Feministas demandan mayor injerencia de la ONU en Honduras

Organizaciones de Mujeres y Feministas-Chile

Sra. Margarita Uprimny,

Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Estimada Señora,

Nos dirigimos a ustedes motivadas por una gran preocupación debido a los hechos tan graves que se han estado dando cotidianamente en el hermano país de Honduras. Desde el 28 de junio, día en que el presidente constitucional Manuel Zelaya fue secuestrado por el Ejército, expulsado de su país a la fuerza y dejado en Costa Rica en pijamas, se han sucedido constantes y cada vez más violentas agresiones contra el pueblo que resiste este golpe de estado. Durante más de 50 días en forma ininterrumpida miles de hondureñas y hondureños se manifiestan pacíficamente contra el gobierno de facto, la imposición de un estado de sitio y la suspensión de garantías constitucionales, y reclaman el retorno al orden constitucional y el regreso y reinstalación del presidente democráticamente elegido.

Esta resistencia es pacífica; solo tiene su palabra para denunciar y sus manos para detener la represión. El pueblo hondureño ejerce así su derecho a la protesta, reconocido en su Constitución y legitimado por la condena internacional unánime a este golpe de estado. A pesar de ser un movimiento pacífico el gobierno de facto ha utilizado sistemáticamente las fuerzas militares y policiales para reprimirlo y ha recurrido a mecanismos que a todas luces violan la dignidad humana. En ocasiones constituyen, además, delitos de lesa humanidad.

Como es bien conocido, el gobierno de facto encabezado por Micheletti ha mantenido una zona del país, en la frontera con Nicaragua, bajo estado de sitio en forma ininterrumpida durante más de cinco días, 24 horas al día, lo que es incompatible con la sobrevivencia, y coloca a las personas en riesgo de detenciones arbitrarias. Igualmente impidió durante esos días el suministro de alimentos, agua, medicinas y atención médica a la población desplazada a esa zona y atrapada entre retenes militares, impidiendo incluso que los negocios y familias residentes ofrecieran sus servicios y su solidaridad. Esta es una forma perversa de privación de necesidades básicas que constituye una forma de tortura. El Ejército y la Policía atacan los albergues donde pernoctan las miles de personas que llegan a las ciudades principales a manifestarse. Durante los días de estado de sitio en la frontera, un joven que grababa la represión contra las y los manifestantes fue detenido por las autoridades y asesinado, y su cuerpo apareció posteriormente con signos de tortura. Hay personas desaparecidas y asesinatos de líderes en todo el país, y para ejecutar estas acciones se emplea el sicariato. El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), responsabiliza al gobierno de facto de asesinatos y ejecuciones sumarias de hombres, mujeres y menores de edad, ocurridos desde el golpe, con medios y en circunstancias que permiten sospechar la autoría del Ejército o la Policía, y que podrían superar el centenar.

Las y los hondureños no cuentan con mecanismos nacionales para protegerse de estas violaciones a los derechos humanos. El Comisionado de Derechos Humanos, el señor Ramón Custodio López, apoya el golpe de estado y el gobierno de facto, y declara que en Honduras no hay violaciones de derechos humanos. La Corte se ha declarado igualmente a favor del golpe, y hasta las iglesias, que en regímenes dictatoriales han jugado en ocasiones un papel de protección y denuncia, desde sus altas jerarquías se suman al régimen de facto. A esto se suma la represión selectiva de que son objeto las y los defensores de derechos humanos de Honduras, que son atacados cuando acompañan o realizan gestiones de protección de las personas detenidas y heridas.

Diversas misiones y organizaciones han podido visitar Honduras para dar cuenta de las múltiples violaciones a los derechos humanos que a más de un mes del golpe de estado, suma ya al menos 4 personas asesinadas directamente por las Fuerzas Armadas y la Policía, al menos una de ellas después de haber sido torturada, un número indeterminado de personas desaparecidas, cientos de personas heridas y cientos de detenciones arbitrarias.

Particularmente una Misión internacional de observación constituida por 17 organismos privados de defensa de los derechos humanos radicados en Europa y en América Latina, que estuvo en Honduras entre el 17 y el 26 de junio de este año, plantea lo siguiente sobre la situación en este país:

“Tras del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 que alteró drásticamente el orden constitucional del país, se presenta en Honduras una grave situación de derechos humanos y de restricciones a las libertades democráticas. Son evidentes las dificultades y obstáculos para el acceso a la justicia y se limita drásticamente la libertad de prensa (…) Algunas de las violaciones tienen como origen la aplicación de normas abiertamente contrarias a los compromisos internacionales de protección de derechos humanos, la militarización de funciones de seguridad e instituciones estatales, los abusos por parte de fuerzas de seguridad y la falta de respuesta de los mecanismos de garantía del Estado (…) Hemos constatado serias limitaciones a la libertad de expresión y hostigamientos destinados a restringir la circulación de información que critique al régimen de facto.”1

Todo lo anterior es sólo parte del desolador escenario presente en Honduras, que se agravó en las últimas semanas con represiones crecientes en brutalidad y enseñamiento contra la población.

Por todo lo expresado anteriormente, dirigimos a usted una petición de carácter urgente para que se instale en Honduras una Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, uno de los pocos instrumentos con que la población podría contar para a defenderse y enfrentar el embate violento del gobierno de facto ejecutado a través de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Le rogamos considerar esta petición, que nace desde la indignación más profunda, la impotencia y el sufrimiento por un pueblo hermano que sufre desgarradoramente los efectos de una toma de poder por la fuerza, ultrajando la constitucionalidad y los más básicos principios de la democracia, la justicia y los derechos humanos. Esta solicitud concreta objetivos y estrategias definidos por su oficina en el Plan Estratégico de Gestión para 2008-2009.

Nos despedimos atentamente,

Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual
Solidaridad y Organización Local SOL
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos
Movimiento por la Emancipación de la Mujer MEMCH
Instituto de la Mujer
Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI
Feministas Tramando
Fundación Colectivo Alquimia- Fondo para Mujeres
Marcha Mundial de las Mujeres-Chile
Católicas por el Derecho a Decidir-Chile
Observatorio Género y Equidad
Isis Internacional
Warmipura-Mujeres Migrantes.
Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y del Caribe- Región del Maule
Centro Social Quidell-Talca
Coordinadora Cultural de Huamachuco
La Ciudad de la Diosas
Programa de Mujeres CODEPU
Corporación Humanas
Asociación de ONG- ACCIÓN
Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual- Región del Maule.
Casa de los Colores-Concepción
Feministas del Bio Bio
Red Salud Mujeres
Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual- Región de Valparaíso.
Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES-Chile
Liga Internacional de Mujeres Pro Paz y Libertad- LIMPAL