Los gineco-obstetras y el aborto

A tres años del fallo de la Corte Constitucional que despenalizó parcialmente el aborto en el territorio colombiano y frente a un panorama complejo respecto del acceso concreto de las mujeres a la interrupción legal del embarazo, la investigadora colombiana Laura Gil Urbano analizó las posiciones de gineco-obstetras frente a la despenalización del aborto.

Laura Gil Urbano es gineco-obstetra y especialista en Salud Sexual y Reproductiva. En 2006 llevó a cabo una investigación para conocer opiniones, actitudes y prácticas de gineco-obstetras colombianos respecto al aborto. El estudio se propuso conocer el grado de aceptación de la despenalización parcial, evaluar el grado de conocimiento del marco legal y las decisiones de gineco-obstetras colombianos con relación al aborto inducido –tanto legal como ilegal– e indagar acerca de las opiniones personales de los profesionales sobre el aborto y la influencia de estas sobre sus actitudes frente al tema en general.

La investigadora dialogó con el CLAM sobre este estudio y el panorama latinoamericano de la temática en América Latina, en un momento en el que la objeción de conciencia de los médicos está en el debate público.

¿En qué contexto surge la iniciativa de realizar esta investigación?

Surge como resultado de la demanda de inconstitucionalidad que en 2006 legalizó parcialmente el aborto. En mayo de ese año la Corte Constitucional de Colombia falló a favor de la despenalización en determinadas circunstancias (peligro para la salud o vida de la madre, resultado de violación o incesto y malformación fetal incompatible con la vida). El dictamen consideró que la prohibición absoluta violaba los derechos de las mujeres a la vida, la salud y la dignidad, entre otros, consagrados en la Constitución nacional como fundamentales.

Este cambio en la legislación sucedió luego de una batalla legal prolongada por más de 30 años y del agotamiento de múltiples vías legales. Pasaron al menos ocho proyectos de ley, dos intentos de reforma del código penal y cinco demandas de inconstitucionalidad antes de la resolución de la Corte. Ana Cristina González relata ese proceso en su artículo “La situación del aborto en Colombia: entre la ilegalidad y la realidad”.

Frente a este gran paso que consagró los derechos de las mujeres como derechos fundamentales –sentando un precedente en la legislación colombiana en cuestiones de género– surgieron inicialmente múltiples interrogantes desde el punto de vista legal, administrativo y médico que, al menos en nuestro caso, como gineco-obstetras, obedecían al temor de la aparición de vicios en el sistema de salud y mecanismos que obstaculizaran el acceso de las mujeres a los servicios de aborto.

Al hacerse público el fallo, los casos de peticiones de terminación del embarazo no se hicieron esperar. Sin embargo, y a pesar de la contundencia del mismo, muchas dudas prácticas y metodológicas no se resolvieron hasta diciembre del mismo año, cuando se publicó la norma técnica para la prestación de servicios de interrupción voluntaria del embarazo, entre otros documentos del Ministerio de la Protección Social.

En nuestra área de interés era evidente que las actitudes, conocimientos y prácticas de los profesionales de la salud, y en especial de los gineco-obstetras, tendrían un impacto considerable en la aplicación de la nueva ley, teniendo en cuenta que en la práctica cotidiana este es el profesional que presta el servicio directamente y quien más se ve enfrentado con el aborto inducido y sus complicaciones. La experiencia de varios países muestra cómo las creencias y las actitudes de los médicos pueden influir negativamente, convirtiéndose en una barrera de acceso a los servicios de aborto legal y seguro.

Con los primeros pedidos de interrupción legal, hubo un amplio despliegue mediático, llamando la atención sobre casos de instituciones y médicos que se negaban a practicar los procedimientos. El primer interrogante que surgió en nuestro departamento de Gineco-obstetricia de la Fundación Santa Fe de Bogotá fue de índole práctico. ¿Quiénes estarían dispuestos a realizar las terminaciones? Para llegar a la raíz del asunto era necesario conocer la opinión de los gineco-obstetras acerca de la nueva ley y los factores que podrían influenciar su perspectiva y sus prácticas; pero era evidente que la preocupación y la falta de datos generalizables no era sólo nuestra. El sondeo de opinión que hicimos se convirtió en una encuesta nacional, que pudiera aportar datos útiles para la planeación y prestación de servicios de aborto, e incluso para futuras modificaciones en la legislación.

¿Hay antecedentes de investigaciones similares?

En Colombia, en 1979 los Doctores Medina y López-Escobar, realizaron una encuesta con 648 médicos de diferentes especialidades residentes en Bogotá, 17% de ellos gineco-obstetras. La mayoría estuvo de acuerdo en afirmar que el aborto constituía un problema de salud prevenible y sólo un 3.2% lo consideró un problema de orden jurídico.

Ya en esa época 3 de cada 4 médicos opinaban que la legislación debía modificarse para permitir el aborto bajo ciertas circunstancias o situaciones. Esta proporción de médicos fue menor entre los de mayor edad y fue mucho mayor al comparar aquellos sin hijos con aquellos que solo tenían hijas mujeres (62% contra 100%), lo cual demuestra la influencia que las experiencias de vida y diversas situaciones pueden tener sobre la posición frente al aborto.

A su vez, 41% de los ginecólogos se declararon dispuestos a realizar un aborto en circunstancias especiales, si fuera legal, teniendo en cuenta que a la fecha de la encuesta el aborto estaba penalizado en cualquier circunstancia. Casi treinta años después, podremos formular las mismas preguntas ya no con base en una hipótesis, sino a la luz de una nueva legislación que nos enfrenta con casos reales con respecto a los cuales tendremos que tomar decisiones.

¿Qué estudios se han realizado en otros países?

Hay varios estudios que nos muestran un panorama de nuestro continente. Aún en países donde las leyes admiten el aborto bajo amplias razones médicas, motivos socioeconómicos e incluso simplemente a pedido de la mujer, coexisten sectores de médicos con posiciones diversas: unos favorecen la libre elección de las mujeres, otros aprueban el procedimiento sólo en determinadas situaciones y otros se oponen a él.

En Estados Unidos en 1986 se realizó una encuesta a 1420 gineco-obstetras, quienes en general se mostraron a favor del aborto en una proporción mayor que la población general. En ese estudio, de Weisman et al. fueron encontradas diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la posición de profesionales hombres y mujeres. Las gineco-obstetras mujeres se manifestaron en mayor proporción de acuerdo con el derecho al aborto (90%), en comparación con sus pares varones (76%). También fue mayor el porcentaje de las profesionales mujeres que practicaban abortos, con 50% frente a 43% de gineco-obstetras varones. No encontraron diferencias significativas en cuanto a la edad o la raza, pero sí en el caso de los católicos, que declararon que su religión jugaba un papel importante en la toma de decisiones al respecto.

En Argentina, según un estudio de 1998, del equipo del Área Salud del CEDES, Centro de Estudios de Estado y Sociedad, en el contexto de una legislación altamente restrictiva, de 467 gineco-obstetras entrevistados, 84.8% estaba en desacuerdo con la penalización total y 38.5 % de acuerdo con la despenalización total. La religiosidad, el género masculino, el área de trabajo metropolitana y la menor edad fueron factores asociados a una menor aceptación del aborto legal.

Otro estudio similar en Nicaragua, donde al momento de la encuesta (año 2000) el aborto era permitido sólo para salvar la vida de la mujer, se entrevistó al 76% de los ginecólogos registrados (198). El 96% declaró estar de acuerdo con el aborto terapéutico –respuesta totalmente contraria a la realidad actual de ese país, donde recientemente la legislación sufrió un revés al tornarse totalmente restrictiva. El consiguiente aumento en la mortalidad materna no se hizo esperar.

En Brasil, en 2003, una encuesta entre 4261 gineco-obstetras, realizada por Faúndes et al , demostró que el apoyo al derecho al aborto y la disposición a ayudar a una paciente o a un familiar a acceder a un aborto son mucho mayores entre quienes alguna vez vivieron la experiencia personal de un embarazo indeseado y un aborto inducido, incluso entre aquellos para quienes la religión jugaba un papel importante en la toma de decisiones. Los autores llaman la atención sobre el hecho de que mientras más se acercan los médicos al problema del aborto, mayor es su comprensión de la existencia de circunstancias en las que el aborto es la mejor o única opción.

Hay estudios recientes también en Honduras y en Perú, con resultados similares. En México, una encuesta realizada en 2002 incluyó a 1026 médicos, 25% de ellos gineco-obstetras. Este estudio, que ahondó en el conocimiento de las técnicas para inducir un aborto, evidenció un gran vacío en este campo. Sólo entre un tercio y la mitad de los encuestados conocían los protocolos recomendados por la OMS, los métodos médicos combinados, siendo que el 56% dijo estar interesado en recibir entrenamiento y capacitación en ellos. Igualmente, el conocimiento de métodos quirúrgicos resultó ser insuficiente para que los profesionales pudieran determinar cuáles eran los más seguros, como el AMEU (Aspiración Manual Endouterina), incluso entre los gineco-obstetras.

¿Cómo se desarrolló esta investigación en Colombia?

El estudio fue aplicado a un universo de 1.380 gineco-obstetras listados en las sociedades científicas locales de las 21 ciudades afiliadas a la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (FECOLSOG), de los cuales 1272 tenían datos de contacto suficientes y a quienes se enviaron por correo postal encuestas estructuradas para ser diligenciadas. Adicionalmente se enviaron también por medio electrónico a 800 de los 1.272 afiliados de quienes se contaba con el dato de dirección electrónica. La encuesta podía ser respondida en forma escrita y devuelta por correo de manera anónima y sin costo alguno o accediendo a una página de internet con un código personal. Tomamos bastantes medidas para asegurar la confidencialidad de quienes contestaban la encuesta.

La encuesta fue probada previamente en el grupo de ginecólogos institucionales de la Fundación Santafé de Bogotá, institución que financió el estudio. Una vez recibidas las encuestas se realizó un análisis univariado y otro bivariado en EPI INFO. Con base en el tamaño de la muestra se calculó un intervalo de confianza del 95% para cada una de las respuestas, teniendo en cuenta que no todos los encuestados respondieron todas las preguntas.

Se obtuvieron en total 211 encuestas adecuadas para la tabulación (con más del 20% de los campos diligenciados), es decir el 16.5% del total de encuestados, pertenecientes en su mayoría a la ciudad de Bogotá (53%). El 71% de los encuestados eran hombres y el 29% mujeres.

¿Qué resultados generales se obtuvieron?

El contacto del ginecólogo con casos de aborto es alto, ya que 52% de los encuestados al menos una vez por semana recibe a una paciente que se ha realizado un aborto alguna vez. A casi todos (en torno de 90%) alguna vez les han solicitado la práctica de un aborto. El 5% denuncia siempre a las autoridades la práctica de un aborto ilegal al tener conocimiento del mismo, 17% en algunas ocasiones y 78% nunca. El 90 % cree que el secreto médico debe prevalecer en estas situaciones.

¿Cuál es el panorama con relación a la despenalización parcial del aborto?

El 80% declaró estar en desacuerdo con la legislación antigua (totalmente restrictiva). Sin embargo, el nivel de conocimiento detallado de la misma fue en general bajo. El 82% de los encuestados declaró estar total o parcialmente de acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional. Por otro lado, el 50% consideró que se debería ampliar a más circunstancias, en el siguiente orden: 70% en casos de deficiencia mental (causal que en realidad ha sido despenalizada si tenemos en cuenta que se considera violación cualquier acto sexual con una mujer con discapacidad mental) y 62% de anomalía congénita no necesariamente inviable. Sólo el 10% de los encuestados consideró que debería despenalizarse totalmente.

¿Como actúan las y los médicos encuestados frente al aborto en circunstancias no despenalizadas?

El 3.6% lo realiza en algunas circunstancias, 17% no lo practica pero remite a la mujer a un lugar seguro, 44% la remite a un lugar seguro, aunque primero la aconseja para que no lo haga, 29% aconseja no hacerlo y no la remite en caso de persistir con la intención y el 6% no la aconseja ni la remite. Un dato importante es que sumando varias de las respuestas, cerca del 60% de los profesionales encuestados conocen y remiten a la mujer un lugar seguro para practicarse un aborto.

Otra de las preguntas se refería a las posiciones personales de las y los médicos con relación al aborto, es decir, que se expresaran no sobre lo que hacen las demás personas, sino sobre lo que ellas y ellos mismos harían. De los encuestados, el 29% no recurriría al aborto en ninguna de las circunstancias mencionadas. Los que recurrirían lo harían en los siguientes casos: malformación fetal incompatible con la vida (63%), peligro para la vida o la salud (58%), violación (55%), malformación fetal mayor (54%), o embarazo no deseado (10%). Cabe decir que el 18.5% de los encuestados declaró haber recurrido alguna vez al aborto.

Una parte importante de este estudio que tiene que ver con la disposición real de los médicos de practicar interrupciones del embarazo. ¿Qué resultados se obtuvieron en este tema?

Es importante resaltar en este punto que hay una diferencia sustantiva entra estar a favor de la despenalización y la posibilidad de practicar directamente la interrupción del embarazo. Sólo 34% lo realizarían dentro de todas las circunstancias contempladas por la Ley y un 15% adicional lo realizaría sólo si no se trata de un embarazo producto de incesto o violación –arrojando un total de 49% dispuestos a realizarlo en algunas o todas circunstancias despenalizadas. El 51% declaró que no lo realizaría y un cuarto de ellos (13% del total de encuestados) tampoco derivaría a la paciente a otro centro médico o profesional.

Dentro de la razones que expusieron los médicos que declararon que no realizarían un aborto en alguna de las circunstancias despenalizadas están las éticas o morales (84%), religiosas (28%), riesgo de complicaciones médicas (17%) y temor a la estigmatización (15%).

En torno del 53% del total de los encuestados declararon objeción de conciencia (total o parcial, de acuerdo con la causa del embarazo) al aborto. Esta es la razón para no practicarlo para 87% de quienes se negarían a hacerlo.

Cuál fue el conocimiento demostrado por los encuestados sobre los métodos para la finalización del embarazo?

Sólo el 19% mencionó el tratamiento médico recomendado por la OMS (Mifepristone + Misoprostol); el 56% nombró el Misoprostol solo; 76% mencionó el Misoprostol solo o acompañado. La mayoría mencionó el legrado y sólo el 63% aludió a la aspiración (método quirúrgico recomendado por la OMS).

Fuente: Clam