“Ha habido una deficiencia en la educación para la democracia”
"Así, se refiere Danae Mlynarz ex Defensora Ciudadana y hoy en día una de las pocas candidatas a Alcaldesa en Chile, y en esta caso de la comuna de Ñuñoa, quien asegura que falta educación cívica que no sólo enseñe los derechos de las personas, sino que también sus deberes. Esto, porque si bien el ciudadano ve vulnerados los primeros, hoy su reacción es agresiva hacia el funcionario público". La entrevista podría ser entendida como un balance, pero no pretende serlo. Nos recibe a minutos de cruzar a La Moneda para entregarle a la Presidenta su renuncia al cargo de presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana.
Danae Mlynarz (34 años) arribó a ella en medio de una polémica; su antecesora criticó la falta de compromiso del Gobierno con esta repartición y se cuestionó su capacidad real de ejercer una fiscalización sobre el aparato estatal y otros servicios públicos, incluidos el malogrado Transantiago, debido a que está casada con el entonces subsecretario de Transporte, Danilo Nuñez, con quien tiene dos hijas de 2 años y 10 meses.Socialista, cientista política, asistente social y concejala de Ñuñoa, ahora va por el sillón edilicio. Por eso se aleja de la comisión sin antes declararse satisfecha por el hecho de que en su corta gestión se reactivó el proyecto de ley que crea el Ombusdman.
-¿En el tiempo en que estuviste en el cargo, enviaste los reclamos del Transantiago a Transporte?
“Sí, varios, justo cuando Danilo estaba en el cargo fue cuando más número de reclamos se presentaban en la comisión”.
-La pregunta anterior tiene que ver con el hecho de que muchos señalan que el talón de Aquiles de esta comisión es que no es autónoma y por lo tanto, no puede cumplir correctamente su misión.“Comparto plenamente esa visión y lo que hemos hecho es reactivar el proyecto de ley que crea el Ombusdman o Defensor del Pueblo porque, sin duda, si esta institución no existe con autonomía, con rango, con financiamiento, además, con el reconocimiento de las instituciones con respecto a su labor, es imposible que los derechos de las personas estén resguardados”.
-Pero el proyecto no avanza. Sigue en la Cámara sin ser votado en la sala.
“Durante los 17 años de gobiernos de la Concertación han existido 4 proyectos; el último ingresó en 2003 y no se había movido nada, nosotros en junio del año pasado le metimos indicaciones y ahí, por primera vez, comenzó su discusión en la comisión de DD.HH.. Tras ser aprobado, pasó a sala, pero la comisión de Constitución pidió revisarlo y ahí está radicado. Tienen 30 días para discutirlo y si no lo hacen, el Ejecutivo debería pedir su traslado a la sala.“Nosotros como oficina funcionamos intentando hacer lo más posible, porque no existe nada más. Además, la experiencia nuestra de atención de casos de vulneración de derechos ha servido para la discusión legislativa; hemos aportado cifras para mostrar lo que está pasando en el ámbito”.
-¿Dónde están los topes del proyecto?
“La mayor traba es que como es una institución de contrapeso, hay muchas otras instituciones que creen que les va a quitar relevancia, ámbitos de acción o espacio de poder. Los parlamentarios, la Contraloría y el Poder Judicial sienten que la existencia del Ombusdman se mete en los roles que ellos están hoy ejerciendo, pero eso es desinformación”.
-Tu antecesora se fue diciendo que a esta comisión ‘no la pescaban ni en bajada’; podríamos extrapolar esto a la actitud que tiene el aparato público con el ciudadano. Hay una cultura del servicio público de no pescar a la persona que lo requiere.
“Hay una cultura del funcionario que, muchas veces, no considera al ciudadano en la atención, sin embargo se han hecho esfuerzos para intentar revertir esta situación y podría decir que hemos ayudado en demostrar el desagrado de la gente, siendo la Presidenta y el ministro (de la Segpres) receptivos en cuanto de que hay una necesidad de cambiar esa cultura funcionaria. Se tiene el diagnóstico y hay un plan a futuro para revertir esta situación”.
Danae Mlynarz explica que lo anterior ha dado paso a programas de capacitación de los funcionarios que dirige el Servicio Civil en cuanto a mejoras en los tiempos de atención, respuesta y transparencia, así como en la creación de las oficinas de reclamos en los servicios públicos. También señala que cada servicio público tiene hoy la obligación de exponer visiblemente sus ‘cartas de derechos’ que contienen los derechos que las personas pueden exigir en ese servicio, y tienen que ser en lenguaje comprensible, sin obviedades.
-¿No será necesario, para cambiar esta cultura funcionaria, por decir prepotente, una reforma radical del aparato estatal como lo planteó el ministro del Interior?
“Nos reunimos con el ministro del Interior y le planteamos que no puede haber modernización del Estado sin pensar en el ciudadano, en las personas. Modernización no puede ser llenar todo de computadores, hacer los trámites más fáciles o instalar call center –que personalmente no puede ser más desagradable-, si no que tiene que ver con atender a la gente de mejor manera; es un nuevo trato y Pérez Yoma coincidió con nosotros en que ese aspecto debe ser considerado en la reforma.“Ahora, quiero hacer un hincapié: cuando se habla de la prepotencia de los funcionarios.
Hoy tenemos muchas críticas de ellos en orden a la agresión que están sufriendo, a que las personas también son cada vez más prepotentes. Nos llegan denuncias de funcionarios que han sido maltratados psicológica, física y sexualmente. Esto ya no es sólo de un lado”.
-Eso da cuenta de la violencia incubada en la sociedad toda, ¿pero puede deberse esto a que el ciudadano se siente más empoderado?
“Sí, efectivamente la gente tiene más conciencia de sus derechos; ahora el tema de la vulneración de derechos no se da sólo en el ámbito del servicio público.
La gente siente que donde más se vulneran sus derechos es en el ámbito laboral lo que es un tirón de orejas a los empresarios respecto de cómo tratan a sus trabajadores. Luego, viene la municipalidad que es el servicio público descentralizado y, por último, el servicio públicos. Está claro que estamos mal y en general, la gente se siente maltratada.“Por eso, como sociedad tenemos que ver cómo resolvemos este malestar, porque no lo podemos hacer tirándonos el pelo o golpeando al funcionario. Se debe saber canalizar para tener una mejor convivencia ciudadana lo que es un tema mayor”.
-Ok, puede ser que el empoderamiento no haya sido el más correcto, ¿pero estaba la democracia, la clase política y las instituciones preparada para ello?
“Creo que no estábamos del todo preparado ni como administración, ni como sociedad desde el punto de vista de la educación cívica, referido a los derechos ciudadanos y la forma cómo se ejercen. Si tuviéramos mayor información y claridad sobre nuestros derechos sería más fácil todo, no andaríamos como bola guacha de un lado para otro.“Pero también hay una falencia en la forma cómo canalizar ese descontento, por algo están las oficinas de reclamo, aunque la gente no los hace porque siente que nadie les responde (un estudio de la comisión señala que existe un 70% de no respuesta)”.
-Se habla de derechos ciudadanos, pero no se habla de los deberes. ¿Puede eso explicar la agresividad que se está viendo?
“Eso tiene que ver con la necesidad de tener una educación para la democracia porque la gente se conforma con decir chi, yo pago mis impuestos, atiéndanme. Esa es una lógica mercantil, es decir, el máximo reconocimiento de los deberes ciudadanos está dado en el hecho de que se paga. Y esto no va en la lógica de mejorar la convivencia, las políticas públicas, cómo hacer que esto sea más participativo, con la forma como se ejercen. Ha habido una deficiencia en la educación para la democracia y ese es el costo de lo que estamos viendo hoy: ciudadanos más empoderados que no saben cómo canalizar sus reclamos, sin conciencia de sus deberes”.
-Ante la falta de respuesta del aparato público todo se está canalizando a los tribunales, se está judicializando todo. ¿Es el mejor camino?
“La gracia del Ombusdman es que es una institución que no judicializa los procesos, es un órgano de persuasión.“Creo, lamentablemente, que la gente siente que debe seguir el camino de la justicia, pero, también, lamentablemente, cuando acude a ella se va de palos porque no necesariamente recibe una respuesta en tiempo y no siempre el acceso es igualitario para la defensa de los derechos”.
-¿Con el Ombusdman las cosas van a cambiar?
“Van a cambiar, pero no es la panacea, no es Superman o Superwoman; es una institución de la que nuestra democracia carece y que le permitiría tener contrapesos”.
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Fuente: Emol
