La Huella Imborrables
Entre las décadas de 1980 y 2000 el Partido Comunista del Perú, conocido como Sendero Luminoso, se levantó en armas en el departamento de Ayacucho, uno de los más pobres del país. En respuesta, las fuerzas armadas emplearon una estrategia antisubversiva que incluyó el empleo sistemático de la tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. En el caso de las mujeres, adoptó la forma específica de violencia sexual.
En los cuarteles y bases militares instaladas en Ayacucho, y posteriormente en otros departamentos andinos donde tuvieron lugar acciones armadas, integrantes de las fuerzas armadas abusaron sexualmente de las mujeres durante sus incursiones militares y policiales a los caseríos, como una forma de tortura para obtener información y a manera de castigo o represalia por el presunto apoyo que la población pudiera haber prestado a los alzados en armas.
Esta situación se prolongó durante dos décadas y motivó reiterados llamados de atención de organismos internacionales de derechos humanos a los gobiernos de Fernando Belaunde, Alberto Fujimori y Alan García.
El testimonio de GG, una campesina quechua hablante del departamento de Ayacucho, es representativo del drama que vivieron muchas otras mujeres en las denominadas zonas de emergencia. A los 16 años ella quedó embarazada tras ser torturada y violada por siete comandos de la policía y tuvo que enfrentar una maternidad forzada que alteraría su vida para siempre. “…Entraron, durante toda la noche golpearme… después comenzó abusarme, violarme… esa noche me violaron siete (…). Examen médico me dijo que estás abusada, estás embarazada… Yo desde esa fecha quería matarme… Yo pensaba, ese producto… como un mostro será… ¿cómo estará creciendo en mi adentro?… cuántas, tantas personas me han abusado…”, relató GG ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
El caso de GG fue considerado emblemático por la CVR, establecida en el año 2001 por el gobierno de transición, nombrado después de la caída del régimen dictatorial de Alberto Fujimori. Su mandato fue investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas durante los años de la guerra interna y formular recomendaciones para que las víctimas accedieran a la justicia y la reparación, en el marco del proceso de pacificación del país.
De acuerdo con la psicóloga Elvira Ponte, los daños a la salud mental infligidos a las víctimas de la violencia sexual durante el conflicto armado se traducen en depresión, frustración e incapacidad de llevar una vida de pareja en condiciones de bienestar. Ponte, integra el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), organización feminista que desde hace más de cinco años realiza un trabajo multidisciplinario por la reparación integral de las mujeres víctimas de violencia sexual en el departamento de Huancavelica.
La psicóloga explica que el impacto del trauma sufrido por estas mujeres se suele manifestar en sentimientos de culpa y vergüenza, sobre todo en aquellas que quedaron embarazadas de sus agresores y que durante todo este tiempo han tenido que enfrentar el rechazo de su propia familia y de la comunidad. “La violencia sexual ha impactado negativamente en el proyecto de vida de las víctimas: muchas de ellas fueron abandonadas por sus parejas, sus familiares les han dado la espalda y son mal vistas por la comunidad. Todo ello ha agudizado la situación de pobreza y exclusión en que viven estas mujeres, quienes de esa manera son nuevamente victimizadas, sin que el Estado haga esfuerzos para proporcionarles justicia y reparación con la celeridad que el caso amerita”, argumentó la especialista.
Construyendo alternativas
Para ofrecer atención a las mujeres violentadas en Huancavelica, Demus realizó una experiencia piloto en Manta, uno de los distritos más afectados por la violencia política y la violencia sexual contra las mujeres. En esa pequeña comunidad campesina se asentó durante más de catorce años una base militar contrasubversiva, cuyos miembros fueron los principales perpetradores de las violaciones contra los derechos humanos de la población.
“En Manta, como en muchos lugares del Perú afectados por la violencia política, los comuneros sufrieron un quiebre en su historia personal y colectiva. Desde el primer encuentro con Manta, la población refirió confusión, miedo, angustia y desconfianza. Se trata de un sentimiento que involucra al colectivo social. Afecta a quienes vivieron la historia de violencia y a las siguientes generaciones”, señala la psicoanalista Tesania Velásquez, especialista que inicialmente tuvo a su cargo el trabajo realizado por DEMUS con las víctimas de violencia sexual en Huancavelica. Velásquez es autora del documento Violencia sexual en el conflicto armado: Algunas reflexiones a partir del encuentro con Manta, publicado en el boletín virtual de Demus.
Para abordar la compleja situación de Manta, Demus realizó una intervención de carácter multidisciplinario enmarcada en los enfoques de interculturalidad, género y derechos humanos. El trabajo impulsó procesos de reconstrucción del tejido social de la comunidad y a restablecer las redes de confianza y vínculo, para generar condiciones que permitan el ejercicio de derechos, así como la búsqueda de justicia y reparación individual y colectiva.
Todo ello requirió modalidades de intervención que no reprodujeran relaciones de poder, violencia y exclusión, en donde las personas a cargo de su implementación sintieran empatía por la población. En esa perspectiva, el enfoque intercultural ofreció las herramientas para recrear formas de relación diferentes con las mujeres y la población en general, que permitieran hablar de lo sucedido, identificar la violencia como un factor perturbador en la vida de las personas y prevenir que siguiera sucediendo, y con ello restablecer el “Allín kausay”, o el principio del buen vivir de la cultura andina.
La experiencia acumulada en los últimos años ha permitido a DEMUS construir un modelo de promoción de la salud mental basado en la movilización de recursos comunitarios, y en la sensibilización y capacitación del personal de los establecimientos de salud de la región. Según relata Elvira Ponte, “en esta propuesta es indispensable que los operadores del sistema de salud tengan la capacidad de brindar una atención de calidad, con respeto por las diferencias sociales y culturales, con buen trato y empatía hacia las usuarias de los servicios”.
La apuesta de Demus es transferir este modelo de intervención en salud mental a la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, para ser aplicado en los hospitales y centros asistenciales de esa jurisdicción para el abordaje de los casos de violencia de género.
De forma paralela, la organización feminista ha gestionado ante el gobierno local la promoción de acciones simbólicas de reparación para las mujeres afectadas por la violencia sexual durante la guerra interna. Así, Demus ha logrado que la municipalidad provincial de Huancavelica disponga que el 25 de agosto de cada año se conmemore el “Día de Reconocimiento a las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado” y que destine dentro de una plaza céntrica un espacio para sembrar rosas que representen a las mujeres violentadas.
“Este tipo de medidas contribuyen a hacer visible la realidad que vivieron durante dos décadas las mujeres de Huancavelica y a dignificarlas ante los ojos de toda la población. De esa manera se ayuda también a cicatrizar las heridas que aún siguen abiertas y a avanzar en el proceso de reconciliación”, señala un comunicado institucional.
No más indiferencia ni impunidad
Mientras tanto, las políticas de reparación que impulsa el gobierno central por recomendación de la Comisión de la Verdad avanzan lentamente y tienen un alcance limitado respecto a los tipos de violencia sexual padecidos por las mujeres durante el conflicto armado.
El Programa Integral de Reparaciones solo reconoce entre sus beneficiarias a las víctimas de violación sexual, sin hacer visibles otras modalidades de violencia sufridas por las mujeres, como la esclavitud sexual, el ser obligadas a desnudarse, las uniones y embarazos forzados, entre otras situaciones que causaron daños en la salud sexual y reproductiva y en la estabilidad emocional de las víctimas.
Recientemente generó estupor entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos el anuncio del Consejo Nacional de Reparaciones de que 146 de las 893 mujeres que se inscribieron en el Registro de Víctimas habían fallecido en los últimos años sin haber recibido el resarcimiento que les correspondía.
Luego de siete años de haberse emitido el informe Final de la Comisión de la Verdad, sus recomendaciones para la reparación integral de las víctimas de la violencia política, incluyendo a las mujeres violentadas sexualmente siguen siendo una signatura pendiente.
Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres demandan políticas efectivas que, además de reparación económica y simbólica, brinden atención a la salud mental de las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y su acceso a oportunidades de capacitación y desarrollo. Uno de los aspectos claves de las demandas es la sanción a los responsables de esas violaciones a los derechos humanos, para generar las condiciones que impidan que estos hechos se repitan.
Fuente: Clam
