Sigue México sin registro confiable de feminicidios
En México, no existe un registro sistemático y confiable de feminicidios y desaparición de mujeres, además de que se carece de información actualizada y completa sobre todas las formas de violencia en contra de las mujeres, señala la Cámara de Diputados.
La Comisión Especial para conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios en el país, presidida por la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, señaló que además de estas herramientas, tampoco existen las que “aseguren el acceso a la justicia”.
No existen datos concluyentes, pero algunos informes hablan de cifras que oscilan entre 260 y 370 homicidios de mujeres entre 1993 y 2003. En cuanto a las desapariciones, las cifras varían entre 257 y 400 mujeres, en el mismo período, señala la edición especial del boletín trimestral de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2009.
Información de la Cámara de diputados señala que a nivel nacional, Chihuahua es la entidad con mayor incidencia delictiva del país, al registrarse 1 de cada 3 homicidios que se cometen a nivel nacional; además de situarse como el estado más violento del mundo. Los municipios más inseguros son Ciudad Juárez, Tijuana.
Tan sólo en Ciudad Juárez, la Red por los Derechos de la Infancia en México, ha señalado que más de 400 niñas, niños, y adolescentes han sido reclutados por el crimen organizado.
En su programa de trabajo la Comisión Especial, señala que el crecimiento del feminicidio y la desaparición de mujeres, jóvenes adolescentes y niñas en diversas entidades del país, es “invisible” ante la ola de muertos y ejecuciones por la “guerra contra el narcotráfico”.
Por lo que considera fundamental la actualización de la información y los datos sobre el número de homicidios y desaparición de niñas y mujeres en el país, así como de las características y causas que asumen.
La Comisión Especial añade que en el gasto presupuestal se asignaron recursos a fin de que las instancias involucradas en la implantación del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, contaran con lo necesario para desarrollar sus actividades, y construir los mecanismos indispensables para el despliegue de una política integral como la alerta de violencia de género, el banco de datos y el diagnóstico nacional.
Puntualiza que dará seguimiento a la ejecución del gasto y al cumplimiento de los objetivos del programa. “Para ello se analizará el desempeño de las dependencias y entidades a las que se destinaron recursos y el cumplimiento de objetivos, metas e indicadores.
También se busca dar seguimiento a las políticas de gobierno en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrar propuestas legislativas a partir de las recomendaciones internacionales en materia de feminicidios.
Cabe destacar, que los artículos transitorios de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), aprobada hace tres años, se establece la creación de un Diagnóstico Nacional y un Banco Nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, sin embargo, esto no se ha cumplido.
La Ley General entró en vigor el 2 de febrero de 2007, y su Reglamento fue publicado un año después, el 11 de marzo de 2008, pese a que el plazo era de 90 días posteriores a la publicación de la Ley en el Diario Oficial de la Federación.
La instancia responsable de crear dichos instrumentos es la Secretaria de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), y para su ejercicio fiscal 2010, le fueron asignados 123.7 millones de pesos.
La Comisión Especial para conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios en el país, presidida por la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, señaló que además de estas herramientas, tampoco existen las que “aseguren el acceso a la justicia”.
No existen datos concluyentes, pero algunos informes hablan de cifras que oscilan entre 260 y 370 homicidios de mujeres entre 1993 y 2003. En cuanto a las desapariciones, las cifras varían entre 257 y 400 mujeres, en el mismo período, señala la edición especial del boletín trimestral de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2009.
Información de la Cámara de diputados señala que a nivel nacional, Chihuahua es la entidad con mayor incidencia delictiva del país, al registrarse 1 de cada 3 homicidios que se cometen a nivel nacional; además de situarse como el estado más violento del mundo. Los municipios más inseguros son Ciudad Juárez, Tijuana.
Tan sólo en Ciudad Juárez, la Red por los Derechos de la Infancia en México, ha señalado que más de 400 niñas, niños, y adolescentes han sido reclutados por el crimen organizado.
En su programa de trabajo la Comisión Especial, señala que el crecimiento del feminicidio y la desaparición de mujeres, jóvenes adolescentes y niñas en diversas entidades del país, es “invisible” ante la ola de muertos y ejecuciones por la “guerra contra el narcotráfico”.
Por lo que considera fundamental la actualización de la información y los datos sobre el número de homicidios y desaparición de niñas y mujeres en el país, así como de las características y causas que asumen.
La Comisión Especial añade que en el gasto presupuestal se asignaron recursos a fin de que las instancias involucradas en la implantación del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, contaran con lo necesario para desarrollar sus actividades, y construir los mecanismos indispensables para el despliegue de una política integral como la alerta de violencia de género, el banco de datos y el diagnóstico nacional.
Puntualiza que dará seguimiento a la ejecución del gasto y al cumplimiento de los objetivos del programa. “Para ello se analizará el desempeño de las dependencias y entidades a las que se destinaron recursos y el cumplimiento de objetivos, metas e indicadores.
También se busca dar seguimiento a las políticas de gobierno en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrar propuestas legislativas a partir de las recomendaciones internacionales en materia de feminicidios.
Cabe destacar, que los artículos transitorios de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), aprobada hace tres años, se establece la creación de un Diagnóstico Nacional y un Banco Nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, sin embargo, esto no se ha cumplido.
La Ley General entró en vigor el 2 de febrero de 2007, y su Reglamento fue publicado un año después, el 11 de marzo de 2008, pese a que el plazo era de 90 días posteriores a la publicación de la Ley en el Diario Oficial de la Federación.
La instancia responsable de crear dichos instrumentos es la Secretaria de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), y para su ejercicio fiscal 2010, le fueron asignados 123.7 millones de pesos.
Por Gladis Torres Ruiz
Fuente: Cimac