Nicaragua, donde la violencia institucional le pega a las mujeres
ada 20 minutos una mujer nicaragüense de cualquier edad es víctima de violencia intrafamiliar o sexual, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Pero lo más grave es que las cifras frías indican que ha crecido la cantidad de denuncias sobre violencia y ha disminuido la cantidad de agresores sancionados por estos delitos, dijo María Teresa Blandón del Movimiento Feminista de Nicaragua.
“Nos preocupa que el Estado no asuma con seriedad la prevención de la violencia”, explicó Blandón al recordar casos emblemáticos de violencia en los que el Poder Judicial ha demostrado que no tiene un compromiso serio para prevenirla.
Tal es el caso Fátima Hernández, una joven víctima de violación sexual cuyo agresor fue condenado en primera instancia a seis años de cárcel, pero que al final la Corte Suprema de Justicia dejó libre.
EJEMPLOS DE IMPUNIDAD
Otro caso más reciente es el de Prinzapolka, una niña de una comunidad del Caribe nicaragüense que quedó embarazada tras una violación.
Blandón recordó que tras el parto, Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, declaró que la familia de la niña se reservaba el derecho de denunciar al violador, cuando por ser una importante figura pública debió exigir inmediatamente la sanción para el delincuente al tratarse de un delito y no de un asunto privado, criticó.
También la falta de independencia de los poderes afecta los derechos de las nicaragüenses. La Corte Suprema de Justicia al responder a los intereses de las dirigencias partidistas no ha resuelto los recursos de inconstitucionalidad que presentaron desde hace cuatro años organizaciones de mujeres contra la penalización del aborto terapéutico.
El Estado nicaragüense sigue sin ratificar los protocolos de la CEDAW y la Corte Penal Internacional, con los que las mujeres que se sientan agredidas podrían denunciar casos particulares ante ambas instancias.
Al parecer al Estado no le interesa que las mujeres tengan esa protección, dijo la dirigente del Movimiento Feminista Nicaragüense.
Azalia Solís, coordinadora política del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), consideró que a pesar de las demandas de las organizaciones de mujeres para que el Estado ratifique esos instrumentos internacionales, las actitudes demuestran que no hay voluntad de parte de las autoridades para ello.
VIOLACIONES A LOS DH
De los 30 Derechos Humanos (DH) para las mujeres contenidos en la CEDAW, los más elementales no se están cumpliendo en Nicaragua, lamentó María Teresa Blandón.
La violación más grave es al derecho a la vida: Hay una desprotección de las mujeres con la penalización del aborto terapéutico, también hay una violación al derecho de la libertad, las mujeres no pueden elegir libremente cuando tienen que cargar con embarazos producto de violación, no pueden tomar decisiones sobre su propia vida, advirtió la activista.
Incluso el derecho a la educación sexual es limitado en Nicaragua al no usarse el Manual de Educación Sexual aprobado por el gobierno tras las presiones de organizaciones de mujeres, y del cual no se tiene información sobre su aplicación, dijo Blandón.
Agregó que esto también influye en que Nicaragua tenga uno de los niveles más alto de embarazos adolescentes en la región.
El 2011 dejó muchos pendientes de parte del Estado hacia las mujeres, tales como destinar un presupuesto específico para la salud sexual y reproductiva. No se tiene información de una política clara del Ministerio de Salud sobre estos temas, añadió la feminista.
Otro pendiente es el incumplimiento del Estado en la entrega de su sexto informe a la CEDAW, en junio pasado. El Movimiento Feminista Nicaragüense entregó a la CEDAW su informe alternativo, el cual no pudo ser contrastado por el incumplimiento del gobierno.
DÉFICIT DE CIUDADANÍA
El desempleo afecta también a las nicaragüenses, quienes se ven obligadas a trabajar en el sector informal, y aunque hay programas sociales aplicados por el gobierno como el Hambre Cero y Usura Cero, estos se ven como dádivas y no como derechos de la ciudadanía, ya que el Estado no fomenta la institucionalidad, dijo Azalia Solís.
La dirigente del MAM consideró que siguen pendientes el establecimiento de la institucionalidad democrática, el Estado laico, políticas de población, justicia social y la democracia de género, toda vez que ninguno de estos temas están contemplados en el programa de gobierno y mucho menos en la oposición, observó.
La aprobación en diciembre pasado de la Ley Integral a favor de las Mujeres es visto como un logro de las organizaciones de mujeres, no es un regalo del gobierno, es un derecho que nos hemos ganado, subrayó Sandra Ramos, del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra.
La lucha de las mujeres apenas comienza porque falta ratificar en lo particular esa ley y luego su aplicación, porque no basta sólo tener el marco jurídico, se requieren recursos humanos y materiales para su implementación, apuntó Blandón.
Esperamos que se respete lo que se aprobó en lo general y que el Estado garantice las condiciones para su aplicación, sostuvo Azalia Solís, quien resaltó que en 2012 el MAN estará atento al respecto.
Por Nelson Rodríguez, corresponsal
Fuente: Cimac Noticias
