CHILE: Mujeres, violencia y sida
El estudio, que consiste en la recopilación de datos cuantitativos e información cualitativa respecto a salud sexual, violencia y VIH, se efectuó en Argentina por la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer – FEIM, en Uruguay por Mujer y Salud en Uruguay – MYSU, en Brasil por la ONG GESTOS con apoyo de la UNIFEM y en Chile por la Fundación EPES ‐ Educación Popular en Salud.
En este último caso, la investigación se llevó a cabo durante 5 meses del año 2009, período en que se aplicó una encuesta a 102 mujeres mayores de 18 años que viven con VIH y que reciben tratamiento a través de los servicios públicos de salud. María Eugenia Calvin encargada del estudio en Chile, analizó sus principales resultados.
¿Cuáles fueron los objetivos y alcances de este estudio?
La investigación forma parte del proyecto “Dos caras de una misma realidad: violencia contra las mujeres y feminización del VIH/SIDA en el MERCOSUR”, y su objetivo fue visibilizar las intersecciones entre la violencia hacia las mujeres y el VIH/SIDA, y promover políticas públicas que enfrenten de manera integral la atención y la prevención de ambas pandemias.
Investigamos si existe mayor vulnerabilidad ante el VIH en población de mujeres víctimas de violencia, a modo de conocer las formas en que ambas cuestiones se vinculan. Desde el ámbito cuantitativo, quisimos saber la frecuencia en que mujeres con VIH vivieron episodios de violencia antes del diagnóstico de la enfermedad; y desde el punto de vista cualitativo, quisimos conocer las creencias, percepciones, experiencias y actitudes de mujeres víctimas de estas pandemias.
En los cuatro países involucrados en la investigación se emplearon los mismos instrumentos para la recolección y análisis de datos. Sus conclusiones específicas se pueden encontrar en el sitio web del proyecto.
¿Cuáles fueron los resultados respecto de la intersección entre violencia y VIH en mujeres?
Los resultados del estudio, en los cuatro países, muestran que la experiencia de violencia previa al diagnóstico de VIH es extremadamente frecuente entre mujeres que viven con VIH: de las mujeres entrevistadas, el 62% en Uruguay, el 79% en Brasil, el 79,2% en Argentina y el 56% en Chile declararon esa situación.
La cifra específica de Chile muestra que, del total de 102 mujeres entrevistadas, 57 vivieron situaciones de violencia antes del diagnóstico de VIH; entre ellas, un 80,7% experimentó daño emocional o psicológico; el 50,9%, violencia física; el 42,1%, abuso sexual; y un 24,6% vivió una experiencia de violación previa al diagnóstico de VIH.
El hecho de que la experiencia de violencia previa al diagnóstico de VIH sea tan frecuente entre mujeres que viven con el virus es un indicador clave de que la violencia representa un factor que aumenta la vulnerabilidad de las mujeres para adquirir el VIH.
En Chile, el estudio muestra que una gran proporción de mujeres que vivieron violencia antes del diagnóstico fueron víctimas de abuso sexual en la infancia. Ello aumenta la probabilidad de violencia en la vida adulta, como también el desarrollo de conductas de riesgo.
Un dato relevante que muestra las conexiones entre la violencia y el VIH es que un 7,8% de las mujeres participantes en el estudio señalaron que su primera relación fue una violación. Esta proporción es altísima comparada con la que arrojó el estudio de comportamiento sexual realizado por el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional del Sida (MINSAL/CONASIDA) en el año 2000, que mostró entonces un 3,3% de las mujeres que declaraban que su inicio sexual había sido una violación.
El ejercicio de la sexualidad se ve profundamente afectado entre las mujeres que viven con VIH. Se aprecia que mujeres jóvenes y adultas no mantienen relaciones sexuales, algunas de ellas incluso viviendo en pareja; otras, en tanto, se niegan a la posibilidad de establecer una relación de pareja por su condición serológica y por temor o rechazo generado a partir de experiencias anteriores de violencia. Las dificultades para ejercer su sexualidad también se relacionan con la falta de información o ambigüedad respecto de la posibilidad de re‐infección; con la no aceptación del preservativo como medio efectivo para mantener relaciones sexuales seguras; y también con los mitos sociales según los cuales, dada la condición de seropositividad, las personas deberían cesar su vida sexual.
Considerando que en Chile el porcentaje de esterilizaciones femeninas es de un 9,8%, este estudio evidenció que hay mujeres con VIH que han sido presionadas a someterse a esterilización o han sido esterilizadas sin su consentimiento. Cabe agregar que entre éstas, dos de las mujeres esterilizadas sin su consentimiento presentan un bajo nivel educativo, lo que evidenciaría no sólo el atropello a los derechos reproductivos femeninos, y la sanción social por contraer el VIH, sino además un abuso de poder presente en este tipo de prácticas, es decir, la presencia de violencia institucional hacia las mujeres que viven con el virus.
¿Hay en Chile políticas públicas para la prevención y tratamiento de VIH/SIDA dirigidas específicamente a las mujeres? De no ser así, ¿por qué cree que no se han implementado?
No hay políticas dirigidas específicamente a las mujeres. Las políticas públicas chilenas dirigidas a la prevención del VIH/SIDA se orientan por los conceptos de riesgo y vulnerabilidad, prevaleciendo en su implementación el enfoque de riesgo, ya que las acciones preventivas se han orientado a hombres que tienen sexo con hombres, mujeres que ejercen el comercio sexual, personas recluidas y mujeres embarazadas. Es mucho más reciente la inclusión de las mujeres como población vulnerable emergente. Un indicador de ello es que a la fecha no se ha desarrollado ninguna campaña de prevención dirigida específicamente a las mujeres. Esta realidad impide ver las relaciones existentes entre las construcciones sociales/culturales de género y la probabilidad de adquirir el VIH, debido a la desigualdad que se expresa en la falta de poder y control de las mujeres sobre sus cuerpos y sus vidas, producto de cómo se ha construido lo femenino en nuestra sociedad.
Si bien las políticas integran el enfoque de derechos humanos, hay una limitada consideración de los derechos sexuales y reproductivos, por lo cual no se reconocen de manera práctica las vulneraciones de derechos en el campo de la sexualidad y reproducción que afectan a las mujeres. Ejemplo de ello es que muchas mujeres consideran que es parte de los deberes conyugales mantener relaciones sexuales, como también la tácita aceptación de la infidelidad masculina.
El gobierno chileno ha suscripto la Convención Interamericana de Belem do Pará sobre violencia contra las mujeres, ¿Qué resultados arrojó esta investigación al respecto?
Efectivamente, el estado chileno ratificó la Convención de Belém do Pará. No obstante, hay limitaciones en su aplicación que se relacionan con la falta de adecuación de la legislación vigente en lo que respecta a violencia contra la mujer, puesto que la Ley 20.066 (Ley de Violencia Intrafamiliar) sólo se refiere a violencia en el seno de la familia, dejando fuera otras expresiones de violencia contra las mujeres, como aquellas que evidenció el estudio: violencia en el “pololeo” (noviazgo), violación por parte de un extraño, abuso sexual en la infancia y violencia institucional.
La falta de reconocimiento práctico de que toda violencia contra la mujer es expresión de la desigualdad y discriminación que sufren las mujeres en su conjunto, y que éstas impiden o dificultan gravemente el ejercicio pleno de sus derechos, es un obstáculo para el diseño de políticas públicas conforme a las necesidades de las mujeres, el reconocimiento pleno de sus derechos y la potenciación de la igualdad entre los sexos.
En cualquiera de sus manifestaciones, la presencia de violencia contra la mujer restringe su derecho a la libertad – un derecho humano – en diversos ámbitos. Por ejemplo, quienes viven violencia en sus relaciones afectivas ven constreñida su libertad de desplazamiento debido a las conductas de control que ejercen sus parejas. Ello limita sus relaciones sociales primarias como su participación en redes comunitarias o institucionales.
La violencia actúa como un mecanismo que perpetúa las desigualdades en el acceso y manejo de los recursos por parte de las mujeres, reduciendo las posibilidades de que puedan actuar con autonomía.
¿Qué recomendaciones se han hecho al estado chileno a fin de avanzar respecto de la violencia y mujeres con VIH?
A partir de los resultados de la investigación, un grupo conformado por 14 organismos, entre los que se encuentran redes, organizaciones sociales y organismos no gubernamentales, hemos desarrollado 16 recomendaciones para políticas que aborden la violencia y el VIH, dirigidas al gobierno, al sector educativo y al sector de la salud.
Son 11 las recomendaciones que van dirigidas al gobierno, en las que se fundamenta la necesidad de una acción de carácter efectivamente intersectorial e integral, de modo a superar la fragmentación que presentan las intervenciones ante ambas problemáticas.
En términos generales, las recomendaciones enfatizan la promoción de una mejor articulación entre ministerios y programas de VIH/SIDA, salud sexual y reproductiva y violencia contra las mujeres; el desarrollo de acciones con el Servicio Nacional de la Mujer –SERNAM, el poder judicial y otros organismos, gubernamentales y no gubernamentales; y la garantía en la implementación efectiva del Protocolo de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales.
Además, hemos recomendado la implementación de un registro nacional unificado y sistemático de casos de violencia contra mujeres; el diseño y realización de programas para la prevención y tratamiento del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) en mujeres y niñas; el desarrollo de estrategias de prevención y promoción referidas a la violencia de género y a la feminización del VIH, dirigidas a mujeres jóvenes en situación de pobreza; el financiamiento de investigaciones sobre la relación entre violencia contra mujeres y niñas y el VIH/SIDA, de modo que sus resultados posibiliten el diseño de acciones eficaces; y la capacitación de personal de servicios públicos sobre la violencia contra mujeres y niñas y los vínculos existentes entre ésta y el VIH/SIDA e ITS.
Otras recomendaciones buscan integrar los servicios de prevención, prueba y consejería en VIH/SIDA a los servicios de asistencia a mujeres en situación de violencia; incluir en los servicios de consejería pre y post examen de VIH, herramientas para detectar situaciones de violencia; desarrollar estrategias comunicacionales para que el Estado cumpla su deber de informar y promover el ejercicio efectivo de derechos ciudadanos; cumplir con los compromisos internacionales suscritos por el Estado chileno en materia de derechos humanos, violencia contra las mujeres y VIH/SIDA; y cumplir con un compromiso firmado en la Primera Reunión de Ministros de Salud y Educación en 2008 para detener el VIH e ITS en Latinoamérica y el Caribe.
¿Cuáles son sus expectativas respecto de las recomendaciones surgidas de esta investigación y la orientación del nuevo gobierno chileno?
Esperamos que se dé continuidad a las políticas y programas en curso, tales como la provisión de tratamiento para quienes viven con VIH, así como también a los programas y servicios implementados para la atención de la violencia contra las mujeres.
Más allá del conservadurismo de la nueva coalición en el gobierno – ciertamente una limitante para abordar las recomendaciones propuestas –, lo importante es la concepción de derechos desde la cual se implementen las políticas, y cómo se piensan asumir los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que el Estado chileno ha contraído ante a la comunidad internacional y que ha ratificado el Parlamento.
Mientras no haya un reconocimiento de las desigualdades que generan las construcciones de género, las leyes y políticas que se instauren difícilmente potenciarán la igualdad sustantiva de las mujeres, el pleno ejercicio de sus derechos y su libertad y autonomía, especialmente en lo que concierne a la sexualidad y a la reproducción.
Fuente: Clam
