La epidemia de violencia contra las mujeres atormenta Brasil

Manifestación del movimiento ¡Mujeres Vivas, Levántense! el 7 de diciembre en Brasilia. Hubo protestas en otras 88 ciudades para protestar contra la creciente ola de feminicidios y violencia machista y demandar por el fin de los feminicidios y otras violencias contra las mujeres en todo el Brasil. Imagen: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Una mujer atropellada y arrastrada bajo el automóvil por cerca de un kilómetro queda como el signo de la creciente violencia contra las mujeres, cuyos niveles epidémicos en Brasil inquietan y moviliza a la sociedad.

Tainara Souza Santos murió a los 31 años el 24 de diciembre de 2025 en São Paulo, tras 25 días en un hospital donde se intentó salvarla de las heridas provocadas por su expareja, que usó el auto como arma en la agresión que conmocionó el país. Ella tuvo sus piernas amputadas y sufrió por lo menos otras tres cirugías.

El video de una cámara vial de seguridad registró el atentado, lo que facilitó el arresto del agresor al día siguiente.

Otros feminicidios de gran repercusión en el final de 2025 desataron la alarma. Un hombre incendió la casa donde vivía con su compañera y sus cuatro hijos pequeños en Recife, capital del estado de Pernambuco, en el noreste de Brasil, el 29 de noviembre. Los cinco murieron carbonizados.

“La violencia contra las mujeres es un problema estructural. Tiene raíces profundas, normas, valores, creencias que reafirman la desigualdad entre los géneros y promueven la aceptación de esas prácticas violentas, que por ende se reproducen en nuestra sociedad”: Cristina Neme.

La oleada de asesinatos tuvo como respuesta una protesta nacional del movimiento ¡Mujeres Vivas, Levántense!, que promovió el 7 de diciembre manifestaciones en por lo menos 89 ciudades brasileñas.

“La violencia contra las mujeres es un problema estructural. Tiene raíces profundas, normas, valores, creencias que reafirman la desigualdad entre los géneros y promueven la aceptación de esas prácticas violentas, que por ende se reproducen en nuestra sociedad”, señaló Cristina Neme, coordinadora de proyectos del no gubernamental Instituto Sou da Paz.

La protesta en São Paulo el 7 de diciembre reclamó un “basta ya” a la ola de feminicidios, que crecieron en los últimos años en Brasil pese a las nuevas leyes que prevén hasta 40 años de cárcel para ese crimen. Imagen: Rovena Rosa / Agência Brasil

Las leyes no evitan la violencia

Brasil avanzó en la legislación que penaliza la violencia de género. Desde 2006 cuenta con la ley Maria da Penha, que tipifica los delitos de violencia doméstica y familiar contra las mujeres, establece penas y medidas de prevención y atención a las víctimas.

Lleva el nombre de una farmacéutica de Ceará, un estado del nordeste brasileño, que sufrió dos atentados a su vida, a tiros y por electrocución, además de innumerables agresiones, cometidas por su marido, en los años 80.

Quedó parapléjica y luchó en la justicia por la condena del exmarido que solo fue encarcelado en 2002. Condenado en dos juicios, en 1991 y 1996, logró postergar su prisión por recursos judiciales en que alegó irregularidades procesuales.

El caso movilizó organizaciones feministas y de derechos humanos que lo llevaron a cortes internacionales y terminaron por lograr la aprobación de la ley en el Congreso legislativos en 2006.

Otra ley, de 2015, tipificó el crimen de feminicidio, en que la víctima es asesinada por el simple hecho de ser mujer, con penas previstas de 12 a 30 años de cárcel. Luego, en 2024, otra ley elevó la pena a entre 20 y 40 años.

Pese a esas legislaciones, el feminicidio y otros tipos de violencia contra las mujeres crecen en las estadísticas.

Eso ocurre especialmente en los intentos de feminicidio, que registran “un gran aumento desde 2022”, según Juliana Brandão, investigadora sénior del Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP).

El último informe anual del FBSP, de 2025, apunta que hubo 1492 feminicidios en 2024, con un aumento de 0,9 % en comparación con 2023, mientras los intentos de homicidios machistas sumaron 3870 y un incremento de 19 %.

La ministra brasileña de las Mujeres, Márcia Lopes, tiene nuevos desafíos ante el crecimiento de la violencia contra mujeres que se suma a las desigualdades de género y la misoginia, temas que enfrentan fuerte oposición de la extrema derecha. Imagen: Valter Campanato / Agência Brasil

Misoginia en las redes digitales

La tendencia al agravamiento, en contradicción con leyes más severas, coincide con el ascenso político de la extrema derecha, que gobernó el país entre 2019 y 2022 con el presidente Jaír Bolsonaro, y “el aumento exponencial de sitios web misóginos y antifeministas” desde 2022, según datos del Ministerio de las Mujeres, destacó Brandão.

“Son fenómenos paralelos, más influencia de la ‘machosfera’, más intentos de feminicidio”, sostuvo Brandão a IPS, por teléfono desde São Paulo. Por “machosfera” entiende el conjunto de sitios web y perfiles en las redes sociales que difunden ideas machistas y el odio a las mujeres.

“Cuanto más mujeres logran una mejor inserción en la política, la economía y la cultura, saliendo del límite doméstico a la arena pública, más fuerte es la reacción, con el mensaje de que ese no es un espacio para la mujer”, acotó.

La legislación no logra por si sola contener esa tendencia impulsada por una “cultura antifeminista arraigada en la extrema derecha”, de odio a las luchas por igualdad de género y de la violencia como forma de solución de conflictos, lamentó.

Brandão, una abogada, considera que los intentos en alza de los feminicidios comprueban que el delito es un acto planificado, premeditado, que se alimenta de la propagación en las redes sociales, con sus orientaciones, planes y motivos de odio para los ataques a las mujeres.

El conocimiento acumulado sobre las agresiones contra las mujeres registra su repetición y recrudecimiento hasta culminar en el feminicidio.

“La legislación es importante para que el sistema de justicia esté atento, reconozca la violencia contra las mujeres”, pero como se trata de delitos causados por factores múltiples, es necesario un conjunto de medidas para debelar esa criminalidad específica, propone Brandão.

Anielle Franco, ministra de la Igualdad Racial, participó en la protesta contra los feminicidios en Brasilia, el 7 de diciembre. Ella es hermana de Marielle Franco, la concejal de Río de Janeiro asesinada en 2018 y un símbolo de las luchas de las mujeres y la población negra. Imagen: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Políticas públicas con presupuesto

La prevención de las violencias, que comprenden violaciones y acoso sexuales, agresiones físicas y sicológicas, en el ambiente doméstico y en el público, exige políticas públicas de promoción de los derechos humanos y reducción de las desigualdades de género, sostuvo la abogada.

Eso comprende políticas de redistribución del ingreso, para superación de “las relaciones asimétricas, de la dependencia en relación a la pareja”, ejemplificó.

Además, hace falta una red de apoyo a las víctimas desde la denuncia hasta el acceso a una justicia eficiente y la reorganización de sus vidas. En resumen, políticas públicas con presupuesto suficiente, reclamó la abogada. Hubo retrocesos en los recursos públicos destinados a esas políticas, lamentó.

La legislación actual prevé tanto el castigo a los agresores como una red de acogida y asistencia a las víctimas para su protección y para que puedan “rehacer sus vidas fuera del círculo de violencia que puede conducir al feminicidio”, subrayó Neme a IPS desde São Paulo.

Pero “esos mecanismos necesitan ganar eficacia, presencia en todos los municipios, ya que la violencia ocurre en los territorios, en el cotidiano de ciudades grandes, medianas y pequeñas”, matizó.

Ese acceso amplificado debe involucrar las comisarias de atendimiento especializado a las mujeres, centros de acogida, asistencia jurídica y social, “un gran desafío para las políticas públicas” en que es indispensable articular los gobiernos de distintos niveles, el poder judicial y la policía, sostuvo.

Todo eso se hace más necesario ahora que los medios digitales y las redes sociales “potencializan y generan nuevas dinámicas de agresiones, odios e intolerancia que promueven la violencia basada en género”, concluyó.

Los feminicidios, reconocidos como un crimen específico solo hace 10 años, ya constituyen un grave problema social. En 2023 el legislativo Congreso Nacional aprobó una ley que concede una pensión especial a los niños y adolescentes huérfanos de madres asesinadas por razón de género.

La inquietud por ese aparente retroceso en la civilización estimula estudios, además de protestas.

La Universidad Estatal de Londrina, una ciudad de 580 000 habitantes en el interior del meridional estado de Paraná, creó en 2022 el Laboratorio de Estudios de Feminicidios (Lesfem) que monitorea la evolución del tema, con apoyo de otras dos universidades.

Sus últimos datos apuntan 5582 feminicidios intentados y consumados en enero-octubre de 2025, un aumento de 32,6 % sobre el mismo período de 2024. Los casos consumados corresponden a 31,48 % del total, es decir casi mitad de los intentos.

Las estadísticas apuntan las mujeres negras y pobres como la gran mayoría de las víctimas, pero es São Paulo, el más rico entre los 26 estados brasileños, el que registra el aumento más preocupante.

Fueron 930 feminicidios intentados y consumados en enero-octubre de 2025, 42,8 % más que en igual período de 2024, según Lesfem. En la capital, São Paulo, que tiene 11,9 millones de habitantes, la policía registró 53 feminicidios consumados en los 10 primeros meses de 2025, superando los 51 de todo el año de 2024.

Las acciones para prevenir esas muertes también proliferan. En Brasilia, con sus tres millones de habitantes, el gobierno local creó el programa Viva Flor que distribuye a mujeres amenazadas un aparato para pedir socorro policial en pocos minutos. Un equipo de agentes especializados queda disponible 24 horas al día para atender las llamadas.

El gobierno del estado de Paraná desarrolló un sistema, llamado el Algoritmo de Revictimización, mediante el cual se busca evitar que las agresiones contra las mujeres se repitan y recrudezcan. Ya procesa cerca de 15 millones de denuncias para identificar donde se pueden repetir los delitos y evitarlos.

Link de la nota: https://ipsnoticias.net/2026/01/la-epidemia-de-violencia-contra-las-mujeres-atormenta-brasil/

Por Mario Osava

Fuente: IPS

¿Quiénes cuidan en las ciudades?

Ilustración: : Lucía Escrigas/Crítica urbana

Los cuidados incluyen todas las actividades y relaciones destinadas a sostener la vida; desde atender a las niñas/os, personas mayores, dependientes o con discapacidad, hasta tareas de la vida cotidiana como alimentación, limpieza y acompañamiento. El trabajo del cuidado está atravesado por componentes materiales, económicos y afectivos, todos esenciales para la matriz social y las economías locales de los territorios. Aún sigue siendo invisibilizado, mayoritariamente no remunerado e infravalorado.

Históricamente, los cuidados han recaído en las estructuras familiares y en particular, sobre las mujeres. Esta distribución desigual limita las autonomías y el acceso a derechos, reforzando y reproduciendo estereotipos que asocian el cuidado no como un saber o atributo que cualquier persona puede desarrollar sino en relación a la naturaleza femenina.

Las ciudades inteligentes se caracterizan por incorporar tecnología, conectividad y eficiencia en su dinámica cotidiana; sin embargo, la propuesta de ciudades cuidadoras hace referencia al diseño de las mismas en tanto el cuidado de las personas que las habitan. No basta con innovar en infraestructuras, debemos también garantizar el bienestar físico, emocional y social de todas las comunidades.

Hoy, el principal desafío se visualiza en los aportes de políticas urbanas con igualdad, incorporando la perspectiva de género en el desarrollo urbano, con un enfoque específico en las autonomías, la económica en particular, y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres.

La importancia de la doble presencia laboral en el espacio privado y público se vincula con la estrecha relación que tienen las mujeres con la vivienda y el hábitat como principales usuarias, con la dotación de servicios públicos para las tareas domésticas, con los equipamientos sociales para la educación, salud y espacio público, con la movilidad, la seguridad ciudadana y con las condiciones ambientales.

En Uruguay, la dimensión territorial, para implementar una estrategia nacional de desarrollo, logra consolidarse con la creación de leyes como las de Ordenamiento Territorial; de Descentralización y Participación Ciudadana; y la que crea en 2015 el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC). Las propuestas de políticas para la autonomía de las mujeres y la garantía de sus derechos económicos y sociales, así como las reformas legislativas y regulatorias para lograr ciudades cuidadoras, constituyen instrumentos fundamentales y necesarios.

Olga Segovia, consultora de Cepal y coordinadora de la Red Mujer y Hábitat de América Latina, plantea que, en un contexto urbano regional marcado por múltiples desigualdades, construir ciudades inclusivas supone avanzar en la implementación de políticas públicas capaces de generar cambios en las relaciones de género, en particular, en la división del trabajo y en el uso y disfrute del tiempo y la ciudad. Implica la valoración de los intereses diferenciales de las personas, necesidades y demandas, así como los impactos de acciones concretas de los gobiernos locales que puedan incidir en las brechas o en la reproducción de la desigualdad socioeconómica y la cultura del privilegio en los procesos de urbanización.

La disponibilidad y la calidad del transporte, la conformación del espacio público, las condiciones de seguridad para transitar y acceder a los servicios urbanos, al trabajo o al estudio, son factores clave en la vida de las mujeres para poder ampliar su autonomía de manera integral.Apoyá nuestro periodismo.

Las propuestas de políticas para la autonomía de las mujeres y la garantía de sus derechos económicos y sociales, así como las reformas legislativas y regulatorias para lograr ciudades cuidadoras, constituyen instrumentos fundamentales.

El acceso en igualdad de condiciones a los bienes urbanos por parte de hombres y mujeres permite superar las inequidades y limitaciones que enfrentan, en su mayoría, las mujeres, en tanto servicios y espacios públicos, a la vivienda, al empleo y la movilidad, entre otros. La redistribución del uso del suelo urbano y del tiempo promueve equidad e igualdad de oportunidades. Las desigualdades entre los territorios como los barrios, municipios, zonas rurales y urbanas, son obstáculos que deben revertirse en la planificación estratégica de las ciudades para garantizar bienestar y no sólo crecimiento, en todos los ámbitos de la sociedad.

El reto actual, en particular en América Latina y el Caribe, consiste en resolver los problemas de transición de las zonas rurales a las urbanas y dar respuesta a las transformaciones demográficas, proveyendo de mayor calidad de vida a los habitantes mediante políticas de participación e inclusión social, seguridad, eficiencia en el uso del tiempo, cobertura de servicios y protección del medio ambiente.

El agua potable, la energía y el saneamiento forman parte de la infraestructura básica del cuidado. El transporte y la cercanía entre el hogar, la escuela, el trabajo y el centro de salud hacen referencia a la movilidad del cuidado; el diseño del territorio puede acercar o aislar los servicios que tienen que ver con las necesidades básicas de la población. La proximidad, accesibilidad, el fomento de las redes vecinales y espacios comunes para apoyos mutuos, promueven la sostenibilidad de la vida.

Actualmente, las ciudades experimentan mayores riesgos y vulnerabilidades en tanto los efectos del cambio climático y de la presión de los patrones de producción, distribución y consumo que atentan contra su sostenibilidad. Cuando jerarquizamos los cuidados, la ciudad protege el medio ambiente y los recursos naturales, innova y adopta tecnologías para la prevención y mitigación. Genera la capacidad de incorporar a las personas y a la naturaleza, en sus expresiones multidimensionales y diversas, como desafío para mejorar la calidad de vida y de cuidados, también en la calidad de los servicios públicos.

Las políticas deben responder a los desafíos de la creciente incorporación de las mujeres a la vida social y política y a su mayor participación en la fuerza del trabajo. También facilitar el involucramiento de los hombres en el trabajo no remunerado, redistribuir el tiempo asignado a determinadas tareas y funciones según el sistema de género dominante y finalmente reafirmar la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho al cuidado y el ejercicio de los derechos ciudadanos.

A la fecha, Uruguay no ha podido implementar el Sistema Nacional de Cuidados, como disparador de un nuevo paradigma de desarrollo, centrado en la igualdad, con presupuesto suficiente y un diseño adaptado a las realidades sociales de la región y del mundo. El espacio de la ciudad no es neutro, condiciona las formas de uso e incide en el acceso a oportunidades que son diferentes entre hombres y mujeres. Los servicios públicos de las ciudades son componentes clave del bienestar social, que se suman a los ingresos y a la protección social.

La formulación de políticas públicas urbanas, sectoriales y transversales son herramientas para la gestión de la ciudad que benefician la redistribución de las tareas de cuidado y contribuyen a la autonomía económica de las mujeres, fortaleciendo el ejercicio de su derecho a la ciudad. Ante una organización desigual de los cuidados, debemos garantizar el derecho a toda persona a ser cuidada y defender los derechos de quienes cuidan, con políticas públicas que contribuyan a cambiar la división sexual del trabajo y la matriz social del cuidado.

Cepal tiene como lema “sin igualdad de género, el desarrollo sostenible no es verdadero desarrollo, ni es sostenible”. Las ciudades inclusivas y cuidadoras son profundamente políticas, y se sostienen en la convicción de que transformar el espacio y el tiempo posibilita transformar la realidad.

En la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2017) se reconoce la centralidad de la igualdad de género y la autonomía económica de las mujeres como criterios fundamentales para avanzar hacia patrones de desarrollo sostenible. El objetivo 5 hace referencia a lograr igualdad entre géneros y empoderar a las mujeres y niñas; y el objetivo 11 refiere al logro de ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Junto a los restantes objetivos, que incluyen compromisos de género de manera transversal, todos ellos, se advierte una oportunidad imperiosa para avanzar en la eliminación de las múltiples brechas de desigualdad y consolidar una agenda regional más igualitaria en derechos, promotora de calidad y fortalecimiento democrático, tan necesario, en un tiempo de incertidumbre, en la búsqueda de más humanismo, en el relato y en las acciones. Acciones, muchas de ellas, que sostienen la vida.

Por Andrea Maddalena en Posturas

Magíster en Género, Cambio Climático y Desastre

Fuente: La Diaria.es

Claves para leer las protestas en Irán sin reducirlas al hiyab

La inflación y el autoritarismo detonaron protestas masivas en Irán, donde las mujeres encabezan la exigencia de libertad y derechos.

 

Desde el inició de este año, al menos dos mil personas han muerto como resultado de protestas contra el Líder Supremo de la República Islámica de Irán, Alí Jamenei y acusaciones de represión política, opresión social y decadencia económica bajo el gobierno del presidente, Masoud Pezeshkian.

Las protestas configuran un escenario complejo, en donde las mujeres iraníes han tomado el frente para manifestarse en contra del gobierno y del régimen islámico. Imágenes de mujeres quedando fotografías de Alí Jamenei se han hecho virales en redes sociales, y es que tras el estallido de las protestas, los medios de comunicación han amplificado narrativas occidentalistas que desarticulan la complejidad del movimiento, sugiriendo que se trata de una lucha por la supuesta liberación de la mujer para dejar de usar hiyab o velo islámico obligatorio.

Y es que, contrario a lo que se quiere reflejar en los medios, el movimiento no solo es una protesta por la vestimenta, sino que es el estruendo de una sociedad agotada por décadas de presión. Para conocer más al respecto, platicamos con Nofret Berenice Hernández Vilchis, posdoctorante de la División de Historia del CIDE y especialista en el mundo árabe. 

¿Qué está pasando en Irán?

En Irán se está desarrollando una ola de protestas masivas sin precedentes que ha alcanzado las 31 provincias del país. Las manifestaciones comenzaron a finales de diciembre de 2025 en Teherán, después de que el país atravesara por una crisis económica provocada por una inflación elevada y el encarecimiento abrupto de productos básicos como el aceite y el pollo. 

La crisis se agravó cuando el Banco Central eliminó un programa que permitía a los importadores acceder a dólares baratos, lo que obligó a los comerciantes a subir precios o cerrar sus negocios.

Aunque empezaron por motivos económicos, las protestas escalaron rápidamente hacia exigencias de un cambio de régimen sistémico, por lo que en redes sociales ahora se ven videos de manifestantes coreando consignas como “Muerte al dictador” y exigen la destitución del jefe de Estado, Alí Jamenei.

Alí Jamenei es un clérigo y líder político-religioso que encabeza la base clerical en Irán desde la Revolución Islámica, en 1989, quien acusó a las personas manifestantes de complacer los intereses extractivistas de Donald Trump. 

El pasado 8 de enero, las autoridades iraníes realizaron un corte deliberado de internet en plena escalada de represión. Como señaló Amnistía Internacional, “se trató de una decisión intencionada para ocultar la magnitud real de las violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo”. Esta forma de represión afectó de manera diferenciada las provincias de principalmente a las Lorestán e Ilam, donde viven minorías kurda y luri, que han sufrido la represión más letal.

¿Qué está pasando con las protestas de las mujeres en Irán?

Las mujeres iraníes se encuentran en el centro de las protestas. El descontento político, que incluye múltiples denuncias de un régimen autoritario, dogmático y dictatorial han hecho que cientos de mujeres salgan a las calles a quemar la imagen fotografías de Alí Jamenei.

Las autoridades iraníes han respondido con violencia extrema para sofocar las protestas mediante el uso de la fuerza, de acuerdo con la BBC. En medio del conflicto, el uso del hiyab, o velo islámico, y es que este se ha vuelto el símbolo de la imposición del Estado sobre el cuerpo de las mujeres.

En Irán el uso del hiyab sigue siendo legalmente obligatorio en espacios públicos, de lo contrario se enfrentan desde multas hasta prisión, sin embargo, como explica la especialista, en ciudades cosmopolitas como Teherán, las mujeres están logrando cambios de facto, saliendo a la calle con el cabello suelto o usando el velo de forma decorativa, a pesar del riesgo de ser encarceladas. En contraste, ciudades más tradicionales como Qom mantienen un conservadurismo más estricto.

Su antecedente: el movimiento “Mujer, vida, libertad”

El movimiento actual se nutre del espíritu de las protestas de Mahsa Amini en 2022 "Mujer, vida, libertad", un levantamiento nacional que surgió como respuesta a décadas de desigualdad y represión generalizada por parte del régimen islámico en contra de las mujeres. Aunque, con el paso del tiempo, se ha convertido en un símbolo mundial de la lucha por los derechos humanos.

El movimiento se desencadenó en septiembre de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años perteneciente a la oprimida minoría kurda. Amini fue detenida en Teherán por la “policía de la moral” (gasht-e ershad), encargada de cumplir la Ley islámica, bajo la acusación de no llevar el velo de forma “correcta” según las leyes del país.

Mahsa fue introducida por la fuerza en una furgoneta, golpeada en la cabeza y sometida a tortura. Entró en coma y murió bajo custodia tres días después, el 16 de septiembre de 2022. Su muerte encendió un malestar social que ya se venía gestando por crisis económicas y falta de libertad política en años anteriores.

¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las mujeres iraníes?

De acuerdo con Nofret Berenice Hernández Vilchis, es un error ver estas protestas de forma aislada. 

Antes de 2022, Irán ya había vivido importantes manifestaciones en 2018, 2019 y 2020 motivadas por protestas por el alto costo de la vida y la falta de recursos básicos para comer, demandas de cambio tras elecciones consideradas fraudulentas y la falta de espacio para la oposición política, que suele estar restringida a candidatos cercanos al régimen islámico.

También se han enfrentado a represión violenta, y es que en diciembre de 2019, antes de la pandemia, se registraron manifestaciones que dejaron alrededor de 200 muertos, aunque tuvieron poca visibilidad en los medios occidentales.

Más allá del hiyab

Como explica Nofret Berenice Hernández Vilchis, el conflicto no se limita al uso de una prenda, sino a la libertad de elección, pues “tan mal está que el régimen iraní las obligue a cubrirse como está mal que se les obligue a descubrirse”.

Por ello, Nofret puntualiza que las manifestaciones actuales son heterogéneas. Al igual que en la Revolución de 1979, donde participaron islamistas, comunistas y diversos grupos pro-democracia, el descontento actual une a personas con diferentes intereses: desde quienes buscan reformas económicas hasta quienes exigen una participación política real y derechos de género.

¿Cuál es el papel de los medios?

Irán vive una situación donde la sociedad está agotada por un sistema que restringe tanto la libertad personal como la supervivencia económica, pero la narrativa continúa reproduciendo narrativas orientalistas como noticias sensacionalista que no permiten ver la profundidad y complejidad del problema, y es que los medios occidentales utilizan la opresión de las mujeres iraníes para fomentar un discurso donde “occidente debe salvarlas”, como explica la especialista, lo cual puede servir como pretexto para intervenciones imperialistas que no suelen resolver los problemas de raíz.

Link de original de la nota: https://lacaderadeeva.com/actualidad/que-esta-pasando-en-iran-con-las-protestas-de-mujeres-/16073

Por: Wanda Pacheco

Fuente: La Cadera de Eva

Ocho horas para ellos, jornadas infinitas para nosotras

Las mujeres, desde las primeras civilizaciones sedentarias, como tendencia estructural, fuimos encerradas en los hogares y especializadas en las tareas reproductivas y de cuidados —cocinar, limpiar, criar, sostener emocionalmente, cuidar enfermos y ancianos—, tareas que no son plenamente susceptibles de mercantilización. En muchas de ellas hay un elemento esencial que no puede comprarse ni venderse: el afecto. El amor no es una mercancía. Tampoco pueden acotarse en franjas horarias rígidas las necesidades que estas tareas exigen cada día, porque la vida no funciona por turnos ni por convenios. 

Se suele afirmar que la esclavitud fue abolida globalmente a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, esta lectura es formal, androcéntrica y profundamente misógina. Para las mujeres, la esclavitud no desapareció: adoptó otras formas socialmente legitimadas. Muchos hogares, los prostíbulos o la industria de la explotación reproductiva siguen siendo espacios donde el trabajo y el cuerpo femenino se apropian sin límite ni derechos. La pregunta no es si la esclavitud fue abolida, sino si estamos dispuestas a abolirla materialmente para las mujeres en el siglo XXI. 

Es importante tener claro que la jornada laboral de ocho horas fue una conquista histórica del movimiento obrero masculino. Tras décadas de lucha, se acordó que trabajar más de ocho horas diarias era incompatible con una vida digna. Se acotó la jornada semanal, se establecieron descansos, vacaciones, bajas por enfermedad y jubilación. Pero cuando estos consensos se alcanzaron, nosotras no formábamos parte de la masa obrera reconocida: nuestro trabajo ya existía, sostenía la reproducción social, pero no contaba como trabajo ni como la contribución social esencial que es. 

La jornada limitada de los varones sólo fue posible gracias a la existencia de un trabajo femenino ilimitado. Mientras ellos negociaban su derecho al descanso, nosotras les garantizábamos la reproducción diaria de la vida: comida, cuidados, descanso y disponibilidad para volver a producir. Y así su jornada se cierra; la nuestra queda estructuralmente abierta. A quién le importa si sólo somos mujeres. 

Cuando nos incorporamos al mercado laboral, no lo hicimos sustituyendo unas tareas por otras, sino sumándolas. El trabajo reproductivo y de cuidados no desapareció ni se redistribuyó: se quedó aquí, dentro de nuestros hogares. En un espacio privatizado, despolitizado y feminizado. Un espacio que no computa como trabajo, aunque sea imprescindible para que el trabajo productivo pueda existir. 

Nuestro derecho al descanso nunca ha estado sobre las mesas de negociación colectiva. Ni el descanso diario, ni el semanal, ni el anual, ni el derecho al reposo en la enfermedad, ni el descanso definitivo en la vejez. Para nosotras, el tiempo libre ha sido históricamente un residuo: condicionado, interrumpible y atravesado por la culpa. Incluso cuando no trabajamos fuera, nunca dejamos de estar disponibles. 

Si un varón ya ha trabajado sus ocho horas, el sistema asume que no puede —o no es justo exigirle— hacerse cargo de las tareas reproductivas. Su jornada está completa. Si además participa puntualmente en alguna de ellas, el imaginario social le concede la medalla al “feministo del año”. Así, en los conflictos de pareja es frecuente que el entorno lo vanaglorie y tome partido en su defensa: “siempre está sonriente”, “es muy educado”, “da los buenos días con amabilidad”, “sujeta la puerta del portal”… En cambio, ella es “una amargada”, “siempre está gruñendo”. ¿Alguien se parará a pensar algún día que tras estos contrastes hay una cruda realidad material brutal que los explica? 

Así que, cuando la jornada productiva termina, ¿quién queda para sostener lo que la vida exige cada día? Nosotras, que trabajamos ocho horas fuera y asumimos una segunda —o tercera— jornada dentro. 

La jornada de ocho horas nunca ha sido universal: es masculina. Nuestra incorporación al empleo no vino acompañada de una reorganización social de los cuidados, sino de una intensificación de nuestra explotación. El sistema no liberó tiempo de las jornadas masculinas ni redistribuyó responsabilidades; simplemente incorporó una nueva fuente de trabajo barato y devaluado, en parte porque la sobrecarga estructural de los cuidados limita nuestras condiciones de negociación. Se nos exige “ser capaces”, “igualar la productividad masculina”, cargando al mismo tiempo con el lastre de las segundas y terceras jornadas. 

Conviene ser claras con las falsas soluciones neoliberales. La mercantilización de las tareas reproductivas no resuelve este conflicto: lo desplaza sobre otras mujeres, generalmente más pobres. Prácticas de explotación reproductiva como la mal llamada gestación subrogada o la venta de óvulos, y de explotación sexual como la prostitución y la pornografía, son aberraciones que los Estados deberían acordar impedir. 

Esta lógica se ha visto reforzada por corrientes que el neoliberalismo vende como “feminismo”. En nombre de la flexibilidad, la vocación y la autorrealización, se impone una dedicación total que no es otra cosa que disponibilidad permanente. Las horas extras no pagadas, la hiperconectividad y la disolución de los límites entre trabajo y vida penalizan especialmente a quienes sostenemos cuidados. 

El teletrabajo es un ejemplo paradigmático. Lejos de liberarnos tiempo, ha colonizado nuestros hogares, ha invadido los espacios de descanso y ha diluido el final de la jornada. Bajo el discurso de la conciliación, nuestro tiempo se devalúa: como “estamos en casa”, se presupone que podemos con todo. El trabajo mercantil se superpone al reproductivo sin solución de continuidad. Una vez más, la posmodernidad borra los límites y, una vez más, el capital sale beneficiado sacrificando especialmente a las mujeres. 

Por eso, si hablamos de una integración real y no ficticia en el mercado laboral, no basta con apelar a la “conciliación”, un concepto tramposo que traslada el problema al ámbito individual. Es imperativo reducir drásticamente la jornada laboral para toda la sociedad, muy por debajo de la actual, estableciendo una cota máxima de seis horas diarias —treinta semanales—. No como un privilegio, sino como una condición material mínima para repartir el trabajo productivo y reproductivo y para que la vida pueda ser vivida. 

La crisis de natalidad no es un misterio ni el resultado de decisiones individuales aisladas. La tasa de fertilidad se desploma porque el horizonte vital que se nos ofrece cuando somos madres es disuasorio: sobrecarga, empobrecimiento, culpa, precariedad y aislamiento. No es que no queramos tener hijos; es que el precio que se nos exige es demasiado alto y se paga en soledad. 

A esto se suma una mística de la maternidad cada vez más exigente y culpabilizadora, promovida desde corrientes ideológicas retrógradas. Se idealiza nuestra entrega total mientras se recortan servicios públicos, se precariza el empleo y se mantiene intacta la desigual distribución del tiempo. 

Nuestra supervivencia como especie no pasa por exprimir aún más el crecimiento económico, sino por cuestionarlo. ¿Puede sostener el planeta la competitividad desbocada en la producción que venimos desarrollando? El decrecimiento no es una amenaza: es una necesidad. Y la reducción de la jornada laboral sería una de sus aportaciones más directas y transformadoras. Menos horas de trabajo mercantil significan menos destrucción, mayor reparto del trabajo y la riqueza, más igualdad y más tiempo para cuidar, para crear vínculos y para imaginar proyectos vitales que merezcan la pena. 

Mientras el trabajo reproductivo y de cuidados siga siendo invisible, feminizado y no repartido, la igualdad será una ficción funcional al capitalismo y al patriarcado, y la maternidad seguirá operando como castigo social. Esta organización del tiempo no es un accidente: beneficia al capital, que se ahorra costes, y al orden patriarcal, que descarga sobre las mujeres la sostenibilidad de la vida. Por eso cualquier redistribución real del tiempo encontrará resistencias económicas, políticas y culturales. 

Reorganizar el tiempo no es una cuestión técnica ni individual: es un conflicto político de primer orden que enfrenta la sostenibilidad de la vida con los intereses del capital y del orden patriarcal. Es una cuestión de supervivencia, de justicia social y de proyecto civilizatorio.

Link original de la nota: https://elcomun.es/2026/01/12/ocho-horas-para-ellos-jornadas-infinitas-para-nosotras/?amp

Por Eva Neila Ausín (Presidenta de Amables Titulares de Derechos)

Fuente: El Común.es