Abusadores: hacia un registro nacional

Desde septiembre pasado funciona en la provincia de Buenos Aires un registro de condenados por delitos sexuales monitoreado por la Suprema Corte de Justicia. Mientras en el Senado ya tiene estado parlamentario la creación del Registro Nacional de Identificación Genética de Abusadores Sexuales, una iniciativa similar será tratada antes de fin de año en la Cámara Baja. El debate: quiénes tendrán acceso a los datos y el tiempo que los datos de los violadores permanecerán en el registro. La experiencia en otros países sobre un delito que en Argentina ocurre cada dos horas y media.

A mediados de septiembre pasado la Cámara de Diputados aprobó una ley que concretó la creación de un Registro de Violadores para la provincia de Buenos Aires y de un banco de datos genéticos para lograr identificar a los autores de delitos sexuales.

La norma establece que el acceso a la lista de datos del registro, ''es secreta y solamente se encontrará disponible para los fiscales y los jueces en relación con las causas que se encuentren investigando'', es decir; únicamente las personas que puedan acreditar legítimo interés tendrán acceso a la información. El Ejecutivo provincial será el encargo de reglamentar el procedimiento cuyo objetivo primordial será prevenir y evitar la posible reincidencia de los autores de delitos de abuso sexual.

Entre otros argumentos, la Ley hace hincapié en la necesidad de luchar contra los delitos sexuales denunciados en todo el territorio nacional: uno cada dos horas y media, según cifras aportadas por el Ministerio de Seguridad, y que representa solo el 30 por ciento del total de delitos cometidos. Se calcula además que de los 3500 episodios de abuso denunciados por año, apenas el 10 por ciento terminan con agresores detenidos. Actualmente las cárceles bonaerenses alojan a 1.600 personas acusadas por delitos sexuales, alrededor de un 5% de la población penitenciaria.

El proceso de aprobación de la Ley en la provincia de Buenos Aires se agilizó a partir de que una niña de 10 años fuera violada y golpeada por un hombre que luego la roció con combustible y prendió fuego en la localidad bonaerense de Coronel Dorrego, en junio pasado.

La Ley bonaerense se suma a los registros provinciales que ya se pusieron en práctica en Mendoza, Córdoba (ambas a fines de 2004) y Neuquén (junio de 2006).

Hacia un registro nacional

La Cámara de Diputados estaría a días de discutir un proyecto que busca la creación de un registro nacional de condenados por violación y otros delitos sexuales, y que ya cuenta con el apoyo de todos los bloques. A principios de este mes la Comisión de Justicia le dio el visto bueno, y ahora falta que lo haga la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Sin embargo, y si bien tod@s acuerdan en cuanto a la necesidad de contar con una base de datos nacional, se discutió si la publicación en el registro violaría los tratados internacionales de Derechos Humanos. Días atrás, Nora César, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, en declaraciones a un diario local dijo que ''se pondrá el número de la causa, no el nombre de la persona. Además es un registro cerrado y nadie puede ingresar sin un interés legítimo avalado por un Juez''.

Otro de los temas que genera controversia es la duración de los nombres en el registro. Se debate si la permanencia de los datos será de 10, 20 años o hasta la muerte del abusador. Y, como sucede con el registro bonaerense, solo podrán acceder a la información miembr@s de la Justicia.

Además de contemplar datos personales de los condenados, el registro incluirá información sobre el Tribunal que dictó la sentencia y su ''identificación por ADN''.

Por otra parte, la iniciativa establece que el registro se actualice de manera ''permanente'', y todo condenado que ingrese en el libro deber ser evaluado por un equipo ''profesional especializado'', que pueda procurarle un tratamiento psicoterapéutico de contención y esclarecimiento.

A este proyecto se suman unas nueve iniciativas alternativas. Una de ellas es la de la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Paola Spatola, y que contempla la posibilidad de que entidades educativas y ONG’s con interés legítimo demostrable puedan acceder al registro. Además, para el tratamiento de los diferentes proyectos serán convocad@s integrantes de la asociación Madres del Dolor, entidad que no integra ningún partido político, pero cuya finalidad es promover y consolidar la efectiva prestación de Justicia.

Antecedentes en otros países

Este año en Francia, Nicolas Sarkozy propuso la aplicación voluntaria de la castración química después de la violación reincidente de un pederasta, y actualmente ya funciona un programa piloto de castración química. Además, desde 1998, la ley obliga al seguimiento de delincuentes sexuales reincidentes, y la Policía está autorizada a almacenar ADN incluso de sospechosos no condenados.

En España, una comisión de estudio catalana propuso la supresión hormonal reversible para los violadores reincidentes, pero la legislación de ese país no permite aplicar un tratamiento si no es aceptado por el preso. También se incorporará la creación de un registro de pederastas durante el primer trimestre de 2009.

En Chile hubo un caso emblemático: un pedófilo confesó no poder dominarse al ver niñ@s y le pidió a su abogado que solicite a la Justicia la autorización para que lo castren. Este hecho motivó la creación de un proyecto de Ley que propone la castración química para violadores.

Si bien en Estados Unidos cada estado tiene sus propias normas, la mayoría de ellos ya tiene su registro, y es el FBI el encargado de recoger todos los datos y luego distribuirlos. En Florida, por ejemplo, existe la castración de delincuentes sexuales reincidentes que quieren acceder a la libertad condicional. Desde 1996, la llamada ''Ley Megan'' incluye un registro de condenados por delitos sexuales, norma que habilita a informar a los vecinos si un condenado vive en el barrio.

Gran Bretaña tiene un registro de violadores desde 1997, y aún los sospechosos sin condena la integran. Allí está la base de datos más grande del mundo: 38 millones de huellas genéticas de violadores y homicidas. También tiene un sistema de seguimiento satelital a delincuentes sexuales.

Australia también tiene un registro de condenados reincidentes, a los que se puede privar de la libertad en forma indefinida, y ese país también contempla la castración química voluntaria.

Por Flavia Mameli

foto: Mariano Fuaz
Artemisa Noticias