Peru "Píldora del día siguiente no será gratuita"
Es definitivo: la píldora del día siguiente no podrá ser distribuida gratuitamente en el Perú. El pasado 11 de noviembre el Tribunal Constitucional no solamente aclaró su sentencia en la que prohibía al Ministerio de Salud (MINSA) seguir distribuyendo la píldora, sino que además acordó "por unanimidad" prohibir que el MINSA, o cualquier instancia del gobierno, venda o regale el lote que aún mantiene en sus almacenes.
Esta aclaración ya no puede ser apelada o incumplida por el estado peruano.
Según Ernesto Álvarez, uno de los magistrados que dio cara a la prensa para explicar la aclaración, para el tribunal no hay lugar a dudas: es igual si la píldora se vende o se regala, porque el objetivo final sigue siendo el mismo: provocar un aborto.
"El estado peruano tiene que apartarla como herramienta válida de planificación", sentenció.
Apenas conocida la 'solución final' del TC, el ministro de salud, Oscar Ugarte, anunció que el lote de 7 mil píldoras que aún existe en los almacenes del ministerio, sería donado al Instituto Peruano de Paternidad Responsable (Innpares), una ONG muy reputada que trabaja en los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres.
Pero el TC de inmediato lo acusó de incurrir en rebeldía, al pretender 'sacarle la vuelta' al Tribunal. "Yo le pregunto al ministro Ugarte cuál es la diferencia entre donar y regalar", señaló el vicepresidente del TC, Carlos Mesía. Según los especialistas, el ministro podría ser pasible de una sanción por parte del 29 Juzgado civil, instancia donde fue presentado el caso que pasó al tribunal constitucional.
No obstante, Ugarte sigue adelante con su intento postrero de que las mujeres de escasos recursos puedan acceder aunque sea por unos meses más a esta solución anticonceptiva de emergencia, y se estima que la donación se produciría esta semana.
Pero el director de Innpares, Daniel Aspilcueta, en conversación telefónica con SEMlac, lamentó que su institución no pueda entregar en forma totalmente gratuita, como lo venía haciendo el Minsa, la píldora a las mujeres más pobres.
"Hay un costo de transporte que debemos cubrir, pues vamos a lugares remotos y, en consecuencia tendremos que cobrar un precio mínimo", confirmó. Dijo también que dicho costo estaría entre dos soles (unos 70 centavos de dólar) y seis soles (poco más de dos dólares), dependiendo de las zonas.
Aunque la cifra parece exigua, no lo es para mujeres que ganan menos de un dólar al día en las zonas más pobres o, a veces, ni siquiera disponen de dicha cantidad pues no trabajan, son abandonadas o mendigan en las calles y, por tanto, son las más expuestas a sufrir una violación y apelar a la píldora de emergencia.
Aspilcueta instó al TC a mostrar pruebas científicas fehacientes de que la píldora es abortiva. "La mejor prueba de que no es abortiva es que si una mujer embarazada la toma, continuará su embarazo sin ningún riesgo (de aborto)", acotó. "Hemos regresado a la época de Galileo: en ese entonces, los teólogos interpretaban la astronomía; ahora los abogados interpretan la ciencia", enfatizó.
Algunos intentos
Esta aclaración ya no puede ser apelada o incumplida por el estado peruano.
Según Ernesto Álvarez, uno de los magistrados que dio cara a la prensa para explicar la aclaración, para el tribunal no hay lugar a dudas: es igual si la píldora se vende o se regala, porque el objetivo final sigue siendo el mismo: provocar un aborto.
"El estado peruano tiene que apartarla como herramienta válida de planificación", sentenció.
Apenas conocida la 'solución final' del TC, el ministro de salud, Oscar Ugarte, anunció que el lote de 7 mil píldoras que aún existe en los almacenes del ministerio, sería donado al Instituto Peruano de Paternidad Responsable (Innpares), una ONG muy reputada que trabaja en los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres.
Pero el TC de inmediato lo acusó de incurrir en rebeldía, al pretender 'sacarle la vuelta' al Tribunal. "Yo le pregunto al ministro Ugarte cuál es la diferencia entre donar y regalar", señaló el vicepresidente del TC, Carlos Mesía. Según los especialistas, el ministro podría ser pasible de una sanción por parte del 29 Juzgado civil, instancia donde fue presentado el caso que pasó al tribunal constitucional.
No obstante, Ugarte sigue adelante con su intento postrero de que las mujeres de escasos recursos puedan acceder aunque sea por unos meses más a esta solución anticonceptiva de emergencia, y se estima que la donación se produciría esta semana.
Pero el director de Innpares, Daniel Aspilcueta, en conversación telefónica con SEMlac, lamentó que su institución no pueda entregar en forma totalmente gratuita, como lo venía haciendo el Minsa, la píldora a las mujeres más pobres.
"Hay un costo de transporte que debemos cubrir, pues vamos a lugares remotos y, en consecuencia tendremos que cobrar un precio mínimo", confirmó. Dijo también que dicho costo estaría entre dos soles (unos 70 centavos de dólar) y seis soles (poco más de dos dólares), dependiendo de las zonas.
Aunque la cifra parece exigua, no lo es para mujeres que ganan menos de un dólar al día en las zonas más pobres o, a veces, ni siquiera disponen de dicha cantidad pues no trabajan, son abandonadas o mendigan en las calles y, por tanto, son las más expuestas a sufrir una violación y apelar a la píldora de emergencia.
Aspilcueta instó al TC a mostrar pruebas científicas fehacientes de que la píldora es abortiva. "La mejor prueba de que no es abortiva es que si una mujer embarazada la toma, continuará su embarazo sin ningún riesgo (de aborto)", acotó. "Hemos regresado a la época de Galileo: en ese entonces, los teólogos interpretaban la astronomía; ahora los abogados interpretan la ciencia", enfatizó.
Algunos intentos
Julio Castro Gómez, Decano del Colegio Médico confirmó a SEMlac que su institución acudirá a instancias internacionales y que, en ese sentido, vienen coordinando con otras organizaciones como el Colegio de Abogados, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, organizaciones feministas y universidades, para hacer una demanda de manera conjunta.
"El Tribunal Constitucional ha profundizado un error gravísimo, se está cometiendo un atropello contra las mujeres más pobres y no nos vamos a quedar de brazos cruzados", expresó.
Quien tampoco se ha cruzado de brazos es el Minsa. El viernes 13 Fanny Fregeiro, procuradora de dicho portafolio, presentó un recurso de incompatibilidad ante el juez del Séptimo Juzgado Especializado Civil de la Corte Superior de Lima y afirmó que el ministerio podría seguir repartiendo la píldora hasta que el magistrado dé su veredicto final sobre el tema.
También el gabinete estaría pensando elevar una consulta a nivel internacional sobre el controvertido fallo, de acuerdo a lo declarado a la prensa por la ministra de la mujer, Nidia Vílchez.
Señaló que tanto ella como su colega de Salud creen que se debería consultar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si la entrega de la píldora es incompatible con el tratado de Derechos Humanos suscrito por el Perú, y que presentarán ese pedido al Consejo de Ministros.
Sin embargo, hasta el momento no ha habido una reacción de otros miembros del gabinete, a excepción de Rafael Rey, ministro de Defensa, quien es partidario no sólo de la sentencia, sino de que se prohíba la distribución de otros anticonceptivos.
La voz del pueblo
Mientras tanto, dos encuestas realizadas por sendas entidades de estudio de mercado, revelan el alto grado de descontento de la población por la prohibición del TC.
La primera, del Grupo de Opinión de la Universidad de Lima, realizada en Lima y la provincia constitucional del Callao, señala que 68 por ciento de encuestados está en contra de dicho fallo. El nivel de información de la población también es muy alto en esta encuesta: 58,7 por ciento dijo estar informado o muy informado del fallo constitucional.
Lo curioso es que el mayor porcentaje que se opone al fallo del TC son hombres: 74, 3 por ciento versus 25, 7 de mujeres.
Otra encuesta, realizada en 15 ciudades del Perú por la empresa Apoyo, arrojó un 55 por ciento de personas en contra de la sentencia del TC.
Así las cosas, los que han obtenido 'ganancias de río revuelto' son los laboratorios. Según una indagación realizada por reporteros del diario Ojo en farmacias de diferentes distritos de Lima, el costo de las píldoras ha subido más del doble, de unos 9 dólares al tipo de cambio antes de la controversia, hasta 20 dólares, dependiendo de las zonas.
Por Zoraida Portillo
Fuente: http://www.redsemlac.net/
Alai
