Defendiendo a Defensoras de los Derechos Humanos en Zimbabue: Un Examen de las Complejidades
Las defensoras de los derechos humanos en Zimbabue son arrestadas en forma rutinaria, detenidas ilegalmente y sometidas a malos tratos mientras están en prisión, todo por participar en protestas pacíficas. AWID intenta dilucidar las complejidades del contexto en que ellas trabajan para comprender cómo les afectan la violencia por motivos políticos, el proceso de reforma agraria y la pandemia del VIH y sida. El pasado 28 de junio, la Fundación Internacional para la Protección de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos (Front Line) llamó a una acción urgente relacionada con la sospecha de que integrantes de la organización Mujeres de Zimbabue ¡Levantémonos!(WOZA) habían sido envenenadas. Ocho de ellas tuvieron que ser hospitalizadas después de haber visitado una propiedad de WOZA usada para reuniones, donde percibieron fuertes olores de productos químicos. Cuando llegaron al lugar, que había estado ocupado durante doce días por la Policía de la República de Zimbabue, notaron objetos sospechosos, daños a las instalaciones y artículos faltantes. WOZA, que defiende los derechos de las mujeres y tiene más de 75,000 integrantes en todo Zimbabue, ha sido blanco de represiónen el pasado por este trabajo. El caso de WOZA es apenas uno relacionado con defensoras de los derechos humanos en Zimbabue sobre el cual AWID ha actuado recientemente. Además de la alerta de Front Line, en marzo de 2011 Amnistía Internacional manifestó preocupacionespor la generalizada represión del disenso en este país y reportó que la represión contra defensores de los derechos humanos está intensificándose. Al mismo tiempo, las defensoras zimbabuenses también han estado siendo reconocidas por su labor, como en el caso de Nyaradzayi Gumbonzvanda, quien este año obtuvo el Premio a Defensoras de los Derechos Humanos otorgado por la Asociación de Abogadas de Zimbabue (ZWLA). En esta edición de Notas de los Viernes, AWID examina el caso de las defensoras zimbabuenses e intenta dilucidar algunas complejidades del contexto en el que trabajan. Antecedentes El partido Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) del Presidente Robert Mugabe ha gobernado el país desde que éste se independizó de Gran Bretaña en 1980. Después de la independencia, los enfrentamientos entre el gobierno de Mugabe y la disidente Unión Popular Africana de Zimbabue (ZAPU) condujeron a una campaña de “pacificación” conocida como Gukurahundi en la que se asesinó por lo menos a 20,000 civiles. La ZANU-PF y sus aliados políticos han usado frecuentemente la violencia como herramienta política, y la lucha suele extenderse a zimbabuenses comunes, activistas de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos (incluidas las defensoras).[1] En gran medida los perpetradores – sobre todo simpatizantes de la ZANU-PF, los llamados “veteranos de guerra”, jóvenes milicianos y fuerzas de seguridad estatales[2] – quedan sin castigo por esta violencia, que incluye asesinatos, torturas y malos tratos ilegales.[3] Históricamente, la violencia política se ha intensificado en torno a las elecciones y ha incluidoviolencia por motivos de génerocontra defensoras de los derechos humanos y mujeres que participan activamente (o se sospecha que lo hacen) en el principal partido de oposición, el Movimiento por el Cambio Democrático (MDC). El MDC ha compartido el poder con la ZANU-PF desde las elecciones en 2008 y se rehusó a participar en el reciente llamado a elecciones por parte de Mugabe. Ellas mencionan el temor a violencia contra simpatizantes como una preocupación fundamental e instan a que se adopten reformas electorales y al sector de seguridad, además de una nueva Constitución, como prerrequisitos para las elecciones nacionales. Otra fuente de tensión política es el controversial Programa de Reforma Agraria Acelerada, cuyo objetivo es una rápida redistribución de la tierra para afrontar la disparidad de la propiedad y uso de este recurso entre gente blanca y negra en el país. Un informe de Human Rights Watchdescribe las violaciones a los derechos humanos asociadas al carácter acelerado del proceso de reforma agraria, las cuales incluyen: violencia durante las operaciones agrarias, ataques contra agricultores blancos, ataques contra trabajadoras agrícolas negras (incluyendo violación), uso de granjas como bases para hostigar a simpatizantes de la oposición, fallas en el debido proceso y la protección policial, discriminación en la distribución de la tierra, desplazamiento y marginación de trabajadores agrícolas y alteración de las actividades de organizaciones rurales. Los desalojos forzados asociados al programa han afectado particularmente a las mujeres, que representan el 70 por ciento de trabajadores de granjas y la mayoría de pequeños comerciantes en áreas rurales, restringiendo su acceso a ingresos, alimentos, salud, educación y vivienda.[4] La pandemia del VIH y sida también afecta a las defensoras de los derechos humanos en Zimbabue al negárseles medicamentos antirretrovirales mientras están detenidas, cuando quedan expuestas al riesgo de adquirir el VIH como resultado de violencia sexual y/o porque a menudo deben cuidar a sus dependientes además de desempeñar su trabajo de derechos humanos. Esto se aplica especialmente a Zimbabue, donde se encuentra una de las tasas más altas de infección por VIH y sida a nivel mundial(aproximadamente una de cada diez personas tiene el VIH), y al mismo tiempo es escaso el acceso al tratamiento antirretroviral y en general apenas funciona el sector de salud en el país. Las mujeres que denuncian violencia sexual cometida por las fuerzas de seguridad o facciones políticas también han reportado que son rechazadas por personal médico que aduce temer represalias de los perpetradores si brinda tratamiento a las mujeres, lo cual conduce a más violaciones a sus derechos.[5] Las defensoras de los derechos humanos en Zimbabue Las mujeres en Zimbabue tienen una sólida historia de movilización contra las injusticias, habiendo cabildeado desde la independencia por la adopción de leyes y políticas que promuevan y protejan sus derechos. Han luchado por la reforma a la ley del matrimonio y leyes discriminatorias sobre la herencia, además de haber logrado el reconocimiento de la mayoría de edad legal de las mujeres y la aprobación de la Ley sobre Violencia Doméstica por parte de la Cámara Baja.[6] También ha sido en parte mediante la lucha por sus derechos a alimentos, vivienda y saludo[7] que las mujeres en Zimbabue a menudo se han convertido en defensoras de los derechos humanos. WOZA surgió en 2003 como un movimiento por la justicia social al que le preocupaba el desproporcionado impacto del declive económico del país sobre el acceso de las mujeres a bienes y servicios básicos tales como alimentos, agua, cuidados de salud, electricidad y educación. Alentando a las mujeres a defender sus derechos y libertades, WOZA las apoya cuando se pronuncian en torno a asuntos que las afectan y las ayuda a adquirir confianza para asumir liderazgo en las decisiones comunitarias. Como resultado de su promoción y defensa y protestas pacíficas contra las acciones de funcionarios gubernamentales, proveedores de servicios y la policía, en repetidas ocasiones las integrantes de WOZA han sido arrestadas, detenidas (algunas veces mientras están embarazadas o con niñas y niños pequeños)[8] y acusadas de conformidad con leyes represivas. También se les ha negado acceso maíz subsidiado en áreas rurales para castigarlas por su activismo. Desde 2003, centenares de defensoras de los derechos humanos en Zimbabue han sido detenidas o arrestadas arbitrariamente por organizar marchas, reuniones u otras manifestaciones pacíficas,[9] y organizaciones que defienden los derechos humanos suelen ser objeto de vigilancia e interferencia estatales injustificadas. Leyes represivas como la Ley de Orden Público y Seguridad y la Ley sobre Infracciones Misceláneas son usadas por la policía con el fin de negar a defensoras y defensores de los derechos humanos el permiso para realizar manifestaciones pacíficas o arrestarles o detenerles arbitrariamente. Estas leyes violan los derechos de las defensoras de los derechos humanos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, además de socavar su trabajo legítimo en materia de derechos humanos. Defensoras de los derechos humanos en Zimbabue han denunciado que durante el arresto, detención u hostigamiento arbitrario sufrieron ataques verbales sexistas, humillación, tortura psicológica y física, así como trato inhumano o degradante, incluyendo alojamiento encondiciones deplorables y negación de alimentos y de acceso a asesoría legal y atención médica o medicamentos.[10] Las diferencias entre defensoras de los derechos humanos en Zimbabue, tales como raza, clase, etnia, condición de veteranas y región, entre otras, también afectan la manera en que son tratadas y se violan sus derechos humanos. Por ejemplo, mujeres rurales reportaron destrucción de su propiedad, desplazamiento, violación sexual y tortura más frecuentemente que mujeres urbanas, quienes reportaron una mayor cantidad de ataques, detenciones ilegales y amenazas de muerte.[11] Las defensoras también tienen más probabilidades de sufrir violencia a manos de fuerzas estatales, mientras que mujeres políticamente activas suelen ser puestas en la mira de miembros de partidos políticos opuestos.[12] La labor de las defensoras de los derechos humanos es protegida por la ‘Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos’. Sin embargo, en este contexto de altos niveles de violencia política y de género, no es fácil distinguir entre las violaciones a los derechos humanos de estas defensoras y la violencia por motivos políticos (que a menudo conduce a violaciones de derechos humanos). En Zimbabue, las defensoras de los derechos humanos defienden los derechos de las mujeres y trabajan para resaltar el impacto que sobre las mujeres tiene el deterioro de la situación económica, política y social. Cuando se pronuncian por sus derechos, las defensoras zimbabuenses suelen verse envueltas en violencia política que afecta a actores partidistas. Aunque sufren tipos de violaciones a los derechos humanos similares a los que afectan a los defensores, sus experiencias y el impacto de estas violaciones son específicos a su sexo. En medio de la incertidumbre respecto a las nuevas elecciones, será importante monitorizar la situación de las defensoras de los derechos humanos en el terreno y seguir prestando atención a su trabajo. En el caso de organizaciones como WOZA, continuar su labor en materia de derechos humanos requiere reformas que pongan fin a la impunidad de violadores de los derechos humanos y la promulgación de políticas que promuevan, entre otros, los derechos humanos de las mujeres a alimentos, seguridad, salud y educación. Lee La Carta del Pueblo, donde WOZA plasma su visión de derechos humanos para Zimbabue. Notas: Por Amanda Shaw
