Refugiadas en Malawi no escapan a violencia de género
Con apenas 13 años, Chantal Kifungo* es madre de una bebé de 10 meses. No fue su elección. Hace casi dos años, fue violada por su padrastro y quedó embarazada.
"Mi madre estaba en el hospital porque tuvo complicaciones con su propio embarazo. Me quedé sola en casa con mi padrastro. Una noche vino y me violó. Traté de gritar pero nadie me escuchó", relató Chantal mientras jugaba nerviosamente con sus manos.
A la mañana siguiente, la niña le contó lo ocurrido a una vecina, pero la mujer no le creyó. Sólo cuando su madre volvió del hospital, varias semanas después, Chantal halló confianza y apoyo emocional. Pero para entonces ya estaba embarazada y su padrastro había desaparecido.
Lo que hizo la situación especialmente difícil es que Chantal y su madre Mathilde*, procedentes de la República Democrática del Congo, viven junto a otras 11.000 personas en Dzaleka, el único y atiborrado campamento para refugiados en Malawi.
Las condiciones aquí son difíciles. La violencia doméstica se ve estimulada por el abuso de alcohol, el estrés y la desesperanza que cunden en el campamento.
"Todos los días tenemos un conflicto", admitió Martín Mphundukwa, director de Dzaleka y funcionario del Departamento Malauí para los Refugiados. "El financiamiento es inadecuado, y por eso la vida es muy difícil para sus habitantes. Muchos recurren a la violencia".
Como las leyes locales prohíben que los refugiados vivan fuera del campamento o busquen empleo, están obligados a permanecer todo el tiempo dentro del complejo de Dzaleka, ubicado a unos 42 kilómetros de Lilongwe, la capital malauí.
El campamento fue un centro de detención para prisioneros políticos durante el gobierno del presidente Hastings Kamuzu Banda (1966-1994). Aquí, los refugiados viven en simples casas de adobe sobre tierra árida. Las raciones de alimento que reciben cada mes apenas les alcanzan para sobrevivir.
Al enterarse de la violación de su hija, Mathilde denunció de inmediato lo ocurrido en la estación de policía del campamento. Semanas después, cuando intentó saber en qué estado se encontraba el caso, los policías quisieron sobornarla. Como no tenía dinero, la denuncia "se perdió" al poco tiempo.
Sólo mucho después Mathilde se enteró de un proyecto sobre violencia de género administrado por la Cruz Roja de Malawi dentro del campamento.
El proyecto educa a los refugiados sobre sus derechos, crea conciencia sobre la violencia doméstica y ofrece alojamiento seguro, consejería y atención médica a las víctimas, incluyendo exámenes de VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida).
La Cruz Roja también coopera con la policía y con el Departamento de Refugiados para detener a los culpables de los casos de violencia.
Con la asistencia de funcionarios de la Cruz Roja, el caso de Chantal finalmente fue reabierto, aunque se rumorea que su padrastro huyó del país. La niña también recibió atención, exámenes médicos y pruebas de VIH. Entonces se constató que estaba infectada, pero ya era demasiado tarde para medidas de profilaxis post-exposición.
Lamentablemente, el caso de Chantal no está aislado. Cada mes, entre siete y 10 casos de violencia doméstica son denunciados en el campamento, dijo Cecilia Banda, trabajadora social de la Cruz Roja, e incluyen desde esposas golpeadas hasta secuestros y violación de niñas y niños.
"Vemos muchos, muchos casos", confirmó Constable Brian Mzembe, funcionario policial en el campamento. "Pero lo positivo es que las denuncias han aumentado desde que la Cruz Roja comenzó a asistir a las víctimas. Las personas ahora tienen menos miedo de hablar".
Sin embargo, hay pocas sentencias. Sólo un caso ha llegado a la justicia, y dos perpetradores fueron condenados por violación, uno contra un menor.
Las razones del escaso número de condenas son varias, dijo Mzembe. Algunas mujeres retiran sus denuncias por temor, mientras que en otras las investigaciones se detienen debido a que el perpetrador ha huido del campamento. Pero la mayoría de los casos parecen quedar estancados por la ineficiencia burocrática.
"Nuestro principal problema es que los funcionarios policiales de servicio en el campamento rotan todos los meses. Cada vez que tratas de seguir el caso, hablas con alguien diferente. Eso hace difícil seguir el rastro y muchos casos se pierden", explicó Banda.
No obstante, Banda cree que, dentro de esos límites, la policía da lo mejor de sí para reducir el crimen en Dzaleka. Recientemente crearon un equipo de 18 agentes que patrullan el campamento día y noche. Y en cooperación con la Cruz Roja, lanzaron una campaña de prevención y de educación en los hogares sobre seguridad y derechos humanos.
Para Chantal, sin embargo, estos esfuerzos llegaron demasiado tarde. "He perdido la esperanza. Los otros niños se burlan de mí. Ellos dicen que comparto un esposo con mi madre. Los mayores me acusan de robarle el esposo a mi madre. Algunos dicen que mi mamá tendría que matarme a mí y a mi bebé", se lamentó.
La niña no tiene a dónde ir para comenzar una nueva vida. Hasta que sea repatriada o reubicada, no puede abandonar el campamento. Y eso podría tomar años.
* Los nombres fueron cambiados para proteger la identidad de los entrevistados.
"Mi madre estaba en el hospital porque tuvo complicaciones con su propio embarazo. Me quedé sola en casa con mi padrastro. Una noche vino y me violó. Traté de gritar pero nadie me escuchó", relató Chantal mientras jugaba nerviosamente con sus manos.
A la mañana siguiente, la niña le contó lo ocurrido a una vecina, pero la mujer no le creyó. Sólo cuando su madre volvió del hospital, varias semanas después, Chantal halló confianza y apoyo emocional. Pero para entonces ya estaba embarazada y su padrastro había desaparecido.
Lo que hizo la situación especialmente difícil es que Chantal y su madre Mathilde*, procedentes de la República Democrática del Congo, viven junto a otras 11.000 personas en Dzaleka, el único y atiborrado campamento para refugiados en Malawi.
Las condiciones aquí son difíciles. La violencia doméstica se ve estimulada por el abuso de alcohol, el estrés y la desesperanza que cunden en el campamento.
"Todos los días tenemos un conflicto", admitió Martín Mphundukwa, director de Dzaleka y funcionario del Departamento Malauí para los Refugiados. "El financiamiento es inadecuado, y por eso la vida es muy difícil para sus habitantes. Muchos recurren a la violencia".
Como las leyes locales prohíben que los refugiados vivan fuera del campamento o busquen empleo, están obligados a permanecer todo el tiempo dentro del complejo de Dzaleka, ubicado a unos 42 kilómetros de Lilongwe, la capital malauí.
El campamento fue un centro de detención para prisioneros políticos durante el gobierno del presidente Hastings Kamuzu Banda (1966-1994). Aquí, los refugiados viven en simples casas de adobe sobre tierra árida. Las raciones de alimento que reciben cada mes apenas les alcanzan para sobrevivir.
Al enterarse de la violación de su hija, Mathilde denunció de inmediato lo ocurrido en la estación de policía del campamento. Semanas después, cuando intentó saber en qué estado se encontraba el caso, los policías quisieron sobornarla. Como no tenía dinero, la denuncia "se perdió" al poco tiempo.
Sólo mucho después Mathilde se enteró de un proyecto sobre violencia de género administrado por la Cruz Roja de Malawi dentro del campamento.
El proyecto educa a los refugiados sobre sus derechos, crea conciencia sobre la violencia doméstica y ofrece alojamiento seguro, consejería y atención médica a las víctimas, incluyendo exámenes de VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida).
La Cruz Roja también coopera con la policía y con el Departamento de Refugiados para detener a los culpables de los casos de violencia.
Con la asistencia de funcionarios de la Cruz Roja, el caso de Chantal finalmente fue reabierto, aunque se rumorea que su padrastro huyó del país. La niña también recibió atención, exámenes médicos y pruebas de VIH. Entonces se constató que estaba infectada, pero ya era demasiado tarde para medidas de profilaxis post-exposición.
Lamentablemente, el caso de Chantal no está aislado. Cada mes, entre siete y 10 casos de violencia doméstica son denunciados en el campamento, dijo Cecilia Banda, trabajadora social de la Cruz Roja, e incluyen desde esposas golpeadas hasta secuestros y violación de niñas y niños.
"Vemos muchos, muchos casos", confirmó Constable Brian Mzembe, funcionario policial en el campamento. "Pero lo positivo es que las denuncias han aumentado desde que la Cruz Roja comenzó a asistir a las víctimas. Las personas ahora tienen menos miedo de hablar".
Sin embargo, hay pocas sentencias. Sólo un caso ha llegado a la justicia, y dos perpetradores fueron condenados por violación, uno contra un menor.
Las razones del escaso número de condenas son varias, dijo Mzembe. Algunas mujeres retiran sus denuncias por temor, mientras que en otras las investigaciones se detienen debido a que el perpetrador ha huido del campamento. Pero la mayoría de los casos parecen quedar estancados por la ineficiencia burocrática.
"Nuestro principal problema es que los funcionarios policiales de servicio en el campamento rotan todos los meses. Cada vez que tratas de seguir el caso, hablas con alguien diferente. Eso hace difícil seguir el rastro y muchos casos se pierden", explicó Banda.
No obstante, Banda cree que, dentro de esos límites, la policía da lo mejor de sí para reducir el crimen en Dzaleka. Recientemente crearon un equipo de 18 agentes que patrullan el campamento día y noche. Y en cooperación con la Cruz Roja, lanzaron una campaña de prevención y de educación en los hogares sobre seguridad y derechos humanos.
Para Chantal, sin embargo, estos esfuerzos llegaron demasiado tarde. "He perdido la esperanza. Los otros niños se burlan de mí. Ellos dicen que comparto un esposo con mi madre. Los mayores me acusan de robarle el esposo a mi madre. Algunos dicen que mi mamá tendría que matarme a mí y a mi bebé", se lamentó.
La niña no tiene a dónde ir para comenzar una nueva vida. Hasta que sea repatriada o reubicada, no puede abandonar el campamento. Y eso podría tomar años.
* Los nombres fueron cambiados para proteger la identidad de los entrevistados.
Por Kristin Palitza
Fuente: IPS
