PERÚ ¿SEGURO UNIVERSAL?

La falta de financiamiento para su operatividad y la limitada cobertura para el abordaje de problemas de salud frecuentes en las mujeres son algunas de las carencias de la Ley 29.344 de Aseguramiento Universal en Salud; concluyeron expertas y expertos del Perú reunidos en el foro “Aseguramiento en salud y su impacto en la mujer: hacia el acceso universal, integral y digno”, organizado por ForoSalud, el Movimiento Manuela Ramos y el Colegio de Obstetras III de Lima y Callao.

Esta ley fue aprobada en 2009 con el objetivo de garantizar el acceso a la salud de todos los peruanos y peruanas, especialmente de aquellos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por la pobreza y otros factores. Para tal fin, la norma establece un Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), que determina las prestaciones cubiertas por el sistema de aseguramiento universal.

Para Susana Chávez, Directora Ejecutiva del Centro de Promoción de Derechos Sexuales (PROMSEX), expositora del foro, el aseguramiento universal debe enmarcarse en un enfoque de derechos humanos en consonancia con tratados internacionales suscritos y ratificados por el Perú, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer, CEDAW, entre otros. En esa perspectiva, señala Chávez, el Estado peruano debe garantizar que ninguna mujer muera o sufra daños por no tener los medios para prevenir o tratar adecuadamente problemas relacionados con su salud sexual y reproductiva.

Garantizar el derecho a decidir

Durante el foro sobre aseguramiento en salud, Chávez aseveró que para alcanzar el quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio, “Mejorar la salud materna”, es necesario respetar el derecho de las mujeres a decidir sobre su fecundidad. En ese sentido, aseguró que las políticas públicas debían contribuir a reducir la diferencia entre el número de hijos que las mujeres desean y los que realmente tienen. Para ello, es preciso difundir información sobre anticoncepción que considere la realidad social y cultural de las mujeres y garantizar el acceso gratuito a la más amplia gama de métodos anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción de emergencia.

Sobre este punto, Chávez recordó que el Estado peruano continúa incumpliendo con su obligación de proveer a las usuarias los insumos necesarios para regular su fecundidad, ya que aún no resuelve el problema de abastecimiento de métodos anticonceptivos que se generó en 2002, cuando la administración conservadora del Ministerio de Salud alteró el sistema de distribución de los mismos, afectando su disponibilidad.

Junto a la restricción de anticonceptivos, otra medida que afectó negativamente la salud sexual y reproductiva de las mujeres fue la disminución a nivel administrativo del rango del Programa de Planificación Familiar, que incidió negativamente en su capacidad resolutiva. “Estas medidas trajeron consecuencias nefastas para la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Si se hiciera una investigación sobre los embarazos no deseados que se han generado a partir de ese período, que considere las consecuencias derivadas de esta situación tales como abortos inseguros, muertes y daños a la salud de las mujeres, se haría evidente la gran responsabilidad del Estado al respecto”, comentó Chávez.

Durante su presentación en el foro sobre aseguramiento en salud, la especialista señaló que para cumplir cabalmente con los objetivos de las políticas de aseguramiento universal es necesario implementar medidas que contribuyan a eliminar las barreras de acceso a los servicios de salud de sectores de la población especialmente vulnerables, como los y las adolescentes.

Adicionalmente, es preciso derogar la Ley de Indemnidad Sexual, que penaliza las relaciones sexuales con menores de edad aun cuando éstas sean consentidas. Esta medida aleja a las y los adolescentes de los servicios de consejería y atención en salud sexual y reproductiva, por el temor a ser objeto de investigaciones y citaciones por parte del sistema judicial, concluyó la especialista.

Agenda urgente: superar la exclusión de las mujeres

Rosario Valdiviezo, Decana del Colegio de Obstetras de Lima y Callao, ponente del foro, manifestó que las políticas de salud dirigidas a las mujeres debían situarse de cara a la situación de inequidad en que viven las peruanas no solo en razón de su género, sino también de otras causas que agravan su exclusión, como la pobreza extrema y la falta de instrucción, para diseñar herramientas que les permitan ejercer sus derechos como ciudadanas.

En ese sentido, consideró que pese a que los últimos reportes estadísticos oficiales registran avances en esta materia, la muerte materna sigue siendo la punta del iceberg de la vulneración de derechos de las mujeres que afecta principalmente a la población rural. Al respecto mencionó que 14 regiones ubicadas en las zonas altoandinas, en la selva y en el sector rural de la costa concentran el 80% de los casos de mortalidad materna.

De acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del 2009, la tasa de mortalidad materna en el Perú descendió de 185 a 103 casos por cien mil nacidos vivos respecto al año 2000; no obstante sigue siendo una de las tasas más altas de América Latina y El Caribe, después de Haití y Bolivia. La mayoría de mujeres que mueren por causas prevenibles relacionadas con el embarazo, parto o puerperio son campesinas o indígenas que viven en zonas geográficamente inaccesibles, que por lo generalmente no cuentan con servicios de salud con capacidad resolutiva y culturalmente adecuados a la población.

Si bien Valdiviezo consideró que la Ley de Aseguramiento Universal en Salud le permitirá a las poblaciones más vulnerables acceder a servicios que antes no tenía, coincidió en afirmar que su cobertura no resulta suficiente para responder a las demandas de las mujeres en el ámbito de sus derechos sexuales y reproductivos.

Entre estos vacíos, la Decana del Colegio de Obstetras mencionó el tratamiento del cáncer de mama y de cuello uterino, que constituyen causas importantes de mortalidad en las mujeres en edad fértil. “No basta con ofrecer el diagnóstico de estos problemas a las mujeres, puesto que resulta imposible solventar los altos costos de esta enfermedad que suponen los tratamientos del sector privado”, indicó. Del mismo modo cuestionó la omisión del PEAS respecto a los tratamientos de fertilidad, dado que las mujeres con problemas para concebir que desean hacerlo también deben ser atendidas por el sistema de salud pública.

En suma, las medidas tendientes a ampliar la cobertura del sistema de aseguramiento universal deben considerar tanto los servicios de salud amparados por el sistema, como la diversidad social y cultural de las mujeres que acceden a los servicios de salud. Si estas políticas continúan formulándose bajo la concepción de un sujeto femenino genérico, sin clase, sin raza, procedencia y sin orientación sexual, las vulneraciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres continuarán.

Fuente: Clam