El cambio cultural en Chile, la principal aportación de la presidenta Bachelet

El 11 de marzo de 2006, el día en que Michelle Bachelet asumió su cargo como primera mujer presidenta de Chile, fue celebrado entre las feministas como una fecha histórica y una señal de cambio que impulsaría los derechos de las mujeres y promovería la equidad de género en un país machista y conservador, donde apenas en 2004 se legalizó el divorcio.

Ahora, a tres meses de concluir su periodo gubernamental, la presidenta es respaldada por cerca del 80 por ciento de la población chilena, porcentaje que ningún jefe de gobierno había logrado desde el retorno a la democracia en 1990. En este contexto, cabe reflexionar sobre los cambios, avances y retrocesos que hubo para las mujeres chilenas en los últimos cuatro años.

El primer dato positivo destacable es el hecho de que Bachelet nombró un gabinete ministerial completamente paritario, con diez hombres y diez mujeres.

El Centro de Estudios de la Mujer (CEM) destacó los avances alcanzados en la implementación de servicios de cuidado infantil, el reconocimiento y valoración del trabajo reproductivo y la promoción de la paridad de las mujeres en el poder ejecutivo, el tratamiento de la violencia contra la mujer, así como la firme postura de la presidenta en el debate sobre la entrega gratuita de la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE).

Además, el CEM señaló que, tras la presidencia de Bachelet, se puede constatar una diferencia en los programas de gobierno de los candidatos para el próximo período gubernamental, ya que ahora todos incorporan temas de género.

Según la ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Laura Albornoz, lo más importante fue el cambio cultural que generó la llegada al poder de Bachelet -una madre divorciada con tres hijos-, a partir del cual las mujeres chilenas se han sentido más valoradas y menos tolerantes a la discriminación.

LOS DERECHOS LABORALES

Para promover y facilitar la integración de las mujeres en el mercado laboral, Michelle Bachelet impulsó una serie de medidas que apoyan especialmente a las madres. En los primeros dos años de su mandato, se triplicó el número de salas cuna (guarderías) financiadas por el Estado, lo que permite a las mujeres seguir trabajando o estudiando, aún cuando sus hijas e hijos todavía son pequeños.

Durante su gobierno, también se promulgó la “ley de amamantamiento”, que les permite a las trabajadoras utilizar una hora de su jornada laboral para alimentar a sus hijos menores de dos años.

Otra medida implementada por Bachelet se dirige especialmente a las mujeres cuyos ingresos laborales son el principal sostén económico de su familia, las llamadas “jefas de hogar”. En Chile, uno de cada tres hogares tiene jefatura femenina, por lo que el Programa para el Mejoramiento de las Condiciones Laborales de las Mujeres Jefas de Hogar (PMJH) incluye talleres de capacitación e integración para ellas, con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales y de empleabilidad.

Asimismo, se incluyó en una reforma mayor al sistema de pensiones un bono especial para las mujeres por cada hijo nacido. Según explicó la presidenta, el bono valora el aporte del trabajo reproductivo para la sociedad.

EL DEBATE SOBRE LA PAE

Pocos meses después de asumir su cargo, la presidenta encendió en Chile una discusión polémica sobre la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE), cuando estableció su distribución gratuita a cualquier adolescente mayor de 14 años en los servicios públicos de salud.

Su iniciativa fue criticada ampliamente por los sectores conservadores del país, en especial por la iglesia católica y la oposición política -con éxito, porque en abril de 2008, el Tribunal Constitucional (TC) emitió un fallo que prohibió la distribución de la PAE en los consultorios públicos, con lo que la pastilla quedó fuera del alcance de las mujeres y niñas de los sectores más pobres.

La disputa volvió al escenario cuando algunos alcaldes anunciaron que distribuirán la PAE en los municipios y a través de Organismos No Gubernamentales, opción que tuvo un nuevo tropiezo cuando la Contraloría General de la República (CGR) emitió otro fallo negativo, el pasado mes de junio.

Como respuesta, el gobierno de Bachelet presentó pocos días después el denominado proyecto de Ley Sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación de la Fertilidad, que garantizaría el acceso a este tipo de métodos. Después de pasar por varios trámites constitucionales, la iniciativa fue aprobada hace pocos días por el Senado, y falta ser ratificada por la Cámara de Diputados.

ABORTO

Contrario a su postura clara en materia de anticoncepción, la presidenta no presentó ningún proyecto de ley que despenalice la interrupción del embarazo, por lo que Chile sigue teniendo una de las leyes más restrictivas en esa materia; herencia de la dictadura de Pinochet bajo la cual, en 1989, se prohibió el aborto en cualquier circunstancia.

A pesar de que en Chile se realizan más de 150 mil abortos clandestinos al año, una de las tasas más elevadas de la región, según el CEM, la presidenta declaró que el aborto no será un tema en su gobierno.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Durante el gobierno de Bachelet, se iniciaron una serie de campañas públicas de prevención, denuncia y erradicación de la violencia contra las mujeres. Además, se ha ampliado el programa de casas de acogida para las víctimas de violencia familiar y se llevaron a cabo reformas e iniciativas legales y administrativas para asegurar el cumplimiento de las medidas de protección decretadas por los tribunales.

A pesar de que la presidenta, a diferencia de los gobiernos anteriores, ha hecho referencia explícita a las mujeres y a la violencia intrafamiliar, la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual señaló que la respuesta institucional excluye a las mujeres que viven violencia sexual por parte de sus parejas, ya que no tienen acceso a los planes de atención a víctimas de estos delitos en los servicios de salud pública.

Además, la red critica que los centros de atención se concentran en las capitales regionales, por lo que las mujeres rurales quedan marginadas.

La organización destacó que, entre 2007 y 2008, el número de denuncias por violencia intrafamiliar aumentó en cuatro regiones monitoreadas, mientras que el porcentaje de aprehensiones a los agresores sigue igual de bajo. Por ello, la ONG opina que, a pesar de la presidencia de Bachelet, sigue existiendo un clima de impunidad que favorece la violencia que se sostiene en la subordinación y discriminación de las mujeres.

Más de 500 chilenas han sido asesinadas por sus maridos, convivientes, ex parejas o desconocidos desde 2001. Sólo este año se han registrado 59 feminicidios, según información de la red.

PENDIENTES

Además de la ratificación de la ley de planificación familiar, que incluye la distribución gratuita de la PAE, queda pendiente la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), una ley sobre la administración de los bienes dentro del matrimonio, que hoy está a cargo exclusivo de los hombres. Asimismo, se están discutiendo en el Congreso proyectos de ley para la tipificación del femicidio.

Según la ministra Albornoz, la congestión en materia legislativa se debe a la presencia de diputados y senadores culturalmente discriminatorios, y concepciones patriarcales. A pesar de la distribución equitativa en el poder ejecutivo, hay pocas mujeres en el congreso: dos senadoras (de un total de 38), y 17 diputadas (de un total de 120).

Por Kerstin Bognar
Fuente: Cimac