Chile: Los derechos que no son
En Chile, la salud fue un derecho por igual para hombres y mujeres hasta la dictadura militar de Augusto Pinochet, que instauró el sistema de salud privado, dividiendo así entre quienes pueden pagar por una salud eficiente y de primer nivel, y otra pública en la que se depende de las listas de espera y de la demanda, que siempre supera la capacidad de respuesta. Mientras 75,6 por ciento de los hombres cotizan en la salud pública, las mujeres lo hacen en 80,1 por ciento. Esta cifra se entiende, ya que los planes de las ISAPRES (Instituto de Salud Provisional) -sistema de salud privado- para mujeres entre 20 y 60 años triplican los precios de los cotizantes varones, según el estudio de la Corporación Humanas "Radiografía de la desigualdad", publicado en 2009. Para que el costo de las ISAPRES no sea tan alto, muchas mujeres contratan planes "sin útero", lo que significa que sus embarazos y partos no son cubiertos. El propio Ministerio de Salud reconoció en 2002 que los co-pagos de las mujeres en el sistema de salud privado son 36 por ciento más alto que el de los varones, sistema que además no acepta en sus listas a mujeres ya embarazadas o personas con enfermedades previas a la inscripción. Tener un parto en el sistema de salud público implica que las mujeres no pueden elegir al personal profesional a cargo, o el establecimiento donde se realizará. En caso contrario, deben desembolsar el dinero suficiente que cubra la elección. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS 2007), la práctica de los servicios públicos en la regulación de la fecundidad revela un sesgo de género, pues sólo 0,6 por ciento de los usuarios de métodos anticonceptivos corresponden a hombres; mientras que por cada vasectomía practicada a un hombre se producen 250 esterilizaciones a mujeres. Por otra parte, la misma fuente señala que casi nueve de cada 10 pacientes atendidos por depresión en el sistema de atención primaria son mujeres. Derecho al aborto Karen Espíndola solicitó públicamente interrumpir su embarazo en 2008, al enterarse de la gravedad de diagnóstico del hijo que esperaba y que era incompatible con la vida. Buscó soluciones legales e ilegales, y no encontró quien la ayudara, porque en Chile las interrupciones están prohibidas en todos los casos, incluso si el hijo o hija no tiene posibilidades de vivir, es producto de una violación o la vida de la madre corre peligro. Osvaldo nació hace dos años y vivió, al contrario del diagnóstico médico. O más bien sobrevivió al embarazo. Al nacer se comprobó que padecía de holoprosencefalia semilobar, una malformación del cráneo resultado de que el lóbulo frontal del cerebro del embrión no se divide durante las primeras semanas de gestación y, por tanto, no se forman adecuadamente los hemisferios izquierdo y derecho. Hoy, la ficha médica de Osvaldo es mucho más larga que cuando nació: "Tetraplejia espástica, epilepsia en grado 2, microcefalia, hipotiroidismo, laringomalacia (subdesarrollo de la garganta), insuficiencia renal, retraso mental severo, desnutrición, alteración de la deglución. Todas estas patologías, además de la gastrectomía (remoción total o parcial del estómago) que le tuvieron que realizar para alimentarlo por sonda", cuenta Karen, su madre, a SEMlac. Pese a que el Estado chileno le negó a Karen la posibilidad de un aborto, este mismo Estado no se hace cargo de la salud de Osvaldo una vez nacido, lo cual significa un descomunal gasto monetario y de otros recursos para ella y su familia. Cuando quiso abortar, tuvo miles de ojos encima; hoy, cuando trata de salir adelante con su hijo, se encuentra más sola que nunca. Incoherencias que las mujeres en Chile deben vivir día a día porque, desde 1989, la dictadura de Augusto Pinochet abolió la posibilidad legal del aborto terapéutico, que hubiera permitido a Karen interrumpir un embarazo problemático. Para esta mujer, "vivir no es respirar". Por eso cree que las interrupciones, en casos como el suyo, son un tema de humanidad. Hoy se encuentra con una depresión que la ha llevado a querer quitarse la vida y a estar internada en un sanatorio psiquiátrico, porque no soporta ver el sufrimiento diario de su hijo y se siente atada de manos, sin poderle dar a Osvaldo todos los tratamientos que requiere. Los mismos que antes la obligaron a parir, hoy están ausentes. "En el Ministerio de Salud siempre me dijeron que mi caso era especial y que me ayudarían. Pero a la hora de la verdad -esto es, cada vez que debo ir al hospital-, debo pasar malos ratos y reclamar para conseguir ayuda para el asunto específico. Francamente, es indignante, impresentable y vejatorio el trato que hemos recibido", señala Karen. Chile es uno de los tres países en el mundo -junto a El Salvador y Nicaragua- que prohíben el aborto en todos los casos. Al mismo tiempo, esta nación cuenta con una salud privada costosa y una pública deficiente. El plan AUGE —que financia enfermedades graves en la salud pública— costea solo cinco de las más de 300 enfermedades congénitas existentes. Por otro lado, en el sector privado cobran un alto costo por incorporar a alguien con los antecedentes médicos de Osvaldo y no están obligados a aceptarlo. "La expectativa de vida de estos niños, y su calidad, dependen de los cuidados que tengan. La paradoja es que nosotros somos demasiado pobres como para costear doctores y tratamientos privados que eleven la calidad de vida de nuestro hijo, pero somos demasiado ricos como para ser beneficiarios de la escasa ayuda que entrega el gobierno a personas en nuestra situación", explica Karen a SEMlac. Esta chilena continúa creyendo que el aborto es una salida en casos como el suyo: "La enfermedad en sí es dura, muy dura, pero en tu propio hijo, es lo más fuerte que existe. Es contra natura, irracional, injusta. El dolor, el peor que existe. Cuando miro a mi hijo y no está bien -que ya son más días que los buenos-, no veo felicidad. Y cuando está algo mejor, sufro porque puedo ver tras su minusvalía un gran potencial frenado por la cruel enfermedad. Como si fuera dos personas en una", indica. Karen no es la única a favor de las interrupciones de embarazo: la encuesta que Corporación Humanas realizó en 2008 indicó que 79 por ciento de las mujeres chilenas está de acuerdo con la legalización del aborto terapéutico. Se calculan entre 160.000 y 200.000 los abortos clandestinos por año en el país. Anticoncepción de emergencia Las interrupciones de embarazo no son lo único ilegal en Chile. Cuando el Ministerio de Salud introdujo en 2006 la llamada "píldora del día después" para todas las mujeres, que previene embarazos tomándola hasta 72 horas después de un acto sexual sin protección, la derecha y la Iglesia católica adujeron que era abortiva y, por tanto, ilegal. Con este argumento, 36 diputados de derecha tramitaron la inconstitucionalidad de las Normas Nacionales de Control de Fertilidad ante el Tribunal Constitucional, institución que en abril de 2008 prohibió la distribución del fármaco en los servicios públicos de salud. La pelea fue dura. Alrededor de 15.000 personas se reunieron en la calle para exigir derechos sexuales y reproductivos en lo que los medios de comunicación llamaron "Pildoraza". Como nunca en Chile, mujeres y hombres, especialmente jóvenes, salieron a las calles a protestar por el retiro de la píldora de los consultorios de salud, puesto que en las farmacias privadas siempre se ha vendido. El punto era que, con dinero, se tenía acceso a ella y, sin dinero, se negaba, en un país donde la maternidad adolescente llega a 15 por ciento, lo que redunda en que más de 12 por ciento de las mujeres entre los siete y 24 años de edad no asiste a centro educacional alguno, por ser madre o estar embarazada, según el Informe de derechos humanos de Corporación Humanas, divulgado en 2009. En 2008, el colectivo "Mujeres Públicas" lanzó una acción de Apostasía, masiva, consistente en que aquellas personas que hubiesen sido bautizadas por la Iglesia Católica pidieran su excomunión por no compartir la censura de esta institución a un derecho fundamental para las mujeres, como la anticoncepción de emergencia. Más de 500 personas exigieron no continuar siendo parte de esta iglesia. En el blog que convocó a la Apostasía, el colectivo feminista señala: "Exigimos nuestro derecho a no formar parte de una institución que atenta contra la libertad de las personas y que interviene directamente en las políticas públicas en materia de sexualidad y reproducción. Queremos un Estado laico que represente a la totalidad de los ciudadanos y ciudadanas; en el papel, la Iglesia y el Estado se separaron hace muchos años, hoy queremos que esta separación sea real. La democracia es laica, si no, no es democracia". Según la encuesta de Corporación Humanas de 2008, 80 por ciento estuvo en contra de la decisión del Tribunal Constitucional de prohibir la entrega de la anticoncepción de emergencia en la salud pública. En la actualidad, la píldora se entrega en cada municipio según decisión reservada del alcalde o la alcaldesa, y en la práctica este fármaco es difícil de encontrar en el comercio, puesto que las farmacias dejaron de venderla. Esta resolución implica que, en los municipios dirigidos por la derecha, se niega la entrega de la píldora en los servicios de salud. Esto sucede en el mismo país que tiene una cifra de un 15 por ciento de nacimientos correspondientes a madres menores de 20 años, y en el que un 12,3 por ciento de mujeres entre siete y 24 años no asiste centros educacionales por ser madre o estar embarazada, según el informe sobre derechos humanos 2009 de Corporación Humanas. VIH-Sida Según el MINSAL, 60 por ciento de las notificaciones e infecciones de transmisión sexual (ITS) corresponde a mujeres, cifra que se incrementa a 72,8 por ciento en adolescentes. En ellas, 50 por ciento e las ITS notificadas corresponden a condiloma, 12,6 por ciento a sífilis y 11,5 por ciento a candidiasis genital. La más grave de las ITS, el VIH, se ha feminizado en el mundo y también en Chile. Según CONASIDA (Corporación Nacional del Sida), hace 15 años había 6,5 hombres con VIH por cada mujer con esta condición. Entre 2003 y 2007, la cifra se estabilizó en 3,7 hombres por cada mujer. Sin embargo, cada vez que se han hecho campañas públicas para informar sobre el VIH, instituciones católicas —como el canal 13 de televisión— se han negado a difundir el uso del preservativo, argumentando que la única forma cien por ciento segura de prevenir este virus es la abstinencia y la pareja única. La feminización el VIH/sida no es la única brecha de género en este ámbito, según documenta el informe presentado por el Centro de Derechos Reproductivos, con sede en Nueva York, y la organización no gubernamental chilena Vivo Positivo, que documenta casos de tratos discriminatorios a madres con VIH. El informe "Dignity Denied" señala que las esterilizaciones forzadas a mujeres VIH positivas en Chile eran habituales antes de 2000, cuando se revisaron sus leyes sanitarias para incluir el concepto de "consentimiento informado". Sin embargo, un estudio de Vivo Positivo de 2004 evidenció que 29 por ciento de las participantes -todas mujeres seropositivas- señalaron que fueron presionadas en los servicios de salud para esterilizarse, y 12,9 por ciento dijo haber sido esterilizadas sin mediar su consentimiento. Otro problema que revela una brecha de género es la vinculación entre violencia y VIH/sida. El 2009, la Fundación EPES (Educación Popular en Salud) publicó un informe llamado "Dos caras de una misma realidad: Violencia contra las mujeres y feminización del VIH/sida", realizado a partir de un estudio con un centenar de mujeres con VIH. Según la investigación, una de cada dos mujeres con VIH vivieron violencia de cualquier tipo, de manera previa al diagnóstico, y una de cada tres de estas últimas sufrieron violencia múltiple, referida a más de un tipo de violencia. Del total de la muestra, una de cada 10 vivió todos los tipos de violencia que fueron estudiadas (abuso sexual, violencia física, sicológica y sexual). Respecto al interés en vincular violencia-mujeres-VIH, María Eugenia Calvin, de EPES, indicó a SEMlac: "Hay investigaciones de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) que señalan la prevalencia de violencia en mujeres que viven con VIH. Estas dos pandemias se trabajan de manera separada, pero la violencia es un factor de vulnerabiliad para el VIH y viceversa". Fundación EPES denunció, tras la investigación, la falta de estudios oficiales que articulen las estadísticas de violencia de género con la feminización del VIH, y la falta de programas y campañas dirigidas especialmente a las mujeres. "La experiencia de violencia hace que una mujer no pueda imponer medidas de prevención, no puede controlar el uso del condón y por lo tanto viven relaciones sexuales no siempre consentidas", señaló María Eugenia. Al mismo tiempo, la especialista indicó que, además, las mujeres viven el VIH con mucha discriminación, porque se asume que son "poco castas, prostitutas o tuvieron muchas parejas". Cáncer El cáncer de mamas ocupa el primer lugar como causa de muerte por cáncer en Chile y provoca el fallecimiento de unas 2.000 mujeres al año por esta causa. De las 10 primeras causas de mortalidad femenina en Chile entre los 20 y los 44 años, se encuentra en cuarto lugar el cáncer de mamas, en quinto el de cuello uterino y en el décimo el de ovarios. Entre las mujeres de 45 a 66 años, el tumor de mamas avanza hasta el tercer lugar de todas las causas de mortalidad femenina en Chile, según datos del MINSAL. Por ello, en 2009 el colectivo "Memoria Feminista" inició una campaña que tiene por objetivo reunir firmas para exigir vacunas gratuitas en los centros de salud para prevenir el cáncer uterino producido por el virus papiloma humano (VPH). En algunos países como España y México, esta vacuna se distribuye gratuitamente a las mujeres. En cambio, en Chile solo está disponible en clínicas privadas y tiene un costo que asciende a los 600 dólares estadounidenses, por lo que mujeres sin recursos económicos no pueden acceder a la prevención de esta enfermedad por esa vía. Los derechos que no son Para Adriana Gómez, coordinadora de Comunicaciones de la Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe (RSMLAC), "el impacto de la penalización absoluta del aborto, las restricciones de acceso a la anticoncepción de emergencia, el discurso fundamentalista que permea las políticas públicas del área, el discurso pronatalista del gobierno de derecha, la estigmatización y restricción de la sexualidad adolescente, recaen con especial fuerza en la vida y salud de las mujeres, en especial las más pobres y las más jóvenes", señaló a SEMlac. Desde su propia experiencia de vida, Karen Espíndola comparte la visión de una iglesia católica demasiado entrometida en la vida sexual de las mujeres en Chile: "Como dije anteriormente, yo respeto todas las creencias religiosas; se debe dejar fuera los argumentos religiosos para imponer conductas, entender que el debate sobre el aborto terapéutico no se trata de un asunto maniqueo: de buenos versus malos; de personas pro vida versus personas anti-vida", señaló. "En efecto, lo esencial para abrir un debate, con altura de miras, es saber que ambas posturas pueden perfectamente fundarse en el amor. La diferencia es que el amor se observa desde distintos prismas. Precisamente por eso, creo que debe ser una opción", añadió. RSMLAC lanzará en 2011, como cada año, la Campaña Permanente por la Salud Integral y los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de Mujeres y Niñas, en conmemoración del 28 de Mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. La coordinadora de comunicaciones señala que la campaña "pretende constituirse en un proceso continuo y sostenido, y articulado con todas las organizaciones de nuestra membresía, para lograr transformaciones estructurales que permitan mejorar sustancialmente la vida de mujeres y niñas". Estadísticas:
