inaccesible para una amplia mayoría de las pacientes del sistema público, quienes, después de haber vencido el cáncer, enfrentan la dura realidad de tener que esperar más de 10 años para recuperar una parte esencial de su identidad y bienestar.

Este es un problema profundamente arraigado en la desigualdad que caracteriza a nuestro sistema de salud. Mientras las mujeres que cuentan con recursos y son atendidas en clínicas privadas acceden a la reconstrucción mamaria de manera casi inmediata tras una mastectomía, aquellas que dependen del sistema público deben enfrentarse a una espera que parece interminable.

Según cifras no oficiales, porque en Chile aún no tenemos un Registro Nacional del Cáncer, al menos 3.000 mujeres están actualmente en lista de espera para una cirugía reconstructiva, muchas de ellas por más de una década. En el sector privado, esta espera es inexistente, porque el 95% logra su reconstrucción. ¿Por qué, entonces, permitimos que nuestras pacientes del sistema público sufran una doble penalización: primero, por el cáncer, y luego, por un sistema de salud que no está a la altura de sus necesidades?

La reconstrucción mamaria no es un lujo, es una necesidad médica y emocional para miles de mujeres que, tras una mastectomía, buscan no solo sobrevivir al cáncer, sino también recuperar su calidad de vida. Es, en esencia, una prestación que debería garantizar el Estado, no solo porque está consagrada en la ley, sino porque toca una fibra profunda en lo que respecta a la dignidad y al derecho de las mujeres a retomar sus vidas con normalidad después de haber enfrentado una enfermedad tan devastadora.

El hecho de que esta prestación esté en la ley, pero no cuente con el financiamiento adecuado para ser implementada, es un problema que revela las profundas fallas de nuestro sistema. Las cifras son claras: solo el 30% de las pacientes del sistema público logran acceder a una reconstrucción mamaria.

El caso es aún más preocupante cuando analizamos la falta de información que impide tomar decisiones estratégicas para solucionar este problema. El Registro Nacional del Cáncer, que debería haberse implementado hace tiempo y que permitiría un seguimiento adecuado de las pacientes, aún no existe. Sin un registro que nos indique cuántas mujeres están a la espera de una reconstrucción mamaria, cuántas han sido diagnosticadas en etapas tempranas o avanzadas, o cuántas han recibido tratamiento, es imposible planificar de manera eficiente los recursos y acciones necesarias para mejorar el sistema.

A esto se suma otro problema estructural: la falta de actualización de los códigos Fonasa relacionados con las cirugías oncológicas. Hoy, un solo código agrupa varios tipos de mastectomías, lo que impide hacer un seguimiento adecuado de los procedimientos realizados y, en consecuencia, asignar los recursos adecuados para cubrir las necesidades reales de las pacientes. Este es otro obstáculo que impide que las mujeres del sistema público accedan a la atención que merecen y que retrasa, aún más, la resolución de sus problemas.

Como diputada, me siento profundamente preocupada por esta situación y, por lo tanto, hago un llamado al Ministerio de Salud que se aumente el presupuesto destinado a la reconstrucción mamaria en el sistema público. No es justo que en un país como Chile, que ha avanzado tanto en muchas áreas de la salud, sigamos permitiendo que miles de mujeres deban esperar más de una década por una prestación que debería ser inmediata. No es solo una cuestión de salud física, es una cuestión de salud mental, emocional y de dignidad.

La inequidad que existe entre el sistema público y el privado en relación con el acceso a tratamientos para el cáncer de mama es una muestra clara de que nuestro sistema de salud sigue siendo profundamente injusto. Ante este escenario, es urgente que el Estado asuma su responsabilidad y garantice que todas las mujeres, independientemente de su capacidad económica, tengan acceso a los tratamientos y cirugías que necesitan. La reconstrucción mamaria no puede seguir siendo una promesa vacía para quienes no tienen los recursos para pagarse una cirugía privada. Debemos avanzar hacia un sistema de salud más justo, donde todas las mujeres tengan las mismas oportunidades de recuperar su vida después del cáncer.

Por Natalia Romero
Fuente: El País

octubre 26, 2024

Brasil propone al G20 un impuesto a los superricos: la mirada desde la economía feminista

Desde diversas organizaciones internacionales y nacionales se discute la relevancia del sistema tributario para abordar la desigualdad. En la cumbre del G20 que tendrá lugar en noviembre en Río de Janeiro el gobierno de Brasil, propondrá un acuerdo de cooperación internacional sobre justicia fiscal que incluye un impuesto mínimo global a la renta de los multimillonarios.


Cuando hace algunos años se propagó el fastidio popular en relación a lo que se hace “con la nuestra”, faltaba precisar quiénes son las aportantes mayoritarias a ese fondo “nuestro” que son las arcas del Estado. No por el abuso de la hipérbole la sentencia mediática que dice que una política pública se financió “con el IVA de la leche de los chicos pobres” deja de ser cierta.

No obstante, para que el efecto de verdad de la frase se condiga con el funcionamiento de la política tributaria, necesita algo más de precisión: quienes pagan ese impuesto son, en su mayoría, las mujeres de los sectores empobrecidos de la sociedad.

En Argentina, la recaudación estatal no es equitativa. Un sistema justo debería gravar más a quienes tienen mayores ingresos y riquezas, pero en cambio, predominan los impuestos indirectos y regresivos, como el IVA. Según datos de ACIJ, en el año 2022, el 43% de la recaudación provino del IVA, mientras que sólo un 3,12% fue aportado por el Impuesto a los Bienes Personales, que grava a los más ricos.

En América Latina y el Caribe las personas más pobres dedican hasta un 45% de sus ingresos, según la campaña Date-cuenta.org, a pagar impuestos sobre el consumo de bienes y servicios. Mientras el 1% más rico sólo paga un 20% de su renta en impuestos. Paradójicamente las personas más pobres son quienes proporcionalmente dedican una mayor parte de sus ingresos al pago de impuestos.

Desde diversas organizaciones internacionales y nacionales se discute la relevancia del sistema tributario para abordar la desigualdad. En la cumbre del G20 que tendrá lugar en noviembre en Río de Janeiro el gobierno de Brasil, propondrá un acuerdo de cooperación internacional sobre justicia fiscal que incluye un impuesto mínimo global a la renta de los multimillonarios. El mundo discute cómo garantizar una justicia fiscal sin vulnerar la soberanía nacional y, dentro de esta discusión, la perspectiva feminista pone el ojo en cómo sistemas tributarios progresivos pueden, además, contribuir a reducir las brechas de género. Mientras esta discusión avanza, los representantes del gobierno argentino rechazaron firmar el documento que elaboró el Grupo de Trabajo sobre Empoderamiento de las Mujeres del G20 que se presentó el 11 de octubre, titulado “Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres”. Argentina se convirtió en el único país del G20 (entre los que se cuenta, por ejemplo, Arabia Saudita) que no firmó ese documento que establece recomendaciones para promover la igualdad de género.

Para la economista Verónica Grondona, asesora senior en tributación internacional de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés), no tener en cuenta el rol de un sistema tributario progresista “implica no solo perder de vista una herramienta fundamental, sino también correr el riesgo de aumentar la inequidad de género con las políticas tributarias que se llevan adelante”. En las economías avanzadas, el impuesto a las ganancias a las personas humanas y las contribuciones a la seguridad social han demostrado haber reducido la brecha de género.

La perspectiva feminista, lejos de restar importancia a como recauda y distribuye el Estado, hace aportes para complejizar y hacer más eficiente la política tributaria en la búsqueda de mayores niveles de equidad. “El feminismo, como último movimiento masivo, creativo y transformador es quién puede tomar las banderas de una discusión fiscal seria”, señala la economista María Julia Eliosoff, directora de proyectos económicos y relaciones internacionales de la fundación alemana Friedrich Ebert en Argentina.

Según Eliosoff, “la recaudación se sostiene principalmente en el IVA, que afecta en especial a los sectores más empobrecidos y, justamente, feminizados. El sistema tributario y la recaudación en Argentina se sostiene principalmente por los aportes de las mujeres más pobres”.

Magdalena Rúa es contadora e investigadora, integrante del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), según ella “las mujeres y cuerpos feminizados son el sector que mayor presión fiscal recibe y, en general, con menores herramientas para aprovechar beneficios, exenciones y eludir el pago de impuestos”.

No solo las mujeres están sobrerrepresentadas en la pobreza, fenómeno que se conoce como “feminización de la pobreza”, sino que además, como observó Verónica Grondona junto con Corina Rodriguez Enriquez y Nicole Bidegain Ponte, “las mujeres están sobrerrepresentadas en las pequeñas y medianas empresas, las cuales tienen menos oportunidades para transnacionalizar su evasión y elusión fiscal”.

Otra manera que proponen la economía feminista de pensar la política fiscal y tributaria es evaluando el impacto del ajuste fiscal en la economía del cuidado. “Hoy el ajuste fiscal que se aplica, es decir, la política fiscal contractiva junto con las reformas tributarias regresivas —precisa Magdalena Rúa—, es una combinación fatal que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y cuerpos feminizados”.

En el mismo sentido, Eliosoff apunta que en un contexto de retraimiento del gasto como el que atraviesa Argentina, “son las mujeres las que están sosteniendo los derechos básicos: el recorte el gasto público refuerza el trabajo de cuidados que hacen las mujeres en los hogares, especialmente en los sectores de más bajos ingresos”.

Y además, como aporta Grondona, y señalamos al comienzo de esta nota, ellas “tienden a gastar una parte mayor de sus ingresos en productos básicos, debido que suelen tener a su cargo la responsabilidad por el cuidado de las personas —mayores o menores— dependientes, siendo en esa instancia afectadas por los impuestos al consumo”

La perspectiva de género en la economía, además, pone el acento en que la inequidad del sistema tributario se expresa en la evasión y elusión fiscal. “Como las mujeres tienden a estar menos representadas en los deciles más altos de ingresos —señala Grondona—, y entre los accionistas de los grupos transnacionales, la tasa efectiva que pagan éstos, así como la manera en que las corporaciones y las grandes fortunas evaden o eluden los tributos, impacta también en la equidad de género del sistema”.

En definitiva, argumenta Rúa, los “flujos financieros ilícitos que utilizan esquemas abusivos y estructuras jurídicas en guaridas fiscales, favorecen la concentración de la riqueza, empeoran los niveles de recaudación y agudizan los niveles de desigualdad social”.

En este sentido, un elemento clave que explica la preocupación de muchos países en relación a la falta de coordinación internacional para enfrentar estos problemas, señala Eliosoff, es que “la evasión y la elusión de estos sectores de altos ingresos es una forma de desfinanciar a los Estados”, y eso repercute en toda la política, pero especialmente en la política social destinada a combatir las desigualdades.
El clamor por un impuesto mínimo global a los megarricos

El gobierno de Brasil, presidido por Lula Da Silva, y con Fernando Haddad en el Ministerio de Economía, encargó al economista francés —y discípulo de Thomas Piketty— Gabriel Zucman, una investigación sobre la viabilidad de generar una norma mínima global para que los países graven a los superricos. El informe se publicó bajo el nombre “Plan para un impuesto mínimo coordinado para las personas con un patrimonio neto ultra alto” (A blueprint for a coordinated minimum tax on ultra-high-net-worth individuals, en inglés).

Como señala la Iniciativa por Los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, los procedimientos para hacer efectiva esta propuesta son variados, como un impuesto a la renta presuntiva, un impuesto a la renta sobre un concepto amplio de renta o un impuesto al patrimonio de mínimo el 2% a los 3 mil más ricos del mundo. El resultado, hasta 250 mil millones de dólares de recaudación anual solo por cobrar el 2% anual de la riqueza de los milmillonarios. Si el impuesto se extiende a los centimillonarios, la recaudación podría aumentar hasta 140 mil millones de dólares adicionales.

Lula Da Silva se refirió a esta iniciativa en septiembre pasado en una gala de premiación organizada por la Fundación Bill y Melinda Gates: “El problema es que hoy hay en el planeta cinco megaempresarios que tienen más dinero que diez países. Eso no tiene explicación. No estoy en contra de los ricos, estoy en contra de que las personas sean pobres”, denunció ante una audiencia en la que estaba justamente Gates, una de las diez personas más ricas del mundo según la revista Forbes. Y completó: “No es posible que una persona sola tenga más dinero que Reino Unido o que Brasil, que es un país con 210 millones de habitantes”. En su opinión, el problema del hambre, que afecta a 733 millones de personas en el mundo, según un informe de cinco agencias de la ONU, “no es la falta de dinero”, sino “la falta de vergüenza” de los líderes mundiales.

Tanto en los análisis de Zucman, como en los realizados para el caso argentino se observa que el 1% más rico termina teniendo una tasa efectiva inferior de impuestos al resto de la población.

Para seguir abrevando con mirada de género en el caso argentino (donde las 7 personas más ricas del país que figuran en el listado de la revista Forbes para 2023 son todos hombres), según la información publicada por AFIP para el año 2022, señala Magdalena Rua, “los varones representaron el 70,2% del impuesto sobre los bienes personales y el 78,3% del impuesto determinado en las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias. Con la aplicación por única vez del impuesto a las grandes fortunas en 2021, también se hizo visible la masculinización de la riqueza, dado que Observatorio de Tributación y Género informó que el 76% de fondos aportados provenían de varones”.

La propuesta de Zucman y del gobierno de Brasil se hizo patente el 25 y 26 de julio pasado, cuando se reunieron los ministros de finanzas de los países del G20 y, por primera vez desde la creación de este grupo en 1999, llegaron a un acuerdo sobre la necesidad de reformar la manera en que se grava a los más ricos. Firmaron un documento y se comprometieron a discutir la viabilidad durante la Cumbre que tendrá lugar en noviembre en Río de Janeiro.

En declaraciones al diario Le Monde, Fernando Haddad explicó que la propuesta es hacer que lo cobrado con este impuesto “sea la base de la creación de un fondo internacional que sirva para resolver los problemas globales como la crisis climática o la lucha contra la pobreza”.

Esta iniciativa es acompañada por la opinión pública mundial, que apoya ampliamente una tributación justa de los ultrarricos. Según una encuesta de Ipsos realizada en los países del G20, el 67% de los encuestados cree que hay demasiada desigualdad económica y el 70% apoya el principio de que los ricos deberían pagar tipos impositivos más altos.

En este marco, la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, sostuvo la necesidad de una reforma impositiva progresista que incremente la presión impositiva sobre el capital y la propiedad, alineada con la propuesta que lleva el presidente de Brasil a la cumbre de países del G20. “Es crucial adoptar un enfoque progresivo, lo que significa asegurarse de que aquellos que pueden pagar más impuestos contribuyan con su parte justa. Gravar los ingresos de capital y la propiedad, por ejemplo, ofrece una forma relativamente progresiva de recaudar más ingresos fiscales”, señala un documento publicado en la página del FMI. Todo lo contrario a lo que propone Javier Milei en Argentina.
A contramano: la posición argentina

A comienzos de septiembre el presidente Javier Milei criticó al mandatario de España, Pedro Sánchez, por el anuncio de gravar con nuevos impuestos a los más ricos de ese país. El libertario lo calificó como un “depredador de riqueza”. El jefe de Estado español había dado una conferencia en la que anunció “nuevas acciones destinadas a acotar los privilegios desproporcionados que tienen y de los que se benefician ciertas élites de nuestro país” y adelantó que comenzarán a gravar fiscalmente “a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas”. Javier Milei reaccionó en la red social X con una descalificación: “(…) el socialismo es una enfermedad del alma aberrante (…) Dios proteja a los españoles de éste depredador de riqueza(…)”.

La política fiscal llevada adelante por Milei en sus primeros 10 meses de gobierno permite sospechar que la dirección de su gobierno va a contramano de la propuesta promovida por el G20. Milei aumentó los incentivos tributarios, a través del RIGI, y redujo la progresividad e impacto del impuesto sobre los bienes personales.

Las economistas feministas se refieren a estas medidas. Según Verónica Grondona, “existe el concepto, equivocado en mi opinión —y en la de muchos expertos y organismos internacionales-— de que otorgar incentivos tributarios es la solución para generar inversión. Sin embargo, no es ni el más efectivo ni el más transparente de los mecanismos de política fiscal para ello”.

Y, al mismo tiempo, ponen el foco en el impacto de género, como lo hace Magdalena Rúa: “las últimas reformas en materia tributaria contribuyen a ampliar los niveles de desigualdad social y de género. Entre ellas, podemos mencionar la reducción de la alícuota de bienes personales, que se reducirá año tras año hasta volverse una única alícuota muy reducida (del 0,25% en 2027) quitando la progresividad de la escala. El régimen de blanqueo más benevolente de la historia de nuestro país con los evasores. El RIGI que trae prebendas, reducción de alícuotas impositivas, amortización acelerada y muchos otros beneficios para el gran capital, sin requerir nada a cambio, no habiendo un régimen de empleo requerido, ni la obligatoriedad de liquidar divisas, entre otras cosas”.

Organizaciones y redes internacionales le entregaron al Gobierno de Brasil una petición con más de 1.5 millones de firmas provenientes del mundo entero solicitando que el G20 defina e imponga impuestos especiales a los multimillonarios. Entre los promotores de la iniciativa se encuentran Oxfam, Avaaz, Patriotic Millionaires, TaxMeNow, 350.org, Fight Inequality Alliance y WeMoveEurope.

En Argentina está trabajando sobre justicia fiscal con perspectiva feminista la red coordinada por ETFE, la iniciativa Date-cuenta y la Asociación Civil Lola Mora, entre otras organizaciones.

Por Agustina Paz Frontera
Este artículo fue producido por la Asociación Civil Lola Mora para incentivar acciones que apunten a la justicia económica en el marco de la discusión global promovida en torno a la Cumbre del G20 de 2024.
Fuente: LATFEM

octubre 25, 2024

El partido Feministas al Congreso elige a su nueva ejecutiva encabezada por Pilar Aguilar





Pilar Aguilar vuelve a ser elegida presidenta del partido feminista, en las primeras primarias con dos candidaturas de la historia del partido, en la que competía con Puri Liétor, la que fue su secretaria general desde que se formó Feministas al Congreso en el año 2021.

La candidatura ganadora se presentó como una alternativa de cambio, con un programa muy enfocado en el crecimiento de la militancia del partido y de la mejora en la organización y en la comunicación, tanto interna como externa, del PFAC.

La nueva ejecutiva tiene como secretaria general a Amparo Mañés, que fue directora de la unidad de igualdad en la Universitat de València, y como vicepresidenta a Zuriñe Ojeda, responsable de feminismo en el diario El Común.

La nueva ejecutiva ha conseguido más del 60% de los votos en la Asamblea General Extraordinaria que tuvo lugar el domingo 20 de octubre, después de que la ejecutiva anterior presentara su dimisión pocas semanas después de las elecciones europeas, las primeras a las que se presentó el partido, que obtuvo cerca de 30.000 votos.

Feministas al Congreso es un partido que nació de la necesidad de llevar la agenda feminista al congreso de los diputados, después de que los partidos denominados progresistas abandonaran puntos tan fundamentales como la abolición del género, de la prostitución, de la explotación reproductiva y la compraventa de personas y el acceso de menores al grabaciones de violencia sexual. Esto se ha traducido en un aumento todos los índices de violencia contra las mujeres, desde los asesinatos machistas, hasta las violaciones grupales de menores a menores, de forma que, con un gobierno conformado por partidos supuestamente progresistas, España ha descendido 22 puestos en el ranking de mejores países para ser mujer.

Fuente: El Común.es

Sí a la Diversidad Familiar!
The Blood of Fish, Published in