Mujeres ajadas

En Mendoza 25.000 personas dependen de la cosecha del ajo. Alrededor del 42% del empleo es en negro, se trabajan 15 horas de corrido por salarios ultrabajos y con la explotación de niños y niñas. Las mujeres ajeras se organizaron para reclamar contra la sobreexplotación, formar un sindicato y pedir por jardines maternales y escuelas para que los chicos aprendan mientras sus madres trabajan. El reclamo del campo que hacen las que cortan el ajo.

La obrera del ajo Antonia Trigo les está enseñando a las trabajadoras más jóvenes que en Mendoza hay varios mundos paralelos. El de la Fiesta de la Vendimia, donde semanas atrás niñas y niños “del otro campo” se lucieron en carrozas pintadas, con sus ropas nuevas y las caras rellenas de tanta bonanza. Y uno muy diferente, de las cooperativas, con familias de a pie y trapos viejos, al rayo partido, sin agua potable ni comida, las caras quemadas y las manitos ampolladas y deformes de tanto cortar ajo. “Para que esto deje de ocurrir”, les inculca Antonia a las más jóvenes de Rodeo del Medio, en el departamento de Maipú, “las mujeres debemos crear nuestro sindicato, exigir guarderías infantiles y talleres de aprendizaje escolar en los lugares de trabajo rural. Que la jubilación, la obra social, el aguinaldo y los feriados dejen de ser un idioma extraño”. A la fecha, ni el gobierno provincial, ni el Ministerio de Trabajo ni la Justicia local tomaron medidas contra las empresas, pese a que la situación fue revelada por este diario en febrero de 2008, a partir de una denuncia de la Fundación La Alameda.

El último amago de buena noticia es que al menos tres embajadas que representan los principales destinos de productos mendocinos solicitaron informes a la fundación sobre cuáles son las empresas que exportan a algunos países de Europa y América, para pedir sanciones comerciales. Se estima que en esa provincia unas 25.000 personas dependen de la cosecha del ajo.

“Pero todo sigue igual”, lamenta Marta Molina, de 54 años, trabajadora rural desde niña y compañera de Antonia durante la última década en la firma El Resguardo-Campo Grande, hasta que las despidieron por reclamar sus derechos laborales. Se trata de una de las exportadoras de ajo más grandes de Mendoza, que ocupa a unas 450 personas provistas por “cooperativas truchas, como la de Trabajo Agrícola Colonia Barraquero, de la cual dependíamos”, explica Marta. Según índices oficiales, la tasa del trabajo en negro en la región asciende al 42 por ciento, del cual la mitad corresponde a personal dependiente de las cooperativas de trabajo que manejan la mano de obra esclava e infantil de las empresas.

Sin horarios prefijados, cada jornada alcanza las 15 horas corridas según la demanda. No hay francos ni licencias por enfermedad, embarazo o maternidad. En el campo, familias enteras se dedican al corte del ajo. No figura edad límite: es suficiente con que los niños sepan utilizar las tijeras y los bebés sean depositados a la sombra de los yuyales en las acequias. En los galpones de pelado y empaque, mujeres y hombres trabajan parados y deben cargar cajas de hasta 20 kilos.

“Por cada caja de 10 kilos de ajo que embalamos pagan $2,29 pesos, mientras que la empresa embolsa 18 dólares por caja en el mercado externo. Se cobra por quincena, y de ahí la cooperativa descuenta el 5 por ciento para realizar los aportes patronales que, por supuesto, jamás hicieron”, detalla Marta. “Los dueños de la cooperativa obligan a los trabajadores a empadronarse como monotributistas para evitar compromisos como empleador. Muchas compañeras que estaban por jubilarse iban a la AFIP a consultar por sus aportes y descubrieron que éstos no existían. Terminamos apareciendo como deudoras de la administración pública. La impunidad es total: además de destruirnos, le debemos al Estado.”

Cuenta Antonia que el abuso alcanza ribetes bizarros, “al punto que la empresa invitó a los trabajadores a iniciarle juicio a la cooperativa Colonia Barraquero por esas irregularidades, como ellos denominan a la opresión a la que nos someten”.

Colonia Barraquero maneja la mano de obra de unos 17.000 empleados en varias provincias. En noviembre de 2007, las obreras de Mendoza encabezaron una movilización en protesta por la sobreexplotación y el trabajo en negro, que fue reprimida por Gendarmería cuando aún gobernaba Julio Cobos. Uno de los obreros, Carlos Erazo, murió dos meses después a raíz de los golpes sufridos.

En junio, tras comprobar el fraude laboral en que incurría la cooperativa, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) le retiró la autorización para funcionar. Pero Colonia Barraquero sigue operando.

“Contra esto sólo podemos oponer la lucha de las mujeres ajeras organizadas. 2009 debe ser el año en que en Mendoza dejen de existir los niños esclavos”, sostiene Antonia, que integra el nuevo Sindicato de Ajeros, en contraposición al de Frutas y Hortalizas liderado por Lucio Quilpatay.

“Vamos a intimar a las empresas a que incorporen en los sitios de trabajo guarderías obligatorias para los más pequeños, que permitan un desarrollo adecuado a sus edades, con atención de profesionales capacitados”, destaca. “Y talleres de formación y recreación para los más grandes, donde aprendan a defenderse en la vida mientras disfrutan de su niñez.”

Al reclamo se sumó la secretaria adjunta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Raquel Blas, quien exige al Ejecutivo provincial que adopte medidas políticas concretas. “Si queremos combatir el trabajo infantil, hay que apuntar al no abandono infantil –declaró al diario El Sol–. Hago responsable al gobierno si muere algún chico por abandono.”

Por su parte, el diputado nacional y apoderado de la CGT, Héctor Recalde, se comprometió a evaluar la elaboración de un proyecto de ley que prohíba específicamente esas prácticas laborales en el sector ajero.

Antonia y Marta volvieron a Buenos Aires hace unos días, para acordar acciones comunes con funcionarios del Ministerio de Trabajo y para articular estrategias con algunas legisladoras, como la diputada nacional Cecilia Merchán (Libres del Sur), que adelantó a este suplemento su intención de redactar un pedido de informes sobre el caso y “tender líneas con el Ministerio de Desarrollo Social, la CTIO y la Secretaría de Derechos Humanos, para generar las herramientas que ayuden a resolver el problema”.

El año pasado, una adolescente boliviana de 17 años que había llegado a la provincia como trabajadora golondrina para la cosecha del ajo falleció aplastada por un árbol mientras dormía en una carpa de la finca De Marchi, ubicada en la ruta 92. Esa muerte constituye un hecho tan habitual como las manos lastimadas de Antonia y Marta por el pelado y el corte, las piernas de miles de mujeres moradas de várices por las horas en pie y las hernias a fuerza de levantar cajones.

“Ahora lo que en verdad importa –advierten Antonia y Marta– es que las obreras del ajo rompimos las ristras usadas como cadenas y desenmascaramos la hipocresía de una Mendoza pujante y ejemplar. Sabemos que la única manera de conquistar nuestros derechos es organizándonos, aunque eso nos lleve años y palos sobre nuestros cuerpos.”

Por Roxana Sandá

Fuente: Página/12