La política exterior feminista frente al desmantelamiento institucional

El poder económico se convierte inevitablemente en poder político, por ende, la desigualdad no es un accidente ni un fenómeno natural; es resultado de un conjunto de decisiones políticas.

OXFAM, 2026

La política exterior feminista, más allá de ser una herramienta que busca reconfigurar los sistemas tradicionales de poder, representa un compromiso político con la transformación de estructuras de dominación que influyen en la concepción del mundo y las interacciones entre Estados. La política exterior y la diplomacia, desde su origen, se han construido sobre un pensamiento históricamente dominado por hombres. Esto no solo involucra a quienes diseñan y practican la política, sino que también depende de la estructura y el desarrollo del Estado. Por lo anterior, el feminismo en la política exterior es una manifestación mundial frente al desmantelamiento institucional que han promovido gobiernos antidemocráticos. La incomodidad del planteamiento está relacionada con el desconocimiento de su objetivo.

La propuesta de una política exterior feminista involucra un compromiso colectivo entre mujeres y hombres que plantean una reconfiguración de prioridades hacia la justicia social, la igualdad de género y la sostenibilidad. De ahí la importancia de analizar su origen, sus principales características, dimensiones analíticas y su relevancia estratégica frente a la crisis institucional contemporánea, particularmente desde la perspectiva de los estudios de desarrollo mundial.

Sin duda, las recientes transformaciones del sistema internacional se han caracterizado por una crisis institucional. Las divisiones geopolíticas y las polarizaciones que ponen en riesgo el multilateralismo ante la desconfianza y la percepción de instituciones ineficientes, además influyen en el incremento de las desigualdades estructurales. En este contexto, la política exterior feminista representa una propuesta innovadora que pretende replantear las actuales bases normativas y operativas de la política exterior.

Características e impulso

El origen de la política exterior feminista tiene sus raíces en tres importantes corrientes: 1) el feminismo en las relaciones internacionales de finales del siglo XX, donde autoras como Cynthia Enloe y J. Ann Tickner, Chandra Talade Mohanty, Gayatri Chakravorty Spivak y Trinh T. Minh-ha han cuestionado la invisibilización de las mujeres y las relaciones de poder en el sistema internacional. Este enfoque logró evidenciar cómo la política mundial reproduce estructuras patriarcales; 2) la agenda internacional de género, que va desde instrumentos como la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad que impulsan la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas internacionales, y 3) la institucionalización estatal, que hace referencia a la formalización de los Estados de la adopción explicita de la política exterior feminista como eje rector de las acciones en su actuar exterior, integrando la igualdad de género como un objetivo central.

Las características de la política exterior feminista se distinguen por priorizar los derechos humanos como eje fundamental de la acción exterior. Esto implicaría un cambio en las prioridades, donde el bienestar de las personas se antepone a los intereses estratégicos del Estado. Además, busca transformar las estructuras de poder que generan exclusión y desigualdad. Una de las contribuciones más relevantes es su enfoque interseccional, que reconoce que las desigualdades no se explican por cuestiones de género, sino por la interacción de múltiples factores como la clase, la raza, la etnicidad y la orientación sexual. Por lo anterior, es indispensable que exista una coordinación y coherencia de políticas, con el fin de orientar el actuar en la política exterior, incluyendo la diplomacia, la cooperación internacional, el comercio y la seguridad como pilares que sostienen el desarrollo mundial. Otro elemento clave es la incorporación de un sistema de cuidados que significa una transformación en la concepción de la seguridad y el desarrollo para restablecer la sostenibilidad de la vida sobre la competencia comercial y el control por el poder.

Las características de la política exterior feminista se distinguen por priorizar los derechos humanos como eje fundamental de la acción exterior.

Para comprender la complejidad de la política exterior feminista es importante analizar las distintas dimensiones que permitan identificar los valores y los principios que la sustentan. La dimensión normativa, por ejemplo, busca orientar los principios de la política exterior. Su implementación requiere capacidad institucional que incluya marcos legales, recursos y coordinación interinstitucional. Además, la voluntad política y el liderazgo son factores determinantes en su proceso de adopción y consolidación. La dimensión internacional posibilita evaluar el contexto mundial que condiciona la implementación, ya que factores como la geopolítica, el multilateralismo y las relaciones de poder influyen en su aplicabilidad. Estas dimensiones son claves para identificar sus resultados, así como su contribución en la construcción política por la igualdad de género y su impacto en el desarrollo mundial.

La política exterior feminista se ha consolidado como una tendencia emergente en la gobernanza global, adoptada por un número creciente de países con distintos enfoques y niveles de análisis, no depende de un modelo único, ya que su impacto lo determinan las capacidades y la voluntad política de los Estados. Su potencialidad depende de la articulación a agendas de desarrollo y justicia social. Es un fenómeno relativamente reciente que surge formalmente en Suecia en 2014 y se ha expandido a distintas regiones del mundo. Los países que han declarado oficialmente una política exterior feminista como eje rector son Noruega (2016), Canadá (2017), Luxemburgo (2019), Francia (2019), México (2020), España (2021), Alemania (2022), Países Bajos (2022), Chile (2022), Colombia (2023), Eslovenia (2023) y Mongolia (2023).

Cabe destacar que existe un grupo importante de Estados que no utilizan el término explícito de “feminista”, pero han incorporado enfoques a favor de la igualdad de género como Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Irlanda, Sudáfrica, Suiza y Nueva Zelanda. Estos países en su mayoría participan en el grupo internacional de política exterior feminista, que trabaja en los esfuerzos multilaterales para la promoción de los derechos humanos y la consolidación de las políticas exteriores feministas.

La política exterior feminista frente al panorama internacional

Las acciones de la política exterior feminista en su mayoría están ancladas a espacios específicamente en materia de género como el Consejo de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, así como la Comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Lo anterior no significa que sean temas que deban abordarse de forma aislada. El actual contexto internacional exige su vinculación a temas considerados “prioritarios” en la agenda internacional, como la seguridad y el desarrollo económico. La Agenda 2030 es un claro ejemplo de la transversalidad del tema en los asuntos mundiales del desarrollo sostenible.

Los debates actuales sobre la funcionalidad del sistema de la ONU son ejemplo de la emergencia internacional para reconfigurar estructuras que no significan que no funcionen, sino que requieren de una reorientación política y compromiso internacionales. Los cambios de gobierno permiten reflexiones sobre las oportunidades para replantear objetivos y metas comunes de alcance mundial, como el cambio climático, que pone en riesgo el desarrollo de la humanidad y que, a su vez, impacta de forma diferenciada. Las actuales candidaturas a la Secretaría General de la ONU implican asumir retos complejos en el desarrollo institucional. Latinoamérica cuenta con cuatro postulaciones que, en gran medida, reflejan el potencial compromiso en la política internacional. Además, ponen en evidencia su falta de integración en la región. El gobierno de México tuvo la oportunidad de apoyar a la excanciller Alicia Bárcena en su postulación como posible candidata a la Secretaría General, pero no lo hizo. Las acciones de la política exterior feminista se construyen con coordinación y coherencia para asumir compromisos internacionales.

En conclusión, más allá de una agenda de género, la política exterior feminista constituye un marco transformador que redefine las relaciones de poder y la gobernanza global desde una perspectiva centrada en las personas. La política exterior feminista, más que una herramienta para enfrentar la crisis institucional, permite identificar las causas estructurales de la desigualdad sistémica, además de contribuir a un orden internacional más justo. Por lo que redefinir la seguridad es un reto complejo que requiere de herramientas estratégicas para abordar amenazas mundiales, como la pobreza, la violencia de género, la guerra y el cambio climático.

Por Cecilia Romero García

Maestra en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), así como miembro del Comité Académico de Género Interseccionalidad Teorías Feministas y Queer de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI-GIFQ), y doctorante en Estudios de Desarrollo Global en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Contáctela en el correo electrónico cecilia.romero.garcia@uabc.edu.mx.

Una colaboración del Centro de Enseñanza y Análisis sobre la Política Exterior de México (CESPEM)

Fuente: Revistafal

El costo invisible de decir siempre que sí

La cultura de muchas organizaciones se sostiene en gran parte en tareas invisibles que muchas mujeres asumen para que los equipos funcionen, aunque esas responsabilidades rara vez cuentan para avanzar profesionalmente

Hay una escena que se repite todos los días en oficinas, juntas de trabajo y chats corporativos.

“¿Tienes cinco minutos?”

Cinco minutos para revisar un documento.

Cinco minutos para ayudar con una presentación.

Cinco minutos para tomar notas en una reunión.

Cinco minutos para apoyar a un equipo que está “saturado”.

Por lo regular, esos cinco minutos terminan siendo mucho más. Lo que parece un gesto cotidiano de colaboración revela, en realidad, algo más profundo sobre cómo funcionan muchas organizaciones: una economía invisible de disponibilidad.

Una economía donde ciertas personas —casi siempre mujeres— terminan absorbiendo trabajo adicional que permite la operación diaria, pero que rara vez aparece en una evaluación de desempeño o en una conversación de promoción.

Durante décadas, el liderazgo femenino ha sido definido por cualidades que parecen virtudes: ser colaborativa, empática y generosa. Sin embargo, detrás de ese reconocimiento suele esconderse una trampa estructural, porque muchas organizaciones no sólo valoran esas cualidades: dependen de ellas.

Dependen de que alguien organice la reunión cuando nadie quiere hacerlo, de que alguien tome notas para que el proyecto avance, de que alguien medie cuando hay tensiones dentro del equipo, de que alguien acompañe emocionalmente a quien está pasando un momento difícil. Ese trabajo sostiene la vida cotidiana de muchos lugares de trabajo. Pero rara vez se reconoce como trabajo estratégico.

Un concepto que ha comenzado a visibilizar esta dinámica es el de “trabajo no promocionable”: tareas necesarias para el funcionamiento de un equipo que, sin embargo, no influyen en el avance profesional de quien las realiza.

Investigaciones de Harvard Business School han documentado algo revelador: las mujeres realizan hasta 48% más de este tipo de tareas que los hombres. No se trata solo de organizar reuniones o tomar notas. También incluye mentoría informal, coordinación de proyectos colectivos y muchas de esas responsabilidades difusas que nadie pidió explícitamente, pero que alguien termina asumiendo para que el trabajo colectivo no se desmorone.

Cuando se observa de cerca, aparece un patrón familiar: las mujeres suelen decir que sí más veces. No necesariamente porque quieran hacerlo todo, sino porque la cultura laboral ha premiado históricamente la disponibilidad femenina.

El problema es que esa disponibilidad tiene un costo. Fuera del trabajo, las desigualdades siguen siendo igual de visibles. Según datos de la OCDE y ONU Mujeres, las mujeres realizan entre dos y tres veces más trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres. Esto significa que muchas profesionales no solo sostienen parte del trabajo invisible en sus organizaciones, sino también en sus hogares.

La suma de ambas cosas genera una presión silenciosa: más responsabilidades, menos tiempo disponible y mayor desgaste acumulado. No sorprende entonces que los datos sobre bienestar laboral muestren una brecha preocupante. El informe Women in the Workplace, elaborado por McKinsey y LeanIn, señala que las mujeres tienen 32% más probabilidad de experimentar burnout que los hombres.

Sin embargo, ese diagnóstico suele interpretarse de forma equivocada: el agotamiento se explica como un problema de gestión del tiempo, de aprender a poner límites o de desarrollar más resiliencia. Como si el problema fuera individual, y no el resultado de una distribución desigual del trabajo dentro de las organizaciones.

Esa desigualdad también tiene consecuencias en la trayectoria profesional. El mismo informe de McKinsey ha documentado durante años lo que llaman el “broken rung” del liderazgo, el momento en que muchas mujeres se quedan fuera del primer escalón hacia posiciones de dirección. Por cada 100 hombres promovidos a puestos de gerencia, solo 87 mujeres reciben la misma oportunidad.

Cuando las mujeres dedican más tiempo a tareas invisibles que sostienen al equipo, pero menos a proyectos estratégicos que generan visibilidad, esa brecha deja de ser sorprendente.

El problema no es que algunas mujeres no sepan decir que no. El problema es que muchas estructuras organizacionales siguen funcionando bajo el supuesto de que alguien —generalmente una mujer— terminará diciendo que sí. Ese “sí” constante sostiene la operación cotidiana, pero también invisibiliza el liderazgo femenino.

Porque mientras algunas personas dedican su tiempo a tareas que sí cuentan para promoción —proyectos estratégicos, decisiones de alto impacto, visibilidad frente a la dirección— otras están ocupadas manteniendo el sistema en funcionamiento.

No es una falta de ambición, es una distribución desigual de responsabilidades.

Por eso, cuando hablamos de liderazgo femenino, la conversación no puede quedarse solo en habilidades individuales. También tiene que mirar las dinámicas invisibles que organizan el trabajo dentro de las empresas.

Aprender a decir “no” puede ser una habilidad importante. Pero la pregunta más relevante es otra: ¿quién termina diciendo que sí… y por qué?

Porque cada vez que alguien deja de asumir automáticamente ese trabajo invisible, ocurre algo interesante: la responsabilidad se redistribuye y con ello aumenta la posibilidad

No se trata de dejar de colaborar. Se trata de dejar de asumir que algunas personas deben colaborar siempre más que otras. A veces el liderazgo empieza con algo aparentemente pequeño: decir “no” a tiempo y abrir la conversación incómoda que viene después.

Por  Ivonne López Vázquez

Fuente: La Costilla Rota

La mitad del trabajo en Uruguay es invisible y sostiene toda la economía, advierte experta

Ilustración: Luciana Peinado

A pesar de que los cuidados son el sector más grande de la economía si se lo compara con los rubros tradicionales del PIB, no está reflejado en las cuentas nacionales y recae de forma desproporcionada sobre las mujeres, dijo a la diaria la economista Soledad Salvador.

En Uruguay, una parte central de la economía no aparece en las cuentas nacionales. Se trata del trabajo de cuidados: tareas cotidianas como cocinar, limpiar, hacer compras o cuidar niños, personas mayores o dependientes que, aunque no son remuneradas, sostienen el funcionamiento del sistema productivo, señaló, en diálogo con la diaria, la economista y secretaria ejecutiva del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Soledad Salvador.

“Los cuidados están por encima de cualquier sector de la economía. Es el sector más grande en comparación con los otros que hoy se miden en la estructura sectorial del PIB. Sin embargo, el funcionamiento del sistema económico y del mercado laboral se apoya implícitamente en la idea de que estas tareas están resueltas”, indicó la economista, remarcando que son un “pilar invisible pero fundamental del sistema, cuya distribución desigual es una de las bases de la desigualdad de género”.

Mientras los cuidados alcanzan el 23,8% del PIB, los bienes inmuebles y servicios a las empresas llegan a (19,9%), seguidos por comercio, restaurantes y hoteles (15,6%), industrias manufactureras (12,2%), otros servicios comunales, sociales y personales (10,6%), servicios del gobierno general (10,1%), agro, pesca, minas y canteras (9,5%), transporte y comunicaciones (8,7%), establecimientos financieros y seguros (5,1%), construcción (5,1%) y electricidad, gas y agua (3,2%). Esto es lo que se desprende del trabajo realizado por Salvador, titulado “La valorización económica del trabajo no remunerado”.

Según explicó la economista, si se mide el trabajo en términos de tiempo, incluyendo tanto el remunerado como el no remunerado, la distribución es prácticamente equivalente. Sin embargo, ese trabajo está lejos de distribuirse de forma equitativa. “Son las mujeres quienes asumen la mayor parte de estas tareas y, dentro de ellas, especialmente aquellas de menores ingresos, que concentran una carga aún mayor”, explicó, aludiendo a una desigualdad que también se cruza con factores de clase y raza.

La experta señaló que el trabajo de cuidados opera como una condición indispensable, un “subsidio invisible”, para que exista el trabajo remunerado. Sin ese sostén, no estarían dadas las condiciones básicas para que la economía funcione. En ese sentido, si se incorporara plenamente el trabajo de cuidados al cálculo económico, su peso estaría en torno al 24% del PIB, considerando el valor hora de estas tareas según los salarios del mercado, que además se encuentran entre los más bajos, agregó.

A este respecto, Salvador advirtió que se trata de una “subvaloración”. “No es que el servicio doméstico no tenga valor, sino que el mercado lo subvalora por la connotación que existe detrás de este tema, sobre todo por la invisibilización de este trabajo, que históricamente han hecho las mujeres en forma no remunerada”, explicó.

¿Qué rol ocupa el trabajo de cuidados en Uruguay?

Si se mide el trabajo en términos de tiempo, incluyendo tanto el trabajo remunerado como el no remunerado, se observa que la cantidad de horas es prácticamente equivalente. Es decir, si se contabilizan –por ejemplo, de forma semanal o anual, como se hace en la Encuesta de Hogares– las horas que la sociedad dedica al trabajo, la mitad corresponde a trabajo remunerado y la otra mitad a no remunerado.

Ahora bien, dentro de ese trabajo no remunerado existe una distribución muy desigual. Ahí es donde entran en juego las desigualdades de género, clase y también de raza, lo que explica por qué se habla de la interseccionalidad en este tema. En términos generales, son las mujeres quienes asumen la mayor parte de estas tareas y, dentro de ellas, especialmente aquellas de menores ingresos, que concentran una carga aún mayor.

Este trabajo no remunerado, vinculado principalmente a las tareas de cuidado, es la base de sustentación del sistema económico y social. Los niños no pueden ir a la escuela si no están bañados con una túnica limpia, si no tienen a alguien que hizo las compras y los cuida. Las personas no podrían ir a trabajar si alguien no se encargara previamente de tareas como cocinar, limpiar, hacer compras, cuidar a niños, personas mayores o dependientes. Incluso quienes no están en situación de dependencia directa requieren cuidados básicos para poder sostener su vida cotidiana.

Sin embargo, el funcionamiento del sistema económico y del mercado laboral se apoya implícitamente en la idea de que estas tareas están resueltas. Históricamente, esto se ha estructurado sobre el supuesto de que los hombres participan en el mercado de trabajo mientras las mujeres se encargan del cuidado en el ámbito doméstico. Incluso cuando no hay una pareja, suele haber otras mujeres (madres, abuelas, tías) que asumen ese rol.

Por eso, el trabajo no remunerado es una condición indispensable para que el trabajo remunerado exista. Sin ese sostén, no estarían dadas las condiciones básicas para participar en el mercado laboral. En ese sentido, se trata de un pilar invisible pero fundamental del sistema, cuya distribución desigual es una de las bases de la desigualdad de género.

Si se incorporara plenamente el trabajo de cuidados al cálculo económico que hace un país, ¿qué peso podría tener dentro del PIB?

El peso depende de cada país; sobre todo, si se tiene más sistema público, a veces ese trabajo puede ser menos con relación al total. En Uruguay, el peso anda en torno al 24%. Cuando lo hemos medido, llegamos a esa cifra considerando el valor hora de ese trabajo con respecto a lo que hoy se remunera en el mercado. Cabe mencionar que son los precios más bajos de la economía del mercado. Si uno mira cuánto se paga hoy por realizar tareas de servicio doméstico, cuánto se paga por realizar tareas de cuidado infantil o de personas de situación de dependencia, son de las remuneraciones más bajas.

La economista española Cristina Carrasco considera que, si en realidad lo valoráramos igual al mercado, debería ser el 100% del PIB, dado que implica el 100% de las horas de trabajo remunerado. No obstante, nosotras lo estamos valorando a un precio que es de los más bajos del mercado.Apoyá nuestro periodismo.

No es que el servicio doméstico no tenga valor, sino que el mercado lo subvalora por la connotación que existe detrás de este tema, sobre todo con la invisibilización de la importancia de este trabajo, que lo han hecho tradicionalmente las mujeres de forma no remunerada en los hogares. Es algo que la economía asume como dado, como que no tiene un valor significativo porque las personas lo hacen. Además, se supone que la tarea se realiza sin necesidad de formación, lo cual no es cierto. Es importante destacar que es el sector más grande en comparación con los otros que hoy se miden en la estructura sectorial del PIB.

¿Qué magnitud tiene el trabajo de cuidados en relación con los sectores tradicionales que integran el PIB?

Los cuidados están por encima de cualquier sector de la economía.

¿Hasta qué punto los cuidados funcionan como una especie de subsidio invisible?

Sí, funcionan como un subsidio invisible porque la economía está dando por sentado que alguien lo va a hacer y no lo asume como un costo. Es un subsidio que hasta ahora lo han pagado las mujeres con su tiempo y con su falta de autonomía económica. Aquellas que no entran en el mercado laboral porque se quedan en la casa a cuidar están perdiendo la posibilidad de tener ingreso y de formarse.

¿Podría decirse entonces que la economía está funcionando gracias a un volumen de trabajo que no aparece en las cuentas nacionales?

Sí. La verdad es que ha costado asumir eso en los distintos intercambios con el Banco Central que hemos tenido en diferentes períodos de gobierno, desde la primera administración del Frente Amplio en 2005. Siempre se traía este tema sobre la mesa. Actualmente, por lo que me han comentado, de vuelta este tema está siendo discutido y podría llegar a ser considerado.

Lo que hemos hecho hasta el momento es valorizarlo, en mi caso a través de consultorías contratadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y ONU Mujeres. Pero, en realidad, es algo que tiene que asumir el gobierno y, en este caso, el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

¿Existe alguna posibilidad de que el Estado empiece a medir los cuidados como parte del PIB?

Sí, está en discusión en el INE. Hemos estado hablando con ellos. La responsable de la Unidad Especializada de Género del INE, Jenny Segovia, está en conversaciones para que el tema se considere como parte de una batería de indicadores a tener en cuenta en el PIB para hacer una valorización económica del trabajo no remunerado y saber cuánto pesa.

¿Cómo impactan los cuidados en la participación laboral de las mujeres y en la informalidad?

Aunque en un principio se podría pensar que en Uruguay no existe una relación fuerte entre cuidados e informalidad, dado que el país presenta niveles relativamente altos de formalización, los estudios que realizamos muestran que, en la práctica, la informalidad termina funcionando como un refugio para las mujeres que tienen responsabilidades de cuidado y no cuentan con alternativas para resolverlas de forma remunerada.

Los resultados indican que las mujeres que logran insertarse en empleos formales, en general, lo hacen por dos factores principales: por un lado, tienen mayores niveles educativos y, por otro, pueden resolver los cuidados mediante la contratación de servicios en el mercado, como trabajo doméstico, niñeras o centros educativos privados.

En cambio, para quienes no pueden acceder a esas soluciones, la informalidad aparece como una opción que permite compatibilizar el trabajo con las tareas de cuidado. Esto genera una dinámica que tiende a reproducirse: las mujeres permanecen en la informalidad porque necesitan flexibilidad para cuidar, y al mismo tiempo esa situación limita sus posibilidades de acceder a empleos de mejor calidad.

En ese sentido, la informalidad funciona como un nicho que refuerza estas desigualdades. Además, esta situación se ve agravada por las limitaciones en la expansión de políticas públicas de cuidados. Si bien hubo avances importantes con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, especialmente en el período 2015-2019, en los últimos años su desarrollo ha mostrado cierto estancamiento.

Esto es particularmente relevante en relación con la disponibilidad de servicios que permitan cubrir jornadas completas, por ejemplo, centros de cuidados o educación, que son clave para que las mujeres puedan insertarse en el mercado laboral formal en igualdad de condiciones.

¿Cómo influye todo esto en términos de desigualdad económica y social?

Reproduce la desigualdad. Hay una diferencia importante entre aquellas mujeres que primero se forman, entran a la universidad, después tienen hijos y postergan la carga del cuidado para luego de tener una carrera profesional, con las mujeres que empiezan por tener hijos. Existen transiciones distintas a la adultez que lo que hacen es generar desigualdad entre las propias mujeres, entre las que llegan a niveles terciarios y postergan la maternidad, y aquellas que postergan estudiar o no terminan su formación y tienen hijos, ya que todo eso les limita su inserción laboral. Es muy difícil para esa mujer encontrar un empleo formal o transicionar a mejores oportunidades de trabajo. Por tanto, se reproduce la desigualdad social y de género.

¿Podría la economía del cuidado convertirse también en un motor de empleo y de desarrollo económico si el Estado impulsara más políticas en ese sentido?

Sí. Ahí es donde está el déficit, porque no se ve de esa forma. Podría impulsarse a través de cooperativas de trabajo como con las asistentes personales, por ejemplo, que ha funcionado muy bien, pero también podría hacerse con otros rubros.

La inversión en cuidados genera un triple dividendo, porque con ella no solo se estimula el desarrollo infantil para los niños que acceden a ese servicio, sino que por otro lado se le da a la madre la posibilidad de tener un empleo formal que genera aportes y a su vez se contabiliza en el PIB. Por tanto, es beneficioso para todas las partes.

No hay que olvidar que el desempleo en Uruguay representa mayormente a mujeres jóvenes con bajo nivel educativo. A través del sistema de cuidados se puede cambiar eso, mejorar la formación, que tengan otras oportunidades. Además, siempre hay un público que necesita cuidados. No solo se trata de atender a la población que ya necesita, sino que, si se desarrolla un buen sistema, se puede brindar servicios a un turista que por un tiempo precisa de asistencia. Es un tema poco visibilizado. La inversión en cuidados tiene retornos económicos que van más allá de los recursos que se destinaron.

¿Tienen alguna estimación de cuánto podría impactar la inversión en cuidados en el crecimiento del PIB, por ejemplo?

Existe un trabajo previo, realizado hace algunos años, que estimaba el peso del cuidado infantil y lo ubicaba en torno al 0,5%. Sin embargo, es una medición que sería importante actualizar, especialmente en el contexto actual, donde el tema vuelve a estar en discusión.

En este sentido, hay un creciente interés, desde el Sistema de Cuidados, en contar con información más precisa sobre el gasto de los hogares en servicios de cuidado, en particular aquellos que se contratan en el mercado privado. Para eso será clave el desarrollo de nuevas herramientas estadísticas, como la encuesta de gastos e ingresos de los hogares prevista para los próximos años.

Este interés se vincula, además, con la posibilidad de crear un fondo de cuidados que contribuya a financiar el sistema. La idea es que las familias puedan visualizar que ya destinan recursos a estos servicios y que, a través de un esquema de aportes, similar al del sistema de salud, puedan acceder luego a prestaciones garantizadas. Si bien aún está por definirse el alcance concreto de ese fondo, avanzar en este tipo de mediciones resulta fundamental para diseñar políticas más efectivas y sostenibles en el tiempo.

Por Lucía Barrios 

Fuente: El Diario.es

Inteligencia artificial y género: cómo la IA puede ampliar la desigualdad laboral

La inteligencia artificial no decidirá por sí sola el futuro del trabajo. Lo harán las reglas que establezcamos y las prioridades que fijemos. Si la igualdad no forma parte del diseño, tampoco formará parte del resultado

La inteligencia artificial generativa ya está transformando el trabajo en todo el mundo. Pero lo está haciendo sobre mercados laborales que no son neutrales ni igualitarios. Y cuando una tecnología poderosa entra en un sistema desigual, rara vez corrige por sí sola las brechas existentes.

La IA no opera en el vacío. Se despliega en economías donde mujeres y hombres no tienen el mismo acceso a empleos, ingresos, estabilidad ni protección social. Sin una intervención deliberada, corre el riesgo de ampliar desigualdades que llevan décadas arraigadas.

Los datos lo confirman. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a nivel mundial los empleos dominados por mujeres tienen casi el doble de probabilidad de verse afectados por la IA generativa que los dominados por hombres: 29 % frente a 16 %. Entre los puestos con mayor exposición, la brecha es aún más pronunciada: 16 % frente al 3 %.

Las razones no son tecnológicas, sino estructurales. Las mujeres siguen concentradas en puestos administrativos y de oficina —auxiliares de nómina, recepcionistas, personal contable— donde predominan tareas rutinarias, predecibles y codificables. Son precisamente esas tareas las que la automatización puede asumir con mayor facilidad.

Los hombres, en cambio, están sobrerrepresentados en construcción, manufactura y oficios manuales. Son actividades físicas, variables y menos estandarizadas, mucho más difíciles de sustituir con sistemas automatizados. Un chatbot puede redactar una carta en segundos; no puede reparar una turbina.

Incluso dentro de las mismas ocupaciones persisten diferencias. Las mujeres tienden a concentrarse en tareas rutinarias y posiciones de menor jerarquía, mientras que los hombres ocupan con mayor frecuencia funciones analíticas, de supervisión o toma de decisiones. Estos roles tienden a complementarse con la tecnología más que a ser reemplazados por ella.

Nada de esto es casual. Responde a discriminaciones históricas, normas sociales persistentes, una distribución desigual del trabajo de cuidados y políticas económicas que condicionan quién accede a qué ocupaciones y en qué condiciones. El resultado es claro: ante el cambio tecnológico, las mujeres parten de una posición de mayor vulnerabilidad.

La tendencia es global. En el 88 % de los países analizados por la OIT, las mujeres están más expuestas a la IA generativa que los hombres. En economías como Suiza, Reino Unido o Filipinas, más del 40 % del empleo femenino se encuentra en ocupaciones potencialmente afectadas.

La exposición también varía según el nivel de ingresos. En países de altos ingresos, el 41 % de los empleos están expuestos a la IA generativa, frente al 11 % en los países de bajos ingresos. Esta diferencia refleja estructuras productivas distintas y brechas en preparación digital, pero también plantea una pregunta incómoda: ¿estamos preparando a quienes más lo necesitan para la transición tecnológica?

La IA no solo transforma ocupaciones existentes; también crea nuevas oportunidades. Se prevé crecimiento en sectores intensivos en tecnología. Sin embargo, las mujeres siguen estando subrepresentadas en los campos que diseñan, desarrollan y regulan estos sistemas. En 2022 representaban alrededor del 30 % de la fuerza laboral mundial en IA, una cifra prácticamente estancada en los últimos seis años.

Cuando las mujeres no participan en los espacios donde se diseña la tecnología, pierden acceso a empleos estratégicos y bien remunerados. Pero el problema va más allá del acceso individual. Si los equipos que desarrollan IA no son diversos, los sistemas reflejan el mundo tal como es —con sus desigualdades— en lugar de contribuir a transformarlo.

Pensar que la IA es objetiva por definición es un error. Los algoritmos aprenden de datos históricos. Y los datos históricos reflejan un mercado laboral donde las mujeres han enfrentado barreras sistemáticas. Si no se corrigen esos sesgos, pueden reproducirse a gran escala.

Sistemas de contratación entrenados con decisiones pasadas pueden reforzar liderazgos masculinizados. Herramientas que fijan salarios en función de historiales previos pueden perpetuar brechas salariales. Para mujeres que enfrentan discriminación interseccional —por raza, discapacidad, estatus migratorio o clase social— los riesgos se multiplican.

Esto no implica que la IA vaya a provocar una destrucción masiva de empleo femenino. La evidencia sugiere que el impacto afectará más a la calidad que a la cantidad del trabajo. La IA puede intensificar ritmos, aumentar la supervisión o reducir la autonomía. Pero también puede aliviar cargas administrativas, mejorar la productividad y facilitar la conciliación.

El efecto no está predeterminado. Dependerá de cómo se introduzca la tecnología y de quién tenga voz en ese proceso.

La IA ya puede utilizarse para promover la igualdad: detectar lenguaje sesgado en ofertas de empleo, analizar brechas salariales o prevenir la violencia y el acoso en el trabajo. Si se diseña de forma inclusiva y se regula de manera responsable, puede convertirse en una herramienta para fortalecer el trabajo decente.

Pero eso no ocurrirá automáticamente. Requiere políticas que reduzcan la segregación ocupacional, amplíen el acceso de las mujeres a competencias digitales —programación, alfabetización de datos, trabajo con sistemas automatizados— y garanticen su presencia en los equipos que diseñan y regulan la tecnología.

Requiere también fortalecer las instituciones del mercado laboral y el diálogo social, para que trabajadoras y trabajadores participen en las decisiones sobre cómo se implementa la IA en sus sectores.

La inteligencia artificial no decidirá por sí sola el futuro del trabajo. Lo harán las reglas que establezcamos y las prioridades que fijemos. Si la igualdad no forma parte del diseño, tampoco formará parte del resultado.

La pregunta no es si la IA transformará el empleo. La pregunta es si permitiremos que consolide brechas históricas o si la utilizaremos, por fin, para empezar a cerrarlas.

Por Anam Butt

Especialista en igualdad de género y no discriminación en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Fuente: El Diario.es