¿Quiénes son las geógrafas feministas y cómo nos ayudan a entender los lugares que ocupamos en el mundo?

Vanessa Quintana es integrante de la plataforma de divulgación GeoFeministas. Ha colaborado en proyectos como El Atlas de Igualdad y Derechos Humanos y el Monitoreo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En conversación con Volcánicas explica qué son las geografías feministas y por qué son importantes. 

La científica Vanessa Quintana recupera la relevancia de las geografías feministas. / Portada: Isabella Londoño

“Al visibilizar mi trabajo, me visibilizo a mí como una mujer lesbiana y a las amigas y compañeras feministas que encontré en el camino, en un momento muy bonito”, sostiene Vanessa Quintana sobre la forma en la que la Doctora María Verónica Ibarra García — “una total pionera”, afirma— cambió su manera de percibir, narrar y trazar los espacios que la rodean. “Mi curiosidad fue gracias a ella”, reitera. 

Vanessa es geógrafa feminista. Es decir: se dedica al estudio de cómo se produce el espacio con base al género y a la existencia de las mujeres. En su paso por las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cruzó caminos con la profesora Ibarra García, quien le propuso ser voluntaria en el Encuentro de Geografías Feministas y Sexualidades en CDMX. 

Vanessa cursaba el quinto semestre de la carrera, y empezaba a investigar las luchas de mujeres organizadas en el país, cuando la invitación a este evento académico la acercó a otras referentes de las geografías feministas como Paula Soto, especialista en la resignificación de las urbanidades, y Fernanda Latani Meléndez Bravo, activista zapoteca que ha contribuido significativamente al campo de lasgeografías indígenas y decoloniales. 

Las cercanías y lecciones de quienes Vanessa llama “pioneras de la disciplina en México” mutaron a ideas propias. Mientras la joven investigadora aprendía más del trabajo de colegas brasileñas, argentinas y chilenas, más intímo se volvía su vínculo con la exploración de su sexualidad. “¿Dónde están las mujeres como yo?”fue la pregunta que la llevó a leer y traducir a académicas y activistas que, desde el Norte Global, trabajan las geografías feministas, particularmente las lésbicas. 

“Las geografías feministas se dedican a la producción espacial de las violencias e injusticias con base al género”, explica la también integrante de Geofeministas, canal de difusión y divulgación del trabajo de expertas en esta disciplina, acerca de las premisas que guiaron proyectos como el “Mapeo de agresiones a mujeres lesbianas en México” y el “Mapa de lesbocidios en América Latina”. Para Vanessa, estas entregas fueron una respuesta a la deuda histórica —y no sólo por parte de la geografía— en el combate a las violencias hacia este sector de la población. 

“La geografía es una ciencia que ha tenido al centro al hombre blanco heterosexual”, denuncia. “Por eso no es algo extraño que uno de los primeros obstáculos a los que nos enfrentamos al hacer investigaciones de este tipo son las escasas de bases de datos y los sesgos para recabarlos. [Tampoco es sorpresivo] que no encontremos difusión institucional o apoyos académicos”, ahonda al recordar que ambos mapas fueron gracias a la ayuda que recibió de compañeras en redes sociales. “Estoy muy agradecida con ellas porque son quienes dan a conocer mi trabajo o me invitan a eventos en sus escuelas, como pasó con una compañera que me invitó a presentar los informes de mis mapas a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), sede Iztapalapa”. 

Si bien la denuncia de la violencia ha sido una labor central de las geografías feministas, Vanessa comenta que cada vez el campo de estudio es más amplio y esperanzador. Para ella, la diversificación de rutas y agendas se perfilan entre los mayores aportes de geógrafas indígenas, trans, lesbianas y afrodescendientes. 

“Las geografías feministas son también una herramienta espacial que nos ayuda a entender las existencias de las mujeres a partir de nuestras resistencias, de las formas en las que habitamos el mundo”, dice tras recordar una plática que tuvo con la escritora y activista Francesca Gargalloen septiembre de 2018, durante una celebración del tercer aniversario del restaurante feminista Punto Gozadera. 

“Varias chicas estábamos hablando de nuestras profesiones. Cuando me preguntaron qué hacía como geógrafa feminista dije que mapas sobre la violencia o los espacios en los que sentimos miedo. Y fue ahí cuando Francesca me dijo: ‘¡No! ¿Por qué seguimos hablando solo de miedo? Claro que es importante hacerlo, pero también es importante saber cómo estamos resistiendo’. Lo sentí como regaño y como una luz que me inspiró a acercarme a compañeras lesbianas para preguntarles sobre la forma en la que se organizan en su vida privada y colectiva para llevar el día a día”. El resultado de esos encuentros fue “Ubiquemos a las lesbianas mexicanas en el mapa”, un proyecto en el que Vanessa ha recopilado información sobre mujeres lesbianas que se dedican a la academia, las Artes, los activismos y distintos tipos de acompañamiento (el psicológico, principalmente). 

“Necesitamos crear redes en las que también sepamos de la chamba de las demás, que es una forma de plantarle cara a la precarización en la que estamos muchas. Consideré importante que todas nos buscáramos y encontráramos en diferentes servicios y, al mismo tiempo, visibilizar colectivas a las que se pueden acercar compañeras fuera de la capital”, explica antes de afirmar que, para ella, las geografías feministas “vinieron a desordenar y quebrar a una ciencia patriarcal que nos quiso negar nuestro derecho a ocupar el mundo y sus espacios”.

Por An Flores

Fuente: Volcánicas

Cermi Mujeres celebra este viernes el XIV Encuentro del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad

Bajo el título ‘Mujer, Paz y Seguridad’, la Fundación Cermi Mujeres celebrará este viernes, 4 de abril, el XIV Encuentro del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad en el que participará Lorraine Serrano, consultora especializada en género y seguridad con una extensa trayectoria internacional. 

XIV encuentro organizado por la Fundación Cermi Mujeres

Este encuentro pondrá el foco en las graves vulneraciones de derechos humanos que siguen sufriendo mujeres y niñas en contextos de conflicto armado, muchas de las cuales derivan en discapacidades físicas y psicológicas permanentes.

“A pesar del 25º aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las mujeres y niñas siguen siendo utilizadas como instrumento de guerra y sometidas a condiciones de apartheid de género en muchas zonas del mundo, sufriendo violencia sexual extrema, trata y explotación, desplazamientos forzados y otras violaciones graves y sistemáticas de sus derechos humanos, lo que en muchos casos además les provocan discapacidades físicas y psicológicas permanentes”, avanzó en un comunicado Cermi Mujeres.

Ponente incitada: Lorraine Serrano 

La ponente invitada, Lorraine Serrano, cuenta con dos décadas de experiencia en políticas de género y seguridad, habiendo trabajado en instituciones como el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad (DCAF) y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá. Su experiencia abarca la formación de fuerzas de seguridad en África Subsahariana y la elaboración de políticas de transversalización de género.

Además, es autora del capítulo sobre ‘Integración del Género en el Monitoreo de Proyectos en el Sector de Justicia y Seguridad’ de la celebrada Caja de Herramientas de Género y Seguridad publicada por DCAF, ONU Mujeres, y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.

Este XIV Encuentro forma parte de una serie de sesiones mensuales del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad, un espacio promovido por Fundación Cermi Mujeres para el análisis crítico de los feminismos contemporáneos y sus conexiones con la discapacidad y otras luchas por los derechos humanos. Su vocación es la de fomentar el pensamiento y la formación desde una mirada interseccional, en el ámbito estatal, europeo e internacional.

El encuentro, en formato virtual y accesible, podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de la Fundación Cermi Mujeres.

Fuente: Discamedia

Cuando las mujeres hablan, la guerra es contra el olvido

Durante más de 30 años mujeres civiles y militares que trabajaron en la guerra de Malvinas cumplieron la orden de no contar lo que habían hecho. Los textos, los documentos, los libros tampoco las mencionaban. Ni a ellas como enfermeras, ni a las radio operadoras, ni a las instrumentistas quirúrgicas. Pero un día hablaron y nunca más se callaron. Cuando el silencio es una orden, hablar es rebeldía.

Dora Ríos y Stella Morales fueron enfermeras durante la Guerra de Malvinas, sin embargo, no se conocen. Dora trabajaba en el Hospital Naval Puerto Belgrano en Punta Alta y Stella en el Hospital Reubicable en Comodoro Rivadavia. Nunca hablaron entre ellas pero las dos pelean contra lo mismo: los recuerdos dolorosos de aquel tiempo, el silencio y el olvido. A 40 años del comienzo de la guerra recorremos sus historias. 

Era 1976 cuando Dora hizo las valijas y dejó su Santa Fe natal para mudarse a Punta Alta, en la provincia de Buenos Aires. Había recibido el título de enfermera en la Cruz Roja Argentina y sus hermanos militares la invitaron a que se uniera al cuerpo de la Armada Nacional. Rindió los exámenes necesarios y comenzó a trabajar en el Hospital Naval de Puerto Belgrano ese mismo año. Ahí estaba junto a otras 170 enfermeras cuando el 2 de abril comenzó la Guerra de Malvinas. “No nos decían que era una guerra. No sabíamos nada al principio. Nos hablaban de operativos y, como era una base naval, operativos había siempre. Una vez que terminó, nos dijeron que no contemos nada a nadie de lo que habíamos vivido, que no hablemos, que era un secreto, un secreto de Estado. Y nosotras éramos muy obedientes”, cuenta Dora a LatFem. En ese entonces ella tenía 26 años y un marido. Durante casi 33 años no dijo nada a nadie. A nadie. Y nadie incluye a su marido y, luego, a sus dos hijxs. 

Pero Dora también tenía sus propios secretos en el hospital. No le había contado a nadie que mientras atendía a los soldados que llegaban al borde de la muerte, trabajaba días y días seguidos sin descansar, estaba embarazada de su primera hija, Noemí Elizabeth Lucero.

Dora Ríos en un acto en Rosario por Malvinas. Rosario3

Dos años después de que la Guerra por Malvinas terminara, Dora le dijo a su marido que se quería ir de Punta Alta, quería alejarse de ahí. Eligió volver a su provincia, pero a la ciudad de Rosario. “Porque es la ciudad de nuestra bandera, yo amo a mi país, amo mi bandera, amo el monumento”, dice Dora mientras ceba un mate. El termo tiene un sticker de las Malvinas y la bandera celeste y blanca. Ahí vive ahora, desde 1984, ahí crió a Noemí y a Ezequiel Nicolás. Ahí volvió a trabajar en hospitales, en terapia intensiva y en cirugía cardiovascular atendiendo a pacientes recién operados. 

“A veces, cuando ingresaban ex combatientes o había veteranos internados, otros pacientes me decían: ‘mira, ese es un loquito de la guerra, tené cuidado’. Eso me abría una herida ¿Te imaginas si hubiera dicho que yo también era otra loca de la guerra? Entonces nunca quise decir lo que había hecho”, cuenta Dora. Aunque la guerra no salía de su boca, cuando llegaba un paciente delicado, imaginaba que todavía estaba en la guerra atendiendo a los heridos. “Era mi propia guerra, un proceso interno mío”. 

El silencio comenzó a resquebrajarse para Dora hace siete años. Poco antes de jubilarse “se los conté para que ellos (su marido e hijxs) el día de mañana sepan realmente mi historia y para que cuando nosotros ya no estemos también la puedan contar”. Una vez que empezó a hablar, no paró. 

—Tengo que poder decir para sanar mi corazón.

Dora Ríos y Norma Lino en Rosario. Rosario3

Sus ex compañeras agrupadas en Enfermeras Civiles 1982 HNPB (​​Hospital Naval Puerto Belgrano), cuenta, estaban sorprendidas de que aquella mujer que tanto había callado ahora hablara en todos lados. La organización que hoy preside Susan Lilian Gómez reúne a enfermeras y ex enfermeras veteranas de la Guerra de Malvinas de diferentes provincias del país, que se organizan para conseguir donaciones y hacer trabajos comunitarios y solidarios en los territorios. Dora, particularmente, fundó hace seis meses, junto a hijas de ex combatientes y veteranos, la organización Mujeres por Malvinas de Rosario, desde donde articulan con merenderos de los barrios y escuelas. La agrupación de Enfermeras Civiles recibió a lo largo de estos últimos años muchos reconocimientos y distinciones en distintas localidades y de parte de distintos organismos, sin embargo siguen sin ser reconocidas oficialmente como veteranas de guerra. Algo por lo que vienen luchando. 

Pisar Malvinas

—¿Por qué nosotras que estuvimos en el continente, que hicimos enfermería, no merecemos el reconocimiento como veteranas? 

“Malvinas es causa nacional, es causa de orgullo nacional. Quienes lucharon en Malvinas, quienes defendieron en condiciones, a veces, totalmente desfavorable el sentido de soberanía, de dignidad nacional, son una cuestión de orgullo y son una referencia constante para todos los argentinos. Nosotros sí lo reconocemos permanentemente y lamentamos profundamente el olvido”, declamó el 21 de julio de 2005 el entonces Presidente de la Nación, Néstor Kirchner. En ese acto, anunciaba la firma del decreto por el cual se le otorga pensiones honoríficas a los Veteranos de Guerra del Atlántico Sur. 

En la ley argentina sólo es considerado veterano de guerra la persona que pisó las islas o que haya estado dentro de cierto perímetro de las mismas y las enfermeras no entran en esas categorías. En las listas originales sólo figura una sola mujer, Liliana Colino, que probó haber pisado las Malvinas. En tanto, las que trabajaron en los centros de la Fuerza Aérea son reconocidas simbólicamente como “veteranas” por esa institución, pero en los hechos no reciben la pensión vitalicia.

Recién en 2021, Alicia Reynoso y Stella Morales fueron reconocidas como veteranas de guerra después de haber llevado a juicio al Estado. El fallo de Alicia se conoció en mayo y el de Stella, en julio. Les llevó once y siete años respectivamente el proceso judicial. Los jueces incluyeron entre sus argumentos el proyecto de ley que fue presentado el año pasado y que promueve el reconocimiento como veteranxs a quienes tuvieron distintas tareas durante la guerra, también en el continente. 

Stella Morales y Ana Masitto en el interior del Hospital Reubicable

“Es muy triste esa grieta entre quienes pisaron las islas y quienes estuvimos en el continente, como si la guerra hubiese sido sólo en un lugar. Las enfermeras estuvimos ahí desde los inicios hasta el final atendiendo a los heridos en combate. Yo no pienso en la pensión ni el certificado, me considero veterana de guerra porque he participado de un conflicto bélico, no levantando un arma y matando, sino batallando contra el dolor y las heridas del cuerpo y el alma de los soldados que llegaban de ese infierno”, dice Stella Morales a LatFem. 

Ella nació en Córdoba y en 1981 ingresó en la Fuerza Aérea. Era enfermera militar del Hospital Aeronáutico de Pompeya, en la ciudad de Buenos Aires y tenía 27 años cuando la convocaron junto a otras trece enfermeras a ir al Hospital Reubicable que estaría en las Islas Malvinas. Sin embargo, los planes cambiaron en el trayecto y el hospital se ubicó en la cabecera del aeropuerto de Comodoro Rivadavia, en Chubut. Allí llegó Stella en el primer grupo. 

Alrededor de 1200 kilómetros separan al Hospital Naval de Puerto Belgrano en Punta Alta —donde trabajó Dora Ríos— de la ciudad de Comodoro Rivadavia donde estuvo Stella durante los dos meses y doce días que duró la guerra. En ese tiempo, 649 soldados argentinos murieron y más de mil resultaron heridos. Ambas tenían la misma tarea: atender heridos, curarlos, salvarlos de la muerte. Y para ambas, mantener el silencio fue una orden.

“Nosotras como enfermeras militares estábamos bajo órdenes de guerra y debíamos obedecer. No podíamos hablar ni siquiera entre nosotras. No era tema del día, ni del fin de semana, ni del franco. Cuando terminó la guerra, resultó que quedamos en silencio, nos guardamos. Cada una se sumió en su dolor y en sus recuerdos. Se fue haciendo carne y nos fuimos encerrando cada vez más”, dice Stella.

“Nos decían que éramos truchas, casi dejamos de existir”Stella Morales

A fines de 1983, Stella pidió la baja de la Fuerza Aérea, siguió trabajando como enfermera en distintos hospitales de la ciudad de Buenos Aires, se casó, tuvo dos hijos y retomó la carrera de Artes Plásticas que había abandonado. El arte, dice, la ayudó a tramitar algunas experiencias y emociones. Pero siguió sin decir nada de lo que había vivido entre abril y junio de 1982. Y el silencio se amalgamaba con el olvido. A pesar de que en los años ‘90 el Congreso de la Nación les otorgó un diploma y una medalla a las enfermas del Hospital Reubicable y la Fuerza Aérea le había entregado un certificado, la memoria colectiva parecía no nombrarlas. “Lamentablemente la Fuerza Aérea se olvidó de anotarnos en las listas de personas que habían participado de la guerra, ni nos convocaban a los actos, nadie nos mencionaba, nos decían que éramos truchas, casi dejamos de existir”, recuerda hoy Stella. Hasta que en 2011 su amiga y compañera Alicia Reynoso la llamó por teléfono y le dijo: “Tenemos que pelear por nuestro reconocimiento, por nuestra visibilización”. Desde aquel momento se hicieron más cercanas y para ir desgarrando el silencio comenzaron a dar charlas en colegios sobre el papel de las mujeres en la guerra y sobre sus tareas como enfermeras. 

Stella Morales. Foto León D. Corbalán I. Interior del hospital. 1982 F. Radiolandia 2000.

Nombrarse. Dibujar su existencia en esa guerra. Los textos, los documentos, los libros que no las reconocían, no las mencionaban. Ni a ellas como enfermeras, ni a las radio operadoras, ni a las instrumentistas quirúrgicas. Hasta que en 2014, la historiadora Alicia Panero publicó el libro Mujeres invisibles en el que recupera la historia de aquellas profesionales militares y civiles que participaron de la guerra. Fue en ese mismo año en el que Stella decidió comenzar el juicio para ser reconocida como veterana de guerra. Las mismas autoridades de la Fuerza Aérea le dijeron que iniciara el juicio al Estado si quería ser considerada oficialmente. Y cuatro años más tarde, la propia Alicia Reynoso publicó el libro Crónicas de un olvido: mujeres enfermeras en la Guerra de Malvinas. Su objetivo estaba claro: quería que las enfermeras dejaran de ser “un grupo de mujeres NN vivientes entre nuestros pares”. Esa convicción de recuperar su historia y compartirla, de dejar de ser sombras apenas en la construcción colectiva de la guerra fue lo que también las llevó a participar del documental Nosotras también estuvimos de Federico Strifezzo, donde por primera vez ambas junto a Ana Masitto volvieron luego de 37 años a Comodoro Rivadavia, al mismo sitio donde estuvo emplazado el Hospital Reubicable. 

Ana Masitto, Alicia Reyn

oso y Stella Morales cerca del refugio. C. Rivadavia, 1982.

“Son cuarenta años que teñidos de mucho dolor —y sobre todo de mucha violencia, porque el silencio también es violencia—. Fuimos sumidas en un silencio tan tremendo que por poco no nos sacan de la historia. Pero todas seguimos caminando, tratamos de sobrevivir y apostar a la vida. No nos quedamos encerradas en el año 1982 con nuestros tristes recuerdos, pero igual están esas heridas que no van a cerrar”, reflexiona Stella

Por Anuka Fernández Fuks

Fuente: Latfem

Entrevista a Francisca Fernández Droguet, militante feminista y socioambiental «El agua, las semillas y la energía no deben tener condición de propiedad»

 [Foto: Observatorio de Género y Equidad]

Francisca Fernández Droguett es militante feminista y socioambiental, parte del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) de Chile. Realiza un recorrido del modelo económico extractivo, la privatización del agua y el trabajo de las organizaciones sociales, pueblos indígenas y campesinos. Afirma que los bienes naturales deben ser gestionados por los pueblos.

Francisca Fernández Droguett es militante feminista, socioambiental, docente y antropóloga chilena. Es parte del Movimiento por el Agua y los Territorios en Chile (MAT), que aglutina a unas 100 organizaciones a nivel plurinacional. También integró la Coordinadora Feminista 8M, se desempeñó como perito de la Defensoría Penal Pública en causas indígenas y asociadas a la defensa de mujeres y migrantes; y fue asesora en el proceso de debate de la nueva Constitución que se vivió en Chile entre 2021 y 2022. En el marco de la defensa de los bienes comunes en el sur del mundo, enhebra conceptos como «feminismo», «justicia ambiental» y «plurinacionalidad». También brinda su perspectiva sobre los desafíos que tienen los gobiernos progresistas del continente ante el avance del extractivismo norte-sur y las promoción de «falsas soluciones».

«Hay tres elementos que permiten sostener la vida: el agua, las semillas y la energía. Ninguno debiese tener condición de propiedad, porque al privatizarlos o al generar una condición de propiedad, se impide sostener y cuidar la existencia de los pueblos», define.

Una de sus banderas de lucha es por el derecho agua. Este bien común está privatizado en Chile. La Constitución de 1980 y el Código de Aguas de 1981 —sancionados durante la dictadura de Augusto Pinochet— junto con sus reformas de 2005 y 2011, y la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, definen al agua como un bien nacional de uso público, pero a la vez establecen un sistema de reparto para el uso del recurso a través de la asignación de Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DDA), que son intercambiables en el mercado.

Aunque el Estado puede regular los DDA bajo ciertas circunstancias críticas, éstos son entregados a privados a perpetuidad y con carácter heredable. No conllevan costos para sus propietarios y no existen causales para su revocación. Además, en Chile el acceso al agua no está consagrado como un derecho humano, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, Costa Rica, México y Brasil, en línea con la Resolución 64/292 de 2010 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El MAT surgió en 2013 en un encuentro llamado «AguAnte la vida», que organizó el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OCLA). Allí nació la necesidad de conformar un espacio para la lucha antiextractivista, desde donde pensar alternativas y, puntualmente, trabajar en pos de la desprivatización del agua. Utilizan, explica Fernández Droguett, la categoría “plurinacional”, entendiendo que reúne a distintos pueblos en articulación transversal desde el norte al sur del país.

Además de los aspectos normativos en relación con el agua, el agronegocio, el modelo forestal, la acuicultura y la megaminería son amenazas concretas a este derecho. Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 2018 (citados en este informe de las Naciones Unidas) señala que, en 2017, la agricultura, la minería y la industria manufacturera representaron casi el 80 por ciento de las extracciones de agua totales en el país trasandino. Estas actividades, además, contaminan las aguas. Es el caso del agronegocio en la zona central y del perjuicio que genera la actividad minera en los glaciares, de los que deriva el 70 por ciento del agua para consumo humano.

“El agua en Chile literalmente se puede comprar, vender, arrendar y hasta hipotecar. Hemos dado la lucha ante las empresas tanto nacionales como trasnacionales. Los bienes comunes, tanto sociales como naturales, han sido privatizados y nuestra lucha ha estado vinculada al conflicto extractivo: en el norte contra la megaminería, en el centro y sur contra el agronegocio, en el sur contra el modelo forestal”, describe Fernández Droguett.

—¿Qué estrategias se dieron para abordar el derecho al agua en los territorios?

—Entre 2019 y 2020 hicimos más de 60 cabildos por el agua en los que participaron casi 2.000 personas proponiendo cómo podíamos pensar una gestión comunitaria del agua, entendiendo que es un bien común que no tiene que tener condición de propiedad. Es un bien inapropiable, de bienestar de los comunes. Lo entendemos como un derecho humano pero también como un derecho de la naturaleza. Es así que nos fuimos acercando al concepto del agua como parte de la dimensión de la naturaleza, como sujeta de derecho, aspecto que ha sido parte del debate constitucionalista o del Nuevo Constitucionalismo que se dio en Bolivia y en Ecuador. Por otra parte, propusimos la gestión por cuencas y subcuencas, el resguardo y la recuperación de prácticas ancestrales y el ejercicio de la gestión colectiva. Por ejemplo, de las obras sanitarias que están vinculadas al saneamiento de las aguas. Luego de una revuelta social que fue muy importante y que coincidió con los cabildos, hubo una primera experiencia de Convención Constitucional, donde un tercio de sus integrantes, por lo menos, eran de movimientos sociales y territoriales.

—¿Qué lugar tuvo el derecho al agua en el debate constitucional entre 2021 y 2022?

—Fue algo sin precedentes. Desde el Movimiento por el Agua y los Territorios tuvimos seis constituyentes y levantamos una iniciativa de norma popular por el agua, los derechos de la naturaleza y los glaciares. Fue una de las propuestas más votadas. Si había casi 400 artículos en esa propuesta constitucional, más de 77 estaban vinculados a la defensa de la naturaleza, de las aguas, al reconocimiento y la importancia de la agroecología y de la agricultura campesina y familiar. Desgraciadamente se perdió esa votación por la desinformación y porque se impuso tardíamente la votación obligatoria. Desde el MAT hemos seguido pulsando desde la lucha territorial y la incidencia institucional por la desprivatización del agua. Pero lo más importante es recalcar que también trabajamos en la construcción de alternativas. Trabajamos fuertemente la soberanía y autodeterminación alimentaria, energética y de gestión comunitaria de las aguas, políticas y éticas de los cuidados y circuitos cortos de economías territoriales. Son las bases desde donde nos vamos organizando de maneras múltiples y muy diversas.

—Si bien se perdió la votación de esa reforma, ¿considera que algo de ese proceso permeó en la política chilena, en términos de los derechos de la naturaleza?

—Quizás uno de los mayores aportes haya sido que hablar de los derechos de la naturaleza o de la desprivatización del agua hace unos años era algo muy desconocido. Obviamente hay mucho dolor y pena frente a una oportunidad histórica que tuvimos y que no fuimos capaces de hacer una lectura más profunda del proceso, pero al mismo tiempo poco a poco ha devenido en sentido común y podemos decir que se ha transversalizado muchísimo la defensa del agua, de los territorios y la situación de la crisis ecológica y climática que debemos superar. Poder plasmar la necesidad urgente de que el agua sea entendida como un derecho humano y como parte de la gestión ecosistémica de la naturaleza es algo que hoy es mucho más conocido, que ha generado mucho más sentido y movilizaciones. Las propuestas no son algo que hayamos cerrado con el capítulo constitucional, sino que las seguimos profundizando.

—¿De qué manera?

—Por ejemplo, levantamos juicios éticos feministas por la justicia climática y realizamos talleres de los mismos temas. Como somos organizaciones territoriales que nos aunamos en un movimiento, estamos constantemente movilizadas y atentas para denunciar, para movilizar, incidir y transformar. Logramos transversalizar una sensibilidad, generar que algunos temas se apropien más desde el sentido común. Algo que hace una década era impensable, hoy ya no es así. Nos queda sin duda un largo camino porque la privatización de los bienes comunes naturales está en directa relación con la intensificación y perpetuación de las políticas neoliberales. Por eso también planteamos una disputa al modelo neoliberal.

—Es lo que está pasando regionalmente. En Argentina hay funcionarios, (como el diputado neuquino Marcelo Bermúdez), que cuestionan que el agua sea un derecho humano.

—Totalmente. Hay tres elementos que permiten sostener la vida: el agua, las semillas y la energía. Ninguno debiese tener condición de propiedad, porque al privatizarlos o al generar una condición de propiedad, se impide sostener y cuidar la existencia de los pueblos. Por eso hemos hecho una fuerte campaña tanto local, pero también internacionalista, de entender que estos son los pilares fundamentales de los cuidados de los pueblos y de la naturaleza. Hoy estamos en un momento muy peliagudo del avance de la ultraderecha, que nos recuerda claramente lo que en Chile vivimos de manera más temprana con las políticas neoliberales en la década de los 80. Pero que se sigue replicando y aún más en Argentina, intensificando en un corto tiempo.

—¿Cuáles son las condiciones necesarias en una comunidad para avanzar hacia proyectos de gestión comunitaria del agua?

—Las condiciones necesarias para que una comunidad pueda avanzar hacia proyectos de gestión comunitaria del agua, por ejemplo en Chile, es obviamente derogar el Código de Aguas que ha privatizado el bien común. Para que el agua realmente esté en manos de la administración y control de la comunidad, y en resguardo el equilibrio ecosistémico, tiene que haber un reconocimiento del agua como derecho humano pero también como un derecho de la naturaleza para no dar cuenta de la gestión solamente en clave del consumo humano sino también del bienestar de la naturaleza, del equilibrio ecosistémico y de la restauración. En definitiva, las condiciones necesarias son: la desprivatización, el fin de la política extractivista y el control y administración por parte de los pueblos, tanto a nivel rural como urbano.

—¿Qué es para usted la justicia climática?

—Es una justicia que entrelaza la justicia social, la hídrica, la ecológica y la climática. Es una justicia en pro de una recuperación, regeneración y restauración de la naturaleza, pero además entendiendo a la humanidad como parte de la naturaleza. La justicia ambiental no es indistinta de la parte social, sino que están interrelacionadas porque la humanidad es eco e interdependiente con la naturaleza. La justicia ambiental es la superación de esta falsa díada entre naturaleza versus humanidad, entendiendo una justicia para la humanidad, para los pueblos, para los territorios en comunión con la propia naturaleza. Eso implica una justicia que se esté pensando más allá del extractivismo y de una crítica absolutamente radical al capitalismo, en tanto sistema-mundo que ha sido una de las principales entidades a nivel político, económico y social generadora de ecocidios y terricidios.

—¿Cómo ve la posibilidad de incorporar la agenda socioambiental de cara a las elecciones en Chile de este año?

—Es complejo porque todos los sectores que se han ido movilizando, y en general la política institucional vinculada al plebiscito constitucional de 2022, tiene absolutamente restringida la posibilidad real de que los pueblos, las organizaciones comunitarias y los movimientos sociales sean partícipes. Hay una estructura fuertemente partidista respondiendo a los intereses económicos y empresariales del país. Somos los pueblos y los movimientos sociales los que vamos colocando la agenda socioambiental, presionando e incidiendo en el ámbito institucional.

—¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los gobiernos progresistas de la región en relación al extractivismo?

—Los gobiernos progresistas de la región tienen el principal desafío de asumir una radicalidad respecto a la ruptura extractivista y también de las falsas soluciones. Por ejemplo, diseñar un conjunto de políticas institucionales y leyes que realmente estén a favor del cuidado, poniendo en el centro la vida y no las ganancias. Lo veo muy limitado porque los gobiernos progresistas no solo en algunos casos han intensificado el extractivismo y lo han incentivado, sino que hoy también están encabezando proyectos de falsas soluciones: complejos eólicos, fotovoltaicos, explotación del litio y de hidrógeno verde. Todo en el marco de seguir perpetuando las ganancias y una mirada absolutamente colonial. Los gobiernos progresistas tienen un gran desafío de apostar a un cambio estructural. Eso implica una transformación en la matriz productiva, energética y de consumo. Deben realmente asumir una perspectiva de superación del extractivismo.

Repensar los territorios en clave feminista y plurinacional

Fernández Drogguet invita a pensar la transformación de los territorios en clave plurinacional y apuntando hacia la justicia climática, haciendo énfasis en los derechos de la naturaleza. Señala que el extractivismo es equivalente al patriarcado y explica el impacto que ese modelo tiene en los cuerpos feminizados y cómo incrementa el trabajo relativo a los cuidados. Desde esa perspectiva, en septiembre pasado participó del encuentro «Renaturalizar las ciudades», en Rosario.

—¿Qué significa “renaturalizar las ciudades”?

—Como Movimiento por el Agua y los Territorios trabajamos la noción de circuitos de economías territoriales. Para disputarle al capitalismo neoliberal tenemos que consolidar economías territoriales solidarias que reivindiquen una forma de adaptación y de armonía con los ciclos de la naturaleza, pero sobre todo rompiendo con falsas dualidades. Por ejemplo, la dualidad rural-urbano. Para sostener las alternativas al extractivismo y al capitalismo la base es la alianza campo-ciudad, entender que somos espacios históricamente interrelacionados. La ciudad no puede vivir sin el campo y el campo requiere de diálogo, de flujos con la ciudad. Así que levantamos el concepto de ruralizar lo urbano, con huertas familiares, con huertas en los espacios públicos, en los barrios; pensando el cuidado de las semillas y del cuidado del espacio público desde una dimensión ecosistémica. Hablar de renaturalizar las ciudades está en esa clave: ruralizar, plantar, entender la especificidad de la naturaleza como parte de la gestión y de la planificación del territorio urbano. Pensamos en ciudades que estén situadas en términos ecosistémicos, que estén pensadas no solo desde la articulación y la planificación urbanística sino también desde la naturaleza. Pero también en los espíritus, en los saberes, en los haceres, en la dimensión de la memoria ancestral que tiene el territorio, ya no solo las personas sino la naturaleza en sí misma. Es una ética y política de los cuidados, por eso lo vinculamos con la idea de aguas-semilla-energía. Eso no es solamente un tema rural, sino que también es profundamente urbano.

—¿Qué ejemplos hay de estas experiencias?

—Hay experiencias maravillosas en distintos países, con alianzas de agroecología urbana, por ejemplo en las favelas de Brasil. Durante la pandemia hubo una alianza muy importante entre el campo y la ciudad de entrega de semillas para proveer de alimento. Luego ese alimento proveía a una red de abastecimiento popular, que a su vez sostenían los comedores populares. Es tener esta mirada interrelacionada vinculándolo con la economía territorial, con los cuidados, con la defensa del territorio-naturaleza, en el marco de la ciudad.

—¿Cómo caracteriza el cruce entre la agenda feminista y la agenda socioambiental?

—El extractivismo, en esta política colonial de cosificación, explotación y mercantilización de la naturaleza, opera de la misma forma en cuanto a la cosificación, mercantilización e instrumentalización de los cuerpos feminizados: mujeres, niñas y disidencias. El extractivismo también es patriarcado. La megaminería, el agronegocio, el modelo forestal y la explotación petrolera son espacios que re-patriarcalizan los territorios. Por ejemplo, la minería está en directa relación con el aumento de la trata de personas y de la explotación sexual. El extractivismo precariza aún más nuestras vidas: con trabajo precarizado, con falta de trabajo y aumentando los cuidados. Porque ya no es solo cuidar la casa —que es un mandato que tenemos las mujeres—, la familia o los enfermos, sino cuidar un territorio devastado y sin agua. Los cuidados se intensifican, la violencia política y sexual se intensifica, y a la vez opera dentro de la misma lógica de explotación de los territorios y de los cuerpos. Hemos logrado construir otros referentes dentro de los feminismos: feminismo campesino, feminismo popular, feminismo comunitario o decolonial. Algunas veces los hemos llamado ecofeminismo; otras, feminismos ecoterritoriales. Desde esa perspectiva hemos logrado sostener que tanto la lucha por la semilla o por la energía de los pueblos tienen que ser también demandas feministas. Aún falta bastante caminar en ello. Pero lo que nos parece esencial de los feminismos comunitarios es la defensa del cuerpo-tierra-territorio, cuerpo-agua-territorio como parte de las demandas fundamentales de crítica al sistema patriarcal. Hemos hecho un andar bien interesante donde nos entendemos como feministas, pero con los pies en la tierra, pensando en nuestras propias dinámicas organizativas y en nuestros contextos de memoria histórica desde los territorios.

—En la práctica cotidiana, ¿cómo construir una mirada decolonial de la naturaleza? ¿Cómo aprender de la plurinacionalidad?

—Desde el Movimiento por el Agua y los Territorios pensamos lo plurinacional como una coexistencia, como el apoyo mutuo entre pueblos originarios, afros, migrantes, sectores campesinos y sectores populares. No reducimos lo plurinacional a lo indígena, sino a lo originario, a lo afro, a lo migrante, a todos los distintos flujos de prácticas, de saberes, haceres y sentires que los pueblos vamos encontrando en los territorios. Pensar una ciudad en clave de la plurinacionalidad es, por ejemplo, tener en cuenta la importancia de la vivienda mirando al sol, la posibilidad de entender que el ciclo natural del territorio es con la llegada del sol. También es preguntarnos por qué tenemos que plantar pasto si tenemos la posibilidad de plantar hierbas medicinales o alimentos. Es cambiar una lógica que está pensada para un bienestar muy occidental, no vinculado con los ciclos en un período de crisis climática, ecológica y social. Esta dimensión de lo “pluri” implica recuperar esos saberes pero recrearlos en el marco de las propias vivencias. El descolonizar implica asumir nuestros mestizajes desde lo descolonizador y no desde lo criollo en positivo. Es pensar en ciudades donde habitan pájaros, donde habitan espíritus, donde son fundamentales los centros ceremoniales de los pueblos originarios, pero también los espacios donde hacer fiestas, donde construir comunidad, donde encontrarnos. Ciudades en las que los comedores populares estén en directa relación con las semillas que se están sembrando y la comida que se está cultivando. Es la posibilidad de pensar en barrios generando sus propias energías y no estas falsas soluciones con grandes complejos eólicos o fotovoltaicos. Es pensar en esa multidimensionalidad. Y el feminismo también ha pensado eso, desde la economía feminista situada: redes de abastecimiento popular, organización de comedores populares, limpieza de canales y cuidado de las semillas.

Por Mariángeles Guerrero

Fuente: Tierra Vivae