abril 18, 2009

El gobierno de Nepal no protege a las defensoras de los derechos humanos de las mujeres

Uma Singh, joven periodista y activista, acabó asesinada por denunciar la cuestión de la violencia contra las mujeres en Nepal. Trabajaba para Radio Today FM y para la Red de Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres. El 11 de enero de 2009, una banda de hombres la mataron a machetazos.

El 10 de abril de 2008 fue elegida en Nepal una nueva Asamblea Constituyente. Las elecciones trajeron la esperanza de que los derechos humanos estarían en el centro de la labor de la Asamblea Constituyente y, de hecho, el nuevo gobierno maoísta contrajo compromisos específicos para acabar con la impunidad y mejorar la situación de los derechos humanos en Nepal, y en especial la de los derechos de las mujeres y de las defensoras de los derechos humanos de las mujeres.

En julio, tras las extensas protestas de activistas de los derechos humanos de las mujeres, el gobierno estableció un grupo de trabajo para que formulase recomendaciones sobre la violencia contra las mujeres y la criminalización de la violencia doméstica. Las protestas comenzaron tras el presunto asesinato de una activista de los derechos humanos de las mujeres y la posterior inacción de la policía, que no realizó una investigación adecuada sobre el suceso. El grupo de trabajo aún tiene que presentar su informe, que debía haber presentado a los dos meses de su constitución.

Transcurrido un año, poco ha sido lo que en realidad ha cambiado, dado que las activistas siguen teniendo que enfrentarse a obstáculos para acceder a la justicia y buscar reparación para la violencia sexual y doméstica y la discriminación de género. Desde que el nuevo gobierno asumió el poder en Nepal han sido asesinadas dos activistas de los derechos humanos de las mujeres sin que se haya hecho ningún intento real de investigar o procesar esos crímenes.

En noviembre de 2008, una delegación de Amnistía Internacional visitó Nepal y habló con una amplia variedad de defensoras de los derechos humanos, hindúes, musulmanas, dalit, janajati y miembros de otros grupos marginados, así como con activistas de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Todas estas mujeres hablaron a la delegación de las dificultades que encontraban, de su lucha y de sus esperanzas en la cuestión de los derechos humanos de las mujeres.

Amnistía Internacional ha concluido que, pese a las promesas electorales que en su día hizo el actual gobierno, la situación de las activistas de los derechos humanos de las mujeres sigue siendo de alto riesgo de ser objeto de ataques porque se atreven a desafiar el sistema patriarcal de Nepal. Muchas se han convertido en marginadas sociales por plantear cuestiones de violencia doméstica y sexual, y están expuestas a ser víctimas de intimidación, palizas e incluso a que las maten. Es frecuente que la policía se niegue a registrar denuncias o a investigar plenamente las agresiones u ofrecer protección, lo que deja a las mujeres frente a nuevas situaciones de persecución en sus familias y sus comunidades.

“Cuando el gobierno maoísta asumió el poder se comprometió a proteger los derechos humanos de las mujeres, pero todo aquello suena hoy a falsas promesas”, ha declarado Madhu Malhotra, directora adjunta del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. “Ahora que están en el gobierno, toda la retórica revolucionaria no se ha traducido en mejoras reales en la vida de las mujeres”.

"Las activistas desempeñan un papel decisivo en Nepal, donde muchas mujeres no conocen sus derechos y temen enfrentarse a la autoridad social y gubernamental” –subraya Madhu Malhotra–. “A las activistas se las señala como objetivo de ataques violentos en un contexto en el que se promueve la cultura del silencio y se disuade de denunciar a las mujeres que sufren la violencia”.

La experiencia de cada una de estas activistas es única y distinta según la zona donde trabaja. Las que realizan su labor en la capital nepalesa, Katmandú, tienen que hacer frente a una sociedad patriarcal, que considera a las mujeres ciudadanas de segunda clase, una sociedad que no ha elaborado aún leyes habilitantes para tratar los derechos de las mujeres como derechos humanos. Una activista dijo que “ni siquiera los activistas de los derechos humanos parecen tomarse en serio los derechos de las mujeres”.

Rita Mahato, de 30 años, es orientadora para cuestiones de salud en una organización de ayuda a las víctimas de violencia doméstica y sexual, el Centro de Rehabilitación de Mujeres del distrito de Siraha. En junio de 2007, unos hombres a los que molestaba la labor del Centro asaltaron su oficina y amenazaron con violarla y asesinarla. La policía no abrió ninguna investigación sobre lo ocurrido.

En Nepal, las activistas trabajan a menudo en lugares remotos, donde las comunicaciones y los mecanismos de apoyo son mínimos. Se enfrentan a prácticas culturales discriminatorias, como el matrimonio precoz y la brujería o boxsi. Una activista contó a Amnistía Internacional que “siempre que una mujer hace algún progreso, la acusan de brujería".

Las activistas del este de Terai, en el sur de Nepal, son igualmente vulnerables a la violencia basada en el género. Entre los abusos que abordan figuran las violaciones por terratenientes y miembros de grupos armados, la violencia en el ámbito familiar y a manos de la pareja íntima y las muertes a causa de la dote.La historia de Dev KumariDev Kumari Mahara es colega de Rita Mahato. En abril de 2007 le dijeron que acudiera a un lugar próximo a su casa donde se había cometido un delito. Un vecino había sido acusado de violar a la esposa de un hombre mudo. La mujer había sido golpeada y tenía la blusa desgarrada y la cara hinchada. La víctima reconoció a su agresor.

Dada la hostilidad mostrada por la policía en casos anteriores, Dev Kumari se puso en contacto primeramente con la red de defensoras de los derechos humanos de las mujeres. La policía no se presentó en el lugar de delito, a pesar de que ella había informado de lo ocurrido por teléfono, así que tuvo que ocuparse de llevar a la víctima al hospital.

No hay servicios médicos gratuitos para las víctimas de violación en Siraha. El médico que examinó a la mujer no hizo un informe de violación para poder presentarlo como prueba. Según Dev Kumari, el presunto violador, que pertenecía a una familia rica, pudo sobornar a la policía y al médico.

Tras interponer formalmente Dev Kumari una denuncia por violación, el acusado se puso en contacto con un grupo de personas que comenzaron a acosarla. Al intentar la red de defensoras de los derechos humanos de las mujeres presentar una denuncia por la violación y el acoso posterior, una banda de hombres se congregaron a la entrada de la comisaría.

“Me amenazaron con matarme, cortarme las piernas, violarme y quemarme viva”, cuenta Dev Kumari. La policía no hizo nada para impedir las amenazas a pesar de ser testigo de ellas.

Dev Kumari afirma que la forma habitual de resolver los casos de violación en Siraha consiste en que el violador pague una suma a cambió del perdón de la víctima.

Las investigaciones de Amnistía Internacional revelan que, en vez de investigar lo ocurrido, la policía presiona a las mujeres para que accedan a que se aplique la justicia informal comunitaria tradicional, en la que el pago de sobornos, la discriminación y la poca importancia que se concede al delito cometido impiden a menudo que se haga realmente justicia. Las activistas con las que habló Amnistía Internacional afirmaron que con frecuencia las humillaban cuando intentaban denunciar sucesos de esta índole ante la policía.

Las víctimas suelen recurrir a las rápidas soluciones de la justicia comunitaria. Los sistemas tradicionales de resolución de conflictos son comunes en todo Nepal, dados los obstáculos que existen para acceder a los mecanismos de justicia formal.

El deber del Estado de proteger a las mujeres contra la violencia está explícitamente recogido en la Declaración de la ONU sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que Nepal ha ratificado, y cuyo artículo 4 afirma: “Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer”. Conforme al derecho internacional en materia de derechos humanos, el Estado está obligado no sólo a garantizar que sus agentes y funcionarios no ejercen ningún tipo de violencia contra la mujer, sino a proteger a las mujeres contra la violencia cometida por particulares o entidades privadas, en las que se incluye a las propias familia y comunidad.

Activistas como Dev Kumari viven con la esperanza de que un día se haga justicia. Según sus propias palabras: “Seguiré luchando, pero me gustaría que los miembros de la Asamblea Constituyente asumieran también la cuestión de los derechos de las mujeres. Nosotras esperamos justicia”.










Fuente:Amnistía Internacional España



Más información


Sí a la Diversidad Familiar!
The Blood of Fish, Published in