La política inmigratoria de EU daña a mujeres y familias
La detención inmigratoria es la forma de encarcelamiento de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Es preciso que el Gobierno reforme las políticas de aplicación de la ley inmigratoria que ocasionan sufrimiento innecesario a las mujeres inmigrantes y sus familias --dijeron hoy organizaciones y defensores estadunidenses de derechos humanos.
En un día cualquiera, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) retiene a 33 mil personas inmigrantes; aproximadamente un 10 por ciento está conformado por mujeres. Entre las personas detenidas hay solicitantes de asilo, víctimas de trata, sobrevivientes de violencia sexual y doméstica, mujeres embarazadas y madres de niñas y niños que son ciudadanos estadounidenses, destaca el reporte de Human Rights Watch.
"La gran mayoría de las mujeres a quienes entrevisté no representaba una amenaza para la seguridad o riesgo de escapar", dijo Nina Rabin, directora de investigación fronteriza del Instituto Suroeste para Investigaciones sobre Mujeres y directora del Programa Bacon sobre Leyes y Políticas Inmigratorias en la Escuela de Derecho Rogers, de la Universidad de Arizona.
"Una de las maneras más efectivas de aplicar la ley inmigratoria consiste sencillamente en no detener a tantas personas y, en su lugar, utilizar una amplia gama de alternativas", expresa la investigadora.
Para apoyar la solicitud de los organismos humanitarios, el pasado 24 de junio testificaron ante el Congreso, en audiencia, una enfermera que trabajó en un centro de detención, una antigua detenida y un grupo de organizaciones líderes en defensa de los derechos humanos y en investigación sobre el tema de la inmigración.
Los anfitriones de la sesión informativa fueron la Coalición Nacional para los Derechos de Mujeres Inmigrantes; la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU); Human Rights Watch; Legal Momentum; el Foro Nacional de Mujeres Pacífico-Asiáticas Estadounidenses; el Instituto Nacional de Latinas para la Salud Reproductiva (NLIRH); y la Comisión para Mujeres Refugiadas.
La sesión informativa se realizó en cooperación con el Grupo de Acción Hispano Parlamentario, el Grupo de Acción Pacífico-Asiático Estadounidense Parlamentario, y el Grupo de Acción Progresista Parlamentario.
Ahí, Kathleen Baldoni --quien trabajó como enfermera en el Centro de Detención Municipal de Willacy (el centro de detención inmigratoria más grande del país)-- dijo que en ese lugar las mujeres a menudo son sometidas a temperaturas extremas, nutrición inadecuada, escasez de personal médico y demoras prolongadas en la atención médica críticamente necesaria.
"Se me impidió proporcionar el nivel de atención éticamente requerido de mí como proveedora de cuidados de salud", dijo Baldoni. "El personal de enfermería y médico está conformado por personas genuinamente dedicadas, que queremos hacer lo mejor por nuestros pacientes, pero el sistema nos lo impide. No son sólo las personas detenidas quienes están en peligro, sino también el personal médico, que se enfrenta a responsabilidades legales".
Un informe de marzo de 2009 de Human Rights Watch demostró que, si bien las normas actuales permiten la provisión de atención médica y tratamiento de emergencia a personas inmigrantes detenidas, no son suficientes para cubrir las necesidades físicas, sociales, emocionales y de cuidados de salud particulares de las mujeres. Éstas incluyen exámenes ginecológicos, atención prenatal y postnatal, así como tratamiento para quienes han sido víctimas de violencia sexual y doméstica.
"Es inexcusable que el ICE no brinde a las mujeres bajo su custodia suficientes toallas sanitarias para que no sangren sobre su ropa. Y no se diga suficientes pruebas de Papanicolaou, mamografías y los otros elementos más básicos de los cuidados de salud para mujeres", expresó por su parte Meghan Rhoad, investigadora de la División de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch. "Ya es bastante malo que estas mujeres estén encerradas. Lo menos que el Gobierno puede hacer es proporcionarles una atención digna", agregó.
Emily Butera --oficial de programas de la Comisión para Mujeres Refugiadas-- aseveró que está fuera de lugar el énfasis del ICE en la atención de emergencia y en mantener, a las personas detenidas, médicamente preparadas para su deportación. "El ICE debe tener en cuenta las necesidades humanitarias urgentes de las personas que no están detenidas bajo cargos penales", dijo. "Además de las condiciones deficientes en los centros de detención, nuestras políticas al respecto innecesariamente ponen en peligro el bienestar de personas vulnerables y separan familias".
Así es. Las defensoras señalan que las mujeres son separadas de sus hijas e hijos, en muchos casos permanentemente. A veces, las madres son detenidas y conducidas a centros de detención ubicados a cientos de kilómetros de distancia, sin brindarles la oportunidad de hacer los arreglos más básicos para el cuidado de sus hijas e hijos. Mientras están detenidas, se les niega acceso a teléfonos y materiales legales necesarios para localizar a sus hijas e hijos, y comunicarse con tribunales de familia a fin de preservar sus derechos parentales.
"El ICE me sacó de mi hogar mientras mis hijos observaban con miedo", dijo Marlene Jaggernauth, una madre soltera que fue separada de sus cuatro hijos, todos ellos ciudadanos estadounidenses, y que habló en la sesión informativa del pasado día 24. "Si no hubiera vivido un año en la detención inmigratoria, nunca habría creído que tal crueldad existía".
En un día cualquiera, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) retiene a 33 mil personas inmigrantes; aproximadamente un 10 por ciento está conformado por mujeres. Entre las personas detenidas hay solicitantes de asilo, víctimas de trata, sobrevivientes de violencia sexual y doméstica, mujeres embarazadas y madres de niñas y niños que son ciudadanos estadounidenses, destaca el reporte de Human Rights Watch.
"La gran mayoría de las mujeres a quienes entrevisté no representaba una amenaza para la seguridad o riesgo de escapar", dijo Nina Rabin, directora de investigación fronteriza del Instituto Suroeste para Investigaciones sobre Mujeres y directora del Programa Bacon sobre Leyes y Políticas Inmigratorias en la Escuela de Derecho Rogers, de la Universidad de Arizona.
"Una de las maneras más efectivas de aplicar la ley inmigratoria consiste sencillamente en no detener a tantas personas y, en su lugar, utilizar una amplia gama de alternativas", expresa la investigadora.
Para apoyar la solicitud de los organismos humanitarios, el pasado 24 de junio testificaron ante el Congreso, en audiencia, una enfermera que trabajó en un centro de detención, una antigua detenida y un grupo de organizaciones líderes en defensa de los derechos humanos y en investigación sobre el tema de la inmigración.
Los anfitriones de la sesión informativa fueron la Coalición Nacional para los Derechos de Mujeres Inmigrantes; la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU); Human Rights Watch; Legal Momentum; el Foro Nacional de Mujeres Pacífico-Asiáticas Estadounidenses; el Instituto Nacional de Latinas para la Salud Reproductiva (NLIRH); y la Comisión para Mujeres Refugiadas.
La sesión informativa se realizó en cooperación con el Grupo de Acción Hispano Parlamentario, el Grupo de Acción Pacífico-Asiático Estadounidense Parlamentario, y el Grupo de Acción Progresista Parlamentario.
Ahí, Kathleen Baldoni --quien trabajó como enfermera en el Centro de Detención Municipal de Willacy (el centro de detención inmigratoria más grande del país)-- dijo que en ese lugar las mujeres a menudo son sometidas a temperaturas extremas, nutrición inadecuada, escasez de personal médico y demoras prolongadas en la atención médica críticamente necesaria.
"Se me impidió proporcionar el nivel de atención éticamente requerido de mí como proveedora de cuidados de salud", dijo Baldoni. "El personal de enfermería y médico está conformado por personas genuinamente dedicadas, que queremos hacer lo mejor por nuestros pacientes, pero el sistema nos lo impide. No son sólo las personas detenidas quienes están en peligro, sino también el personal médico, que se enfrenta a responsabilidades legales".
Un informe de marzo de 2009 de Human Rights Watch demostró que, si bien las normas actuales permiten la provisión de atención médica y tratamiento de emergencia a personas inmigrantes detenidas, no son suficientes para cubrir las necesidades físicas, sociales, emocionales y de cuidados de salud particulares de las mujeres. Éstas incluyen exámenes ginecológicos, atención prenatal y postnatal, así como tratamiento para quienes han sido víctimas de violencia sexual y doméstica.
"Es inexcusable que el ICE no brinde a las mujeres bajo su custodia suficientes toallas sanitarias para que no sangren sobre su ropa. Y no se diga suficientes pruebas de Papanicolaou, mamografías y los otros elementos más básicos de los cuidados de salud para mujeres", expresó por su parte Meghan Rhoad, investigadora de la División de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch. "Ya es bastante malo que estas mujeres estén encerradas. Lo menos que el Gobierno puede hacer es proporcionarles una atención digna", agregó.
Emily Butera --oficial de programas de la Comisión para Mujeres Refugiadas-- aseveró que está fuera de lugar el énfasis del ICE en la atención de emergencia y en mantener, a las personas detenidas, médicamente preparadas para su deportación. "El ICE debe tener en cuenta las necesidades humanitarias urgentes de las personas que no están detenidas bajo cargos penales", dijo. "Además de las condiciones deficientes en los centros de detención, nuestras políticas al respecto innecesariamente ponen en peligro el bienestar de personas vulnerables y separan familias".
Así es. Las defensoras señalan que las mujeres son separadas de sus hijas e hijos, en muchos casos permanentemente. A veces, las madres son detenidas y conducidas a centros de detención ubicados a cientos de kilómetros de distancia, sin brindarles la oportunidad de hacer los arreglos más básicos para el cuidado de sus hijas e hijos. Mientras están detenidas, se les niega acceso a teléfonos y materiales legales necesarios para localizar a sus hijas e hijos, y comunicarse con tribunales de familia a fin de preservar sus derechos parentales.
"El ICE me sacó de mi hogar mientras mis hijos observaban con miedo", dijo Marlene Jaggernauth, una madre soltera que fue separada de sus cuatro hijos, todos ellos ciudadanos estadounidenses, y que habló en la sesión informativa del pasado día 24. "Si no hubiera vivido un año en la detención inmigratoria, nunca habría creído que tal crueldad existía".
Fuente:Cimac Noticias
