Afroperuanas contra el racismo y la exclusión

En noviembre de 2009, el gobierno peruano emitió la Resolución Suprema 010 a través de la cual “expresó perdón” al pueblo afroperuano por los abusos cometidos durante la época de la colonia, reconoció sus aportes a la construcción de la identidad nacional peruana y se comprometió a implementar políticas públicas que contribuyeran al “desarrollo” de esta población.

A partir de ese precedente, el Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos - Lundu lideró la iniciativa de construir un documento que tradujera el gesto político del Estado peruano a acciones concretas para la mejora de la calidad de vida y el ejercicio de derechos de las mujeres afroperuanas. Al mismo tiempo, esta institución se propuso realizar una vigilancia permanente de los contenidos que circulan en los medios de comunicación, con el fin de identificar representaciones sobre la población afroperuana que afectan negativamente el ejercicio de sus derechos.

Plataforma de Mujeres Afroperuanas

Para la elaboración del documento, Lundu convocó a organizaciones de mujeres afroperuanas como el Centro de Desarrollo Étnico, la Asociación Margarita, Makungu para el Desarrollo, el Movimiento Negro Francisco Congo, el Centro de Desarrollo de la Mujer Peruana Mundo de Ébano, entre otras, que lanzaron la Plataforma de Mujeres Afroperuanas. La plataforma es el instrumento a través del cual se recogen y articulan las demandas y propuestas de las mujeres afroperuanas, organizadas en varios ejes: “Derechos Sexuales y Reproductivos”, “Violencia: Racismo y Sexismo”, “Participación Política y Ciudadana”, “Educación y Cultura”, y “Calidad de Vida”.

De acuerdo con una versión preliminar del documento, una de las primeras exigencias hechas por este colectivo al Estado es la elaboración de un censo y el desarrollo de indicadores sociales que permitan conocer la situación específica de las mujeres afroperuanas: “Tenemos que saber cuántas somos, qué necesitamos, en qué medida las mujeres afroperuanas accedemos a los programas sociales del Estado, o si estamos excluidas de sus beneficios”, señaló la comunicadora e investigadora Mónica Carrillo, directora ejecutiva de Lundu.

En lo que respecta a Derechos Sexuales y Reproductivos, la plataforma le pidió al Estado que atendiera de manera prioritaria los problemas relacionados con el embarazo adolescente y la mortalidad materna, que implementara estrategias de prevención frente al VIH/Sida y otras ITS, y que garantizara a las mujeres afroperuanas el acceso a la información y a los insumos necesarios para la planificación familiar.

En una perspectiva más general, manifestaron la necesidad de llevar a cabo programas de salud pública con enfoque étnico para la prevención y tratamiento de enfermedades recurrentes en la población femenina afroperuana, como la anemia falsiforme, la diabetes tipo II y el cáncer de mama y cuello uterino.

En el ámbito de educación y cultura, la plataforma demanda que el Estado impulse medidas específicas para garantizar la enseñaza básica de niños, niñas y adolescentes afroperuanos, y que se incorpore un enfoque intercultural y de género en el currículo de estudios, que considere los aportes de las mujeres afrodescendientes a la historia del país.

Pese a que no existen estadísticas nacionales, investigaciones como Pobreza, discriminación social e identidad: El caso de la población afrodescendiente en el Peru de Martín Benavides, Máximo Torero y Néstor Valdivia (2006) señalan que menos del 30% de la población afroperuana logra terminar la secundaria y que apenas el 2% accede a la educación superior. Esta situación afecta particularmente a las mujeres afrodescendientes en situación de pobreza que residen en poblaciones rurales. Muchas de ellas abandonan los estudios en la adolescencia para trabajar y apoyar la economía de sus hogares, o por embarazos tempranos no planificados.

Las organizaciones que conforman la plataforma llaman la atención acerca de la frecuencia de formas de violencia motivadas por el racismo y agravadas por la inequidad social y de género. Para Carrillo, esto es evidente en las connotaciones sexuales que adquieren las injurias racistas cuando se dirigen hacia las mujeres afroperuanas: “La burla y el insulto suelen estar acompañados de acoso e incluso de agresiones sexuales, puesto que el agresor actúa como sujeto esclavista, y desde ese posicionamiento se siente con derecho a disponer del cuerpo de las mujeres”.

La activista comenta que el colonialismo subyacente a las injurias racistas contra las mujeres afroperuanas lleva a que muchas veces las víctimas de los ataques asuman como válidos los prejuicios relacionados con su origen étnico y racial. Así, existen mujeres de comunidades afroperuanas que acceden a las imposiciones sexuales del “asedio racista de los forasteros” con el fin de “blanquearse” y evitar situaciones de discriminación.

Vigilando la violencia simbólica

Lundu considera que los medios de comunicación son un escenario importante de intervención, ya que sus contenidos reproducen y afirman cotidianamente la violencia racista y sexista contra las afroperuanas.

En su Informe 2009 – Noticias Racistas del segundo semestre del año, el Observatorio de Medios de comunicación de Lundu reportó que continúan los abordajes racistas en la producción de noticias de los medios informativos, que ridiculizan y desprestigian a la población afroperuana a través de imágenes como la frecuente comparación de este grupo con animales.

Respecto las mujeres afroperuanas, las representaciones más frecuentes las muestran como personas carentes de inteligencia e hipersexualizadas. Esto se ve reforzado por la distribución del espacio en los periódicos, que sitúa a las mujeres afrodescendientes, por ejemplo, en páginas de espectáculos, donde se exalta su exuberancia física y presunta disponibilidad sexual, o fotografías y titulares con frases de doble sentido de trasfondo sexual.

Ante esta situación, Lundu le exige al Estado que desempeñe un rol vigilante de los medios y se promueva la autorregulación sobre estos asuntos por parte de las empresas de telecomunicaciones: “Paralelamente se requiere trabajar con estas empresas para que, en su rol de responsabilidad social, asuman la obligación de propagar contenidos que contribuyan a la convivencia respetuosa y armónica de los diferentes colectivos sociales”, agrega Carrillo, quien también insta a líderes de opinión y a consumidores de información a que se movilicen en torno a este objetivo.

En esta línea de trabajo, Lundu y otras organizaciones no gubernamentales vienen llevando a cabo desde agosto de 2009 la campaña nacional “Apúntate contra el racismo”, que promueve modelos de producción televisiva que no reproduzcan estereotipos discriminatorios. Esta campaña también busca formar una audiencia para que sea crítica y selectiva ante los contenidos televisivos.

Según Mónica Carrillo, los medios de comunicación son un terreno que las organizaciones defensoras de la población afroperuana no deben descuidar. “Las leyes nacionales y ordenanzas municipales contra el racismo existen y son avances que no podemos dejar de reconocer, pero las transformaciones en las percepciones y actitudes de las personas son un proceso de largo aliento, por lo tanto tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en ese sentido”, puntualizó.

En suma, la lucha contra el racismo debe enfrentar incluso las manifestaciones más sutiles de violencia y debe involucrar a distintos actores de la sociedad, no sólo al Estado y a las organizaciones sociales.

Fuente: Clam