La Saga de la anticoncepción de emergencia en Chile: avances y desafíos
La Serie de Documentos Electrónicos del Programa de Género y Equidad de FLACSO-Chile tiene como finalidad poner a disposición de investigadores/as, académicos/as, decidores de políticas públicas y activistas; una diversidad de materiales sobre género y transversalización en las políticas públicas, salud sexual y reproductiva, VIH/SIDA, brechas de género, ciudadanías y derechos.
Presentamos en esta oportunidad el segundo número de la Serie "La Saga de la anticoncepción de emergencia en Chile: avances y desafíos" de la abogada Lidia Casas, docente de la Universidad Diego Portales y miembro del Directorio de APROFA.
Este documento describe y analiza uno de los debates más controversiales de los últimos años en Chile en torno a la salud sexual y reproductiva, durante el cual se ha llegado incluso a poner en tela de juicio algunas políticas públicas que datan de la década de los 60 y que han posicionado a nuestro país como un ejemplo a seguir en la región latinoamericana.
El documento de Lidia Casas da cuenta de los diferentes momentos históricos y los aspectos políticos y judiciales de la incorporación y comercialización de la anticoncepción de emergencia en Chile; como, por ejemplo, las acciones constitucionales del 2001, acciones administrativas posteriores, el fallo de la Corte Suprema en 2005, hasta el Decreto Supremo de 2007.
Se hace referencia, además, a las diferentes estrategias judiciales, como campañas de disuasión enfocadas a los proveedores de la Anticoncepción de Emergencia (AE) en el país por parte de grupos organizados contrarios a la comercialización y entrega del fármaco, así como la identificación de los diversos actores que han participado en este debate desde 2001. Se hace especial mención a las Normas de Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud del Gobierno de Chile, que colocan la discusión en un nuevo escenario político, normas que fueron impugnadas por un grupo de parlamentarios y que derivó en que se presentó ante el Tribunal Constitucional para impugnar la constitucionalidad de ellas.
Cabe señalar que el texto fue terminado en diciembre de 2007, por tanto no incorpora la resolución del Tribunal Constitucional de 2008, que rechazó la entrega la AE, restringiendo su distribución exclusivamente a las mujeres violadas. Este grave retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos releva la importancia del esfuerzo por poner estos temas en la agenda pública.
Finalmente, quisiéramos agradecer a UNFPA por su apoyo para la elaboración de este documento de trabajo, y en especial a Mariela Cortés, Oficial de Enlace de esta institución.
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