Afganistán: Mantener las promesas a las mujeres afganas
Ocho años después de la caída de los talibanes, las mujeres y las niñas sufren altos niveles de violencia y discriminación, y su acceso a la justicia y la educación es deficiente, señaló Human Rights Watch en un nuevo informe publicado hoy. El Gobierno afgano tampoco ha llevado ante la justicia a los asesinos de mujeres destacadas de la vida pública, lo que crea un ambiente de impunidad para los que atacan a las mujeres.El informe de 96 páginas, "We Have the Promises of the World: Women's Rights in Afghanistan" (Tenemos las promesas del mundo: Los derechos de la mujer en Afganistán), expone en detalle casos emblemáticos de cinco tipos de violaciones constantes de los derechos de humanos: ataques contra las mujeres en la vida pública, violencia contra las mujeres, matrimonios infantiles y forzados, acceso a la justicia y acceso de las niñas a la educación secundaria.
"La situación de las mujeres y las niñas afganas es terrible y podría deteriorarse", señaló Rachel Reid, investigadora sobre Afganistán para Human Rights Watch. "Mientras el mundo se concentra en la nueva estrategia de seguridad del gobierno de Obama, es fundamental asegurarse que los gobiernos y los donantes no se limiten a hablar de los derechos de las mujeres y las niñas, y dejen la cuestión para el final de la lista", agregó.
Aunque la terrible situación de las mujeres y las niñas bajo el régimen talibán sirvió en parte para justificar la invasión de Afganistán en 2001, los derechos de la mujer no han sido una prioridad constante del Gobierno y sus partidarios internacionales. Mientras las facciones fundamentalistas del Gobierno van cobrando fuerza, la insurgencia va ganando terreno y se va materializando la posibilidad de alguna forma de reconciliación con las facciones, los avances logrados por las mujeres y las niñas afganas desde 2001 en aspectos tales como la educación, el trabajo y la libertad de movimiento se están viendo gravemente amenazados.
"Las mujeres no son una prioridad para nuestro propio Gobierno o la comunidad internacional", señaló a Human Rights Watch la parlamentaria afgana Shinkai Karokhail. "Nos han olvidado", agregó.
Las mujeres que participan en la vida pública están sometidas habitualmente a las amenazas y la intimidación. Varias mujeres destacadas han sido asesinadas, pero no se ha llevado ante la justicia a sus asesinos. Cuando Sitara Achakzai, política y defensora abierta y valiente de los derechos humanos, fue asesinada en abril de 2009, su muerte constituyó otra advertencia para todas las mujeres que participan activamente en la vida pública.
Las mujeres prominentes entrevistadas para este informe señalaron que sienten que no las toman en serio cuando denuncian amenazas. Una parlamentaria que, al igual que algunas otras, habló con Human Rights Watch de manera anónima debido al peligro que corren, dijo:
"He sufrido tantas amenazas. A veces las denuncio, pero las autoridades me dicen que no haga enemigos, que me mantengan callada. Pero, ¿cómo puedo dejar de hablar sobre los derechos de la mujer y los derechos humanos?"
Una agente de policía que ha recibido amenazas señaló:
"Me dijeron que iban a matar a mis hijas. Estoy asustada a cada minuto. No puedo ir nunca a casa-el Gobierno no puede protegerme allí. Mi vida anterior se ha acabado".
Un estudio sobre los niveles de violencia en todo el país contra las mujeres afganas observó que el 52 por ciento de las encuestadas experimentaban violencia física, y el 17 por ciento dijo sufrir violencia sexual. Sin embargo, debido a los obstáculos sociales y legales para acceder a la justicia, muy pocas mujeres y niñas denuncian la violencia ante autoridades. Estas barreras son especialmente formidables en los casos de violaciones. Aunque, este año, las activistas y las parlamentarias ejercieron una fuerte presión y lograron por primera vez que se tipificara el delito de violación, el Gobierno ha demostrado escasa voluntad para tratar cada caso como un delito grave y emprender una campaña de educación pública para cambiar las actitudes.
La falta de justicia agrava la vulnerabilidad de las mujeres. Después de una larga lucha por llevar ante la justicia a sus agresores, una mujer violada por un grupo de hombres liderados por un influyente comandante local se encontró con que habían salido en libertad por decreto presidencial. Poco después, en 2009, su esposo fue asesinadoLa mujer dijo a Human Rights Watch que lo habían asesinado por luchar por sus derechos:
"He perdido a mi hijo, mi honor y ahora mi esposo", señaló. "Pero no soy más que una pobre mujer, ¿quién va a escucharme?"
Las encuestas indican que, en más de la mitad de los matrimonios, las esposas son menores de 16 años, y entre un 70 y 80 por ciento de las bodas se celebran sin el consentimiento de la mujer o la niña. Estas prácticas subrayan muchos de los problemas a los que se enfrentan las mujeres y las niñas, ya que existe una clara correlación entre la violencia doméstica y los matrimonios de menores o forzados.
Una niña de 13 años que fue obligada a casarse explicó a Human Rights Watch que, después de que se atrevió a huir, fue perseguida por la familia de su esposo: "Vinieron a pedirme que regresara. Les dije que no y siguieron viniendo. Siempre les dije que no... que no puedo regresar. Quieren matarme". Las activistas pro derechos de la mujer que acogieron a la niña fueron denunciadas en el Parlamento. Años después, la muchacha sigue luchando por obtener una anulación legal de su matrimonio ilegal.
Este caso es solo uno de los varios incluidos en el informe que demuestran el problema fundamental de falta de acceso a la justicia al que se enfrentan las mujeres y las niñas. Los estudios sugieren que más de la mitad de las mujeres y niñas detenidas están recluidas por "crímenes morales", como cometer adulterio o escaparse de casa, a pesar de que huir del hogar no se considera un delito en la legislación afgana ni en la sharía. No obstante, independientemente de que la denuncia provenga de una mujer prominente amenazada, de una joven que quiere escapar de un matrimonio contraído cuando era menor de edad o una víctima de una violación que quiere que se castigue a su violador, la respuesta de la policía o los tribunales suele ser hostil.
"La policía y los jueces consideran que la violencia contra la mujer es legítima y, por lo tanto, no procesan los casos", señaló a Human Rights Watch la Dra. Soraya Sobhrang, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán.
Las reformas legales para proteger los derechos de la mujer son necesarias, pero también es imprescindible un liderazgo que contribuya a cambiar las actitudes y prevenir los abusos, señaló Human Rights Watch.
"El Gobierno tiene que tomarse en serio su responsabilidad de proteger a las mujeres y las niñas", señaló Reid. "Al presidente Hamid Karzai le queda mucho trabajo que hacer para restaurar su reputación de moderado con respecto a los derechos de la mujer", agregó.
Después de la destrucción de muchas escuelas para niñas por parte de los talibanes, la educación de las niñas se convirtió en el elemento más emblemático de la iniciativa de los donantes internacionales en Afganistán. A pesar de los avances significativos, siguen existiendo claras desigualdades de género. La mayoría de las niñas siguen sin asistir a la escuela primaria. Un desalentador 11 por ciento de las niñas están matriculadas en educación secundaria. Sólo el 4 por ciento de ellas llegan a cursar la preparatoria. Aunque tanto el número de niños como de niñas que asisten a la escuela disminuye drásticamente en la educación secundaria, esta caída es mucho más pronunciada en el caso de las niñas.
En marzo, la discriminatoria Ley sobre el Estatuto Personal Chiita, aprobada por el Parlamento y firmada por Karzai, volvió a poner en la palestra el empeoramiento de la situación de los derechos humanos de las mujeres. Ante las protestas nacionales e internacionales, Karzai permitió la modificación de la ley, pero se mantuvieron muchos artículos atroces que imponen restricciones drásticas a las mujeres chiitas, entre ellas la obligación de que las mujeres pidan permiso a sus esposos para salir de casa, salvo que lo hagan por "motivos legales razonables" no especificados, y la concesión de derechos de patria potestad exclusivamente a los padres y los abuelos.
"Recibimos positivamente las palabras de la comunidad internacional sobre la ley chiita-de verdad-dijeron muchas cosas en hermosas, como en 2001", señaló Wazhma Frogh, activista pro derechos de la mujer. "Tenemos las promesas del mundo, pero seguimos esperando a ver qué más van a hacer", agregó.
Karzai debe revisar la ley para proteger plenamente los derechos de la mujer y asignar puestos de poder a mujeres que han defendido activamente los derechos de la mujer, señaló Human Rights Watch.
"La ley chiita fue un recuerdo oportuno de hasta qué punto las mujeres afganas están expuestas a los tratos políticos y al incumplimiento de promesas", señaló Reid. "Karzai debe comenzar su nueva presidencia demostrando claramente a las mujeres la voluntad de su gobierno de promover la igualdad", agregó.
Recomendaciones clave de "We Have the Promises of the World: Women's rights in Afghanistan"
El Gobierno y los donantes deben convertir la promoción y la protección de los derechos de la mujer en una de sus prioridades principales para la reconstrucción del país y en un eje central de sus estrategias políticas, económicas y de seguridad.
El Gobierno y los donantes deben convertir la promoción y la protección de los derechos de la mujer en una de sus prioridades principales para la reconstrucción del país y en un eje central de sus estrategias políticas, económicas y de seguridad.
El Gobierno, con el respaldo de los donantes, debe emprender una campaña de concienciación a gran escala para asegurarse de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los jueces, el Parlamento, los funcionarios civiles y el pueblo afgano entienden que la violación es un delito. El objetivo de la campaña debe ser también reducir la estigmatización de las víctimas de violaciones.
El Gobierno debe ampliar la disponibilidad del registro de los matrimonios y hacerlo obligatorio.
El Presidente debe ordenar la puesta en libertad de todas las mujeres y niñas detenidas ilegalmente por "huir de sus hogares", y ofrecerles una disculpa y una indemnización.
El Gobierno, con el respaldo de los donantes, debe incrementar el número y la cobertura geográfica de las clases de secundaria para niñas mediante la construcción de más escuelas secundarias para niñas, y garantizar que se acelere la contratación y la formación de profesoras.
El Gobierno, con el apoyo de la ONU y otros donantes, debe dar prioridad a la seguridad de las candidatas y electoras femeninas en la planificación de las elecciones parlamentarias de 2010.
Los donantes internacionales y la Organización de Naciones Unidas, junto con el Ministerio para Asuntos de la Mujer, deben realizar una auditoría completa de género de todo el gasto en Afganistán.
Fuente: Human Right Watch
