Muerte por Aborto, sigue sin haber repuestas.
El pasado 7 de marzo nos enteramos que el 28 de febrero había fallecido una mujer joven en el Hospital de Clínicas a consecuencia de un aborto realizado en la clandestinidad. Si bien había transcurrido más de una semana, el hecho no se había conocido públicamente. Hasta la fecha las autoridades sanitarias no han informado sobre la situación ni han dado explicaciones de lo sucedido, cuando la muerte materna por aborto inseguro se suponía que estaba controlada en el país, con las estrategias de reducción de daños.
La atención pre y post aborto a través de la norma 369 aprobada en el año 2004 y la implementación de servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) con la ley 18426 (promulgada en el 2008 luego del veto de Tabaré Vázquez) son avances en la respuesta del Estado para garantizar algunos campos de la SSR, pero queda en evidencia su limitación. Ante la práctica clandestina del aborto siguen sin haber respuestas y su inseguridad queda demostrada con la gravedad de lo sucedido.
El impacto por una muerte que se podría y debería haber evitado, nos obliga a reivindicar la urgencia de contar con un marco normativo que garantice el derecho a la interrupción voluntaria de un embarazo a través de servicios legales, seguros y de calidad que permitan prevenir consecuencias negativas al mismo tiempo que contribuyan a la promoción de maternidades y paternidades deseadas y saludables.
Esperamos que el Estado brinde las explicaciones correspondientes ante esta muerte porque es su obligación y nuestro derecho. Así como demandamos a la Cámara de Diputados la inmediata aprobación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo porque el costo de la demora lo pagan las mujeres. ¿Qué más debe suceder para que se entienda lo urgente de la situación? ¿Quién se hace responsable de esta muerte?
¡Ni una muerte mas por aborto! ¡El tiempo es ahora!
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