Resistencia de la comunidad Ngöbe-Buglé
Entre enero y febrero de 2012, la comunidad indígena Ngöbe-Buglé de Panamá fue brutalmente reprimida cuando se manifestaba contra la aprobación de una ley que violaba sus derechos humanos y territoriales. AWID conversó con Mariela Arce (1) sobre esta situación.
Panamá se encuentra localizado en el istmo que une a Sudamérica con América Central, y su territorio se ve dividido por el Canal de Panamá, punto estratégico del comercio mundial, ya que une las vías marítimas del Atlántico y del Pacifico, y donde se encuentra la zona franca más grande de la región. La Comarca (2) indígena Ngöbe-Buglé se encuentra en el noroeste de Panamá, y se conformó en 1997 con las tierras de las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, y Veraguas, como resultado de la presión Ngöbe-Buglé contra las amenazas de explotación de los recursos naturales y la degradación ambiental en la tierra de sus ancestros.
La economía de Panamá está basada en el comercio y los servicios, sobre todo el servicio del Canal de Panamá. Como explica Mariela Arce, “en los últimos años, sobre todo con el gobierno del actual presidente Ricardo Martinelli, el modelo se profundizó, transformándose en un modelo inmobiliario especulador, tendiente al desarrollo minero, de las hidroeléctricas, de los proyectos depredadores de los recursos naturales que tenemos en Panamá. Esto produce conflictos socio-político-ambientales, como la lucha por los territorios donde están los recursos y que coinciden con los territorios de los pueblos indígenas, en toda la costa norte de nuestro país, y las áreas protegidas. Por ejemplo acaban de retirarle la protección a los manglares de la Bahía de Panamá, que es nuestra barrera ecológica contra inundaciones y degradaciones costeras”.
Para Arce este modelo económico “abrió las puertas a mucha inversión extranjera, que ha importado una inflación que afectó el nivel de vida de los trabajadores de los sectores populares de Panamá. Hay un encarecimiento escalonado y progresivo porque nosotros tenemos un modelo articulado al dólar. Por una lado era una ventaja porque nuestras fluctuaciones monetarias no eran abruptas, estábamos articulados a una moneda fuerte, pero por otro lado no teníamos la soberanía de una política monetaria autónoma que nos protegiera de cualquier vaivén. Así que cuando Washington estornudaba a nosotros nos daba neumonía, o sea, había una vinculación directa con la economía estadounidense.”
Lucha por los derechos y represión
Entre 2010 y 2012 la Asamblea de Panamá debatió diferentes proyectos y aprobó leyes que modifican el Código de Recursos Minerales, lo que permitiría la inversión extranjera directa en el sector minero panameño. Esto produjo un conflicto de intereses entre el gobierno y la comunidad indígena de la comarca Ngöbe-Buglé. “Las Comarcas tienen un régimen especial que descansa también en las estructuras de autoridades tradicionales de estos pueblos indígenas. La más importante en términos territoriales es la Comarca Ngöbe-Buglé, que es la que más recursos minerales hídricos contiene actualmente” dice Arce, y continúa, “Estas nuevas leyes interferían en los mecanismos de tomas de decisión y de participación autónoma de esta comunidad, cercenándole su capacidad de negociación, su capacidad de protección de sus territorios”.
Durante los debates de la Asamblea y luego de ser aprobadas las leyes hubo movilizaciones populares de trabajadores, personas indígenas y rurales para protestar y defender sus derechos laborales y territoriales. En junio de 2010 murieron dos trabajadores en el conflicto obrero-patronal con las compañías bananeras en Changuinola, Bocas del Toro. Arce recuerda que ante la huelga los trabajadores fueron reprimidos con tal fuerza letal que hasta la fecha no tienen claridad de cuántas personas fueron afectadas. “Fue por primera vez, después de los militares, que la represión se ensañó con la comunidad indígena, dejando a más de cien personas ciegas, porque les tiraron perdigones de plomo a los ojos. El conflicto se metió en las barriadas de los trabajadores y fue una masacre, porque frente a las piedras que era lo único que tenían los trabajadores, la policía les tiró todo un armamento.”
Una nueva ola de represión se dio a comienzos de este año cuando la gente protestó durante los debates de una de las problemáticas leyes. La ley aprobada en 2012 desconoce el Acuerdo de San Félix firmado el 27 de febrero de 2011 entre el gobierno y la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesino. El acuerdo incluye una cláusula para crear una ley que prohíbe explícitamente la exploración, la explotación de la minería en la comarca y la protección de los recursos hídricos y ambientales de la región Ngäbe Buglé, para las comunidades tanto indígenas y rurales. La represión este año dejó un muerto, más de 100 personas heridas, y un número similar de personas arrestadas y mantenidas incomunicadas. La comunicación móvil fue cortada y mujeres, indígenas y activistas que protestaban en solidaridad sufrieron abuso psicológico, físico y verbal.
El rol del movimiento de mujeres indígenas
Según Arce “En 2010 se empezó a visibilizar la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesino. Esta Coordinadora surgió en un contexto en donde todavía no se había elegido una cacica o un cacique general, porque hacía años que las autoridades tradicionales estaban en mora para las nuevas elecciones. Esta Coordinadora surge como alternativa de representatividad del pueblo, y es ella la que participa en el diálogo con el gobierno en contra de las leyes de la reforma del código minero”.
Arce remarca que como fenómeno organizativo y político, los pueblos indígenas en Panamá han tenido en los últimos veinte años un proceso acelerado de feminización de su liderazgo. “Esto no significa que haya habido un cambio acelerado en la mentalidad patriarcal y machista de sus liderazgos. En términos cuantitativos ha habido un gran avance. Hay una feminización de las organizaciones comunitarias indígenas, y eso implica también que emergen liderazgos fuertes de mujeres indígenas. De ahí es que para estas elecciones generales en el 2012, salió Silvia Carrera por primera vez una Cacica mujer”.
La participación de las mujeres indígenas en la crisis de comienzos de 2012 fue fundamental. Fueron ellas las que en los días de intenso conflicto estaban allí, participando activamente de todas las acciones de defensa y protección su pueblo. Arce explica cómo esa participación resultó en violaciones contra sus derechos, “por eso es que las atacaron cuando vinieron los guardias, por eso fue que las violaron y vejaron, por eso fue que las apresaron. Los guardias vieron que debían buscar la manera de bajarles el valor, la autoestima y golpearlas, para que se replegaran a un rol secundario. No fue casual ese ensañamiento contra las mujeres. Fue una respuesta del sistema represivo a esa beligerancia y a esa visibilidad innegable que se tuvo en las luchas”.
Según Mariela Arce “el movimiento de mujeres se ha debilitado en sus enfoques estratégicos en los últimos años. Hoy en día es principalmente urbano, y tiene como reto recuperar un enfoque nacional, multicultural, y estratégico para poder enfrentar el patriarcado y sus manifestaciones en Panamá. Pese a esto, algunas organizaciones de mujeres pudieron articular con la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá (CONAMUIP) . La CONAMIUP lideró las acciones en defensa de los derechos humanos de las mujeres indígenas, y junto a otras organizaciones de la sociedad civil produjeron el informe de Derechos Humanos”.
Situación post acuerdo con el gobierno
El 8 de febrero de 2012 se estableció una mesa de negociación en respuesta a la crisis, donde participaron la Coordinadora y la cacica electa Silvia Carrera, y se llegó al acuerdo de San Lorenzo para destrabar la tensa situación. Más tarde en marzo se llegó a otro acuerdo, pero una parte de las demandas del sector indígena no se vieron cubiertas, como es el caso de la Represa de Barro Blanco. La creación de la represa implica futuras inundaciones que afectarán las zonas adyacentes a la comarca donde vive población indígena.(3) Algunos actores políticos que se quedaron fuera de la negociación empezaron a desacreditar ese diálogo y a renegar de esa representatividad.
La CONAMUIP presentó en mayo pasado en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas un informe sobre las violaciones a los derechos humanos acontecidas en la comarca, solicitando al Relator de los Pueblos Indígenas que forme una comisión que verifique el cumplimiento del Convenio de la OIT 107 sobre Tierra, Justicia, Educación y Trabajo, y de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y que conmine al gobierno panameño a respetar la autonomía e integridad de la Comarca Ngöbe-Buglé y el derecho que tienen las mujeres Ngöbe, a una vida libre de violencia. También se le pidió a ONU Mujeres y a la Relatora de Derechos Humanos de las Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA) que visite Panamá y genere propuestas para el apoyo a las víctimas y a la población de la Comarca Ngöbe.
Si bien muchos asuntos candentes quedan pendientes, y basándose en la experiencia de los últimos tres años, donde no es poco probable que el gobierno vuelva atrás y desconozca los compromisos acordados, el protagonismo de esta comunidad y la de sus mujeres ya cruzó fronteras. Arce sostiene que “la solidaridad internacional, movida no solamente por los canales ambientalistas y de los pueblos indígenas sino también por los canales de las organizaciones de mujeres, ha sido fundamental. Esto nos ayuda en Panamá a aprender de esta experiencia, y avanzar hacia una visión más integradora de nuestros derechos humanos y de cómo actuar en situaciones de urgencia y de coyuntura”.
Más lecturas:
Notas:
1) Alianza Ciudadana Pro Justicia / Centro de Estudios y Acción Social Panameño (Ceaspa) y Petateras.
2) Comarca es una division especial del territorio de Panamá, formada por sus gentes, su cultura, lengua e historia tiene un alto grado de autonomía administrativa y legal de acuerdo a la tradición indígena.
3) Entre los importantes puntos del acuerdo podemos mencionar: cancelar todas las concesiones para la exploración y explotación de recursos naturales en la comarca y áreas anexas; las solicitudes futuras de concesiones deberán contar con la aprobación de los congresos locales, regionales y comarcales; crear un fondo especial para el desarrollo de la comarca; Los beneficios serán administrado a través de un consejo conformado por diferentes presentantes; En caso de aprobarse algún proyecto minero o hidroeléctrico, serán indemnizadas las familias afectadas. Respecto al proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, en ejecución en este momento, se nombra una comisión compuesta por los mismos sectores que integraron la Mesa de Diálogo para revisar el estudio de impacto ambiental, pero la obra no se detendrá, salvo al momento de hacerse la inspección. Se diseñará de un Plan de Desarrollo Integral para todos los pueblos originarios de Panamá.
Por Gabriela De Cicco
Fuente: Awid
