Otros crímenes: Las esterilizaciones forzadas
Como somos un país de memoria frágil o de ciegos que no quieren ver por una u otra razón, La Revista Ideele está empeñado en ir recordando todos los aspectos por los que no es exagerado decir que la década de los 90 fue la peor, mas oscura y perjudicial de nuestra historia, y que, por eso, seria fatal que los fujimoristsa volvieran a gobernar.
Esta vez, a través de un contundente bien informado articulo, recordamos la gran cantidad de anticoncepciones quirúrgicas que se realizaron de manera forzada durante dicha década, como parte de una política publica que atentaba contra los mas elementales.
En una decisión sin precedentes, tres magistrados que pasarán a la historia sentenciaron a Fujimori a una pena de 25 años por violación de derechos humanos. La condena coincide, en una sincronía impensable en otros tiempos, con un juicio que está por comenzar sobre el pago millonario e ilegal de una compensación por tiempo de servicios a Montesinos; con el auto que abre instrucción a diez militares implicados en la violación sexual de siete mujeres de las comunidades de Manta y Vilca, en Huancavelica —que ha calificado las violaciones sistemáticas como crímenes de lesa humanidad—; y con la reactivación del proceso por las anticoncepciones quirúrgicas forzadas que fueran perpetradas entre los años 1996 y el 2000, en el marco de un programa de planificación familiar que intentaba reducir la pobreza reduciendo a los pobres y que salió a la luz gracias a las investigaciones de Cladem y la Defensoría del Pueblo.
El caso de las AQV (anticoncepción quirúrgica voluntaria), que ha dormido el sueño de justicia de más de un millar de mujeres y hombres afectados por ellas, ha despertado recientemente, para sumarse al afán justiciero que se mueve en estos tiempos en nuestro país y que renueva también nuestra confianza en la función judicial.
El programa formó parte de una política de control de la población orientada a reducir drásticamente la tasa de fecundidad, y probablemente tuvo como estímulo la entonces reciente Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo realizada en El Cairo en septiembre de 1994, en la que el Perú no solo participó sino que, además, suscribió el plan de acción. Fujimori se comprometió frente al movimiento feminista mundial, reunido en el Encuentro de Beijing, a democratizar los servicios de planificación familiar para que las mujeres pudieran ser dueñas de su destino. Años después, resultó que a las mujeres no se les concedió siquiera su derecho a decidir si someterse o no a las anticoncepciones quirúrgicas.
Un año después de Beijing se formuló y aplicó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000 (resolución ministerial 71.96-SA/DM), que incluyó por primera vez la AQV como uno de los métodos de planificación familiar.
Como dice Maruja Barrig, los años de la administración de Fujimori fueron fecundos en quiebres sistemáticos de la institucionalidad democrática y prolíficos en discursos y acciones favorables a los temas de interés de las mujeres: un Ministerio de la Mujer único en la región, cuotas en las listas municipales y de congresistas, programas de educación sexual para escolares, normas y procedimientos sobre el divorcio y la violación sexual, servicios de planificación familiar en los centros de salud públicos.
La oportunidad no desaprovechada por un sector del feminismo para acercarse al Estado e incluso contratar con él, no solo dividió al feminismo institucionalizado sino que afectó enormemente al movimiento social de mujeres que había tenido su auge en la década de 1980.
Con su programa Fujimori traicionó los lineamientos aprobados y suscritos en El Cairo —que consistían en promover el derecho de las mujeres a la salud, en especial a la salud reproductiva—, así como sus ofrecimientos al feminismo porque, lejos de implementar una política respetuosa de los derechos humanos, actuó más bien de acuerdo con el antiguo paradigma demografista que los gobiernos, el peruano incluido, se comprometieron a abandonar.
Lo que se vendió como un programa destinado a poner los métodos más efectivos de control de la natalidad al alcance de amplios sectores de mujeres, se convirtió en una política de esterilizaciones al mejor estilo de los años 1960, como las aplicadas en India, Pakistán o Bangladesh bajo los dictados del Informe Kissinger , de modo que se pareció más a la eugenesia que a la planificación familiar.No bien echado a andar el programa, las organizaciones locales de mujeres alertaron respecto de presiones sobre el personal de salud para cumplir con cuotas de captación. A fines de 1997 la prensa ya daba a conocer casos de daños a consecuencia de las esterilizaciones. Se puso en evidencia que se establecieron metas a escala nacional únicamente para el método de anticoncepción quirúrgica, y se ejerció presión y hasta coacción para lograr que el mayor número de mujeres se sometiera a este procedimiento: la anticoncepción voluntaria se convirtió en esterilización forzada.Según cifras oficiales del Ministerio de Salud, se habrían realizado en el periodo 1996-2000, 215 mil 227 ligaduras y 16 mil 547 vasectomías.
Desde 1997 la Defensoría del Pueblo registró las primeras quejas de mujeres esterilizadas contra su voluntad, e intervino exigiendo modificaciones al Manual de Normas y Procedimientos de Anticoncepción Quirúrgica. El Informe Defensorial documentó más de 1.000 quejas por diversas vulneraciones de los derechos reproductivos.
A su vez, el informe “Nada Personal” de Cladem dio cuenta de 243 casos en los que se violaron derechos fundamentales. Las conclusiones establecieron que la aplicación de la AQV fue masivamente forzada, que las mujeres fueron engañadas aprovechando su desconocimiento. En la mayoría de los casos de esterilización forzada, las intervenciones se practicaban en el contexto de la atención del parto, bajo estrés psicológico, sin conocimiento de su irreversibilidad, con frecuencia sin un consentimiento expreso y bajo la promesa de recibir algo a cambio. Además, las campañas estuvieron dirigidas principalmente a la población campesina, quechuahablante, de los departamentos más pobres del país.
Se estableció asimismo que Fujimori estaba no solo personalmente involucrado sino que era quien daba las órdenes a ministros y funcionarios sobre el cumplimiento de cuotas. Se sabe que los otros métodos de control casi desaparecieron de los servicios de salud por decisión suya, considerando que la ligadura de trompas representaba la opción más eficiente, en términos de costo/beneficio, para disminuir el ritmo del crecimiento demográfico.
Entre 1996 y el 2003, el Ministerio Público recogió 1.005 casos de mujeres y hombres a los que se les había ligado las trompas o hecho la vasectomía sin su consentimiento informado y en condiciones lamentables. Sin embargo, a más de cinco años de iniciadas las investigaciones, el Ministerio Público aún no formula denuncia penal contra los responsables.
Luego de varios años de postergaciones, el caso se encuentra ahora en manos del nuevo titular de la Fiscalía Provincial Especializada en Derechos Humanos, Jaime Schwartz, quien habría dado un nuevo impulso.
El fiscal Schwartz Azpur investiga a todos aquellos que resulten responsables de estos crímenes, bajo los cargos de genocidio, tortura, asociación ilícita para delinquir y otros delitos que considere pertinentes en su investigación.
Esperamos que éste sea también un tiempo propicio para la demanda de justicia de muchas mujeres y hombres que fueron afectados por una política para la cual las personas eran números para completar cuotas y que produjo gravísimos daños en la salud física y mental de muchísimas personas, incluyendo la muerte de 18 mujeres.
Este tipo de políticas no hace más que demostrar que el orden mundial no tiene interés en eliminar la pobreza sino en eliminar a los pobres que sobran. La pobreza no desaparecerá porque nazcan menos pobres: desaparecerá cuando la riqueza se redistribuya. Lo prueba el hecho de que, aun cuando en los últimos años ha habido en América Latina un significativo descenso de la mortalidad y la fecundidad, la desigualdad social y la pobreza han crecido. Dice Frank Furedi que la preocupación occidental por el crecimiento de la población revela más su inquietud por sus propias sociedades que por el desarrollo socioeconómico del sur.
Las esterilizaciones han sido aplicadas no solo en países del tercer mundo, sino también a las personas “de tercera” de países del primero, como Suecia. Ha salido a la luz que entre 1934 y 1976 este país, para muchos ideal de democracia y desarrollo, esterilizó a 60.000 personas, 15.000 de ellas contra su voluntad. Los grupos más afectados fueron mujeres con muchos hijos, mujeres alojadas en centros de rehabilitación por haber delinquido, las que presentaban disminuciones mentales y las de conducta sexual promiscua . La eliminación de los indeseables —o, mejor dicho, el impedimento de su reproducción— tendría su actual correlato a nivel micro en la manipulación de embriones con la pretensión de eliminar fallas y escoger fenotipos.
Por Pilar Aguilar
Fuente: www.revistaideele.com
