El discurso sobre los derechos de las mujeres y su indicador: el aborto
El 9 de diciembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó al Presidente Piñera su primer informe. La intervención de la Directora del Instituto, abogada Lorena Fríes, y la de Víctor Abramovich, Director del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, se refirieron a la necesidad de abordar desde el enfoque de derechos las desigualdades en cuyo marco viven actualmente su vida importantes grupos de la población, entre otros, el de las mujeres. Se señaló: “… hoy observamos que las demandas sociales por derechos humanos son más complejas y exigentes. Ya no se pide de los Estados solo el respeto de los derechos. Se demanda también que actúen de manera efectiva para protegerlos y garantizarlos. Sobre todo cuando la afectación de los derechos obedece a factores estructurales, por ejemplo patrones de desigualdad de género, sociales o raciales. Están en juego conflictos colectivos, la situación de grupos o sectores sociales desaventajados”[1]. Es sabido que las desigualdades de género expresan discriminación entre mujeres y hombres en materia de ejercicio y goce de derechos humanos. Esta sola constatación significa que ni la protección ni la garantía de los derechos de las mujeres están siendo cubiertas por los Estados.
En la ocasión el Presidente Piñera afirmó enfáticamente en su discurso: “Debemos mantener y acelerar lo mucho que se ha avanzado en esta materia en los gobiernos anteriores, pero también acelerar el tranco para lograr una mayor igualdad en materia de derechos, de libertades, de oportunidades y también de responsabilidades entre hombres y mujeres en nuestro país, donde a pesar de lo mucho avanzado, todavía tenemos un largo camino que recorrer”. ¿Es que sus palabras permiten entender que se hace cargo de injusticias que su coalición se ha empeñado en mantener, priorizando convicciones ideológicas y religiosas en desmedro de los derechos y libertades de las mujeres y del Estado laico? ¿Significa que, entre otras acciones, favorecerá la construcción de mayorías políticas para hacer coherente el discurso sobre igualdad de derechos entre mujeres y hombres, a través de legalizar el aborto? ¿Destrabará esta discriminadora herencia de la dictadura militar? ¿Habrá conexión entre discurso y voluntad política?
El derecho de las parejas a decidir su proyecto reproductivo, esto es, la cantidad y espaciamiento de hijos/hijas, fue reconocido para las parejas en la Primera Conferencia internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Teherán 1968. Luego, la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo, en Bucarest 1974, reconoció también ese derecho como individual: “Todas las parejas y los individuos tienen el derecho fundamental de decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos”.
En Chile, medio siglo después, el goce de este derecho por parte de las individuas aún no tiene el alcance que tiene para los individuos. Cuando los hombres no desean asumir la paternidad ante un embarazo no planificado y no deseado, abortan de diversas maneras y con múltiples argumentos. Cuando en las mismas circunstancias las mujeres no desean asumir la maternidad, o más aún, cuando el embarazo atenta contra su vida o su salud, el aborto les está negado por ley. Si transgreden esta disposición en un esfuerzo límite por defender su proyecto de vida ejerciendo su derecho a decidir, son encarceladas y criminalizadas. ¿Acogerá el Presidente Piñera las observaciones de los organismos pertinentes de las Naciones Unidas que piden al Estado chileno revisar su legislación sobre aborto, así como la demanda de las mujeres chilenas que sufren esta atroz discriminación en materia reproductiva?
Dos casos impactantes - evidencia de la injusticia -, han aparecido en los diversos medios en las últimas semanas. El primero, Karen Espíndola, una mujer anónima y valerosa, a quien el Estado chileno obligó a llevar a término un embarazo cuyo resultado ha sido un niño con gravísimas malformaciones que sólo vive para sufrir las 24 horas de cada día, sin protección o garantías para sus derechos. Posteriormente, Mónica Pérez, destacada periodista, rostro de TVN, quien debió esperar la muerte in útero del feto, viviendo una tortura física y psicológica , al igual que la que soportó obligadamente Karen durante nueve meses. El impacto de la entrevista a Mónica Pérez ha movilizado las sensibilidades de parlamentarias y parlamentarios en un arco extremo y la respuesta ha sido un proyecto a la medida del caso.
Es de esperar que en esta ocasión la senadora Matthei y el senador Rossi se comprometan con la iniciativa y desarrollen la abogacía imprescindible para construir mayorías. Ya hay muchos proyectos similares durmiendo en el Parlamento; por diversas razones se presentan, pero luego sus autoras/es no mueven un dedo para hacerlos realidad.
También es necesario recordar que las mayorías no sólo deben ser parlamentarias. Para que éstas sean consistentes es preciso construir mayorías sociales. Se echa de menos la interlocución de la senadora y el senador con la sociedad civil, y también, la claridad para entender que la legalización de una causal no restablece el derecho negado a miles y miles de mujeres que ven su salud atropellada por embarazos que trastocan sus vidas, pero que no se inscriben en la causal de inviabilidad fetal.
Las mujeres necesitamos que el Estado proteja y garantice nuestro derecho a decidir.
Por Maria Isabel Matamala Vivaldi
Médica, consultora internacional en salud y género
Articulación Feminista por la Libertad de Decidir
[1] Víctor Abramovich
