mayo 21, 2009

Escasa voluntad política para cumplir con leyes de cuota

La búsqueda de sanciones para penalizar el incumplimiento de las leyes de cuotas, la promoción de una mayor participación de indígenas, afro-descendientes y jóvenes y el impulso a los Ministerios de la mujer y a los presupuestos sensibles al género, fueron las líneas de acción más importantes identificadas por las participantes en el Foro Virtual con Especialistas en Género.

El Foro Virtual fue organizado por el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW) y el Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas (PRIGEPP) de FLACSO, Argentina. Durante el encuentro más de 40 mujeres, entre ellas académicas, políticas y representantes de la sociedad civil de varios países de América Latina, debatieron la situación actual de la participación política de las mujeres en la región.

Las expertas indicaron que es hora de enfocarse en la búsqueda de medidas para lograr que las leyes de cuota se cumplan. Según el informe, si bien las cuotas han logrado aumentar la participación política de las mujeres en América Latina, estás no se cumplen a cabalidad en la mayoría de los países de la región. La razón principal es la escasa voluntad política para reducir las asimetrías. La interpretación discrecional de los sistemas electorales, la adulteración de nombres para burlar las leyes de cuotas y la violencia política verbal y física entre otras prácticas, demuestran claramente esta falta de voluntad. Según Susana Ghilardi, participante en el foro, política y asesora municipal argentina, “los hombres buscan artilugios para no cumplir con las cuotas, entre ellos, ubicarnos en los lugares suplentes o ceder esos lugares a esposas o parientes para garantizar un apoyo incondicional en los espacios de toma de decisiones”.

Según cifras del estudio 30 años de democracia de IDEA internacional, las mujeres están al frente del 7.4 por ciento de las alcaldías de la región, cifra que refleja el inmenso desequilibrio en la distribución del poder en la región. Ante esta grave situación, las participantes en el foro proponen aunar esfuerzos entre las feministas y las mujeres miembros de los partidos políticos para impulsar la penalización del incumplimiento de políticas, leyes, proyectos y acuerdos destinados a la equidad de género como las leyes de cuotas. Para garantizar que estas medidas se cumplan se hará necesario recurrir a sanciones económicas, mecanismos de rendición de cuentas, supervisión de veedurías internacionales y ampliación de marcos legales, entre otras.

Las expertas concluyeron que a pesar de los avances, la incursión de las mujeres en política no ha transformado las formas tradicionales de hacer política.

“La mayor presencia de mujeres en los espacios de poder no asegura la defensa de los intereses de género. La asunción de mujeres como presidentas y ministras en algunos de nuestros países no necesariamente modifica los patrones patriarcales,” dijo Alejandra Boschetti, participante en el foro, historiadora, investigadora y especialista en género de Argentina.

Según el informe, la distribución desequilibrada del poder, el uso de prebendas políticas y la violencia política contra la mujer son prácticas corrientes de la política patriarcal que se aceptan como algo casi natural. El informe señala además que “muchas mujeres desisten antes de conseguir ingresar, en tanto que las que logran hacerlo suelen aceptar las reglas de juego impuestas por el liderazgo político, que generalmente corresponde a un orden patriarcal.”

Mientras que algunas de las mujeres que logran llegar a ocupar posiciones de poder son feministas y buscan favorecer una agenda de género (por lo cual son rechazadas frecuentemente), otras “desconocen esta agenda y reproducen el mundo en el que se desenvuelven,” indica María Esther Mogollón, participante en el foro, periodista y asesora parlamentaria en Perú. Estas diferencias producen tensiones entre políticas y feministas. Para enfrentar dicha situación, las participantes en el foro propusieron la creación de espacios de diálogo y articulación entre representantes del feminismo, parlamentarias, funcionarias y políticas en general.

Los derechos de las indígenas, afro-descendientes y jóvenes se respetan aún menos que los de otras mujeres en tanto que tienen menos oportunidades de participar y están más expuestas a la violencia política. En el caso de las indígenas, la justicia comunitaria se ha venido utilizando como una herramienta para impedir el acceso de las mujeres a la arena política. Si bien, la inclusión de los derechos de las mujeres indígenas en las constituciones de Ecuador y Bolivia refleja un avance importante, aún falta mucho por hacer para facilitar la participación política de este grupo.

En los últimos diez años, la mayoría de los países ha incorporado dentro de su estructura de gobierno, oficinas, secretarias o Ministerios de la mujer (MAM) que se encargan de promover políticas y acciones en pro de la equidad. Según el análisis de las expertas, estos mecanismos no han logrado generar resultados significativos puesto que están desarticulados entre sí. Para enfrentar esta problemática, se recomienda establecer alianzas entre las MAM y las oficinas encargadas de generar información con el fin de promover la generación de datos comparables, constantes y consistentes y de indicadores que permitan evaluar el avance de las mujeres en política. Es necesario identificar aliados clave para el desarrollo de presupuestos sensibles al género pues la experiencia demuestra que su aprobación es cuestión de voluntad política.

Fuente: Instraw

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