mayo 28, 2026

Qué tiene de emancipador el feminismo del siglo XXI



El feminismo es plural con importantes diferencias políticas e ideológicas, en ocasiones incluso antagónicas. Por lo tanto, en el texto me referiré siempre al que, con una mirada global, habla del conjunto de conflictos que genera el sistema, que considera que le competen, y que expresa su voluntad de cambiarlo todo desde unas luchas que miran hacia un horizonte emancipador para todas, todes y todos.

Qué tiene de emancipador el feminismo, qué esperanzas puede abrir en medio de una realidad plagada de monstruos de un capitalismo racista y patriarcal salvaje, que no solo reconfigura la geopolítica, sino también pone en juego nuestra propia existencia y que, como señala Wendy Brown (Brown, 2019), dibuja un mundo sin corazón.

El mundo sin corazón

El genocidio del pueblo palestino es una muestra de cómo las políticas colonialistas, militaristas y racistas que sostiene el poder global solo dejan muerte y destrucción. Es la prueba de los procesos de deshumanización que se vienen desencadenando. Está siendo el laboratorio en el que no cabrá la banalización del mal porque a ojos vista de todo el mundo se deshumaniza a las y los palestinos y se les priva de derechos destruyendo sus condiciones de vida para acabar presentándolas como prescindibles. ¿Qué tipo de humanidad se está configurando?

Forma parte de la necropolítica que cuenta en su haber los secuestros y asesinatos migrantes en Minneapolis por parte del ICE, los asesinatos que levantaron el grito del Black Lives Matter, las muertes en las vallas de Melilla, las de las 7291 personas mayores de las residencias en Madrid durante la covid, los asesinatos de las mujeres y disidencias sexuales y de género, las de las defensoras de los derechos medioambientales, víctimas de la lucha contra el extractivismo, de las que Berta Cáceres, diez años después de su asesinato, sigue siendo un símbolo. 

Todo ello tiene su correlato en importantes movilizaciones, que sí tienen corazón y denuncian la impunidad generalizada a la que asistimos. 

Otros factores que marcan el presente tienen que ver con la lucha por la hegemonía imperialista que, en la actual fase de crisis del capitalismo patriarcal, racista y ecocida también suponen el saqueo permanente de territorios y cuerpos (tal y como lo conceptualizan las mujeres centroamericanas). El rearme bélico, como ya sin pudor lo reivindica Trump, no es sino una guerra por los recursos naturales que acelerará y agudizará su efecto destructor sobre la naturaleza que nos sostiene.

Esta violencia generalizada requiere el reforzamiento de Estados autoritarios para tratar de imponer una salida, si existe, a semejante crisis. Es el sentido de las leyes mordaza, de las de extranjería, los CIES, las políticas de migración y asilo de la UE y de los campos de concentración de migrantes. Pero el reforzamiento del control del Estado tiene múltiples aristas, y una de ellas son las lógicas securitarias, punitivistas y carcelarias dirigidas al disciplinamiento social. Como parte del mismo, sirven para el control y moralización de la vida y de los cuerpos de las mujeres formando parte del estado de guerra permanente contra ellas del que habla Silvia Federicci.

Las lógicas securitarias son muy eficaces en la conculcación de derechos económicos, así como en la defensa de una libertad completamente disociada de la justicia social. Consiguen generar inseguridad económica, malestar social, ansiedad e incertidumbre sobre el futuro. Y esto, que es algo que el propio sistema genera, paradójicamente lo están capitalizando las extremas derechas a través de las llamadas guerras culturales. De este modo están consiguiendo, por un lado, una penetración en el tejido social y por otro, la construcción de una nueva identidad: la del hombre agraviado.

El miedo es uno de los ejes de su estrategia, les permite crear los enemigos imaginarios. Es el miedo al otro, a lo desconocido, a la persona migrante, trans, a quien se sale de la norma, a las feministas. Y, paradoja de las paradojas, es en la instrumentalización de los derechos de las mujeres como, desde sus postulados negacionistas, legitiman la invasión de países o racializan la violencia sexual. Un aspecto, este último, que forma parte de su estrategia islamófoba, con la que buscan rédito electoral mediante el proceso por el que atribuyen la violencia a la cultura musulmana y presentan la agresión de un hombre musulmán a una mujer como la amenaza del grupo. Una trampa en la que, sin embargo, no han caído colectivos feministas que en sus pueblos o ciudades han tenido que denunciar una presunta agresión sexual junto a la criminalización que desde las instituciones y partidos de derechas se realiza contra el colectivo migrante. Una vez más: “no en nuestro nombre”.

Las derechas radicales consideran que el feminismo, el movimiento LGTBIQ+ y las personas migrantes han producido una crisis de valores y son una amenaza a su patria, en lo que Sara R. Farris llama los feminacionalismos. Como señala Nuria Alabao (Alabao, 2025) las extremas derechas tienen como elemento común la defensa a ultranza de políticas antigénero, racistas, xenófobas, antiecologistas, antifeministas, siempre bajo el paraguas de su noción de identidad nacional. Es el pegamento que les une, a pesar de sus diferencias según países, en el que las mujeres y personas migrantes aparecemos como chivos expiatorios.

En muchos análisis las guerras culturales se reducen solo a una pugna de relato. Sin embargo, forman parte de una pugna, si, pero la de significar y legitimar prácticas económicas y sociales de clase, racistas y patriarcales. Son la constatación de cómo el liberalismo económico y el profundo conservadurismo son expresiones igualmente constitutivas del capitalismo actual.

La realidad está llena de ejemplos. El racismo es lo que legitima unas condiciones laborales en régimen de semiesclavitud y de extracción de fuertes beneficios en los pueblos freseros gobernados por PP y VOX en Andalucía. El racismo también determina el acceso a la vivienda, el empleo y la sanidad.

La negación de la violencia machista va de la mano de la defensa del modelo liberal de familia como espacio de reformulación del orden económico y reproductivo a través, por un lado, de la refamiliarización de la reproducción social y la negación del derecho de decisión reproductiva y, por otro lado, por la vuelta al imaginario conservador del hombre proveedor (aunque no guarde relación con la realidad). 

Y sin ánimo de agotar los ejemplos, la criminalización de las personas trans las somete a una absoluta precariedad material y vital al no poder acceder ni al empleo ni a satisfacer una necesidad tan básica como es la del derecho a la identidad.

Cabe la transformación social porque cabe la esperanza colectiva

Parafraseando a Yayo Herrero (Herrero, 2025) la condición necesaria que abre posibilidades de actuación es ser conscientes de la gravedad de lo que sucede, construir esperanzas, trayectos que iluminen la posibilidad de un destino deseado, aún incierto. 

Ese cómo actuar ante las enormes urgencias del presente pensando en el futuro siempre ha tenido y sigue teniendo muy distintas vías. Desde las luchas marcadas por un nuevo internacionalismo en la defensa de los ataques del capital extractivista, a las de las luchas por la vivienda y la creación de un nuevo tipo de organizaciones, a las de un nuevo internacionalismo en la protesta contra el genocidio palestino, o muchas luchas feministas, queer y antirracistas que reverberan y se convierten en transnacionales.

No se parte de cero, pero la brutalidad de la situación y la debilidad de la izquierda política y social abre muchos interrogantes desde esos propios espacios. Cómo articular las luchas, cómo construir un horizonte común desde la pluralidad de sujetos, cómo participar en un diálogo urgente y necesario para no quedarnos atrapadas en los límites que el sistema establece y lograr avanzar en la transformación social.

En esta conversación hay algunos aspectos que resuenan particularmente en el movimiento feminista interseccional. Uno de los temas recurrentes es el de la fragmentación de las luchas. Otro de ellos es su caracterización como movimiento identitario en la globalidad, es decir centrado en lo que se consideran reivindicaciones del ámbito cultural, en una visión desde mi punto de vista equivocada y reduccionista.

Sin duda, esto también forma parte del debate intrafeminista, siempre intenso, pero resulta muy problemático que en el debate general se prescinda de parte de la realidad, de la capacidad (o cuando menos voluntad) que viene mostrando el feminismo para articular en su acción política, y en su discurso, las condiciones materiales de existencia con las condiciones sociales (también llamadas “culturales”). Es lo que Nancy Fraser (Fraser, 2006) expresó, allá por los años 90, y que tanto juego ha dado, como la interacción entre las políticas de redistribución, es decir las políticas económicas que apelan a los procesos de explotación capitalista, y las de reconocimiento social de identidades y colectivos subalternos e invisibilizados.

Ignorar la relevancia de sectores importantes de un movimiento que, desde un enfoque intersectorial, logró ampliar su espacio político y social como nunca se había logrado antes, es cortocircuitar parte de la conversación y acción conjunta necesaria. Este feminismo, identificado también como anticapitalista, mostró la viabilidad de unir masividad y radicalidad. Así sucedió en los procesos de las huelgas feministas, y este es el enorme capital político con el que sigue actuando, aun en situaciones de menor movilización social como la actual. 

El debate también reaparece con quienes solo dan legitimidad al movimiento feminista en la versión más economicista de su adscripción de clase, cerrada por otro lado a las nuevas conceptualizaciones que se hacen ante los cambios en su propia composición dadas las modificaciones en las nuevas formas de explotación y dominación capitalista. Es un problema, porque puede dificultar las alianzas precisamente desde la materialidad de las luchas concretas. 

De alguna forma es una vuelta a las teorías clásicas de los años 70 sobre las que numerosas feministas marxistas, como Zillah Einsenstein o Heidi Hartman, entre muchísimas otras, iniciaron una fructífera producción teórica. Señalaron las limitaciones y debilidades de la teoría marxista clásica y su dificultad para explicar la opresión de las mujeres en su complejidad, en la medida que solo abordaba las condiciones de producción capitalistas y las relaciones de explotación que de ellas se derivaban, pero sin abordar las de reproducción social. Abrieron así un nuevo campo para la comprensión de las formas en las que el patriarcado se inscribe y resulta constitutivo al capitalismo y, por tanto, para la articulación entre clase y género como formas de poder que organizan la sociedad.

Desde entonces ha llovido mucho y ha seguido un potente desarrollo, tanto teórico como político (en este sentido la huelga de cuidados en Euskal Herria es una referencia imprescindible). De la mano de economistas feministas (Cristina Carrasco, Amaia Pérez Orozco, Sandra Ezquerra entre muchas otras) se ha ido profundizando y mostrando la complejidad del funcionamiento del sistema. Para empezar, a partir de la redefinición del concepto de trabajo (tan presente y central en las huelgas feministas), situando la relación de los procesos de producción y reproducción como parte del funcionamiento del capitalismo, entendido como sistema integrado (Pérez Orozco, 2014). 

También se ha ampliado el concepto de reproducción social al señalar que los espacios donde se reproduce la fuerza de trabajo (los llamados trabajos de cuidados) no son solamente los hogares, sino también instituciones como la sanidad, la educación, etc.), y que estos, además, tienen una dimensión transnacional como resultado de la cadena global de cuidados, siendo además trabajos racializados.

A cuenta de la interseccionalidad

El concepto de interseccionalidad viene de lejos, concretamente del pensamiento feminista negro de EE UU. Aunque fue Kimberlé Krenshaw quien lo acuñó en 1989, a raíz de una crítica a procedimientos jurídicos y teorías sobre la discriminación laboral de las mujeres negras, su origen se remonta a la práctica política de un colectivo de feministas lesbianas negras: Combahee River Collective (1974-1980). En un manifiesto de 1977 señalaban el 

“cruzamiento de diversas identidades que luchan por su reconocimiento y también articulan una acción emancipatoria (…). También nos resulta difícil separar la raza de la clase y estas de la opresión sexual porque en nuestras vidas la mayoría de las veces ambas se experimentan simultáneamente”. 

Una línea que ha ido desarrollando en la actualidad Gloria Anzaldúa (Anzaldúa, 2016) al introducir la noción de identidades fronterizas. 

Tal y como señala Carolina Meloni (Meloni, 2012), el pensamiento y activismo del feminismo negro tiene un largo recorrido. Autoras como Angela Davis y su llamado a la “interseccionalidad de luchas”, Bell Hooks y su “feminismo para todo el mundo” han profundizado en las implicaciones teóricas y políticas del racismo como constitutivo del capitalismo y de la interconexión de opresiones. Por tanto, hablan de la imposibilidad de articular un feminismo que prescinda del racismo, el heterosexismo o las diferencias de clase, puesto que es ese cruce de opresiones e identidades lo que marca la vida concreta de las mujeres y personas disidentes concretas.

Se trata de una crítica en toda regla (que también comparte el mundo queer) al feminismo clásico y hegemónico por excluyente, por encerrar a las mujeres en una identidad fija y sin fisuras, interpretando de forma lineal lo que supone que la sociedad adscriba a las mujeres a un género y hacerlo aparecer en su pensamiento y práctica como lo único determinante en sus vidas. No se contempla, en la práctica concreta, la forma en que puede interactuar en sus identidades y vidas otras desigualdades establecidas por la pertenencia de clase, raza, etnia y sexualidad, que es lo que en definitiva explica la multiplicidad de expresiones del patriarcado y que adopta el sexismo (Montero 2009).

Este planteamiento, presente en algunos feminismos clásicos e institucionales, presupone una uniformidad en las experiencias de las mujeres, resulta una visión normativizadora y esencializadora que establece como generales y comunes a todas, las vivencias de algunas.

Estas ideas totalizadoras de las mujeres tienen un efecto en el discurso y acción política puesto que excluye a todo lo que no encaja en la representación que se hace de las mujeres, no entra en las estrategias y prácticas. Es una política de un feminismo que, de esta forma, se otorga el poder de representar a todas y presentar su agenda como la auténtica agenda feminista. La transfobia, la negación de la crítica al binarismo del movimiento queer, o los derechos de las trabajadoras sexuales tienen aquí parte de su origen. 

El feminismo intersectorial no es una fórmula, es una propuesta para articular las luchas y el relato feminista y, por tanto, requiere hablar de sujetos, porque el conflicto existe y requiere sujetos que protagonicen la acción colectiva de revuelta y de propuesta emancipatoria.

Todo conflicto implica cierta afirmación de identidad, una identidad colectiva que explica quiénes somos, quiénes conformamos ese sujeto, y lo hace acogiendo al mismo tiempo la identidad individual ese quién soy. 

El sujeto del feminismo habla de identidades colectivas, cambiantes y diversas, que recogen las experiencias de explotación, opresión y discriminación vividas individualmente, y las politiza. Las politiza dándoles una expresión social al ponerlas en relación con las estructuras y las relaciones sociales de poder en el proceso de organización y lucha.

No realiza una lista de experiencias e identidades individuales para convertirlas en un recetario, eso es lo que conforma el individualismo propio del sujeto neoliberal. Como señala Andrea Peniche (Peniche, 2020) se trata de un enfoque que también problematiza la idea de “la identidad como experiencia y la experiencia como única legitimadora del discurso, convirtiéndola en un reduccionismo cultural sin estrategia política”.

La interseccionalidad es una noción de enorme potencial político porque permite entender cómo opera nuestra realidad y subjetividad, la pertenencia a las jerarquías sociales y a las relaciones de poder que establece la clase, el género, la raza, algo que se siempre se da en condiciones sociales e históricas concretas.

El entramado de las luchas que los feminismos han desplegado en este ciclo hablan de un sujeto múltiple que ha permitido amplificar los objetivos de la lucha. Lo constituimos todas las que el sistema excluye y criminaliza, las que sufren las nuevas formas de explotación, cualquier tipo de violencias sexistas o institucional, las trabajadoras del sexo, mujeres racializadas, migrantes, las mujeres lesbianas, cis, trans, quienes se reconocen y nombran queer, precarias, trabajadoras de cuidados, las que lo hacen en el ámbito productivo, jóvenes y pensionistas, las que luchan por la vivienda y contra la pobreza energética, las que llevan hiyab, las jornaleras…, todas las que protagonizan los conflictos sociales y se levantan contra las injusticias que el sistema genera.

Como decía, no se trata de un listado de identidades sino de sujetos colectivos que protagonizan la conversación sobre la estrategia feminista desde la voluntad de no jerarquizar las opresiones, ni las luchas ni las reivindicaciones, sino de trabajar por espacios de convergencia real, no retórica, entre colectivos diversos y heterogéneos. Un reto permanente, no exento de tensiones y dificultades, pero algo profundamente transformador. 

Un ejemplo de todo ello lo representan las jornaleras de Huelva. Pastora Filigrana, de la cooperativa de abogadas de Sevilla, explica cómo la comarca fresera de Huelva es un laboratorio donde se puede ver cómo funciona este sistema que entrecruza la violencia del capitalismo, el patriarcado, el racismo y la explotación de la tierra y los recursos naturales. “Todas las vertientes del sistema neoliberal en una sola comarca”.

Por su parte Ana Pinto, de la Asociación de jornaleras de Huelva en lucha, muestra cómo la pelea contra las condiciones de explotación en el campo, la explotación de la fuerza de trabajo de los cuerpos migrados y racializados de miles de mujeres, contra las condiciones de vida, de violencia sexual a las trabajadoras y la pelea por la defensa de la tierra forman parte de una misma lucha. Y apela a que “el feminismo se sume a nuestras luchas feministas, antirracistas y ecologistas, que deberían ser las luchas de todas, de un feminismo que no se puede dejar a ninguna fuera y ponga la vida digna de todas las mujeres en el centro”.

¿Cómo denominar a este feminismo? ¿Popular, de base, de clase, anticapitalista, anticapitalista y antiracista, interseccional, queer? No todo tiene la misma significación, y se podría debatir al respecto, pero creo que todos apuntan en una misma dirección. Desde mi punto de vista, pese a lo que tiene de palabro, la interseccionalidad abre mejores posibilidades para expresar y comprender la complejidad y la potencia política de las luchas que se vienen articulando en esta época. 

A partir de este enfoque se participa (con distinto éxito) en alianzas por la defensa de los servicios públicos, por la regularización de las personas migrantes, por los derechos de quienes tienen empleo, por el derecho a una vivienda, el fortalecimiento del tejido comunitario, las luchas contra las violencias patriarcales, por los derechos sexuales y reproductivos, por los derechos de las personas trans. Resulta un sólido enfoque generado por y desde las propias luchas. Algunas reverberan con fuerza.

Valga como ejemplo la marcha realizada el 31 de enero 2026, organizada por un colectivo de mujeres (la Asociación Tabadol del Sector 6 de La Cañada Real) y otros colectivos, por el derecho al territorio, a la vivienda y a la vida. En la Cañada viven miles de personas y sufren desde hace cinco años el corte del suministro eléctrico, el derribo y desalojo de sus casas. Houda Akrikez leyó el manifiesto de la marcha del que recojo unos extractos.

“Marchamos con otras luchas que saben que lo que ocurre aquí les atraviesa directamente (Movimiento por la vivienda, colectivos antirracistas, ecologistas, vecinales, lgtbi). Marchan con nosotras las feministas, porque saben que los derribos también son violencia. Porque cuando se destruye un hogar, quienes más sostienen el impacto son las mujeres. Las que cuidan, las que sostienen la vida cotidiana, las que reorganizan la supervivencia cuando el Estado se retira. Las feministas marchan porque saben que sin vivienda no hay autonomía, que sin territorio no hay redes, que sin estabilidad no hay libertad. Porque no hay feminismo posible si se acepta que mujeres pobres, migrantes, gitanas, sean expulsadas de sus casas en nombre del progreso. Defender que la Cañada se queda es defender un feminismo popular, antirracista, de barrio, que pone la vida en el centro”. 

Una marcha que apoyó la comisión 8M de movimiento feminista de Madrid y colectivas de mirada interseccional. 

Esto es lo que explica la potencialidad del feminismo (Gago, 2019) y las condiciones en las que puede enfrentar a este mundo sin corazón.

El objetivo del neoliberalismo apunta al corazón mismo de la propuesta feminista, supone un ataque feroz a lo social, como señala Wendy Brown, es un ataque a ese espacio donde transcurre la vida en común, se establecen los vínculos sociales, se recobra la identidad, la participación, se visualizan las exclusiones y las desigualdades, se establecen las demandas, se articula la protesta. 

Es la defensa de un individualismo que nos convertiría en sujetos económicos prestas para el mercado negando las interdependencias y los vínculos entre nosotras y nosotros y el planeta.

Es un ataque justo a lo que da sentido a la organización colectiva, los proyectos colectivos, la creación de lazos comunitarios y la aspiración a una universalidad real y efectiva de derechos. Explica el feroz ataque al feminismo en su versión emancipadora y la consiguiente respuesta. 

El feminismo como un movimiento contrahegemónico busca desafiar el capitalismo, desmontar el patriarcado y la colonialidad y acabar con las relaciones de poder que marcan. Transformar las ideas y valores dominante, las estructuras y condiciones sociales que sustentan la explotación y las distintas opresiones. Abrir a otras formas de relacionarnos, de vivir, de hacer de los cuerpos y sexualidades espacios de rebeldía y de disfrute, de pensar que la propuesta queer hará de nuestras identidades, sean cuales fueren, espacios de libertad. 

Es un proceso de construcción en común que es también una apuesta por la organización que construya colectividad política feminista y anticapitalista, cuyo fin último sea la transformación radical de todo para todas, todes y todos. 

Romper el relato del único mundo posible es trazar ese nuevo sentido común en las conversaciones y luchas múltiples. 

Parafraseando a Eleni Varikas (Varikas, 2000) “la manera como se perciben los problemas y las soluciones que se proponen están forzosamente marcados por nuestra posición en las relaciones sociales, por nuestras pertenencias (…). La visión sobre el conjunto de problemas que plantea la vida en común pasa por el reconocimiento de que la multiplicidad en la contribución a la definición de la vida en común no es un peligro sino una fuente inexplorada de posibilidades sociales incumplidas”.

Justa Montero, activista feminista, miembro del Consejo Asesor de viento sur.

Referencias
Alabao, Nuria (2025) Las guerras de género. La política sexual de las derechas radicales. Pamplona: Katakrak.

Anzaldúa, Gloria (2016) Borderlands/la frontera. Madrid: Capitán Swing.

Brown, Wendy (2019) Estados del agravio. Poder y libertad en la modernidad tardía. Madrid: Lengua de Trapo.

Fraser, Nancy (2006) ¿Redistribución o reconocimiento? Un debate político-filosófico. Madrid: Morata.

Gago, Verónica (2019) La potencia feminista. O el deseo de cambiarlo todo. Madrid: Traficantes de sueños.

Herrero, Yayo (2025) Metamorfosis. Una revolución antropológica. Barcelona: Arcadia.

Meloni, Carolina (2012) Las fronteras del feminismo. Teorías nómadas, mestizas y postmodernas. Madrid: Fundamentos.

Montero, Justa (2009) Sexo, clase, raza y sexualidad: desafíos para un feminismo incluyente. https://feministas.org/sexo-clase-raza-y-sexualidad/

Peniche, Andrea; Sena Martins, Bruno; Roldao, Cristina y Louçã, Francisco (2020) Nao posso ser quem somos? Identidades e estratégia política da esquerda. Lisboa: Bertrand. 

Pérez Orozco, Amaia (2014) Subversión feminista de la economía. Madrid: Traficantes de sueños.


viento sur, n º 52 (2000).

mayo 27, 2026

Mujeres de grandes ciudades de América Latina idean soluciones frente al estrés climático

Mujeres de diversas redes y oenegés gestionan los biohuertos en el sur de Lima. Imagen: Comutrafrecc
Lima: Mujeres que transforman terrenos abandonados en biohuertos comunitarios

Las mujeres son las más afectadas ante los impactos del calentamiento global pero también las que accionan para cambiar esas realidades

Llevaban tres meses de abrir la canilla y que no saliese una gota de agua. Era abril de 2014 y las mujeres de Pedregales de Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, cargaban garrafones de 20 litros desde un surtidor público para lavar la ropa y bañar a los niños. Un día, hartas, decidieron cortar la Avenida del Imán. Eran, como mucho, unas 20. 

“No teníamos miedo. Nos acuerpaba la rabia: la digna rabia de salir a protestar”, recuerda Natalia Lara.

Consiguieron la atención de los gobernantes, pero trataron de desacreditarlas. “Decían que estábamos locas, que nos pagaban los partidos opositores”, cuenta Natalia.

A fuerza de insistencia, lograron que los técnicos del del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) las llevaran a recorrer los pozos del suministro. Después de tres años y 27 pozos recorridos, descubrieron que sí había agua, pero era desviada hacia los megaproyectos inmobiliarios de la zona.

En las grandes ciudades de América Latina, las mujeres son quienes más sufren el estrés climático: sobre ellas recae la carga de las tareas domésticas y el trabajo no remunerado. Son las que salen a buscar el agua, caminan kilómetros para conseguir alimentos saludables y asisten a niños y personas mayores ante olas de calor.

“Cuando hay eventos naturales de gran magnitud, las mujeres son las más afectadas porque, debido a su rol en tareas de cuidado, suelen estar siempre en la zona. A su vez, las mujeres tienen un rol clave como agentes de cambio, pero sus conocimientos generalmente no son retomados por las políticas climáticas. Se las excluye y, en esa exclusión, reciben el mayor impacto negativo”, afirma Nidya Pesántez, responsable regional de la estrategia de Género, Ambiente y Justicia Climática de ONU Mujeres.

Sin embargo, también son las mujeres las que se organizan y accionan para cambiar esas realidades. En Bogotá, la capital de Colombia, fueron fundamentales en la creación de los acueductos comunitarios, gestionando el acceso al agua para sus comunidades. En el sur de Lima, Perú, mujeres de diversos distritos se organizaron para transformar terrenos abandonados en biohuertos y combatir la inseguridad alimentaria.

Estas soluciones locales cobran mayor relevancia porque las ciudades latinoamericanas están entrando en un período de intensificación del estrés climático. Además, los planes de adaptación no llegan a los más vulnerables y rara vez tienen en cuenta el trabajo que las comunidades ya hacen sobre el terreno, sostiene Pesántez. 

“Se necesita hacer un puente entre lo que hace la sociedad civil y lo que hacen los gobiernos locales. No se logra tener una relación horizontal con la población porque los gobiernos latinoamericanos han seguido siempre una lógica patriarcal, verticalista. Por eso, aunque haya propuestas sólidas desarrolladas por mujeres, es difícil que sean retomadas por los gobiernos”, agrega.
Para entender adónde iba el agua, Natalia Lara armó un mapa. Puso puntos verdes para los pozos con mayor flujo y azules para los de baja presión. Los primeros estaban cerca de grandes emprendimientos inmobiliarios y los segundos en las colonias populares. También descubrieron que desde la alcaldía de Coyoacán se manipulaban las válvulas para abastecer a las colonias que garantizaban votos.

“Teníamos, entonces, dos cuestiones: la discriminación económica y la manipulación política”, cuenta hoy.

En 2017, las mujeres conformaron la cooperativa Acción Comunitaria Pedregales: una mezcla de vecinas, amas de casa, estudiantes y una profesora de biología. En 2018, presentaron la evidencia obtenida y lograron que el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera reconociera la manipulación de las válvulas con fines políticos.

“Hoy el problema sigue latente. Con el cambio de gobierno, perdimos un poco de información y a veces los tandeos vuelven a estar más espaciados”, indica Natalia.

Las colonias (barrios) de Pedregales de Coyoacán comenzaron a formarse en 1971, producto de una migración interna. Al asentarse sobre una vieja erupción volcánica, muchos debieron dinamitar la piedra para construir sus casas. Se autogestionaron el acceso a servicios básicos y hoy todavía hay viviendas sin drenaje. 

Ese proceso de autoconstrucción generó un fuerte arraigo territorial que impulsó diversos movimientos sociales, explica Alice Poma, doctora en Ciencias Sociales y Medio Ambiente. Hoy, la llegada de desarrollos inmobiliarios agrega un problema de gentrificación que desplaza a los habitantes históricos. 

Poma, que siguió el proceso de organización de las comunidades de Pedregales, señala que desde los gobiernos local y municipal no han aprovechado los saberes de la comunidad para la formulación de políticas.

“Deberían escuchar más a la gente. Si bien realizaron mesas de diálogo, los trataban mal y llevaban técnicos que les hablaban con un lenguaje imposible. Se sentían humillados y frustrados”, advierte.

Ahora, las mujeres de Pedregales enfrentan una nueva preocupación: que la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 —que tiene entre sus sedes al vecino estadio Azteca— vuelva a secar sus colonias durante la temporada de calor extremo.

“Televisa, dueña del estadio, tiene una concesión privada de agua. Su pozo tiene unos 350 metros de profundidad, frente a los 80 metros de los pozos públicos. Con la remodelación, está monopolizando el agua de la zona”, explica Natalia. Están exigiendo la expropiación del pozo, y la presión crecerá con la llegada masiva del turismo.

Otra demanda histórica de la comunidad es la necesidad de una infraestructura que ayude a evitar inundaciones en sus colonias. Sobre eso, Natalia comenta: “Curiosamente, la Ciudad de México construyó un jardín de lluvia, que para nosotros era una infraestructura importante para retener el agua, justo al lado del estadio Azteca, en vez de hacerlo en otras zonas donde se inunda más”.Avance de la ciudad en la periferia urbano-rural del sur de Bogotá. Imagen: Universidad Externado de Colombia
Bogotá: Lideresas de acueductos comunitarios a tiempo completo

A fines del siglo XX, en la periferia urbano-rural de Bogotá, las mujeres cargaban cantinas hasta el río en busca de agua, a veces con ayuda de caballos.

“Tocaba sufrir mucho. A raíz de eso, se organizaron los acueductos comunitarios”, cuenta Flor Alba Díaz Cepeda, lideresa histórica del acueducto Aacupasa de Ciudad Bolívar. “Siempre me ha gustado cuidar la naturaleza, el agua y servir a las comunidades”, añade.

Desde hace décadas, los acueductos comunitarios son en Colombia una forma de gestión del agua liderada en gran parte por mujeres que, además de sus labores domésticas, administran el recurso, median con funcionarios y garantizan la distribución equitativa.

“Claro que también son trabajos no remunerados, o con un pequeño estipendio que apenas alcanza para cubrir sus gastos, pero nunca un salario propiamente dicho”, explica Dolly Palacio Tamayo, doctora en Estudios del Desarrollo y Medio Ambiente, que estudia el liderazgo de mujeres en la gestión del agua en Bogotá. “Aquí no hay poder ni dinero: es gestión de base vinculada a la sostenibilidad territorial y el cuidado”, agrega.

Flor Alba se puso al frente del acueducto a comienzos de los 90, cuando su padre enfermó, y lo condujo con vehemencia durante casi 30 años. Era un trabajo sin horarios: conflictos entre vecinos, tuberías rotas, mediaciones con funcionarios. Todo, en paralelo con la crianza de su hija. 

“Realmente fue duro, pero yo amaba el acueducto. Cómo será que me gustaba que, cuando me retiré, me ocasionó un problema de depresión”, cuenta. Hoy continúa como asesora externa, aparte de brindar talleres sobre cambio climático y gestión del agua para escuelas, universidades y adultos mayores.

Bogotá está a unos 2600 metros de altura y tiene un clima húmedo. Sin embargo, en los últimos años, las sequías y las lluvias se volvieron más intensas, profundizando los ciclos de estrés hídrico e inundaciones. En la periferia urbano-rural, el impacto se intensifica porque, al igual que en Pedregales, son barrios construidos de forma autogestiva, fuera del alcance estatal.

Respecto a la gestión del agua, en diciembre, tras 15 años de lucha, organizaciones nucleadas en la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia -entre ellas, la Retaco del departamento de Cundinamarca y Bogotá-, lograron la aprobación de un proyecto de ley que reconoce a los acueductos comunitarios como prestadores legítimos del servicio, garantizando su autonomía y reconociendo un proceso de construcción trascendental para muchas comunidades.

Ahora resta que sea sancionado por el Ejecutivo y ver cómo se dará su aplicación en la práctica.


“Mire, ahorita le voy a mostrar mi cajita. Son semillitas, ¿ve? Tengo espinacas, acelgas, culantro. Así las vamos juntando”.

Celsa Pandal muestra orgullosa su colección de semillas disecadas y guardadas en bolsitas cerradas herméticamente. La idea de crear biohuertos surgió en 2018, cuando varias mujeres del sur de Lima, preocupadas por la inseguridad alimentaria y los impactos de la crisis climática, decidieron impulsar una agricultura sin químicos.

“Al principio fue difícil explicarle a la comunidad la necesidad de hacer un biohuerto, pero ahora están más involucrados y vienen ellos a pedirnos las semillitas”, cuenta Celsa.

El Colectivo de Mujeres Trabajando Frente al Cambio Climático de San Juan de Miraflores (Comutrafrecc) -presidido por Celsa-, la Red de Lideresas por la Acción Climática de Villa María del Triunfo (Redlac) y la Asociación de Redes Ambientales de Villa El Salvador (Redaves) son grupos de mujeres del Área Metropolitana de Lima que transformaron terrenos abandonados en biohuertos.

En esta zona, miles de familias enfrentan serias dificultades para acceder a alimentos de buena calidad, debido a una combinación de precariedad urbana, falta de áreas verdes y dependencia de alimentos provenientes de otras regiones.

“No estamos esperando soluciones, ya estamos actuando”, dicen en la campaña En Lima Sur cosechamos derechos, difundida por redes sociales. “Pero esta situación no se puede sostener sólo con el esfuerzo comunitario: el Estado y los gobiernos locales tienen que asumir su responsabilidad”, aclaran.

Acompañadas por las oengés Fovida y Manos Unidas, presentaron proyectos de ordenanza para exigir que los gobiernos locales reconozcan la agricultura urbana como política pública y apoyen el desarrollo de biohuertos urbanos. Recientemente, lograron su aprobación en San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Actualmente, vigilan que se realice la implementación y trabajan por su extensión a Villa El Salvador.

En Lima se repite el patrón: las periferias fueron edificadas sin considerar la geografía ni la hidrología del terreno, y el cambio climático agravó la situación con un fuerte aumento de las precipitaciones. 

La arquitecta peruana Liliana Miranda, integrante del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), lo resume así: en 2010, Lima tenía un promedio de lluvia de nueve milímetros; en 2020, se duplicó; y en 2025, el promedio trepó a 23 milímetros.

“La ciudad no está preparada para esas lluvias. Entonces se inunda, se producen huaicos -desprendimientos de piedras-, los cables quedan colgando, se generan cortocircuitos, las casas se vienen abajo”, enumera. “Es un verdadero desastre”.

De las experiencias locales a la política pública

Cuando los mexicas fundaron Tenochtitlán en 1325, construyeron sobre un lago e integraron el agua a su planificación. Hacia 1600, los españoles destruyeron esa ciudad, pavimentaron humedales y entubaron arroyos. Por eso, en lo que es hoy la Ciudad de México, las épocas de lluvia convierten la urbe en un caos.

La arquitecta Loreta Castro Reguera propone que, sin destruir las infraestructuras existentes, desde las políticas públicas se impulsen más proyectos alternativos y descentralizados.

“Hay que construir sistemas de tratamiento de agua residual para las épocas de escasez e implementar sistemas de captación de agua en cubiertas o parques para las épocas de lluvia”, explica. Ella misma hizo un proyecto de captación de lluvias similar a los andenes incas en el municipio mexicano Tablas del Pozo.

Por su parte, Miryam Mejía, de la Dirección de Gestión Comunitaria de la empresa pública Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que ha trabajado en el acompañamiento de lideresas de acueductos por más de una década, cuenta que un desafío actual es sostener y profundizar la articulación entre el ámbito público y las comunidades.

“Yo siento que si en algún momento me voy, ellos van a quedar muy a la deriva, porque en la empresa todavía no se logra que eso sea una línea de trabajo permanente”, dice.

Desde Lima, Jhonatan Peña, gerente de Gestión Ambiental de San Juan de Miraflores, dice que han acompañado la construcción de biohuertos con asistencia técnica, capacitaciones, entrega de materiales y difusión. También explica que una limitante para avanzar en la expansión de la iniciativa es el costo elevado de agua potable en Lima (provista por la empresa pública Sedapal).

“Podríamos seguir instalando más áreas para agricultura urbana porque hay terrenos, pero la baja disponibilidad de agua potable y los costos altos no han permitido que crezca mucho más”, aduce el funcionario. 

Mientras que todavía cuesta encontrar la fórmula ideal para que las soluciones creadas por la comunidad se transformen en política pública, el trabajo de las mujeres sobre el territorio no se detiene y el cambio climático tampoco. 

Por eso, Pesántez hace un llamado público: “Es indispensable que salgamos de varios asientos alejados de la realidad -el asiento del poder, el asiento del conocimiento académico- y vayamos a ver qué están haciendo las comunidades para sobrevivir y mantener sus entornos. ¿Qué conocen las mujeres de esos barrios? ¿Qué pueden aportar para el sostenimiento de la vida? Hay que salir de los asientos de la comodidad y abrazar más la realidad”.

Este artículo forma parte de la Comunidad Planeta, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, que integra IPS América Latina.

mayo 26, 2026

Estudio U. de Chile revela barreras invisibles que enfrentan mujeres que cursan doctorados

El Departamento de Postgrado y Postítulo de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos (VAA) y el Proyecto InES-Género de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID) dieron a conocer los resultados del estudio “Relación pedagógica y género en el acompañamiento y la dirección de tesis: experiencias de doctorandas de la Universidad de Chile”. La investigación aborda las experiencias de estudiantes de doctorado de distintas disciplinas y revela cómo las dinámicas de género influyen en la formación doctoral, especialmente en la relación con profesoras y profesores guía.

El panel abordó los sesgos de género en la formación doctoral y los desafíos del acompañamiento de tesis.El conversatorio reunió a Gabriela Martini, Lorena Mercado y Rebeca Silva, con moderación de Romina Pistaccio, directora alterna del Proyecto InES-Género.


Durante más de un año y medio, un equipo de investigación del Departamento de Postgrado y Postítulo de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos (VAA) y del Programa InES-Género de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID), encabezado por Gabriela Martini, profesora de la Facultad de Filosofía y Humanidades y coordinadora de la Unidad de Formación Transversal del DPP, entrevistó a doctorandas de distintas disciplinas de la Universidad de Chile e identificó prácticas de supervisión que reproducen desigualdades estructurales, afectan el reconocimiento académico de las mujeres y condicionan sus posibilidades de desarrollo e inserción en la academia.

El estudio sostiene que la relación entre profesora o profesor guía y estudiante doctoral debe comprenderse como una relación pedagógica. En este marco, este vínculo se conceptualiza como una relación formativa entre docente y estudiante, construida en interacción, en condiciones de asimetría y con efectos directos tanto en el aprendizaje y la trayectoria académica como en la experiencia vital de las doctorandas. Pese a constituir uno de los espacios formativos más relevantes del proceso doctoral e investigativo, esta relación ha permanecido históricamente invisibilizada como campo de análisis y se ha desarrollado muchas veces en ámbitos privados y débilmente regulados.

Consultada sobre el contexto institucional del estudio, Martini señaló: "El estudio ha buscado contribuir a analizar la relación entre estudiantes y profesoras y profesores guía, entendiendo que constituye uno de los tres factores que inciden en la construcción de la trayectoria doctoral y en la graduación oportuna, junto con los factores individuales de las y los estudiantes y las condiciones institucionales. Hoy las tasas de graduación oportuna en doctorado rondan apenas el 6,5%, una cifra muy baja y que no es exclusiva de nuestra universidad. Si entendemos que la graduación oportuna es la etapa final de una trayectoria formativa, la pregunta que surge es qué ocurre durante ese recorrido para que muchas estudiantes no logren finalizar sus estudios en los plazos definidos. Sin duda, existen múltiples factores involucrados, pero uno fundamental es la relación con la profesora o profesor guía. Y esa relación no es únicamente académica o técnica: también constituye una experiencia profundamente formativa y vital, que puede habilitar confianza, autonomía y pertenencia, o bien producir inseguridad, aislamiento y desgaste".

Uno de los hallazgos centrales apunta a la denominada "injusticia epistémica", concepto que describe la subestimación o invalidación de la voz de las estudiantes como sujetos legítimos de conocimiento. Algunas investigadoras entrevistadas relataron que, especialmente en disciplinas masculinizadas, deben realizar un "doble esfuerzo" para obtener el mismo reconocimiento intelectual que sus pares hombres, y reportaron experiencias en las que sus ideas eran corregidas, minimizadas o ignoradas sistemáticamente, reproduciendo dinámicas que restringen su autonomía intelectual y alimentan el denominado "síndrome de la impostora". Esta falta de validación impacta no solo en la confianza académica de las doctorandas, sino también en la construcción de sus trayectorias profesionales.

La investigación también reconoció la existencia de un "trabajo académico doméstico", entendido como la asignación de tareas de gestión, organización y cuidado dentro de laboratorios y equipos de investigación. Según los testimonios recogidos, estas labores recaen mayoritariamente en mujeres, bajo estereotipos asociados a roles maternales o de contención, pese a que rara vez son reconocidas como trabajo académico relevante para la producción de conocimiento o el desarrollo de carrera.

En algunos casos, las estudiantes describieron experiencias en salidas a terreno donde debieron asumir funciones logísticas o de cuidado consideradas "naturales" para ellas, lo que interfirió directamente con sus actividades investigativas.
Tres estilos de supervisión

Siguiendo estudios internacionales, el informe identificó tres estilos predominantes de dirección de tesis que moldean las formas en que se desarrolla el acompañamiento: orientador, directivo y ausente.

El estilo orientador fue evaluado como el más favorable por las estudiantes, ya que se caracteriza por promover el diálogo, acordar plazos y metas de manera consensuada y fortalecer la autonomía investigativa sin renunciar a la rigurosidad académica. Además, incorpora dimensiones de acompañamiento emocional y reconocimiento de las trayectorias personales de las tesistas.

En contraste, el estilo directivo se basa en una lógica vertical, donde la profesora o profesor guía fija objetivos, ritmos y criterios de trabajo de forma unilateral. Este estilo, más cercano a una lógica de instrucción, implica menores grados de autonomía para la estudiante y menos posibilidades de agencia en el desarrollo de su trabajo investigativo. El estilo ausente, en tanto, se caracteriza por una mínima implicación de la guía o el guía en el proceso formativo. Según la investigación, esta falta de acompañamiento genera "desamparo académico", obligando a las estudiantes a desarrollar diversas estrategias para lograr avances en sus investigaciones, tales como recurrir a redes informales de apoyo, buscar orientación en otras académicas y académicos, apoyarse entre pares o sostener procesos de autoformación y organización autónoma del trabajo investigativo.
Formación doctoral y recomendaciones para una supervisión con perspectiva de género

El estudio concluye que la experiencia doctoral no depende únicamente de capacidades individuales o del rendimiento académico, sino también de estructuras de poder que atraviesan la formación universitaria. Desde esta perspectiva, muestra que las desigualdades de género pueden reproducirse en prácticas cotidianas de supervisión, reconocimiento y distribución de tareas. Sin embargo, la investigación también releva que la relación pedagógica constituye un espacio con potencial transformador, capaz de generar experiencias de acompañamiento más equitativas, inclusivas y formativas cuando existe conciencia crítica sobre estas dinámicas y un ejercicio docente basado en el reconocimiento, la validación y el cuidado.

En este marco, cobra relevancia fortalecer el "reconocimiento epistémico" de las doctorandas, validando sus ideas y aportes como producción legítima de conocimiento. Asimismo, recomienda establecer acuerdos explícitos entre estudiantes y guías respecto de expectativas, plazos, modalidades de trabajo y canales de comunicación, con el fin de disminuir relaciones ambiguas, arbitrarias y jerárquicas.

El informe también propone incorporar una ética del cuidado en la formación doctoral, cuestionando la naturalización del agotamiento extremo y la precarización emocional como condiciones inherentes al doctorado. En esa línea, sugiere promover criterios de flexibilidad que consideren contextos personales, responsabilidades de cuidado y bienestar mental, en la misma senda de las políticas de cuidado y corresponsabilidad promovidas por la Universidad de Chile.

Otra de las recomendaciones apunta a fortalecer la socialización académica de las doctorandas mediante acceso equitativo a redes de investigación, congresos, financiamiento y publicaciones, evitando que las mujeres queden relegadas a tareas administrativas o de apoyo.

Finalmente, el estudio subraya la necesidad de asumir institucionalmente la dirección de tesis como una responsabilidad formativa colectiva, avanzando tanto en procesos de formación docente con perspectiva de género como en espacios de reflexión académica sobre los desafíos del acompañamiento doctoral. En este sentido, los claustros académicos de los programas tienen un rol protagónico para que la dirección doctoral no opere como un espacio privado donde se reproduzcan desigualdades estructurales históricas de la academia y prácticas docentes tradicionales.

A partir de estos resultados, la Universidad de Chile elaboró orientaciones pedagógicas dirigidas a promover la dirección de tesis como una práctica más consciente, inclusiva y sensible a las desigualdades de género, además de otros principios formativos que plantea el Modelo Educativo de la Universidad. El documento "Acompañar para formar: Guía para orientar la dirección de tesis en programas de postgrado" busca ser un insumo para la reflexión de los comités académicos sobre las prácticas de acompañamiento en postgrado. Esta iniciativa se realizó en el marco del Modelo de Reconocimiento en Estándares de Igualdad de Género.

El estudio fue presentado en un conversatorio en el que participaron Gabriela Martini, profesora de la Facultad de Filosofía y Humanidades y coordinadora de la Unidad de Formación Transversal del DPP; Lorena Mercado, divulgadora científica y doctora en Nutrición y Alimentos de la Universidad de Chile; y Rebeca Silva, integrante de la Red de Académicas e Investigadoras de la Universidad de Chile. La actividad fue moderada por Romina Pistaccio, directora alterna del Proyecto InES-Género y profesora de la Facultad de Filosofía y Humanidades.


Por Bárbara Paulsen, periodista Dirección de Igualdad de Género U. de Chile
Fuente: U de Chile Noticias

mayo 25, 2026

Deuda con los derechos económicos de las mujeres, analizarán en asamblea de la CIM

Deuda con los derechos económicos de las mujeres, analizarán en asamblea de  la CIM | SemMéxico

“La deuda con los derechos económicos de las mujeres es una deuda con toda la sociedad. Está en el tiempo que no se reconoce, en los ingresos que no llegan, en el trabajo no remunerado que sostiene la vida, en el crédito que se niega, en las barreras para emprender, en las brechas digitales y en el menor poder de decisión sobre la economía. Saldar esa deuda es avanzar hacia sociedades más justas, democráticas y sostenibles”, subraya Alejandra Mora Mora, secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA).

Al anunciar que se realizará la Cuadragésima Asamblea de delegados de la CIM, del 27 al 29 de este mes en Washington D.C., sendas sesiones en las que se abordará como eje temático los derechos económicos de las mujeres de las Américas: políticas y estrategias para la garantía de la autonomía y el poder de negociación.

En un comunicado de prensa, la CIM OEA destaca la importancia de esta Cuadragésima Asamblea de Delegadas de la CIM que coloca en el centro de la agenda hemisférica una discusión de alto interés público: cómo saldar la deuda pendiente con los derechos económicos de las mujeres y, con ello, con la sociedad en su conjunto.

Señala que su relevancia radica en que reúne a autoridades nacionales, Delegadas Titulares ante la CIM, organismos internacionales, la cooperación y la sociedad civil para abordar brechas que inciden directamente en la vida cotidiana de millones de mujeres y en el desarrollo democrático, económico y social de las Américas.

La Asamblea permite contextualizar, con datos y decisiones de política pública, temas que atraviesan la agenda regional: empleo, ingresos, emprendimiento, trabajo no remunerado, cuidados, inclusión financiera, conectividad, habilidades digitales y la participación de las mujeres en la vida económica y pública.

De acuerdo con el texto, reúne a las Delegadas Titulares ante la CIM, que, en su gran mayoría, son las autoridades de los mecanismos nacionales para el adelanto de los derechos de las mujeres y aborda la inclusión laboral, el emprendimiento, la inclusión financiera y la inclusión digital desde una perspectiva de derechos humanos, autonomía económica e igualdad de género.

Además, vincula los derechos económicos de las mujeres con la reducción de la pobreza, la prevención de la violencia, la calidad democrática y el desarrollo sostenible y presenta herramientas regionales de política pública, incluidas leyes modelo interamericanas orientadas a apoyar a los Estados en el cierre de brechas estructurales.

También incluye el diálogo con organizaciones de la sociedad civil sobre las prioridades para una agenda de derechos económicos de las mujeres y contempla la elección de las autoridades de la CIM para el período 2026-2029, incluida la Presidencia, tres Vicepresidencias y cinco Estados Miembros del Comité Directivo.

Los datos: trabajo, ingresos y emprendimiento

  • En América Latina y el Caribe, una de cada dos mujeres en edad de trabajar no participa en el mercado laboral formal. Fuente: CEPALSTAT.El 25 por ciento de las mujeres de 15 años o más en la región no cuenta con ingresos propios. Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, CEPAL.El 60 por ciento de las mujeres que no trabajan de forma remunerada señala las responsabilidades de cuidado como la principal causa. Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, CEPAL.
  • Las mujeres que participan en el mercado laboral enfrentan tasas de desocupación superiores a las de los hombres y perciben remuneraciones inferiores en un promedio del 22 por ciento. Fuente: CEPALSTAT.
  • La tasa de informalidad en el empleo de las mujeres supera la de los hombres y, con frecuencia, supera el 50 por ciento. Fuente: Organización Internacional del Trabajo, Panorama Laboral 2025.
  • Las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 99,5 por ciento del tejido empresarial de la región y generan el 61 por ciento del empleo formal, pero el 73 por ciento de las pymes lideradas por mujeres no logra obtener financiamiento suficiente. Fuente: BID.
  • Las mujeres representan solo el 25 por ciento de los cargos directivos de la región, el 35 por ciento de la fuerza laboral tecnológica y menos del 35 por ciento del personal en comercio exterior. Fuente: BID.Seis de cada diez empresas no ofrecen licencia de maternidad más allá de lo legalmente exigido y apenas el 15 por ciento analiza internamente las brechas salariales. Fuente: BID.

Contexto económico general

  • Las mujeres suelen reinvertir hasta un 90 por ciento de sus ingresos en educación, salud y nutrición de sus familias y comunidades, frente al 30-40 por ciento de los hombres. Fuente: Banco Mundial.
  • De lograrse la igualdad de género, el Producto Interno Bruto (PIB) regional podría crecer hasta en 22 por ciento. Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo.
  • En el ejercicio de sus derechos económicos, las mujeres enfrentan brechas jurídicas, de tenencia y acceso a recursos productivos, de oportunidades y liderazgos, así como barreras en materia de cuidados, inclusión laboral, emprendimiento, inclusión financiera e inclusión digital. Fuente: Banco Mundial, Women, Business and the Law 2026.

Inclusión financiera
  • La brecha de género en inclusión financiera se ha ampliado en cerca de dos puntos porcentuales, dejando a millones de mujeres sin acceso a servicios básicos como ahorro, crédito o transferencias seguras. Fuente: Banco Mundial, The Global Findex Database 2025.
  • Las mujeres hacen un menor uso de productos y servicios financieros que los hombres: solo un tercio de las mujeres ahorra formalmente, frente al 44 por ciento de los hombres. Fuente: CAF, Encuesta de medición de Capacidades Financieras, 2021.
  • Las mujeres tienen un nueve por ciento menos de probabilidad de solicitar un crédito formal y recurren con mayor frecuencia a mecanismos informales más costosos y riesgosos. Fuente: CAF, Encuesta de medición de Capacidades Financieras, 2021.
  • De acuerdo con encuestas de medición de capacidades financieras con enfoque de género desarrolladas por CAF en múltiples países de la región, las mujeres acceden menos a pensiones y seguros, tienen menor capacidad de respuesta ante emergencias y, en muchos casos, sus ingresos no alcanzan para cubrir el gasto mensual del hogar, lo que compromete su autonomía y resiliencia financiera. Fuente: CAF, Encuesta de medición de Capacidades Financieras, 2021.
  • Mientras el 56 por ciento de los hombres en la región declara poder acceder a fondos para enfrentar una emergencia, apenas el 39% de las mujeres puede hacerlo. Fuente: CAF, Encuesta de medición de Capacidades Financieras, 2021.
  • Siete de cada diez mujeres afirman que no podrían cubrir sus gastos más allá de tres meses si perdieran su fuente primaria de ingresos. Fuente: CAF, Encuesta de medición de Capacidades Financieras, 2021.
  • Tres de cada cinco mujeres reconocen que sus ingresos no alcanzan para cubrir el gasto mensual del hogar. Fuente: CAF, Encuesta de medición de Capacidades Financieras, 2021.
  • Solo un tercio de las mujeres decide personalmente sobre el gasto mensual del hogar, frente a casi la mitad de los hombres. Fuente: CAF, Encuesta de medición de Capacidades Financieras, 2021.

Inclusión digital

El cierre de la brecha digital de género podría impactar positivamente la economía mundial en USD 1,5 billones en cinco años. Fuente: ONU Mujeres, Panorama de género 2025.

Cerrar las brechas de género en educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas puede contribuir con un uno por ciento adicional al crecimiento anual del PIB en muchos países de América Latina y el Caribe. Fuente: Banco Mundial.

Las mujeres tienen mayor presencia en industrias centradas en las personas, como salud y servicios de cuidado (58,5 %) y educación (52,9 %), sectores que suelen ofrecer salarios más bajos. Fuente: Foro Económico Mundial, Informe Mundial de Brecha de Género 2025.

Aunque la participación de las mujeres en la tecnología de la información y los medios ha crecido alrededor del 35 por ciento, los hombres siguen predominando en todas las etapas profesionales, especialmente en cargos directivos de áreas STEM. Fuente: Foro Económico Mundial, Informe Mundial de Brecha de Género 2025.

La brecha digital de género pone de relieve un conjunto de barreras sociales, económicas y culturales, y responde a desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. Los hombres tienen mejor acceso a Internet que las mujeres en la mayoría de los países de la región e igualmente, salvo en algunos pocos países, hacen mayor uso de Internet. Fuente: Foro Económico Mundial, Informe Mundial de Brecha de Género 2025.

Compromisos interamericanos e internacionales

La agenda de derechos económicos de las mujeres se vincula con los compromisos asumidos por los Estados en el sistema interamericano y en el sistema universal de protección de los derechos humanos.

CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer obliga a eliminar la discriminación contra las mujeres en el empleo, las prestaciones económicas, el acceso al crédito y las condiciones de vida de las mujeres rurales.

Convención de Belém do Pará: establece obligaciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La autonomía económica es un factor relevante para el ejercicio de una vida libre de violencia.

Protocolo de San Salvador: reconoce derechos económicos, sociales y culturales relacionados con trabajo, condiciones justas, seguridad social, salud, educación y protección de la familia.

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing: identifica la economía, la pobreza, la educación, la violencia, el poder y la toma de decisiones como áreas críticas para la igualdad.

Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género: orienta la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, programas y acciones del sistema interamericano.

Agenda 2030: vincula la igualdad de género, el trabajo decente, la reducción de las desigualdades y el desarrollo sostenible.

La Agenda

El 27 de mayo se realizará el Foro de Organizaciones Sociales de Derechos de las Mujeres: Prioridades para una Agenda de Derechos Económicos de las Mujeres; el día 28 será la sesión inaugural; habrá una charla magistral sobre los derechos económicos de las mujeres; intercambio entre jefas de delegación y representantes de la sociedad civil.

El 29 de mayo será la presentación de informes institucionales; elección de autoridades de la CIM para el período 2026-2029; consideración de la declaración y de las resoluciones; sesión de clausura; y diálogo entre el Comité Directivo de la CIM/OEA 2026-2029 y los Observadores Permanentes ante la OEA, solo por invitación.


Por Lorena Vaniezcot
Fuente: SemMéxico


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