El difícil tránsito a la igualdad

A dos años de la promulgación de la Ley de Igualdad de Oportunidades (LIO) entre Varones y Mujeres, la Defensoría del Pueblo emitió un informe sobre su aplicación que revela que en el Perú aún queda mucho camino por recorrer para lograr una efectiva equidad entre los géneros.

El informe de la Defensoría –un seguimiento del estado de aplicación de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre enero y diciembre del 2008, a través de las acciones de los sectores del gobierno central y de los organismos subregionales– muestra esfuerzos parcelados de algunas instituciones estatales para adecuarse a la norma, mas no una voluntad política que se exprese en políticas articuladas y sostenibles en el tiempo.

La Defensora Adjunta para los Derechos de la Mujer, Eugenia Fernán, informó que los gobiernos regionales y locales son los que más iniciativas han tenido para generar normas de adecuación al marco establecido por la LIO. Al respecto, mencionó la promulgación de algunos planes de igualdad de oportunidades, la instalación de instancias especializadas en derechos de la mujer, o el establecimiento de cuotas de género para la participación en los Consejos de Coordinación Regional y Provincial.

Sin embargo, la funcionaria destacó que aún falta mucho para transitar de la igualdad normativa a la igualdad real. “La información ofrecida por diferentes organismos del Estado da cuenta de un cumplimiento formal de la ley: existen planes y programas, pero muchos de ellos no se concretan por falta de asignación presupuestal para la implementación de actividades y menos aún para la evaluación”, declaró.

El informe llama la atención sobre la ausencia de medidas específicas dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población que vive en situación de pobreza, especialmente en las zonas rurales andinas y amazónicas afectadas por la violencia política (donde el Censo del 2007 registró a 221.900 mujeres jefas de hogar) que requieren de acciones urgentes por parte del Estado.

Protocolo para viabilizar el aborto legal

Como lo hizo en su primer informe sobre la aplicación de la LIO, la Defensoría del Pueblo se pronuncia nuevamente por la aprobación de un protocolo que regule la atención del aborto terapéutico y ofrezca una atención apropiada y oportuna a las mujeres que requieran interrumpir su embarazo para salvar su vida o para evitar un mal grave y permanente en su salud. El aborto terapéutico es reconocido en el Código Penal peruano desde 1929. Sin embargo, su aplicación en los establecimientos públicos de salud sufre la interferencia de sectores conservadores, por lo que organizaciones de la sociedad civil reclaman que el Ministerio de Salud apruebe una norma técnica que regulen este procedimiento y facilite su ejecución.

Asimismo, revela serias deficiencias en los servicios de salud sexual y reproductiva de los establecimientos públicos de salud a los que acude la población de menores recursos económicos. En los hospitales y centros de salud visitados por el personal comisionado por la Defensoría del Pueblo se encontraron cobros indebidos por prácticas que según la ley vigente deben ser gratuitas, con el agravante de que el mayor número de estas irregularidades se detectó en Puno, región de alta pobreza, que alberga también una cantidad considerable de población indígena. Otro de los problemas encontrados fue el desabastecimiento de métodos de planificación familiar, principalmente en el caso de los inyectables cuyo uso es masivo en las zonas rurales, y de las pastillas anticonceptivas de emergencia.

En lo concerniente al desempeño del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), ente rector de las políticas públicas de equidad de género, el informe de la Defensoría del Pueblo señala la asignación deficitaria de recursos para la ejecución del Programa Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, que involucra acciones de prevención y no solamente la atención a las víctimas.

Del mismo modo, destaca la necesidad de presentar un balance sobre la ejecución del Plan Nacional Contra la Violencia hacia la Mujer 2003 – 2007, como una forma de obtener lineamientos y lecciones aprendidas que orienten la aplicación del actual Plan 2008 - 2012.

“Sin recursos económicos, las leyes son sólo enunciados”

Gladys Galarreta, coordinadora en el Perú de la Campaña por una Convención Interamericana por los Derechos Sexuales y Reproductivos, señaló que su organización tiene una visión crítica acerca de la forma en que se implementa la Ley de Igualdad de Oportunidades. Para Galarreta, los diferentes sectores estatales demuestran incoherencia y desarticulación en su accionar que, en cumplimiento de la norma, debería estar encaminado a erradicar la discriminación hacia diferentes grupos sociales.

“Si no se asignan los recursos necesarios para su cumplimiento, la norma es sólo un enunciado que no va a mejorar el ejercicio de derechos de las mujeres y de otros sectores discriminados”, indicó.

Galarreta concordó con el informe de la Defensoría del Pueblo en lo concerniente a la urgente aprobación de un protocolo que haga efectivo el aborto legal. Junto con la libre disponibilidad de métodos anticonceptivos en los establecimientos públicos de salud, esta es una antigua demanda de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, explicó.

Por otro lado, llamó la atención acerca del enfoque conservador “familista” que se imprime a la atención ofrecida en los servicios públicos de salud y el desentendimiento por parte de las autoridades del sector de su obligación de ofrecer a las y los adolescentes una adecuada orientación en cuanto a su salud sexual y reproductiva y el acceso a métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual y VIH/sida.

Invisibilidad de la diversidad sexual

Galarreta recordó que la LIO, concebida para erradicar la discriminación hacia ciertos grupos sociales, no menciona la orientación sexual como causa de exclusión, debido a la imposición de representantes de la Iglesia Católica y otros sectores conservadores. Esta omisión, señaló, hace que miles de personas no ejerzan sus derechos, puesto que lo que no se nombra no existe. Al respecto, puso como ejemplo el caso de las mujeres lesbianas que, según manifestó, se sienten violentadas al acudir a los establecimientos de salud y recibir una atención ginecológica que no considera la forma en que viven su sexualidad.

“Es necesario que exista un protocolo de atención para las lesbianas, porque la forma en que se enfoca el servicio no resulta amigable para ellas, por lo que muchas optan por no acudir a sus controles, con serio perjuicio para su salud”, concluyó.

Fuente: Clam