El flagelo del tráfico de personas "Las mujeres en la mira"
Latinoamérica es una de las regiones más afectadas. Una verdadera explotación de género. Los grandes medios de comunicación guardan silencio.A pesar de que el tráfico de personas sea una cuestión poco difundida dentro de la sociedad latinoamericana, éste es un grave conflicto que azota sobre todo a las zonas más pobres de la región y que afecta entre 600.000 y 800.000 personas víctimas de trata.
Según un informe realizado por la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas, más de cinco millones de mujeres y niñas son víctimas de tráfico de personas en América Latina y el Caribe. Así lo declaró Teresa Ulloa Ziaurriz, directora de la organización, quién, además, agregó, en el marco del foro Experiencias exitosas de atención a víctimas, que más de 500 mil de todos esos casos tienen lugar en México.
De acuerdo a lo establecido durante el foro, en el país azteca las protagonistas de estos secuestros son utilizadas con fines de explotación sexual y laboral, pornografía y tráfico de órganos humanos.
A pesar de que en muchos casos el tráfico de órganos sea considerado una fantasía que se halla en el imaginario de la sociedad, existen hechos comprobables de desapariciones repentinas de hombres y mujeres que luego son convertidos en donantes de órganos ilegales.
No obstante, este entramado mafioso que conjuga prostitución, drogas, venta de órganos y demás tiene como común denominador, según se expuso en el foro organizado por el Instituto Coahuilense de las Mujeres, al poder político y policial, convirtiendo a la trata de personas en la tercera industria ilícita más poderosa del mundo.
Colombia, por su parte, según fuentes oficiales, es considerada como el país latinoamericano más utilizado como puerto de tránsito de mujeres secuestradas con fines sexuales de los países vecinos como Ecuador, Perú y Bolivia.
Durante la "Conferencia Regional Trata de Personas: Teoría y Práctica en la Cooperación Regional e Internacional", organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito (UNODC) y la Embajada de Suecia en Colombia, realizada en Bogotá se llegó a la conclusión de que los conflictos internos por los que traspasa Colombia, en estos últimos años, han contribuido al crecimiento del tráfico de personas.
Según el ministro del Interior y Justicia colombiano, Sabas Pretelt de la Vega, el tráfico de personas "es una nueva forma de esclavitud".
Sin embargo, cabe destacar que Colombia no sólo cuenta con un alto índice de mujeres secuestradas para su explotación sexual, sino que también con un gran número de ciudadanos comunes arrebatados forzosamente de sus hogares o fusilados desde la implementación del Plan Colombia promulgado desde las entrañas del gobierno de Álvaro Uribe y con el apoyo militar de Estados Unidos.
Sandra Valle, representante regional de la UNODC, destacó que el delito de tráfico de personas es "el negocio de más rápido crecimiento del crimen organizado, con ingresos de entre 7.000 millones y 12.000 millones de dólares al año".
Si bien las cifras de las que se habla llaman la atención, se debería entender a la cuestión de la “trata de blancas” y del tráfico de personas no sólo desde el punto de vista monetario sino que, por sobre todo, desde la arista de los derechos humanos, los cuales son violados a ultranza en cada uno de los casos que se dan a diario en Latinoamérica.
Para conocer estos, basta con escuchar alguno de los crudos testimonios de las personas que son recuperadas luego de años de cautiverio obligado.
Estos delitos transnacionales -ya que en la mayoría de los casos las personas sometidas a los traficantes son llevadas por fuera de las fronteras de sus países de origen- son considerados como crímenes de lesa humanidad por el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de niños y mujeres.
Muchos de las individuos obligados a abandonar sus países y llevados a regiones lejanas para ser vendidos como mercancías, son devueltos por los proxenetas en la medida en que dejan de serles útiles, rigiéndose de esta manera una lógica capitalista tal como se utiliza con la mercancía pero con la diferencia de que lo que está en juego son vidas humanas.
Según especialistas de la End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) demostraron que más de 21 mil centroamericanas, en su gran parte menores de edad, son obligadas a prostituirse en 1.552 bares y burdeles de Tapachula, México.
La coordinadora subregional sobre Tráfico y Trata de personas de Save the Children-Suecia, Ana Salvadó, aseguró que la pobreza, la falta de trabajo o la búsqueda de una vida mejor, son algunas de las causas que exponen a miles de personas a la posibilidad de ser traficadas.
Éstas jóvenes son vendidas a unos pocos dólares por los traficantes, tal como lo expuso la revista mexicana Contralínea, que documentó que las redes mafiosas actúan al amparo de la corrupción de autoridades locales y federales del país azteca.
Algo similar ocurre en Argentina, dónde, sobre todo, el noroeste del país se encuentra repleto de prostíbulos que explotan a las jóvenes recluidas allí en contra de su voluntad y sometidas no sólo a la humillación sexual sino que a la violencia extrema y al consumo de sustancias tóxicas para que sean más “serviciales” con el cliente.
Esto fue expuesto y sacado a la luz desde que se dio a conocer el caso de Marita Verón, uno de los más resonantes de los últimos tiempos. Marita Verón es una joven tucumana que con sólo 23 años fue raptada y ya lleva 5 años desaparecida.
Desde el primer día de su desaparición, sus padres comenzaron una búsqueda incansable hasta llegar a la hipótesis -ya confirmada- de que su hija fue llevada por una red encargada de secuestrar jóvenes para prostituirlas en el noroeste argentino o venderlas a países como España.
Este entramado mafioso fue denunciado por Susana Trimarco, quién se infiltró en ese mundo, simulando ser una prostituta más para llegar a la verdad sobre la desaparición forzada de Marita. Desde ese lugar, pudo recuperar a 19 adolescentes que eran obligadas a trabajar vendiendo su cuerpo, luego de haber sido extraídas de sus hogares y de sus vidas cotidianas.
Tal como lo denuncia la página web oficial del Caso Verón, a pesar de que la trata de blancas en el norte argentino es de “conocimiento público, ningún fiscal ha promovido investigación alguna y se guarda riguroso silencio oficial sobre el tema”.
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Por María Eva García Simone
Fuente la Redacción de APM
megarciasimone@prensamercosur.com.ar
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